El euskera aporta diversidad y cohesión a nuestra sociedad y al mundo

El día internacional del euskera se celebró por primera vez el 3 de diciembre de 1949, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza para promover el euskera como patrimonio de toda la sociedad vasca y también de toda la humanidad.

En este día, el Ararteko quiere manifestar que el euskera como lengua minoritaria aporta diversidad y cohesión a nuestra sociedad y al mundo, tal y como señala el mural con un mapa de Europa junto a Tabakalera (Donostia): Hizkuntza txikiek mundua handitzen dute (Los idiomas pequeños hacen que el mundo sea más grande).

Por otro lado, este año se cumplen 40 años de vigencia de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, el mayor instrumento jurídico para la normalización del euskera en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  También, la herramienta fundamental del Ararteko en todo este tiempo para defender los derechos lingüísticos fundamentales de la ciudadanía vasca, recogidos en su artículo 5 y que es pertinente recordar en este  aniversario. Esto es: derecho a relacionarse en euskera o en castellano con la administración, a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales, a recibir en euskera publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de otros medios de comunicación y derecho a desarrollar actividades profesionales, laborales, políticas y sindicales en euskera.

Tras 40 años de políticas de normalización del euskera como lengua minoritaria, el Ararteko considera que cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra Comunidad tiene derecho a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, en los servicios públicos con normalidad y comodidad, en una sociedad cada vez más bilingüe y diversa. 

Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2022

Representantes de las dos entidades se reunieron ayer, 9 de noviembre, en la sede de la Fundación en Pamplona

La educación y el derecho a la vivienda centraron el encuentro entre el Secretariado Gitano y el Defensor, celebrado a petición de este último. La Fundación desarrolla, en colaboración con otros organismos, una intensa labor con alumnado, profesorado y familias con el fin de que la juventud gitana finalice la Educación Secundaria. Sin embargo, en muchos casos carecen de la información necesaria para realizar un correcto seguimiento cuando se producen cambios de centro educativo o residencia y otras circunstancias.

En cuestión de vivienda, los representantes del Secretariado Gitano apuntaron que la oferta de la bolsa pública de alquiler y los baremos de acceso a VPOs no garantizan el derecho a la vivienda de la comunidad gitana. El Defensor, por su parte, indicó que estudiará estos temas relativos a la vivienda y colaborará con la Fundación para posibilitar un mayor seguimiento del absentismo escolar.

En la reunión de ayer participaron por parte de Secretariado Gitano, su directora Inés García, la coordinadora de la oficina de Tudela Natalia Bueno, la coordinadora de Educación Itxiar Zudaire, la coordinadora de Formación y Empleo Montse Tejero, la encargada del Área Social Nerea Izco, y la responsable de Igualdad Silvia García. Por parte de la Institución, estuvieron presentes el Defensor del Pueblo Patxi Vera, y la jefa de Gabinete Susana Galilea.

La lucha contra la despoblación en el ámbito rural de Castilla y León aconseja, según el Defensor del Pueblo autonómico, ampliar las prestaciones complementarias en el servicio básico de educación.

La voluntad de revertir el proceso de despoblación del medio rural de la Comunidad de Castilla y León ha llevado al Procurador del Común a promover una actuación de oficio con objeto de que la Administración ofrezca el servicio de comedor escolar a todos los alumnos de los Colegios Rurales Agrupados y del resto de centros educativos asentados en el medio rural sin excepción, así como el transporte escolar en los supuestos en los que sea necesario para acceder al servicio de comedor.

Según el sistema ahora vigente, que también afecta al ámbito rural, el servicio de comedor escolar únicamente se presta al alumnado transportado. Asimismo, el transporte escolar es un servicio complementario de la educación que se establece en favor de los alumnos que no cuentan con un centro escolar en sus localidades, en cuyo caso estos alumnos tienen reconocido el derecho al servicio de transporte escolar y también el servicio de comedor escolar gratuito.

Frente a esta situación, que es la actual, el Procurador del Común considera oportuno que se estudie la posibilidad de generalizar la prestación del servicio de comedor escolar en todos los centros educativos del medio rural, incluso para los alumnos que residen en la misma localidad en que se hallan escolarizados, cuando así lo soliciten las correspondientes comunidades educativas, para lo que, en su caso, habría que contar con las correspondientes infraestructuras de comedor escolar en los casos en que no se dispongan de ellas, o acudir a las alternativas previstas en la normativa vigente para prestar el servicio.

Más concretamente, lo que el Procurador del Común ha pedido a la Consejería de Educación es que lleve a cabo un estudio de viabilidad económico-financiera que permita tomar una decisión fundada respecto a la posibilidad de implantar el servicio de comedor y transporte escolar en todos los centros ubicados en el medio rural, al que pueda acceder el alumnado sin excepción; o, subsidiariamente, para que, de forma progresiva, se vaya implantando la medida en el conjunto de la red de centros educativos del medio rural, comenzando por aquellos localizados en los municipios rurales de menor población, hasta que pueda llegar a todos ellos en sucesivos ejercicios presupuestarios. Además, dicho estudio de viabilidad podría ser de utilidad para demandar recursos en el marco de la financiación autonómica, dado que no solo es la Administración autonómica la que debe comprometerse con el medio rural y los problemas demográficos que sufre.

Con ello se pretende por parte de la Defensoría que se adopte una medida de discriminación positiva en favor de las familias que residen en el medio rural, en la idea de facilitar a los progenitores conciliar la vida familiar y laboral, ante la realidad de que, en muchas ocasiones, estos trabajan fuera de las localidades de residencia o en sectores como el agropecuario, que requieren una especial dedicación. En definitiva, como se señala en la Resolución que el Procurador del Común ha remitido a la Consejería de Educación, además de añadir un servicio que contribuye a dotar de calidad al sistema educativo, esta medida puede actuar en favor del mantenimiento de las escuelas rurales, a la vez que puede contribuir a la retención y asentamiento de nueva población en el medio rural.

En la misma línea de apoyo a la educación en el medio rural, teniendo en cuenta la oferta de plazas públicas para el primer ciclo de educación infantil (de 2 a 3 años) que se ha hecho para el presente curso escolar 2022/2023, oferta que deberá extenderse a todo el ciclo para el próximo curso escolar, el Procurador Común también ha pedido a la Consejería de Educación que se adopten las medidas oportunas para que dicho alumnado no se vea privado del servicio de transporte escolar, dado que en la actualidad no está previsto que los alumnos menores de tres años de edad puedan ser transportados en los autobuses escolares de más de nueve plazas debido a las limitaciones impuestas por la normativa vigente en materia de seguridad vial. A tal efecto, debe ponerse a disposición del transporte de los alumnos de menos de tres años los vehículos y sistemas de seguridad acordes con la legislación vigente en materia de seguridad vial, de modo que el servicio de transporte escolar pueda ser prestado en condiciones de total seguridad a los alumnos de menor edad.

El estudiantado gallego-portugués de la “raya miñota” es un vivo ejemplo de convivencia y constancia para mantener y hacer crecer el legado inmaterial de la cultura común. Desde aquí  el aliento para que  sigan trabajando en la cultura de la paz, de la defensa del patrimonio inmaterial que suponen la lengua, las costumbres, las tradiciones… y para favorecer su  identificación por toda la sociedad mediante la divulgación y la extensión de su conocimiento. Así lo vienen haciendo desde los medios de comunicación convencionales y digitales, sucesivas olas de estudiantado de ambas orillas que valorizaron el patrimonio compartido y apostaron por la implicación intergeneracional en su conservación y fortalecimiento.

Las fronteras responden a decisiones administrativas y políticas. Superarlas es, sin embargo, fruto del reconocimiento de las coincidencias que nos hermanan y unen. Así lo acreditó la UNESCO hace siete años cuando consideró a Ponte… nas ondas! como la única organización no gubernamental gallega consultora para el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Estas son algunas de las razones más resaltables por las que desde la institución de la Valedora do Pobo creemos en esta propuesta que nació hace ya veintisiete años. Razones por las que expresamos el agradecimiento a su voluntad de cuidar y proyectar hacia el futuro nuestro patrimonio inmaterial cultural compartido.

Así, Ponte…nas ondas! es merecedor, por derecho propio, de figurar en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Unesco.

Santiago de Compostela, noviembre de 2022