El Procurador del Común ha asistido al acto de reconocimiento y homenaje  a 18  personas, colectivos y organizaciones que hicieron posible el primer cribado masivo de la Covid 19 en Castilla y León hace dos años en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo. Aquella organización, que fue pionera en la Comunidad, resultó un éxito gracias a la colaboración de la ciudadanía y de numerosos colectivos e instituciones.

Tomás Quintana ha entregado los reconocimientos a Guardia Civil, representada por el coronel Julio Andrés Gutiérrez y a la Policía Nacional, representada el jefe de la Comisaría de San Andrés, Roberto Morán.

La primera reunión del Defensor del Pueblo de Navarra con Gaztelan tuvo lugar ayer, 8 de noviembre, en la sede de esta fundación

Las representantes de Gaztelan explicaron que la labor de esta entidad es facilitar la integración social a través del empleo a las personas en riesgo de exclusión, al tiempo que contribuyen al desarrollo de una economía solidaria que ponga a la persona en el centro.

Según comentaron, el camino de las personas a las que atienden es una carrera de obstáculos, ya que se enfrentan a problemas de vivienda, dificultades para acceder a la Administración y, en el caso de los migrantes, a una complicada y lenta tramitación del expediente de extranjería. Desde el Defensor se ofreció colaboración para, en lo posible, ayudar a solventar estas dificultades.

En colaboración con otras entidades y organismos, Gaztelan presta el Servicio de Orientación Profesional y lleva a cabo el proyecto Destino Empleo con el objetivo de facilitar la inserción en el mundo laboral a personas y colectivos especialmente  vulnerables. Además, cuenta con los programas Reincorpora, enfocado a la reinserción laboral de los internos de la prisión de Pamplona; Impulso, que trabaja con mujeres migradas; Red Conecta, que contribuye a reducir la brecha tecnológica; e Innova, que propone el empleo doméstico como puerta de entrada al mundo laboral.

En la reunión participaron, por parte de Gaztelan, la coordinadora general Lourdes Chasco y la coordinadora de orientación María Ayesa y, por parte del Defensor, el titular Patxi Vera y la jefa de Gabinete Susana Galilea.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, ha vuelto a pedir a la Conselleria de Vivienda que garantice el derecho de las personas a elegir en todo momento si se comunican o no con las administraciones públicas por medios electrónicos. Esta vez lo hace en relación a las convocatorias de ayudas al alquiler de vivienda para personas menores de 35 años.  

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja presentada por una ciudadana que solicitó la concesión de esta ayuda y le fue denegada al no haberla presentado electrónicamente; un requisito imprescindible según las bases de la convocatoria. 

La Conselleria intentó notificar a la interesada ese defecto por correo electrónico, peroéstanunca lo recibió porque cometió un error al escribir su dirección de correo en el formulario de solicitud. No obstante, según la interesada, en el mismo formulario sí constaba su número de teléfono, al que la administración podría haber recurrido al constatar que los correos electrónicos enviados no se habían entregado.  De ahí que el Síndic también haya pedido revisar la denegación de la ayuda solicitada por esta persona. 

No es la primera vez que el Síndic aborda el problema de la brecha digital; una forma de discriminación y exclusión social, ya que priva precisamente a las personas más necesitadas del acceso a las ayudas que tienen reconocidas por ley.  «Los recursos públicos deben llegar a quienes de verdad los necesitan y no, necesariamente, a quienes sepan cómo encontrarlos, porque a menudo a las necesidades de las personas se suma su falta de capacidad para relacionarse con la Administración o con el manejo de las nuevas tecnologías» concluye Luna. 

En esta ocasión, el Síndic pone el foco en las personas menores de 35 años a las que van dirigidas estas ayudas a la vivienda. Ser joven no siempre es sinónimo de tener competencias digitales. Hay personas en esta horquilla de edad que no han tenido las mismas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías y, por tanto, no tienen las destrezas necesarias para desenvolverse y aprovechar el potencial de las mismas.  

Consulta nuestra actuación:  11869837.pdf (elsindic.com)

The Parliamentary Ombudsman has examined the wording of two criminal judgments. In one of the judgments, the district court included a close-up photo of the defendant. In the second judgment, the district court has taken photographs of the injured party and her home. Both judgments also include a variety of other pictures, such as alleged crime instruments and bloodstains. The Parliamentary Ombudsman notes that photographs of a person included in a criminal judgment become immediately available to anyone who examines the judgment and means that the court is helping to distribute the photographs. According to the Parliamentary Ombudsman, a court must not assist in the distribution of images that may jeopardise the individual’s right to privacy and protection of their private life. She is highly critical of the inclusion of the photographs of the defendant and the injured party, as well as the photographs of the injured party’s home, in the judgments under review and is of the opinion that the district court should have considered more carefully whether it was justifiable to do so in view of their privacy. The chief judge of the district court was responsible for drafting the judgments and is criticised.

In the decision, the Parliamentary Ombudsman discusses the considerations that a judge should make before including photographs and other illustrations in a criminal judgment.

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between October 24 and 28, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between August 29 and September 2, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between 15 – 19 August 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between 8 and 12 August 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between 4 and 8 July 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between June 13 and June 24, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between May 9 and May 20, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between May 2 and 6, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between April 18 and 29, 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between 11 and 15 April 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between April 4 and 8, 2022

The results of the investigation conducted at Isaccea border crossing point, Tulcea county, on March 23, 2022

The results of the investigation carried out at the Transit Centre from the premises of E-Gros Iasi shopping complex

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between March 21 and 25, 2022

The conclusions of the investigation carried out at the Refugee Reception Centre in Otopeni on 23 March 2022

The results of the investigations carried out in Siret locality, 21 March 2022

Actions of the People’s Advocate Institution undertaken between February 28 and March 18, 2022

The conclusions of the investigation carried out at the North Train Station on 17 March 2022 on the situation of refugees from Ukraine

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