El encuentro fue presidido por el Diputado del Común, el adjunto primero, la presidenta de GEMME Europa y la coordinadora territorial de GEMME en Canarias

Mediante esta reunión se reactivó un foro de encuentro entre profesionales de la mediación

El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) en Canarias, en colaboración con la Diputación del Común, organizó una reunión de mediación en el Parlamento de Canarias con diferentes instituciones y asociaciones de relevancia en la materia.

El encuentro fue presidido por el Diputado del Común, Rafael Yanes, el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, la magistrada y presidenta de GEMME Europa, Rosalía Fernández, y la coordinadora territorial de GEMME en Canarias, Laura Hernández.

Asimismo, asistieron representantes de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos (UNIMAC) de la Universidad de la Laguna, de los Ilustres Colegios de Abogados,  de Psicología y de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, de la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial “+Familia”, del Centro de Apoyo a las Familias, de la Asociación de Mediadores de Canarias “MEDIASCAN”, de la Asociación Canaria por la Mediación y el Arbitraje (ACMA), de la Asociación Nuevo Futuro, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.

Mediante esta reunión, se reactivó un foro de encuentro entre profesionales de la mediación, con el fin de dar difusión entre la ciudadanía al trabajo que se viene realizando en Canarias en esta área e intercambiar y aportar distintas experiencias.

La hoja de ruta del foro pasó por reunir a las instituciones implicadas en cada isla y promover acciones periódicas de forma coordinada y concentrada en el tiempo.

28 septiembre 2022

El Defensor del Pueblo de Navarra mantuvo una reunión el 26 de septiembre con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, en la sede de la Consejería.

El encuentro sirvió para tratar distintos temas relacionados con el Departamento, como la rotulación bilingüe de carreteras en la zona vascófona, las barreras acústicas y varias problemáticas que afectan al transporte público y a la red de carreteras.

En cuanto al transporte, se puso encima de la mesa el tema de las nuevas licitaciones que se han sacado para cubrir las líneas de transporte público caducadas y deficitarias y cómo resolver los problemas que están generando las nuevas licitaciones. Asimismo, se trató la mejora del transporte en las zonas rurales y despobladas yla posibilidad de combinar el desplazamiento del alumnado con otras necesidades de movilidad de los habitantes del medio rural.

En la reunión con el Consejero participaron también el secretario general del Defensor del Pueblo, Carlos Sarasíbar, y la jefa de gabinete de la institución, Susana Galilea.

Distintas abogadas de Canarias denunciaron ante la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común la incompatibilidad de su profesión con la maternidad

Pidieron la suspensión automática de los plazos legales durante los procedimientos judiciales cuando la mujer presente la baja por maternidad

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con tres abogadas canarias que denunciaron la imposibilidad de compatibilizar su profesión con la maternidad.

En muchas ocasiones, el colectivo debe elegir entre ser madre o ejercer su profesión, ya que los recursos y los plazos no se suspenden y la futura madre se ve obligada a trabajar durante las 16 semanas que contempla la ley como permiso por maternidad. “Muchas abogadas no tienen hijos o no se plantean tener el segundo porque deben paralizar el despacho y esto supone no trabajar. Tenemos que estar mandando escritos pidiendo el favor de que nos suspendan o cambien los plazos, por lo que siempre estamos al arbitrio del juez o jueza”, aseguraron.

En este sentido, hicieron especial hincapié en la necesidad de suspender de forma automática los plazos legales durante los procedimientos judiciales cuando la mujer presente la baja por maternidad, ya que, aunque se pueden suspender los juicios ante esta situación, en la gran mayoría de los casos esto no se produce automáticamente y, en muchas ocasiones, la aplicación no es efectiva.

“Pedimos concienciación y sensibilidad en la profesión ante una situación que es temporal, para que las abogadas tengamos el derecho a la maternidad como cualquier otra mujer”.

Las juristas mostraron su satisfacción ante la llamada de la Diputación del Común para conocer la situación de “algo que llevamos manifestando y denunciando desde hace mucho tiempo, y es la no suspensión de los plazos y la negación de la suspensión de las vistas cuando somos o vamos a ser madres”.

Por su parte, Barrera aseveró que “es necesario modificar la legislación a nivel nacional para que la protección de la maternidad sea efectiva para las abogadas, y también para los padres que se acogen al permiso de paternidad. Desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género debemos defender los derechos de este colectivo, por lo que aprovecharé la visita del Defensor del Pueblo de la próxima semana para trasladarle esta preocupación, ya que se tiene que llevar a cabo una reforma de la legislación a nivel nacional y, desde la defensoría estatal, se podría activar”.

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220162en.pdf

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PRESS RELEASE No 162/22

Luxembourg, 28 September 2022

Judgment of the General Court in Case T-174/21 | Agrofert v Parlement

The Parliament’s decision to refuse access to two documents relating to the investigation against Mr Andrej Babiš, the former Czech Prime Minister, on misuse of European funds and potential conflicts of interest is valid.

The General Court, first, finds that Agrofert’s legal interest in bringing proceedings against the decision refusing to grant it access to a report which the Commission had drawn up in that regard has ceased to exist and, second, dismisses Agrofert’s action against the decision refusing to grant access to a letter sent by the Commission to the Czech Prime Minister.

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