The Ombudsman, Maria Lúcia Amaral, received the UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, David R. Boyd, on 21 September, in the scope of his official visit to Portugal.

The meeting was part of the round of contacts with a view to evaluating the Portuguese State’s compliance with its obligations to give effect to the right to the environment, as an internationally recognized human right, and focused on issues that have prompted the Ombudsman’s intervention, namely forest fires, water distribution and territorial planning, especially along the coastline.

The Special Rapporteur will present a full report on his visit to Portugal to the UN Human Rights Council in March 2023.

La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha aceptado las recomendaciones del Síndic y cambiará el sistema de inscripción en el Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana de modo que no sea solo telemático. La citada Administración también se ha comprometido con el defensor a cambiar la normativa de forma que, cuando no se pueda adjudicar una vivienda pública a una persona en situación de vulnerabilidad, se le ofrezca automáticamente una ayuda directa para el alquiler.

Así consta en la resolución de cierre de la investigación que el Síndic inició, en noviembre de 2021, para analizar cómo podían afectar a los derechos de los demandantes de vivienda pública algunas de las previsiones que contempla el nuevo decreto del Reglamento de Registro de Viviendas de la Comunitat Valenciana y Procedimiento de Adjudicación de Viviendas.

La queja de oficio se abrió para investigar el posible incumplimiento por parte del decreto analizado de la ley de la función social de la vivienda y la obligación de tramitar la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda solo por vía telemática.

Esta institución ha manifestado reiteradamente que, una vez que la persona en situación de vulnerabilidad ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el abanico de acciones y  ayudas disponibles para satisfacer cuanto antes el  derecho a una vivienda digna y asequible.

En su respuesta a las consideraciones del síndic de Greuges, Ángel Luna, la conselleria de Vivienda asegura que antes de que se cumplan los seis meses, en concreto los 175 días desde la presentación de la solicitud, sin que se haya satisfecho la demanda con la adjudicación de una vivienda adecuada, se comunicará a la persona solicitante, de forma razonada, cómo se va a solucionar su problema habitacional.

Además, en la resolución de cierre también consta que la conselleria ha aceptado realizar las actuaciones necesarias para que, en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana correspondientes a 2023,  se contemple fortalecer las dotaciones económicas destinadas a asegurar la efectividad del derecho a la vivienda, fundamentalmente a través del incremento del parque de vivienda pública en el sentido ordenado por la LFSV.

• Resolución de cierre: https://www.elsindic.com/Resoluciones/expedientes/2021/202103262/11884368.pdf
• Resolución de Recomendaciones: https://www.elsindic.com/Resoluciones/expedientes/2021/202103262/11840153.pdf

La Ley del Plan Hidrológico Nacional establece la obligación de disponer de este documento para los municipios de más de 20.000 habitantes
 

Ante el episodio de sequía que está sufriendo Cataluña, el equipo de la síndica de greuges ha abierto una actuación de oficio para analizar la actuación de las administraciones públicas en relación con este fenómeno.

La síndica se muestra preocupada por la evolución de los indicadores de sequía hidrológica y de pluviometría, que han empeorado significativamente; por la situación en la que se encuentran las reservas de los embalses (al 38% de su capacidad, 37% en las cuencas internas de Cataluña, según el Portal de la Sequía de la Agencia Catalana del Agua), y porque algunos municipios se han visto obligados a suspender el suministro ante la falta de potabilidad del agua debido a la disminución del nivel de los ríos, las fuentes o los pozos de los que se abastecen.

La Ley 10/2021, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que regula la gestión de la sequía, establece la obligación de los municipios de más de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, y da un plazo de cuatro años para aprobarlos.

En este contexto, la síndica quiere conocer el estado de los planes de emergencia en Cataluña, y por ello se ha dirigido a varios municipios catalanes de más 20.000 habitantes que no consta que dispongan de dichos planes. En concreto, se ha pedido información sobre la fase de elaboración en la que se encuentran y sobre el calendario previsto para aprobarlos, y también sobre la difusión que se hará de los planes entre la ciudadanía.

Paralelamente, la institución también se ha dirigido a la Agencia Catalana del Agua para saber qué municipios han comunicado que están elaborando estos planes. También ha pedido información sobre la publicación de esta lista de municipios en su web, en el apartado “Planes de emergencia y ahorro de ayuntamientos”.

La actuación de oficio pretende valorar la actuación de las administraciones públicas competentes, tanto desde un punto de vista ambiental como del de las personas consumidoras. Por este motivo, la investigación de la institución se llevará a cabo de forma transversal y conjunta entre las áreas de medio ambiente y de consumo. Puesto que de manera frecuente muchos municipios no pueden garantizar la continuidad del suministro o la calidad del agua, y puesto que se trata de un servicio básico e imprescindible para la vida cotidiana, la síndica quiere analizar cómo repercute este hecho en las facturas que abonan las personas consumidoras.

Justice, victims’ rights and judicial cooperation

When 22 September 2022 - 24 September 2022

Where Malaga, Spain

Website Annual Conference of the European Society of Criminology

External event

Between 22-24 September 2022, FRA will take part in the Annual Conference of the European Society of Criminology in Malaga, Spain.

At the event, FRA will present selected findings of its Fundamental Rights Survey on victims of crimes.

Du 29 septembre au 1er octobre 2022, le Défenseur des droits organise la cinquième édition de « Place aux droits ! » et se délocalise dans le centre de Strasbourg, place Kléber, pour répondre aux questions des habitants sur leurs droits.

3 jours de permanences juridiques…

Après Toulouse, Lille, Mayotte et La Réunion, l’opération « Place aux droits ! » s’installe en plein cœur de la capitale du Grand Est, sur la place Kléber. Pour l’occasion, une trentaine de juristes du siège et 15 délégués régionaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiendront des permanences juridiques gratuites pendant trois jours :

• jeudi 29 septembre, 9h – 18h ;
• vendredi 30 septembre, 9h - 18h ;
• samedi 1er octobre, 9h - 15h.

Difficultés avec une administration, la police ou la gendarmerie, problèmes de prestations sociales, atteintes aux droits d’un enfant, victime de discrimination, lanceurs d’alerte… : autant de problématiques pour lesquelles les équipes du Défenseur des droits pourront orienter, conseiller et accompagner gratuitement le public.

...et de rencontres avec les acteurs régionaux.

Parallèlement au stand de la place Kléber, la Défenseure des droits et ses adjoints rencontreront les acteurs locaux, associatifs et institutionnels de la ville. Toujours dans une démarche de sensibilisation au respect des libertés et droits fondamentaux, le Défenseur des droits organise également deux conférences à Science-Po et à la faculté de droit, respectivement sur les services publics et les lanceurs d’alerte.