El Día Mundial del Refugiado que se conmemora mañana ofrece una oportunidad adicional de interpelar a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos en favor de la prevención de los conflictos armados y para confluir en la búsqueda del bienestar social de todas las personas, sin excepciones. Cada vez es mayor el número de personas que están obligadas a huir para intentar sobrevivir a conflictos o persecuciones, en una espiral que parece no tener nunca fin. La situación que hoy se vive en Europa ilustra bien a las claras la crueldad supina de la guerra, su absurdidad absoluta, pero a la vez la interdependencia entre los pueblos y la necesidad imperiosa de la solidaridad humana. 

Sin embargo, la protección de estas personas vulnerables y desesperadas dista mucho de estar en el centro de las políticas públicas, a pesar de la existencia de diversos instrumentos internacionales sobre protección de derechos fundamentales y derecho humanitario en vigor en este ámbito: la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Nueva York de 1967, tratados, estos, de los que son parte la mayoría de los Estados europeos, de obligado cumplimiento, al igual que la normativa de la UE en materia de asilo.

Nuestras ciudades y pueblos reciben a millones de personas que han tenido que abandonar los lugares donde nacieron, donde tenían su arraigo, sus vínculos, sus viviendas. Son víctimas de decisiones e intereses políticos y económicos o geoestratégicos que han venido a segar de raíz las posibilidades que esas personas tenían en sus lugares de origen de sobrevivir, desarrollarse, formarse, criar a sus hijos e hijas y disfrutar de una vida digna. Lo mínimo exigible es que, cuando buscan ayuda entre nosotros, puedan disfrutar en plenitud del respeto de su dignidad maltratada y de la garantía de sus derechos humanos, con independencia del origen o etnia o situación administrativa. Estas cuestiones deben permanecer en el centro del debate púbico y de las decisiones de nuestras autoridades con independencia del lugar de procedencia u origen nacional.

Por ello, en este día el Ararteko se une a las Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos de todas las personas refugiadas, personas que huyen de conflictos armados, de la injusticia o de la miseria extrema, situaciones que no deberían tener cabida en un mundo en el que los ideales humanitarios se han globalizado, donde los avances tecnológicos y de la comunicación permitirían paliarlas, al menos, en sus formas más agravadas. 

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2022

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la atención que reciben los estudiantes ucranianos que se han incorporado a los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana.

El Síndic reconoce el esfuerzo realizado por la administración educativa y en particular por todos aquellos docentes que han tenido que hacer frente a los problemas sobrevenidos en el día a día de la escolarización y atención de estos menores. El defensor es consciente de la sobrecarga de trabajo que han soportado, no solo por la adaptación de contenidos educativos sino también por la atención emocional.

En este sentido, Luna urge a reforzar el número de docentes, orientadores y personal de apoyo, sobre todo en los centros educativos con ratios de alumnos por encima de lo deseable y que han recibido menores que han huido de la guerra en Ucrania. Este refuerzo escolar especializado facilitaría trabajar por la igualdad y la inclusión de los menores ucranianos en el sistema educativo valenciano desarrollando políticas públicas inclusivas.

En relación a los profesores, Luna solicita también que, cuanto menos, les ofrezcan una formación extraordinaria y adecuada a las nuevas necesidades, que aborde específicamente cómo tratar en las aulas a menores con traumas emocionales.

En cuanto a los problemas comunicativos entre el personal docente y no docente de los centros con las familias y menores ucranianos, el defensor insta a organizar servicios de traducción que faciliten esa comunicación, con independencia de las posibilidades de formar grupos de alumnos ya matriculados en los centros que puedan, de manera voluntaria, prestar las ayudas a los esfuerzos de comunicación realizados por los docentes.

Asimismo, insta a que la Inspección Educativa y los equipos de orientación hagan un seguimiento continuo para constatar que las necesidades de este alumnado se encuentran en todo momento cubiertas y, en caso contrario, que se subsanen las deficiencias detectadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto: 11851135.pdf (elsindic.com)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este lunes, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo realizado hasta ahora acerca de la encomienda del Congreso de los Diputados para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

Durante su intervención en el Congreso, Gabilondo ha asegurado que la institución va a trabajar “con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad”. Así, el Defensor del Pueblo ha destacado que la encomienda aprobada por el Congreso de los Diputados, con una amplia mayoría, “es una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas”. 

Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado en su intervención ante los diputados y senadores que conforman la Comisión Mixta, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. A su juicio, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”.

 Ámbitos de actuación

Para llevar a cabo la encomienda, el Defensor ha apuntado tres ámbitos de actuación en los que trabajar: una Comisión Asesora de expertos, un Foro de Dialogo con las asociaciones de víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación. Su tarea será “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.

La Comisión Asesora está formada por 20 personas, de las cuales 17 son asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, o a los jóvenes o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participarán en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, “como muestra del compromiso e implicación de toda la institución y la búsqueda uniforme de pluralidad y de consenso”, ha destacado Ángel Gabilondo. La Comisión Asesora se constituirá y mantendrá su primera reunión a principios del mes de julio. (Ver anexo con listado de miembros de la Comisión).

El  Foro de Asociaciones será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aporten su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo. El Defensor ha subrayado “que el Foro de Asociaciones se concibe como un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas y con la persona o personas de la Comisión que se determine, compartan sus experiencias y posiciones”. Así se podría llegar a aglutinar una serie de indicaciones o recomendaciones que, a través de la Comisión de asesoramiento, cabría incorporar al informe final.

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha considerado esencial crear una Unidad Técnica de trabajo para la atención a las víctimas. Un espacio de investigación que contará con un coordinador de equipo. Ángel Gabilondo ha afirmado que tendrá funciones de apoyo a las labores de la Comisión y que estará compuesta fundamentalmente por psicólogos, criminólogos y abogados que atenderán y escucharán a las víctimas que acudan a exponer su testimonio, y realizarán los estudios que contribuyan a conocer la realidad de los abusos sexuales relacionados con la Iglesia católica. Este personal técnico trabajará en una oficina específica en las inmediaciones  de las dependencias de la institución Defensor del Pueblo. La Unidad Técnica estará operativa, igualmente, a principios del mes de julio.

La institución del Defensor del Pueblo habilitará en su web una sección con información relevante sobre la Comisión. Se ofrecerá, en la misma, un teléfono gratuito y un formulario web para que las víctimas puedan contactar con la Unidad Técnica. Además, se facilitará la posibilidad de presentar los testimonios presencialmente o por correo postal.

Tratamiento ordenado y seguro de la información

La información que se recopile y el tratamiento de la misma exige organizar y sistematizar los procesos garantizando la máxima seguridad. Según ha señalado el Defensor del Pueblo, “el Área de Infraestructuras de la institución ha diseñado un plan estratégico que define las líneas de actuación a seguir, proporcionando orden y claridad a la hora de recoger y archivar la información para que pueda ser procesada con la confidencialidad exigible”.

El Defensor se ha comprometido a comparecer periódicamente ante la Comisión Mixta para informar de los avances que se vayan produciendo.

Como señala la encomienda parlamentaria, Ángel Gabilondo presentará el informe, una vez finalizado, ante las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias y pertinentes en todos los ámbitos.

Con esta actuación, el Defensor del Pueblo cumple con su obligación constitucional de defensa de los derechos fundamentales, así como con el reconocimiento de las Naciones Unidas como la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Consulta la lista con los miembros de la Comisión Asesora

Más información sobre los miembros de la Comisión Asesora

The Human Rights Commissioner Sabina Aliyeva spoke at the panel “Human Rights, Democracy and New Challenges in the XXI century” in the IX Global Baku Forum.

Ms. Aliyeva, gave broad information on the human rights reforms implemented at the national level, greeting the Forum participants.

The Ombudsman congratulated the participants on the 18 June- Human Rights Day in Azerbaijan, which has been celebrated already for 15 years.  

In her speech, S.Aliyeva shared the scope of the activity of the Azerbaijani Ombudsman Institute, which marks its 20th anniversary and good practices.

Referring to the Azerbaijani experience, S.Aliyeva noted the importance of the support of the state to the NHRIs and ombudsmen as non-judicial protection mechanisms.    

The Ombudsman touched upon the issues threatening human rights at the global level, underlining that the panel was dedicated to the most topical issues.  

S.Aliyeva also noted that one of the main problems is the demonstration of discrimination and double standards in the prosecution of the crimes against peace and humanity, war crimes, given that the punishment of such grave offenses.

The Ombudsman with heartfelt said that silence on fundamental issues by international organizations has led to wars and conflicts, as a result of which the norms of international human rights and humanitarian law.  

The panel continued with discussions.

World Refugee Day is an international day dedicated to all refugees around the world. It falls each year on June 20 and celebrates the strength and courage of people who have been forced to flee their home country to escape conflict or persecution. Human Rights Ombudsman Peter Svetina points out that this day is also an opportunity to understand the hardships of refugees and their efforts to restore a sense of normality to their lives.

The Ombudsman Institution has already identified several violations of refugees’ rights in matters concerning the implementation of procedures at Slovenian borders, and has also established that border regimes force refugees to resort to increasingly dangerous ways of travelling. "Such border crossings have ended tragically on several occasions, which is why it is crucial to reduce irregular migration with the establishment of a more appropriate immigration and asylum policy. First and foremost, we must address this issue by ensuring effective protection of refugees, including through the implementation of legal routes and effective protection of refugees in third countries," says the Ombudsman.

"It is also necessary to reinforce the activities of human rights defenders and other supervisory mechanisms, and to take an uncompromising stance to put an end to all measures and practices with which state authorities violate refugees’ human rights," adds Mr Svetina.

"Protecting Slovenian identity by welcoming people in distress, with clearly defined rules that do not discriminate against anyone, is the way in which humanity is demonstrated. It is in times of crisis, when there is a greater tendency to restrict or abolish human rights, that humanity is put to the ultimate test," remarks the Ombudsman. In times of crisis, it is even more important than ever to engage all a country’s citizens. During the pandemic, it was particularly striking that many refugees and EU citizens with a refugee background contributed to society through employment in key industries and were often exposed to the negative effects of the pandemic.

The Ombudsman hopes that the latest EU action plan on Integration and Inclusion 2021­–2027, adopted in November 2020, will result in more humane treatment of people leaving or fleeing their homes, since various reports on the inhuman and degrading treatment of refugees persist.

He also points out that the flow of immigration, which has been going on since time immemorial, cannot be stopped. "There are no fewer crisis hotspots, but environmental ones are emerging as well, forcing people to flee famine and natural disasters in search of new hope. It is impossible to build a dam that would stop the flow of immigration, nor can immigration be stopped with barbed wire. It is, however, possible to consider the benefits that these global social processes can bring to our society, which is open to newcomers, to consider how the processes can benefit them, and to develop better immigration policies," clarifies the Ombudsman.

"Only by caring for all those who, due to different circumstances, live on the margins of society or come to our country from different parts of the world with their hardships, can we put Slovenia on the list of inclusive countries. Slovenia must strive to achieve such status. After all, it has committed itself to doing so through its own legally defined rules, as well as by signing many international human rights documents," underlines the Ombudsman.