El demandante fue condenado en firme a tres años de prisión en enero de 2014. Solicitó el indulto y se suspendió la ejecución de la condena. El Ministerio de Justicia no resolvió sobre la solicitud de indulto y el demandante ingresó en prisión más de cinco años después de que su condena fuera firme. En ese tiempo, el legislador cambió el artículo 134 del Código Penal: si hasta 2015 el periodo de prescripción de una pena no se interrumpía por su suspensión, en 2015 el legislador decidió que la suspensión de la pena sí interrumpiría el plazo de prescripción, de modo que este plazo, inicialmente de cinco años, se alarga durante el tiempo que tarde en tramitarse el indulto. En el caso del demandante, la aplicación del Código Penal en la versión anterior de 2015 habría implicado la prescripción de su pena en enero de 2019. Sin embargo, bajo la nueva versión del artículo 134, fue posible ordenar su ingreso en prisión en junio de 2019.

En su sentencia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza que esta situación constituyera una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la retroactividad de las normas que establecen delitos y penas. En este caso, la norma que se aplicó retroactivamente era de tipo procedimental y se refería al modo de ejecución de la pena, pero no a la pena misma ni a la conducta delictiva. Aunque la condena de prisión se ejecutara cinco años después de ser firme, no se le impuso una condena más grave que la que estaba prevista en el momento de cometer el delito para el delito que cometió.

El TEDH también rechaza una violación del derecho a la libertad de acuerdo con el artículo 5 del Convenio. El Tribunal considera que el demandante podía prever razonablemente cuáles serían las consecuencias que la modificación del artículo 134 tendría en su caso mientras esperaba a la resolución del indulto y la ejecución de su condena estaba suspendida. Esto es así porque la Audiencia Provincial que llevó su caso siguió un principio general y conocido al aplicar la nueva norma procedimental a un procedimiento en curso. El demandante no podía tener la expectativa de no cumplir la condena, puesto que en el año 2017, la Audiencia Provincial mantuvo la suspensión de la condena, después de haberla levantado, a causa de un recurso que interpuso el demandante. En ese momento, ya estaba en vigor la modificación del artículo 134 y el demandante podía contar con que se interrumpiría la prescripción. Por tanto, el cumplimiento de la condena cinco años después de su imposición no se considera arbitrario.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este jueves en la sede de la institución con el director general de la Policía, Francisco Pardo.

La reunión se enmarca dentro de los encuentros que está manteniendo el Defensor del Pueblo con instituciones, organizaciones y organismos con los que la institución colabora y trabaja de manera habitual.

En el encuentro también han participado la directora de Gabinete del Defensor del Pueblo, Isabel Aymerich, y el asesor ejecutivo del director general de la Policía, Julián Sánchez.

FRA’s Director attended the Frontex Management Board meeting in Paris on 7 June.

FRA highlighted the importance of checking border management practices at the EU’s external borders against the non-refoulement principle.

Frontex Consultative Forum Chairs from the UN Refugee Agency and FRA also attended the meeting. They drew attention to some of the fundamental rights concerns of its member organisations.

FRA regularly takes part in Frontex Management Board meetings when fundamental rights protection related matters are on the agenda.

Durante 2021 ha recibido 11.932 quejas y 12.727 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio, el 40% de las cuales son del ámbito de políticas sociales

La crisis originada por la pandemia y la guerra de Ucrania han aumentado el riesgo de vulnerabilidad

Las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades

En materia de medio ambiente es necesario adoptar siempre la opción más prudente y menos perjudicial para el territorio

Once meses después de la adopción de la Resolución 2381 del Consejo de Europa, no se ha cumplido ninguna recomendación en su totalidad
 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para debatir el Informe al Parlamento 2021, que recoge las cifras más destacadas durante el año. Como el anterior, 2021 ha estado marcado por la crisis de la Covid-19, con las consiguientes afectaciones no sólo al sistema de salud, sino a un amplio conjunto de derechos y a la actividad económica del país.

El síndic ha querido destacar que durante 2021 se ha vuelto a superar el récord de quejas presentadas a la institución, cerca de 12.000, y se han tramitado más de 18.000. También ha habido más de 12.700 consultas y un elevado número de actuaciones de oficio (264).

Una vez más, las actuaciones vinculadas a las políticas sociales son las que ostentan mayor protagonismo en la institución del Síndic, con más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60% de nuevas actuaciones de oficio. En cuanto al derecho a la salud, la Covid-19 ha afectado, sobre todo, a la atención primaria y a las listas de espera. En este punto, el síndic ha reclamado que se mejore el sistema de financiación y que se despliegue con determinación y firmeza el Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria que se ha puesto en marcha.

En cuanto a la pobreza, el Síndic denuncia que la pandemia ha aumentado la tasa de pobreza en Cataluña y reivindica que es necesario avanzar en la redefinición de las prestaciones existentes y en la configuración de un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables. En este sentido, también ha querido alertar de los problemas que puede acarrear una crisis alimentaria por la guerra de Ucrania, que algunas entidades ya han comenzado a denunciar, y que el crecimiento de la tasa de inflación incrementará la vulnerabilidad de las personas con rentas más bajas. Si bien es cierto que la Ley 24/2015 impide el corte de suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad, queda pendiente dar una solución definitiva a la deuda que contraen y es necesario firmar los convenios con las empresas suministradoras para la condonación de esta deuda.

Por lo que respecta al derecho a la educación, el síndic ha insistido una vez más en la necesidad de que todas las políticas públicas vayan dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. En este contexto, el Pacto contra la segregación escolar, promovido por la institución, ha sido una buena herramienta y ha permitido reducir un 10% los niveles de segregación escolar en Cataluña. Esta reducción es todavía hoy insuficiente y el síndic insiste en que es necesario desplegar los principales instrumentos previstos en el Decreto 11/2021. El síndic también ha querido remarcar que es necesario un cambio de paradigma y que es preciso evolucionar del modelo de escolarización diferenciada hacia un verdadero modelo de educación inclusiva. Aparte de mejorar los recursos, el síndic recuerda que también es imprescindible un cambio cultural. Asimismo ha destacado que el modelo lingüístico escolar actual ayuda a reducir las desigualdades educativas y que, por tanto, debe ser preservado.

En cuanto al medio ambiente, en los últimos años la crisis ha detenido algunos proyectos, aunque esto no ha significado un cambio total de paradigma ni de mentalidad, ya que las administraciones han continuado aprobando, con mayor o menor intensidad, proyectos con incidencia ambiental, paisajística y urbanística. En este punto, el síndic pide a los poderes públicos que ante la existencia de indicios razonables de afectaciones ambientales adopten siempre la opción más prudente y cautelosa y, al mismo tiempo, la menos perjudicial para el territorio. En este punto ha destacado los cientos de quejas recibidas por el desacuerdo con la configuración del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica o con el sistema de recogida selectiva implantado en varios municipios, o por el rechazo al modelo establecido en el Decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El Síndic ha recomendado mejoras a la Administración en cuanto a la configuración del impuesto del CO₂ (como, por ejemplo, no tasar vehículos que están dados de baja), el reajuste de la gestión de residuos (adaptándola a las necesidades de cada barrio o municipio) y la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de implantación de energías renovables y priorizar la implantación en suelos degradados o ya alterados.

En el apartado derechos civiles y políticos, el síndic ha hecho hincapié en el informe ¿Se deberían juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?, que realiza un seguimiento de la Resolución 2381 del Consejo de Europa, y que planteaba, entre otros, el necesario tratamiento político −no penal− del conflicto catalán, la modificación de delitos como el de sedición, rebelión y malversación y el diálogo entre las partes. El Síndic ha destacado que once meses después de la adopción de la Resolución, no se ha cumplido ninguna recomendación en su totalidad, y ha explicado que así lo denunció durante su comparecencia en audiencia en el Consejo de Europa del pasado 29 de abril.

A Worcestershire woman who had had a stroke was left without appropriate care for 12 months because the county council took too long to set up her direct payments.

The Local Government and Social Care Ombudsman has asked the council to pay the woman £3,000 to recognise the distress caused by not having the right care between January 2021, when the woman left hospital, and 2022.

The situation came about after the council referred the woman to Penderels, a company acting on behalf of the council, to help her recruit a personal assistant. However, case notes suggest the woman struggled to fill out financial forms because of her disability. The woman’s social care assessment was finalised in August 2021, setting out the support she needed, but the woman said this was incorrect.

A direct payment agreement was sent to the woman to sign, but she could not do so because of her disability. She was eventually helped to sign, but the council further delayed setting up the payments.

The direct payments had not been set up by the time the Ombudsman started investigating in January 2022. 

The Ombudsman found the council at fault for taking too long to complete the woman’s social care assessment and her care and support plan, and it failed to put in place her direct payments in a timely fashion.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“The council’s failure meant a vulnerable woman with serious health problems was left without funding to meet her essential care needs for more than a year.

“While I appreciate the pressures councils are under, and particularly during the time in question, the delay in this case is unacceptable. I am also concerned the council sought to blame the woman for not co-operating with its officers, when there was no evidence to support this.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from its investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council should apologise to the woman and pay her £3,000 to reflect the impact of the lack of care and support. It should also update the Ombudsman on its progress in putting in place the direct payment.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has been asked to identify other cases where there was a delay in putting in place a direct payment and to remedy any injustice to those affected.

Article date: 08 June 2022