La consejera de Derechos Sociales se reúne con la Mesa de Emergencia Social para abordar el modelo de atención sociosanitaria más allá de la emergencia

19/05/2022

Representantes del Departamento de Derechos Sociales y de Salud explicaron el proyecto de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria

También se ha tratado la soledad, que ha pasado a ser un problema con entidad, especialmente entre las personas mayores

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha convocado esta mañana a la Mesa de Emergencia Social, formada por representantes de las entidades sociales, la Mesa del Tercer Sector, DINCAT, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amigos de las Personas Mayores, Banco de los Alimentos, Comunidad de Sant'Egidio, Arrels Fundació y Fundesplai, para abordar el modelo de atención sociosanitaria, más allá de la emergencia sanitaria, con la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera.

En el transcurso de la reunión, la directora general de Autonomía Personal y Discapacidades del Departamento de Derechos Sociales, Montserrat Vilella, y la directora general de Planificación en Salud del Departamento de Salud, Aina Plaza, han explicado el proyecto de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria. El pasado 8 de febrero, el Govern aprobó la memoria preliminar del proyecto de ley de la Agencia y se ha llevado a cabo una consulta pública que ha obtenido 296 respuestas y 69 propuestas, en lo que ha sido uno de los procesos participativos más exitosos. Entre sus objetivos está el de garantizar la atención integrada a las personas mayores, con discapacidad, con enfermedad mental y, en general, a todas las personas con necesidades complejas. En este contexto, el síndic ha querido destacar que la pandemia de la covid-19 ha evidenciado carencias en la atención social y en la salud en los casos de necesidades complejas.

El segundo punto que se ha tratado ha sido la soledad como problema emergente, a partir de una ponencia a cargo de Amics de la Gent Gran. Se ha explicado que la soledad va mucho más allá de sentirse solo y que tiene un impacto muy dañino sobre la salud de las personas y es una realidad que podría solucionarse, y que los problemas de salud, que incrementan la vulnerabilidad, y la realidad socioeconómica de cada persona pueden derivar en aislamiento social.

La Mesa se constituyó el 11 de junio de 2020 con la voluntad de abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades para realizar las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento en el marco del contexto actual de la pandemia de la covid-19. El 26 de noviembre, el Síndic convocó una reunión de la Mesa con los máximos representantes del Govern en el Palacio de Pedralbes y les hizo llegar la detección de necesidades observadas durante los últimos meses, y las prioridades y recomendaciones de mejora para afrontar la crisis generada por la pandemia, que ha visibilizado problemas ya existentes. Pasadas las elecciones del 14 de febrero de 2021, el Síndic de Greuges, en nombre de la Mesa de Emergencia Social, envió al Gobierno el documento a fin de que se tuviera en consideración en el Plan de legislatura.

En diciembre de 2021, la Mesa de Emergencia Social constató que, transcurridos siete meses desde la remisión al Gobierno, estas propuestas, con pequeños cambios, se mantenían íntegras, y destacó que era necesario asegurar que las personas afectadas gravemente por la crisis tuvieran las necesidades básicas cubiertas, y que era necesario considerar a los servicios sociales como servicios esenciales, evitar la fragmentación de ayudas sociales y garantizar el acceso a prestaciones para cubrir las necesidades básicas, como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, así como el acompañamiento de las personas y de las familias vulnerables acreedoras de estas ayudas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reivindicado hoy el papel de los defensores para hacer visible la vulnerabilidad de los colectivos y personas que lo están pasando mal. "Tenemos la autoridad moral", ha expresado Jesús Maeztu en la mesa redonda dedicada a las personas en situación de vulnerabilidad en el V Congreso Internacional del PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica) y primer Congreso de AGOL (Alianza Global del Ombudsperson Local), que bajo el título 'Prácticas Sostenibles: De lo Local a lo Global' reúne en Madrid a defensores y defensoras del pueblo de los países del área iberoamericana.

En su intervención, Jesús Maeztu ha alentado a los defensores iberoamericanos a "dar voz a las personas desde el rigor" y a "crear conciencia de lo que es justo" en la relación con las administraciones públicas. El Defensor andaluz ha aludido al papel de los defensores -en leyes de máximo nivel como es el Estatuto de Andalucía- como garantes de la protección de los derechos, y por ello ha considerado que la pérdida de derechos subjetivos es "inadmisible".

El Defensor del Pueblo andaluz ha enumerado algunos retos de la sociedad como la soledad, "el mayor desamparo en la vida de las ciudades"; la crisis en la sanidad publica como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID; o la brecha digital en la relación de los administrados con las administraciones públicas, además del reto futuro de la inteligencia artificial, por lo que en su opinión, se deben perseguir equilibrios que eviten el aumento de la desigualdad. El Defensor ha recomendado, además, la vía de la mediación para conseguir una buena administración.

Jesús Maeztu ha destacado la importancia de este tipo de encuentros con defensores locales, extensible a organizaciones vecinales o servicios sociales municipales que trabajan en el ámbito municipal, y les ha animado a crear alianzas para "evitar que crezca la desigualdad y la vulnerabilidad de las personas que se quedan atrás". En este sentido, Jesús Maeztu ha destacado especialmente a la infancia y la adolescencia, como Defensor de este colectivo en Andalucia, y ha adelantado que en el próximo informe específico sobre infancia analizará con detalle los problemas de salud mental de niños, niñas, y jóvenes.

Jesús Maeztu ha intervenido junto a Elías Manuel Camargo, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Baja California mexicana; Karen Morales, coordinadora de proyectos FENALPER de Colombia; Marcos Lindemayer, de la Unión OGU/CGU del Brasil; July Paola Ramírez, personera municipal de Sativasur (Colombia), la Síndica de Greuges del Ayuntamiento de Lleida, Dora Padial, y Joseana Beetzabé de la Rosa, secretaria técnica de la comisión estatal de Derechos Humanos de Chiapas. El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, inauguró el congreso este miércoles, que se celebra en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

El encuentro tiene como objetivo conocer, compartir y debatir sobre las prácticas sostenibles en el tiempo y replicables de las Defensorías del Pueblo, con el propósito en mejorar el trabajo de protección de los derechos humanos en las ciudades, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de ONU-Habitat, así como establecer alianzas estratégicas para la consolidación de la Alianza Global de Ombudsperson Local.

AGOL es la Alianza Global del Ombudsperson Local, creada en mayo de 2019, que tiene por objeto trabajar en el ámbito de las administraciones locales con un enfoque basado en los derechos humanos con perspectiva de género y prestando especial atención a los retos socioambientales, con el fin principal de fortalecer los vínculos interinstitucionales y la cooperación internacional entre las instituciones y otros asociados. Todo ello para contribuir al Estado de Derecho, la democracia y la justicia social en todo el mundo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recibido este miércoles en la sede de la institución a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A lo largo del encuentro, han conversado sobre asuntos de actualidad relacionados con los derechos humanos y se han comprometido a estrechar aún más los lazos de colaboración que unen a las instituciones que ambos representan.

Entre las cuestiones abordadas destaca el impacto que la guerra de Ucrania está teniendo en los millones de personas que han tenido que buscar refugio en otros países. 

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha comentado los principales puntos que contiene la encomienda aprobada por el Congreso de los Diputados para que la institución cree una comisión independiente que elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en la Iglesia católica. Ángel Gabilondo explicó a Michelle Bachelet que con esta actuación el Defensor del Pueblo cumple con su obligación constitucional de defensa de los derechos fundamentales, y muy concretamente con los derechos de la infancia y de la adolescencia.

Michelle Bachelet asumió el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2018, y previamente fue presidenta de Chile en dos legislaturas (2006-2010 y 2014-2018). Estos días se encuentra en Madrid para participar en la cumbre ‘Los puentes de las mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global’, que organiza la Fundación Mujeres por África en el campus de la UNED los días 19 y 20 de mayo.

À la suite d’une enquête de grande ampleur sur le « pantouflage », la Médiatrice a conclu que, sans une approche plus rigoureuse des mouvements du personnel vers le secteur privé, la Commission européenne risque de compromettre l’intégrité de l’administration de l’Union.

Si la Commission a apporté des améliorations depuis la dernière enquête de la Médiatrice, elle doit encore en faire davantage. La Commission devrait :

1. Interdire temporairement des emplois s’ils présentent des risques qui ne peuvent pas être compensés par
des restrictions ou si les restrictions ne peuvent pas être surveillées et appliquées de manière crédible.

2. Subordonner l’approbation d’un nouvel emploi d’un membre du personnel, à l’obtention d’un engagement du nouvel employeur de publier toute restriction sur son site internet.

3. Publier plus rapidement les décisions relatives aux nouveaux emplois des membres du personnel.

« La mutation des régulateurs dans des secteurs qu’ils contrôlaient auparavant est devenue une question problématique à Bruxelles, mais cela ne se reflète pas pleinement dans la manière dont l’administration de l’UE traite cette question », a déclaré Emily O’Reilly, Médiatrice européenne.

« Il existe une tendance à sous-estimer les effets nocifs engendrés par des fonctionnaires qui apportent leurs connaissances et leur réseau dans des domaines connexes du secteur privé.

L’administration de l’Union est à un stade critique dans sa façon de gérer le “ pantouflage ”. Ne pas contrôler cette pratique maintenant risque de laisser s’enraciner une culture susceptible d’ébranler la confiance du public dans l’intégrité et l’expertise des institutions de l’UE.

Les emplois permanents dans l’administration de l’UE impliquent un engagement en faveur du bien public sur
le long terme. Ils ne doivent pas être considérés comme un tremplin vers des emplois connexes dans le secteur privé », a déclaré la Médiatrice.

L’enquête a porté sur un échantillon de 100 décisions prises par la Commission entre 2019 et 2021, dans
14 directions générales, l’ensemble des cabinets des commissaires, le service juridique de la Commission et le secrétariat général. Sur ces 100 décisions, la Commission n’a interdit que deux postes. La Médiatrice n’a pas constaté de mauvaise administration. Les conclusions de cette enquête sont disponibles ici.

L’enquête s’inscrit dans le cadre des investigations menées par la Médiatrice dans ce domaine, comme les enquêtes en cours concernant la Banque européenne d’investissement et la Banque centrale européenne.

Dans le cadre des enquêtes précédentes relatives à l’Autorité bancaire européenne et à l’Agence européenne
de défense, la Médiatrice a estimé que toutes deux auraient dû temporairement interdire les emplois en question.

Rapport annuel 2021

La Médiatrice lance également aujourd’hui son rapport annuel de l’année 2021 ; les plaintes relatives à la transparence et à la responsabilité représentent la plus grande proportion des enquêtes menées par le bureau (29 %)..

Le rapport décrit les travaux de la Médiatrice qui visent à améliorer l’accès du public aux documents et le guide – conçu par le bureau afin d’aider les institutions de l’UE à remplir pleinement leurs obligations en la matière – y est mentionné.

Le rapport fournit également des précisions sur une série d’enquêtes, notamment sur la possibilité de rendre le mécanisme de plainte de Frontex plus accessible, sur la manière dont la Commission veille à ce que les autorités croates respectent les droits fondamentaux dans le cadre des opérations de contrôle des frontières et sur la manière dont la Banque européenne d’investissement devrait améliorer la transparence des projets qu’elle finance.

En 2021, la Médiatrice a ouvert 338 enquêtes, dont six de sa propre initiative sachant que la durée moyenne
d’une enquête était inférieure à quatre mois.

Le rapport annuel comporte également le nouveau logo officiellement lancé aujourd’hui par la Médiatrice européenne : il représente la mission et les valeurs du bureau : responsabilité, transparence et confiance.

Se ha publicado recientemente el Informe Anual del 2021.