Mis primeras palabras quiero que sean para expresar mi consternación y solidaridad con el pueblo ucraniano, por lo que está sufriendo a causa de los horrores provocados por la invasión de su territorio por Rusia.

 En lo que ahora nos convoca, aunque me hubiera gustado comenzar esta intervención ante sus Señorías celebrando la total superación de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 a lo largo del año 2021, lo cierto es que, ajustándome a la realidad, lamentablemente he de iniciarla reconociendo, por segundo año, que la pandemia, con sus múltiples efectos, ha seguido marcando en parte el desarrollo de nuestras vidas y, en alguna medida también, el desarrollo del trabajo que realizamos en el Procurador del Común; aunque, bien es cierto, los efectos que hemos sufrido en 2021 han sido mucho menos traumáticos que los soportados en el año precedente, merced fundamentalmente a la masiva vacunación que la mayor parte de la población hemos venido recibiendo desde finales de 2020.

 En efecto, la vacunación ha contribuido de forma determinante, junto al mayor conocimiento de la enfermedad derivado de la experiencia adquirida durante largos meses de lucha contra la misma, a la progresiva normalización –nunca total- de nuestras vidas, de manera que, con referencia al año 2021, habiendo comenzado con las severas restricciones impuestas al ejercicio de derechos en razón del masivo contagio que sufrimos coincidiendo con el inicio del proceso de vacunación, pronto pudimos constatar, sin embargo, sus efectos benéficos en la lucha contra la pandemia, lo que  iba permitiendo que, aunque manteniendo muchas prevenciones y soportando posteriores olas de contagios, pudiéramos ir recomponiendo poco a poco nuestros hábitos de vida a lo largo del pasado año.

 Esa progresiva recuperación de la normalidad ha sido también la tónica del desarrollo del trabajo en el Procurador del Común, de manera que el 1 de marzo de 2021 recobramos el trabajo presencial de forma casi general en la Institución, dado que desde el mes de junio del año anterior la mayor parte del personal venía realizando alternativamente el trabajo en  la oficina o en su domicilio. Hubo que esperar, sin embargo, al 1 de septiembre de 2021 para que la plantilla recuperara en su totalidad la presencialidad, situación en la que continuamos desde entonces.

En definitiva, hemos tratado de conseguir en cada momento el mayor equilibrio entre, por una parte, el cumplimiento de nuestro deber, que no es otro que la defensa de los derechos de las ciudadanos sin ninguna limitación y, por otra, dotar de la máxima protección tanto al personal que presta sus servicios en la Institución, como a las personas que acceden a la Oficina para presentar sus quejas, para lo cual hemos ido adoptando, según las circunstancias y siempre en relación con la entidad de prevención de riesgos, las medidas precautorias que, dentro de las previsiones legales, se han considerado más adecuadas, lo que permite apreciar, con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, la progresiva normalización de la prestación del servicio a lo largo del año 2021.

Una prueba de esa tendente normalización es que, después de la interrupción, por más de un año, de las visitas periódicas a las capitales de las provincias y otros grandes municipios de la Comunidad para recibir las quejas que los ciudadanos nos presentan, en octubre de 2021 reiniciamos esas visitas con la periodicidad con que lo veníamos haciendo antes de la declaración del primer estado de alarma; ello sin perjuicio de que en la actualidad sigamos manteniendo operativos todos los canales de comunicación no presenciales que abrimos en el momento en que fue decretado el primer estado de alarma y, con él, el confinamiento de la población en marzo de 2020, en la medida en que esos canales se han revelado muy útiles para la presentación de quejas y, más aun, para mantener la comunicación de la ciudadanía con la Institución.

Pero la normalización del trabajo del Procurador del Común también se ha ido manifestando a través del tipo de quejas que hemos recibido a los largo de 2021, en la medida en que progresivamente, conforme avanzaba el año, en términos generales se iban recibiendo menos quejas relacionadas con la crisis sanitaria y sus efectos, lo que, consecuentemente, iba acompañado de un menor número de actuaciones de oficio, es decir, promovidas por la propia Institución, vinculadas a la pandemia provocada por el coronavirus. Así lo ponen de manifiesto los números y la simple comparación de estos con referencia a las dos anualidades en que hemos sufrido el azote de la pandemia; de manera que mientras que en 2020 más del 28% del total de las quejas recibidas tenían relación directa o indirecta con la Covid-19, y más del 43% de las actuaciones de oficio estaban vinculadas a la crisis sanitaria, en contraste con ello, en el año 2021 poco más del 10% del total de las quejas presentadas ante la Institución han estado relacionadas con la pandemia, mientras que solo el 18% de las actuaciones de oficio promovidas en ese ejercicio han traído su causa en el coronavirus y sus efectos. Por esta razón, a diferencia del Informe presentado sobre el año 2020, en que consideramos oportuno incorporar un apartado específico, a modo de adenda, para reflejar la actuación de la Institución en relación con los asuntos relacionados directa o indirectamente con la pandemia que en ese año sufrimos de forma especialmente intensa, en el Informe referente al año 2021 hemos entendido que no era necesario redactar un apartado con esa finalidad, sin perjuicio de lo cual, a lo largo del mismo -al igual que haré en la presente exposición- hemos realizado las acotaciones necesarias para dar cumplida información sobre la actuación de la Institución en relación con la crisis sanitaria y sus consecuencias a partir de las quejas recibidas y las actuaciones promovidas de oficio.        

(...)

https://www.theioi.org/ioi-news/ioi-newsletter

The Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, published today the report following her visit to Austria carried out in December 2021, with recommendations on improving the reception and integration of refugees, asylum seekers and migrants and on strengthening women’s rights and gender equality.

To address shortcomings in reception conditions, the authorities should “adopt harmonised standards regarding reception centres and cooperate with the provinces in order to ensure that reception conditions do not vary between facilities and to avoid overcrowding and lengthy stays in certain federal structures”, the Commissioner says. “Particular attention should be paid to the specific needs of vulnerable people, especially unaccompanied children; and to ensuring that asylum seekers have effective access to education and employment”, she adds while also emphasising the importance of strengthening independent and quality legal counselling by legally safeguarding the structural and functional independence of the competent federal agency.

In the field of integration, the Commissioner invites the authorities to speed up family reunification procedures for unaccompanied children, provide beneficiaries of subsidiary protection with the same favourable rules as refugees, and ease access to long-term residence and to citizenship. “In view of the worrying deterioration of the climate prevailing in Austria towards asylum seekers, refugees and migrants, I urge the authorities to raise awareness about existing measures to combat hate speech and hate crime and ensure their effective and prompt implementation.”

Concerned about credible allegations of pushbacks pointing to the existence of an established practice, the Commissioner urges the authorities to ensure that independent and effective investigations are carried out into allegations of pushbacks and of ill-treatment by members of security forces during these alleged pushbacks, and to put an end to these practices.

In the field of women’s sexual and reproductive health and rights, the Commissioner calls on the authorities to complement the sexuality education curricula and to subsidise counselling on contraception and contraceptives, and cover them under public health insurance or reimbursement schemes, or provide them free of charge. The Commissioner also notes that several factors render access to abortion services difficult in practice. “I urge the authorities to cover the costs of abortion care under public health insurance, and to ensure effective access to abortion services throughout the country.”

The Commissioner further calls on the authorities to step up policies to protect women and prevent and prosecute all forms of violence against them. “The high level of various forms of violence against women is concerning and requires resolute measures to improve the response of the justice system to acts of violence against women including by building trust between police and victims and improving the prosecution and conviction rates in such cases.” She also calls on the authorities to raise awareness about the means provided by the legislative package on online hate to victims of digital violence against women, and to safeguard the best interests of the child, including by ensuring that custody rules protect children from any violent parent. “The improvements needed in the fields of awareness-raising, prevention, training, repression, shelters, and legal and psychosocial support to victims, require a significant increase in the federal and provincial budgets related to the fight against all forms of violence against women”, she underscores.

As regards gender equality, the Commissioner urges the authorities to address the gender pay gap and gender pension gap as matters of priority and calls on the federal and provincial authorities to significantly improve the availability of high-quality childcare support to facilitate women’s re-entry into the labour market.

• Read the Commissioner’s report following her visit to Austria from 13 to 17 December 2021
• Read the comments of the authorities of Austria
• Watch the report in a nutshell (video)

Incontro del Garante Giancarlo Giulianelli con il direttore generale di Asur Marche, Nadia Storti, per fare il punto della situazione e individuare le tappe del percorso da mettere in atto. Si parte con la ricognizione tecnica per il cablaggio della rete telematica

Telemedicina per gli istituti penitenziari al centro dell’incontro tra il Garante dei diritti, Giancarlo Giulianelli, e il direttore generale di Asur Marche, Nadia Storti. Una possibilità d’intervento più volte evidenziata dallo stesso Garante e recentemente riproposta anche al tavolo dell’Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria.

“Nel confronto con il direttore di Asur Marche – fa presente Giulianelli – abbiamo vagliato la situazione complessiva, convenendo sul fatto che la telemedicina può sicuramente rappresentare una valida risposta alle problematiche sanitarie degli istituti sia sul versante dell’immediatezza, sia per sopperire alla carenza di personale medico, anche di tipo specialistico”.

Nei prossimi giorni sarà avviata una ricognizione tecnica, soprattutto per quanto riguarda il cablaggio della rete telematica, con l’obiettivo di attivare un primo progetto pilota presso la Casa circondariale di Montacuto.

“E’ un percorso – specifica il Garante – che comprensibilmente va messo in atto con gradualità ed attraverso tutte le verifiche del caso. In futuro potrà anche essere affiancato da altre progettualità su cui stiamo lavorando”.

Intanto prosegue la periodica azione di monitoraggio messa in atto dall’Autorità di garanzia negli istituti penitenziari marchigiani. Nuovi colloqui con i detenuti presso la Casa circondariale di Montacuto e visite anche nelle sezioni dell’alta sicurezza.

Tra i problemi affrontati, in primo piano ancora quelli che riguardano alcuni aspetti della sfera sanitaria. A Fermo, invece, il Garante ha avuto modo di affrontare la questione delle attività trattamentali e la possibilità di avviare alcuni corsi per i detenuti. Visita anche alla Casa di reclusione di Barcaglione.