On the initiative of the Seimas Ombudsperson, the procedure for purchasing food supplements (vitamins) in places of deprivation of liberty has been unified

Date of article: 05/09/2022

Daily News of: 06/09/2022

Country:  Lithuania

Author: Seimas Ombudsmen's Office

Article language: en

During the investigation, it was established that in places of deprivation of liberty there is an uneven practice of purchasing food supplements (vitamins) for the arrested/convicted persons at their personal expense.

After assessing this circumstance, the Seimas Ombudsperson stated  that persons with the same legal status of an arrested/convicted person (from the point of view of law, these persons have the same scope of rights and obligations regardless of the place of deprivation of liberty they are held in) do not have the same opportunities to purchase with their personal funds food supplements (vitamins), because they are kept in places of deprivation of liberty, whose officers interpret the established legal regulation differently and follow the internal rules of correctional institutions and detention centers in their activities differently, i.e. in one place of deprivation of liberty, an arrested person/convict can purchase and have desired food supplements (vitamins), but when transferred to another place of deprivation of liberty, he loses the latter possibility. According to the Seimas Ombudsperson, the principle of equality of persons may be violated if the convicts/arrested persons in different correctional institutions are subject to a different procedure for purchasing food supplements (vitamins).

Erika Leonaitė also found that prisoners/convicts with HIV and AIDS cannot choose which foods to consume, and therefore are forced to eat according to a menu that is not adapted to them. It was established that due to the lack of a special menu and problems with the application of the above-mentioned rules, which could prevent these persons from being able to purchase the nutritional supplements (vitamins) they need from their own funds, the health condition of some of the arrested/convicted may deteriorate and that could be considered a violation of their right to access to health care.    

Taking into account the above-mentioned, the Seimas Ombudsperson recommended the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, as the institution that formulates the policy of the execution of sentences as well as the Director of the Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania to initiate changes to legal acts, creating equal opportunities for arrested/convicted persons in all places of deprivation of liberty at their own expense to purchase desired food supplements (vitamins). 

In future in order to prevent the violation of the principle of equality of persons as well as violation to deny the right of the arrested/convicted persons to access to health care, the Seimas Ombudsperson Erika Leonaitė also drew attention to the main shortcomings of the currently valid legal regulation and the observations of the competent authorities regarding it. 

It should be noted that following the recommendations of the Seimas Ombudsperson the legislation currently in force was changed, establishing that the arrested/convicted persons have the right to purchase the amount of food supplements determined by the Prison Department in manufactures’ packages following to the list established by the Prison Department.

Read more

La síndica de greuges detecta carencias en las garantías de los derechos de los niños y jóvenes que participaron en la gincana de Vilassar de Mar

Date of article: 05/09/2022

Daily News of: 06/09/2022

Country:  Spain - Catalonia

Author: Regional Ombudsman of Catalonia

Article language: es

La educación afectiva y sexual es una herramienta fundamental para la construcción de una sexualidad positiva, saludable y responsable que respete la diversidad y evite todo tipo de prejuicios por razón de orientación sexual y afectiva.

Desde la institución del Síndic se considera que la educación afectiva y sexual de calidad debe ser diseñada e impartida por profesionales formados en la materia, teniendo especialmente en cuenta la edad y el nivel de desarrollo de los participantes.

La difusión de imágenes de cualquier persona requiere una autorización expresa que especifique el tipo de tratamiento que se llevará a cabo.
 

A principios de agosto, la institución del Síndic de Greuges de Cataluña abrió una actuación de oficio para estudiar la gincana nocturna con contenidos de tipo sexual organizada por el Ayuntamiento de Vilassar de Mar para los jóvenes del municipio. Los medios también informaron de que el consistorio había difundido imágenes de menores mientras hacían las pruebas y que no había pedido la debida autorización de sus progenitores. En el marco de esta actuación, desde la institución se solicitó información sobre la actividad al Ayuntamiento, en atención a la protección del interés superior de los niños y adolescentes que participaron.

Según la respuesta recibida el 19 de agosto, se trató de una actividad programada y dinamizada por el Espai Jove Can Jorba, en el marco del Plan local de juventud, que organiza actividades, talleres y charlas dirigidas tanto a familias como a niños y adolescentes en relación con la educación afectivosexual. El Ayuntamiento también manifestó que las pruebas de la gincana iban enfocadas a tratar temas de salud y sexualidad porque en el Consejo de Adolescentes del municipio se había manifestado que la sexualidad era un tema que interesaba y que había pocos espacios para hablar de ello.

La síndica considera fundamental la coeducación y la educación afectivosexual, y reconoce como valiosa la iniciativa del Ayuntamiento de Vilassar de Mar de querer trabajar en la línea de abrir espacios de confianza para que los niños y jóvenes del municipio puedan tener un acercamiento sano a su sexualidad. La educación afectiva y sexual debe facilitar a niños y adolescentes reconocer los diferentes niveles de relación afectiva para asumir de forma responsable su sexualidad, ser respetuosos con ellos mismos y con los demás, y tomar decisiones informadas, autónomas y consecuentes.

Ahora bien, la educación afectivosexual debe tener garantías de calidad, y para que esto ocurra, debe estar diseñada e impartida por profesionales formados en la materia. Además, debe ser adecuada y adaptada a la edad de los receptores, atendiendo a su momento madurativo.

En el caso concreto de Vilassar, por la información facilitada, no se ha acreditado que las personas que trabajaban en el proyecto dispusieran de formación específica en educación afectiva y sexual con niños y adolescentes. Además, en cuanto a la edad, la actividad iba dirigida a jóvenes entre 12 y 30 años, y la edad debería haber sido un elemento básico para el diseño y la planificación de la actividad. Había que garantizar que la actividad era adecuada para el nivel madurativo de los participantes, pero en uno de los grupos, por ejemplo, coincidieron jóvenes de edades muy diferentes. Esto debería haberse evitado.

En cuanto a la información y al consentimiento de las personas afectadas, el Ayuntamiento ha informado de que, al tratarse de una actividad multitemática, las personas que se inscribieron no fueron informadas previamente del contenido de las pruebas. En este contexto, tener la información adecuada habría permitido decidir de forma más fundamentada sobre la participación en las actividades. Esta desinformación pudo situar a los participantes en situaciones inesperadas e incómodas, por mucho que se presentaran como actividades voluntarias.

Por lo que respecta a la difusión de imágenes de los niños participantes en la actividad, el Ayuntamiento alega que disponía de los formularios de consentimiento de difusión de imágenes "globales para todas las actividades de Juliol Jove". Sin embargo, en el caso de los niños menores de catorce años, cualquier entidad pública o privada que quiera realizar un tratamiento de datos personales debe contar con una autorización expresa de los progenitores o tutores legales y, a partir de los catorce años, es necesaria la autorización expresa del propio adolescente.

Teniendo esto en cuenta, la práctica del Ayuntamiento no cumplió de forma suficiente los requisitos legales de autorización expresa, que deben incluir información clara y suficiente sobre el tipo de tratamiento a que se refiere (grabar, publicar, ceder, etcétera), así como el tipo de soporte y el medio de comunicación/difusión que se prevé para el tratamiento de los datos. Cabe decir que, en este sentido, cuando las familias pidieron la rectificación del Ayuntamiento, se hizo de forma inmediata.

Por todo ello, desde la institución del Síndic de Greuges de Cataluña se considera que las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Vilassar de Mar en la gincana no se pueden calificar como "educación afectivosexual". No cumplían los criterios que este tipo de educación debe tener para permitir que los niños y adolescentes reciban la preparación que les capacite para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sus relaciones de forma libre y responsable.

En consecuencia, se sugiere al Ayuntamiento de Vilassar que adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse situaciones como la que se ha analizado y que garantice que todas las actividades relacionadas con la educación sexual y afectiva de los niños y adolescentes se hagan con plenas garantías de calidad y adecuación a su edad y desarrollo. También se recomienda llevar a cabo una evaluación técnica externa de la mano de expertos en educación sexual y afectiva en jóvenes y adolescentes.

Read more

La Médiatrice bruxelloise est à votre service

Date of article: 05/09/2022

Daily News of: 06/09/2022

Country:  Belgium - Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Author: Regional Ombudsman of Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Article language: fr

Depuis ce 1er septembre, les Bruxellois en difficulté avec l'administration peuvent adresser leur plainte au service de médiation.

La Région bruxelloise était la dernière entité du pays à ne pas disposer de son service de médiation. C'est maintenant chose faite.

Eneffet, en juin 2019, le Moniteur belge publiait le décret et l’ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois.

Par l’adoption de ces décret et ordonnance conjoints, les entités fédérées bruxelloises se dotaient d’un médiateur institutionnel et comblaient ainsi un vide dans le paysage des médiateurs/ombudsmans de notre pays.

Car depuis de nombreuses années, l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, disposent de leur propre médiateur, permettant ainsi aux citoyens de disposer d’un voie indépendante pour trouver une solution aux difficultés qu’ils éprouvent dans leurs relations avec les services publics.

Il aura fallu attendre 2 ans et demi et des procédures de recrutement pour que les citoyens de la Région de Bruxelles disposent du même service à l’égard des administrations bruxelloises, aussi bien celles de la Région, que de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, et même des administrations communales ne disposant pas de leur propre médiateur.

Read more

Ángel Gabilondo asiste a la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado.

Date of article: 05/09/2022

Daily News of: 06/09/2022

Country:  Spain

Author: National Ombudsman of Spain

Article language: es

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asistido este lunes en el Tribunal Supremo a la toma de posesión de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.

En el acto, presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han estado presentes la ministra de Justicia, Pilar Llop y una representación de los fiscales superiores de las diferentes comunidades autónomas, así como los fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

El nuevo fiscal prometió su cargo el pasado 2 de agosto ante S.M. el Rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio Real de La Almudania, en Palma de Mallorca. 

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo prevé una colaboración recíproca entre la institución y el Ministerio Fiscal.

Read more

(CoE) Support Russian and Belarusian civil societies and human rights defenders

Date of article: 31/08/2022

Daily News of: 06/09/2022

Country:  EUROPE

Author: Commissioner for Human Rights - Council of Europe

Article language: en

Russia’s military attack has resulted in immense suffering, deaths and destruction in Ukraine, with disastrous human rights and humanitarian consequences for all the people living there. It has also triggered the cessation of membership of the Russian Federation in the Council of Europe and a further intensification of laws and practices that had already posed an existential threat to Russian civil society for many years, thus taking the repression of human rights and freedoms in Russia to unprecedented levels. Public demonstrations against the war have been systematically dispersed, with thousands of peaceful protesters arrested and prosecuted. Hundreds of civil society activists, human rights defenders and independent journalists have faced a significant increase in reprisals, ranging from harsh legislation and sanctions to threats, attacks, intimidation and marginalisation. The harassment of Russian civil society started long ago. Even before the beginning of the war, dozens of NGOs, including the most prominent ones such as Memorial, were liquidated based on the so-called “foreign agent” law, whereas the activities of foreign and international civil society groups and media outlets in Russia have been banned as a result of their designation as “undesirable” by the Russian government. Meanwhile, Alexei Navalny remains in prison in contradiction with Russia’s obligations under the European Convention on Human Rights.

With the beginning of the war, the Russian parliament has rushed to adopt a series of harsh bills that have outlawed free speech and any criticism of the war waged by Russia against Ukraine by introducing, among other things, hefty fines and long-term prison sentences for “discrediting the Russian army” and the spreading of “fake information”. As a consequence, thousands of websites and independent media outlets were blocked, banned or have decided to discontinue their reporting since the beginning of the war in Ukraine, including the “Novaya Gazeta” newspaper, the TV channel “Dozhd” and the radio station “Echo of Moscow”. Thousands of individuals all across the Russian Federation have faced administrative sanctions, including fines and arrests, for their opposition to the war. Dozens of bloggers, journalists, human rights lawyers, civil servants, artists, public figures and opposition leaders, such as Vladimir Kara-Murza and Ilya Yashin, who spoke out against the war, have found themselves under criminal prosecution, and many of them are in detention, facing the risk of imprisonment for up to fifteen years.

In addition to the severe curtailment of the right to receive impartial information for all in the Russian Federation, this unprecedented crackdown on human rights has had an immense chilling effect on all those who openly oppose the war, prompting hundreds of civil society activists, including human rights defenders and journalists, to flee the country and seek refuge abroad, including in Council of Europe member states.

After the cessation of membership of the Russian Federation in the Council of Europe, the Committee of Ministers adopted a Resolution CM/Res(2022)3 noting, among other things, that the Organisation will take initiatives to support and engage with human rights defenders, democratic forces, free media and independent civil society in the Russian Federation. A similar decision was also taken in relation to the Council of Europe’s cooperation with Belarusian civil society, human rights defenders and independent media. The Parliamentary Assembly took the same approach, stressing the need to support and engage with Russian and Belarusian civil societies.

As Commissioner for Human Rights, I devote particular attention to the situation of human rights defenders in Europe, in accordance with my mandate and the Declaration on Council of Europe action to improve the protection of human rights defenders and promote their activities. After the cessation of Russia’s membership in the Council of Europe, I stressed that the support of Russian and Belarusian civil societies would remain one of the priorities for my future action. Earlier on, I expressed my support to human rights defenders and journalists in Belarus who had faced large-scale and systematic reprisals as part of the general deterioration of the human rights situation in the country following the presidential elections in August 2020. I maintain regular exchanges with Russian and Belarusian civil society members, including on issues related to their safety and working environment. They are currently the target of reprisals and harassment from their respective governments, and they need the continued support of Council of Europe member states to overcome the risks and challenges they face whether they have left or stayed in their respective countries.

Relocation practices

It is important that human rights defenders who have left Russia or Belarus to go to Council of Europe member states to avoid persecution find safety and as much stability as possible there. Some European countries have made asylum proceedings available for these activists, considering them as political refugees. I note with interest that a few Council of Europe member states, in addition to asylum proceedings, have put in place relocation policies and systems for civil society actors, particularly human rights defenders and independent journalists from Russia and Belarus, who incur the risk of reprisals and persecution in their countries of origin.

These relocation policies and systems mainly consist of delivering visas on humanitarian grounds, allowing civil society activists to enter territories of the states delivering them. Latvia is one of the European countries that has developed a comprehensive relocation system for human rights defenders and independent journalists from Russia and Belarus, by providing them with travel documents, long-term visas and residence permits. Lithuania is also effectively facilitating the relocation of Russian and Belarusian human rights defenders and journalists on its territory, an important feature of this model being close cooperation between the state authorities and local civil society that advises and informs the decision-taking authorities on the current applications. The recently adopted relocation policies in Germany, the Czech Republic and Estonia, among several other countries, should also be welcomed.

Even though there is a growing number of Council of Europe countries who have put in place systems to provide such visas, their number, validity and delivery procedures can result in very serious obstacles. Human rights defenders stressed that in some countries the delivery of humanitarian visas has been conditioned on the availability of national quotas, which are insufficient to respond to the demands of all those concerned. Several practical requirements in relation to these visas could also significantly hinder relocation, if not make it impossible. For instance, the requirement to apply from the country of origin can be impossible to fulfil for those activists who have already fled and cannot return home.

Some Council of Europe member states have a visa-free regime with Russia and Belarus, and Russian and Belarusian civil society members are allowed to reside on their territories on the basis of general migration regulations. However, a visa-free regime does not offer per se safeguards against an obligation to return once the authorisation to stay has expired. Nor does it give access to unhindered travelling and border crossing to other countries. Many activists report finding themselves in a situation where they are based in countries neighbouring Russia or Belarus that they could reach without visa, but are unable, -due to the requirement to apply from the country of origin - to apply for humanitarian visas that would allow them to travel to other countries in Europe where they could be safe.

In contrast, some European countries have started to limit or have even ceased delivering either visas or residence permits to Russian and Belarusian citizens in general in reaction to the Russian military aggression in Ukraine. Such restrictions have reportedly made leaving one’s country more difficult, including for civil society activists, human rights defenders and independent journalists. Human rights defenders have explained that a general ban on tourist visas for all Russian or Belarusian nationals, even with exceptions, risks having serious repercussions on those who need to leave Russia quickly and discreetly, including those who might be persecuted on grounds related to their opposition to the war in Ukraine, their work on human rights but also their sexual orientation, their gender identity, or other grounds.

Challenges upon arrival

While the availability of functioning relocation mechanisms is an urgent concern, more attention should also be given to providing the support Russian and Belarusian civil society activists and journalists need upon their arrival in a safe destination in Europe. Many of them have shared with me their experience of various legal, administrative, financial and other challenges they had to face once they arrived in the country of destination. Some of them had encountered obstacles in receiving residence permits after their visas had expired. For most of them, the residence permits they had received were of a relatively short validity period, usually not exceeding one year. For those who have applied for work permits in order to be able to resume their civil society work, in several cases, administrative requirements and sometimes bureaucratic red tape have affected their ability to carry out their professional activities, to make long-term plans and obtain funding. This, by extension, also impacted their private and family lives as well as those of their family members.

Another challenge stems from the fact that some European countries require a foreign person to present a clean criminal record from the country of origin as a pre-condition to receiving a stable residence and work permit, making these persons dependent on the authorities of the Russian Federation and Belarus. Having regard to the severe deterioration of the human rights situation in these countries and the sharp rise in reprisals and persecution of civil society activists, many of the applicants for such permission to stay have already been prosecuted, and some have even already been convicted for their legitimate activities. Therefore, they cannot provide clean criminal records to the authorities of a host country and there should be ways of taking this into account when examining their applications.

Transparency requirements for the creation of an NGO, which constitute in principle sound and valid conditions, could also affect the safety of activists, journalists and human rights defenders from Russia and Belarus if there are no safeguards in place to protect their personal data. Indeed, registering a new legal entity, such as a human rights association or an independent media outlet, requires disclosing information about its founding individuals, structure, staff members and finances in most European countries. Given the dangers that human rights defenders and independent journalists incur even when staying abroad, it is important that transparency requirements not be applied in a way that would put them at risk.

More generally, human rights defenders from Russia and Belarus have explained that in some cases, they are impacted by the growing distrust among some authorities and private sector companies against anyone who is Russian or Belarusian. In some member states, Russian and Belarusian human rights defenders, civil society activists and independent journalists who wished to register an NGO or another legal entity to continue their legitimate work have been confronted with difficulties. In a few cases, the national authorities of the country of destination have slowed down the process with intensified checks or other procedures applied in relation to the applicants’ nationalities. As to the private sector, several banks in a number of Council of Europe member states have refused to open and host accounts of Russian and Belarusian citizens including accounts that were necessary to run a legal entity for human rights or civil society work. This has added to the challenge of already existing financial restrictions faced by Russian and Belarusian nationals, including human rights defenders and journalists, following the decision of major digital payment companies to stop operating in relation with those two countries, making the use of their payment cards issued there impossible elsewhere in the world. The justification given for such indiscriminate measures is sometimes that they are based on the sanctions taken by some Council of Europe member states against Russia and Belarus. However, individual sanctions apply only to a list of designated persons and entities and economic sanctions concern transactions of a restricted list of goods and services. Therefore, they should not be used by any public authorities or private entities against persons who are not on the sanction lists, do not seek to trade prohibited products -- and are on the contrary opposed to the human rights violations committed by the countries targeted.  

One challenge that requires the full attention of all national authorities is the risk of exposing people in need of protection to reprisals through extradition to Russia or Belarus. Many European countries have concluded various agreements with these two countries in the fields of criminal cooperation, money laundering, national security and the fight against terrorism. Such collaboration, among other things, facilitates the exchange of information about individuals suspected or accused of alleged criminal activities, their arrest and extradition. If implemented without due diligence, those agreements could lead to the persecution by the authorities of the country of origin of activists in exile for their criticism and anti-war activities. On 21 June, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted Resolution 2446(2022) on reported cases of political prisoners in the Russian Federation, calling on all member states to refuse extradition requests for Russian nationals for offences which could be considered politically motivated. A similar approach should be taken with regard to the extradition requests made by Belarusian authorities. At the level of the European Union, the Ministers of Justice agreed that “vigilance should be strengthened with regard to requests to extradite nationals or residents of EU member states issued by the authorities of third countries for political purposes, and to strengthen exchanges of information between the member states’ national authorities in relation to such requests.”

Civil society and human rights defenders in Russia and Belarus

Russia and Belarus have had well-established, solid and resilient civil societies over many years. Even though some had to leave, many remain and continue carrying out their invaluable work from within their countries. In addition to the already existing human rights activities, such as supervising detention conditions, monitoring politically motivated trials and assisting vulnerable people, including migrants, LGBTI persons and national minorities, new projects have emerged since the beginning of the war in Ukraine. In March 2022, a number of prominent Russian human rights defenders and activists established the Council of Russian Human Rights Defenders and published a Humanitarian Manifesto denouncing the Russian aggression against Ukraine. Dozens of new projects, initiatives and campaigns have also emerged in reaction to the war, offering creative ways of peaceful resistance, countering the official propaganda in Russia and assisting victims of the war. For example, many ordinary citizens have volunteered to help Ukrainian citizens who found themselves in various Russian regions escaping the hostilities, thus complementing the work carried out by professional migrants’ rights defenders, such as the Civil Assistance Committee. Young people, social media activists, bloggers, journalists, feminists and many other active citizens have united their voices to consolidate civil society in various forms in these difficult times.

Human rights defenders with whom I spoke all stressed the importance of supporting those who have stayed from the outside - and this includes the lawyers who represent the human rights defenders detained there and who are also themselves subject to harassment. It is true that the more human rights defenders leave a country, the more it is at risk of further human rights backsliding.

The way forward

Member states of the Council of Europe could play an important role in supporting Russian and Belarusian members of civil societies, staying in their countries or in exile, in these times of human rights crisis.

First, states should publicly acknowledge the paramount role played by civil societies in Russia and Belarus in fighting for human rights, democracy and the rule of law in their countries and provide continuous support to them by all available means.

Imprisoned human rights and civil society activists in Russia and Belarus and their family members should be supported and their persecution for their legitimate activities denounced by all stakeholders, who should call for their immediate release and for those responsible for misusing the criminal justice system against them to be held accountable.

Those who have stayed in Russia and Belarus and are willing and able to carry out their civil society and human rights work could benefit from continuous political and practical support by member states. In particular, financial aid and funding seem to be crucial for civil societies in Russia and Belarus and should be continued and increased. Given the hostile political and legal environments for the work of independent civil society in those countries, donors - both public and private - should stay flexible and adapt their operative methods to the rapidly changing environment, including constantly evolving digital financial instruments, to ensure the safety of the beneficiaries. Any action taken with regard to civil society actors from the Russian Federation and Belarus should first and foremost comply with the “do no harm principle”, which could be assessed in consultation with the civil society beneficiaries.

Civil society and human rights defenders in Russia and Belarus could also gain from cooperation avenues with key stakeholders abroad, including international organisations such as the Council of Europe, its member states, the private sector and business. The Council of Europe may envisage involving them in its activities, including experts’ meetings, public events, training and education projects, and regular dialogues. The Parliamentary Assembly has recommended that Belarusian and Russian human rights defenders, democratic forces, media and civil society organisations, which respect the values and principles of the Organisation, could be invited to participate in Council of Europe meetings under the same conditions as their counterparts from Council of Europe member states. Furthermore, in a welcome move, the Partners Organisations to the Platform to promote the protection of journalists and safety of journalists decided to continue publishing information relating to serious concerns about media freedom in the Russian Federation. Another way of showing support would be making key Council of Europe documents, publications and web pages available and easily accessible in the Russian language.

For those human rights defenders and civil society activists who left or will have to leave Russia or Belarus, I welcome the adoption and implementation of comprehensive and sustainable relocation policies by some member states. I call on all Council of Europe member states to follow their example, cooperate with each other, including at the level of consular services, and exchange best practices in this regard. There should be a variety of legal channels adapted to the particular situation of civil society members from Russia and Belarus for ensuring their safe relocation and stay in the Council of Europe area, including access to emergency visas and travel documents not only from their countries of origin but also from third countries. Cooperation and consultation with trusted civil society partners appear to be key to successful relocation as they could play an important role in verification proceedings and assisting activists upon their arrival to a safe country and in their integration. Member states should have effective safeguards in place against extradition of those who are prosecuted or convicted for their legitimate work.

Offering human rights defenders and civil society activists stable residence in host countries, facilitating their work and providing social benefits to them and their family members represents a crucial step in ensuring that they can resume their activities in a safe and enabling environment. The process of registering their new legal entities and their functioning, including their access to funding, should be eased while providing adequate safeguards adapted to their particular situation, including personal data protection.

I consider civil society activists, human rights defenders and independent journalists, including from the Russian Federation and Belarus, as natural partners of the Council of Europe because they share the same values and courageously continue to work for human rights, democracy and the rule of law. I express my solidarity to them in these difficult times and value them for multiplying and raising awareness about the Council of Europe’s human rights work and standards. Human rights defenders, volunteers and independent journalists, including from Russia and Belarus, play an important role in the context of the ongoing war in Ukraine. Some of them are working in the field, publicly denouncing the Russian attack on Ukraine, documenting human rights abuses, assisting victims and independently reporting to the whole world, particularly to Russian-speaking societies. They contribute tirelessly to raising awareness and bringing the truth to light, sometimes at the risk of their own liberty, safety and even lives. They are among the main advocates for change in the right direction in their respective transforming societies. Working together, expressing support and building bridges for a better future is of crucial importance for a Europe free of war and violence.

Dunja Mijatović

Read more