La adjunta de Igualdad mantuvo una reunión de coordinación en materia de Igualdad y Violencia de Género con las consejeras del Área de Política Social e Igualdad del Cabildo de La Gomera

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, mantuvo una reunión de coordinación en materia de Igualdad y Violencia de Género con la vicepresidenta cuarta y consejera del Área de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad del Cabildo Insular de La Gomera, Rosa Elena García, y con la consejera delegada especial de Política Social e Igualdad, Beatriz Santos.

Durante este encuentro, se trataron distintos asuntos relacionados con la igualdad, la violencia de género, la prevención o las políticas afectivo-sexual, entre otros. En esta línea, la adjunta de Igualdad mostró su total predisposición para apoyar al Área de Igualdad del Cabildo Insular de La Gomera en todos aquellos aspectos que entren dentro de sus competencias y requieran de su colaboración.

Así, se inicia un plan de trabajo de forma conjunta con la Institución Insular para en el último trimestre del año, ofrecer unas Jornadas de Igualdad en la isla.

“Es esencial trabajar en coordinación con las instituciones de todas las islas y, en este sentido, la labor de esta Adjuntía se despliega a todas ellas. Apoyaremos siempre a todas las personas o cargos públicos que estén comprometidos con asuntos tan importantes como son la igualdad y la violencia de género”, puntualizó Barrera.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigido a la Conselleria de Educación una serie de recomendaciones para ayudar a erradicar el acoso escolar de las aulas. Durante los últimos años, esta institución ha constatado una creciente preocupación por los problemas de convivencia y violencia escolar como modelo de conducta que impide el normal desarrollo del derecho fundamental a la educación.

La escuela debe ser un lugar donde se puede practicar y aprender la convivencia entre diferentes, un lugar de relación del que debe quedar excluido cualquier tipo de violencia discriminación o humillación. Sin embargo, desde que se inició la pandemia de la Covid, los casos de ciberbullying entre los escolares y las agresiones grupales han crecido un 65%.

El Síndic considera de vital importancia la forma de actuar de los equipos directivos de colegios e institutos con relación a la prevención e intervención de cualquier forma de violencia, por pequeña que ésta pueda parecer. Y es que, independientemente de la familia, si hay un ámbito donde los menores deben estar a salvo de comportamientos y actitudes violentas, éste es, sin duda alguna, la escuela, a la que se accede no sólo para la adquisición de conocimientos, sino también para aprender a convivir sin violencia y con respeto a todas las personas, sin discriminación alguna.

De la información facilitada por la Conselleria de Educación, el Síndic echa en falta una mayor concreción de las medidas preventivas impulsadas por los centros en lo referente a programas de mediación y la puesta en marcha de las aulas de convivencia previstas en la normativa. También se evidencia la escasa formación que reciben los equipos docentes y directivos de los centros con la finalidad de detectar indicios de situaciones de acoso. De ahí que el defensor del pueblo valenciano urja a poner en marcha lo antes posible programes específicos de formación que tengan como objetivo la rápida detección de posibles situaciones de acoso. Estos procesos formativos, añade Luna, «deberían facilitar la inclusión de las familias y, sobre todo, de los propios alumnos para que adquieran habilidades y técnicas de resolución de conflictos y así complementar la función desempeñada por los docentes».

La administración autonómica educativa ha aceptado las recomendaciones del Síndic y se ha comprometido a seguir avanzando para erradicar este tipo de violencia en las aulas. En este sentido, ha anunciado al defensor que está trabajando en el proyecto de decreto de igualdad y convivencia que pone énfasis en la participación efectiva de las familias y el alumnado en ámbitos como el establecimiento de normas de convivencia, la toma de decisiones y la prevención y resolución pacífica de conflictos.

Accede a los siguientes documentos:

• Recomendaciones del Síndic sobre este asunto:11865010.pdf (elsindic.com)
  • Cierre de este expediente con la contestación de la Conselleria:11883230.pdf (elsindic.com)

07 septiembre 2022

Este primer encuentro entre el Defensor del Pueblo de Navarra y representantes del Patronato de Paris 365 tuvo lugar ayer día 6 de septiembre en las instalaciones que dicha organización tiene destinadas a comedor social.

Desde hace años, esta organización lucha por ofrecer a lo largo de todo el año alimentación adecuada a familias y menores a su cago con bajos recursos económicos, y para ello cuenta con la labor humanitaria de sus 400 voluntarios y las aportaciones de Organismos Oficiales, Entidades y socios.

El objeto de la reunión era el de un mejor mutuo conocimiento del trabajo que se lleva a cabo desde ambos ámbitos, con el fin de poder ser más eficaces en el apoyo a las personas de los colectivos más vulnerables.

Por parte del Paris 365 participaron Maite Del Campo (Presidenta), Miriam Gómez (Gerenta), Marta Antoñana e Ione Arnedo (Asistentas Sociales) y Mikel Urabaien (Responsable de comunicación); por parte de la institución estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, el Secretario General, Carlos Sarasíbar, y la Jefa de Gabinete, Susana Galilea.

A Milton Keynes woman who agreed to care for a relative’s child when they no longer could, is to be offered £30,000 after the Local Government and Social Care Ombudsman found the council did not do enough to help ease their overcrowded living conditions.

The woman took over the care of a young relative under a Special Guardianship Order (SGO), which was arranged with the council. Initially she had joint care of the child with her parents, but her parents struggled to cope and the child came to live with the woman full time.

However, there was not enough space in the woman’s two bedroomed property, which she shares with her adult son. The child was forced to share a bedroom with the woman. The council initially suggested that the adult son move out to a YMCA property to make room and offered the son a small amount to do so.

The mother and son both said this was not enough and she needed her son’s help to care for the child.

Alternatives were suggested, which included an extension to the woman’s current property or for her to rent out her home and then rent a larger property. Neither was suitable.

The woman was also asked to provide details of the amount it would cost to purchase a larger property over and above what she had paid for her two-bedroom property. But the council rejected this option as it was too costly.

The council offered the woman and her son increasing amounts for him to move out, but these were limited time offers, would not have given him any security and failed to recognise the importance of his caring help.

During the LGSCO investigation, the council increased its offer to the family to £30,000 to be used as either a deposit for a house, or to support the adult son to move to a larger property.

The Ombudsman’s investigation found the council was not clear with the family about the support it would offer prior to them taking on the SGO. It also found there was a 12-month delay in completing a needs assessment.

The investigation also criticised the way the council failed to consider a detailed social work report, looking at the child’s welfare if the adult son moved out of the property. It has also not shown how it has calculated its financial offer to the family, which is fault.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“Because of the lack of support from the council, the woman says she has been left living in unsuitable conditions and been put under significant stress. The strain has also affected her relationship with her mother and stepfather.

“I am pleased the council has now offered a significant amount to the family which we believe is fair and hope this will go some way to helping alleviate their accommodation issues.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the woman, pay her £30,000 for the accommodation and a further £500 to recognise the time and trouble she went to.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to review how it agrees and arranges special guardianship care order plans to ensure they are clear on the support, including financial help, it will provide.

It will also carry out training for members of panels that consider requests for SGO payments to ensure they are aware of the need to consider any social work reports and record the reasons for its decisions where it decides not to follow the social work recommendation.

Article date: 08 September 2022

Le Défenseur des droits recrute des volontaires de 16 et 25 ans en service civique dans de nombreuses régions pour sensibiliser des enfants et des jeunes aux droits de l'enfant et à l'égalité.

Avec son programme des jeunes ambassadeurs des droits (JADE), le défenseur des droits sensibilise les enfants et les jeunes aux droits de l’enfant (JADE droits de l'enfant), à l’égalité et à la lutte contre les discriminations (JADE égalité).

Il s'agit d'une mission de 9 mois (d'octobre à juin) à raison de 28h par semaine.

En binôme ou en équipe de 4, les JADE se rendent dans des collèges, des lycées, des centres de loisirs, des hôpitaux, des foyers de l’Aide sociale à l’enfance… et animent des interventions, pour faire connaître de manière ludique les droits de l’enfant et promouvoir l’égalité et la non-discrimination.

Tout au long de la mission les jeunes ambassadeurs des droits sont accompagnés par les équipes du Défenseur des droits et une association de service civique (Unis-Cité, Concordia ou les Céméa).

Une formation initiale de 3 semaines est organisée à Paris, au siège du Défenseur des droits, pour acquérir les connaissances fondamentales concernant les droits de l'enfant et le droit de la non-discrimination.