Eine Mutter beschwerte sich bei der Volksanwaltschaft: Da ihre Tochter mittels Attests vom Maskentragen befreit sei und keinen Corona-Test machen möchte, habe sie an ihrem Gymnasium Online-Unterricht. Die Teilnahme an einer Schularbeit wurde dem Mädchen von der Klassenvorständin bei Vorlage eines Corona-Tests zwar erlaubt. Für ihre Maskenbefreiung hätte sie jedoch zusätzlich zu ihrem Attest eine genaue medizinische Begründung vorlegen müssen.

„Die Volksanwaltschaft beanstandete das Vorgehen, da auch das Bildungsministerium keinen ‚begründeten Zweifel an der rechtmäßigen Ausstellung‘ des ärztlichen Attests nennen konnte“, so Volksanwalt Walter Rosenkranz. Da das Ministerium weiters klarstellte, dass die Schulleitung niemanden gebeten hätte, gegen ärztliche Schweigepflichten zu verstoßen, betrachtete die Volksanwaltschaft das Problem als gelöst.

Public services would be significantly improved if complaints made about central Government departments were easier to make and quickly resolved, the public sector watchdog has said, as new Complaint Standards are unveiled by the Parliamentary and Health Service Ombudsman.

Published for consultation and developed by the Ombudsman in collaboration with staff from central Government departments, other public bodies, advice and advocacy groups, the new Standards will provide a single vision of best practice for complaint handling.

Research by the Ombudsman shows people do not feel confident that under existing processes complaints are managed correctly or that action is taken. By adopting the Standards, organisations will resolve more complaints at the earliest opportunity and use learning to improve services for the public.

The new Standards will focus on:

• welcoming complaints in a positive way and recognising them as valuable insight for 
• organisations
• supporting a thorough and fair approach that accurately reflects the experiences of everyone involved
• encouraging fair and accountable responses that provide open and honest answers as soon as possible
• promoting a learning culture by supporting organisations to see complaints as opportunities to improve services.

  • The new central Government Complaint Standards follow the successful production of NHS Standards now being rolled out across the health service. The Standards were welcomed by the health sector as much needed guidelines to provide a unified approach that will benefit complaint staff and complainants alike.  (...)

El presidente del Cabildo y consejero de Servicios Sociales, Alpidio Armas, con la presencia del Diputado del Común, Rafael Yanes, órgano cuya actuación fue requerida por la representantación de la Plataforma por la reapertura de la Residencia de Mayores de Frontera, se reunieron esta mañana con el objetivo de conocer los escollos legales y administrativos que han llevado a la paralización de la obra inicialmente por resolución judicial, derivado de una demanda presentada por los colegios de Arquitectos y Arquitectos Ténicos por incumplimiento de prescripciones técnicas respecto a la licitación del proyecto inicial de rehabilitación y modernización, lo que llevó a la posterior paralización de la misma por parte de la constructora adjudicataria.

En esta reunión estuvieron también presentes el alcalde de La Frontera, Miguel Angel Acosta, y la consejera no electa responsable del área de servicios sociales, Inmaculada Randado.

Alpidio Armas, informó a la Plataforma y al Diputado del Común de todo el histórico de una obra «mal planteada y diseñada desde el primer momento, con evidentes deficiencias técnicas, e incumplimiento de la normativa de aplicación para este tipo de centros sociosanitarios. Reconocemos -añadió- que los principales perjudicados siguen siendo los usuarios que fueron trasladados en el año 2017, dos años antes de iniciarse las obras, y aún permanecen en el centro sociosanitario de Echedo».

Armas agradeció la cordialidad y el grado de receptividad de la Plataforma, y mostró su compromiso de informar periódicamente de los avances que se vayan desprendiendo de este expediente «que se ha retenido por dos vías, la ténica, la administrativa e incluso la judicial»- indica.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, agradeció la predisposición del Presidente Insular y de todo su equipo a ofrecer con total transparencia información de los escollos del procedimiento administrativo que ha llevado a un retraso, «que sin conocerlo paso a paso difícilmente se podría entender. Lo importante -añade- es que hay voluntad por parte del Cabildo y de los usuarios y sus familias de buscar soluciones para desatascar un tema verdaderamente preocupante».

Por parte del alcalde de La Frontera, Miguel Angel Acosta, se ha mostrado el compromisio de agilizar la calificación urbanística de zonas anexas a la Residencia de Mayores «que puedan desencorsetar la falta y uso de suelo para instalaciones anexas a la misma, uno de los principales escollos que ha limitado la continuación de las obras de acondicionamiento».

Por su parte, la representante de la Plataforma por la reapertura de la Residencia de Mayores de Frontera, Angélica Calero, mostró su satisfacción por la predisposición a informar y buscar soluciones a esta obra que se ha hecho «eterna». «Es necesario y obligado que las personas que vivían en el centro puedan volver y recuperar la autonomía de la que disponían antes de ser trasladadas a la Residencia de Echedo. Se está viendo mermada su calidad de vida, ya que antes podían salir de la residencia, pasear e interactuar con los vecinos, y ahora no. Están en un lugar que no se parece a su entorno y es poco accesible para los familiares y amigos”.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recibido este viernes en la sede de la Institución a la embajadora representante permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra, Aurora Díaz-Rato.

El Defensor del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos en España y tiene el mandato de, entre otras tareas, realizar, recomendar y elaborar propuestas e informes sobre cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos.

En el encuentro también han participado la directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, Cecilia Robles, y, por parte de la Institución, la directora de Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich, y la responsable de relaciones internacionales, Carmen Comas-Mata.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado en un estudio singular las situaciones de violencia y agresiones a profesionales sanitarios en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Para el Defensor, se trata de “un problema real que, aún afectando a una minoría de los profesionales que trabajan en este sector, su creciente incremento le hace cobrar cada vez mayor importancia por sus repercusiones en la esfera de los derechos más básicos de este personal”.

El estudio del Defensor parte de una actuación de oficio de la Institución para valorar los efectos de esta situación y de los derechos de los colectivos profesionales afectados, así como para analizar la efectividad de las medidas adoptadas al respecto por la Administración sanitaria andaluza. Ha contado para ello con la opinión y valoración de las corporaciones y organizaciones representativas de los profesionales sanitarios, y se ha valido de los datos que proporcionan la Administración sanitaria y las organizaciones colegiales.

El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado que el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, tras más de una década de funcionamiento, ha tenido unos resultados “limitados e insuficientes”, porque como reconoce la propia Consejería de Salud y Familias en uno de sus informes “desgraciadamente, el objetivo de minimizar las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, no se ha conseguido”.

La revisión y actualización de este Plan acordada en 2020 “va en esa línea de mejora de su eficacia, corrigiendo algunos aspectos del mismo e introduciendo otros nuevos que se habían detectado tras su evaluación, que esperamos den los resultados esperados”, expone el Defensor en su Estudio.

Para contribuir a este objetivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado dos recomendaciones y siete sugerencias a la Administración andaluza. En este sentido, Jesús Maeztu solicita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se adopten las medidas que fueran procedentes para cumplir con este plan y otros semejantes. caso del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud.

En una segunda recomendación, Jesús Maeztu aboga por analizar los problemas organizativos, estructurales y de gestión que afectan al funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, “y que se adopten las medidas para ir resolviendo estas situaciones que, sin perjuicio de que en ningún caso tienen justificación, provocan una respuesta agresiva de las personas usuarias o sus acompañantes”. A tal efecto, el Defensor considera útil y procedente valorar, en especial, las distintas herramientas y medidas alternativas a las habituales en aquellos centros e instalaciones sanitarias ubicados en barrios con poblaciones más vulnerables que sean más adecuadas para la aplicación de soluciones reparadoras de posibles conductas agresivas (planes de pedagogía, programas de intervención social, medidas de acompañamiento, mediación, etcétera).

En cuanto a las sugerencias, el Defensor del Pueblo andaluz propone un mapa de riesgos real, por tipo de centro y modalidades de atención, que permita la adopción de medidas eficaces para y evitarlas. También acciones de formación para el personal sanitario sobre habilidades en este tipo de situaciones, así como un refuerzo de los instrumentos jurídicos que permitan conseguir que los profesionales sanitarios puedan desempeñar sus tareas en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el propio sistema. Asimismo, el Defensor plantea un servicio de vigilancia en los centros que lo precisen previo análisis de la evaluación de riesgos laborales; la creación de una figura o cualquier otra estructura de seguridad y/o coordinación, al igual que han hecho otras Administraciones sanitarias autonómicas; la evaluación y seguimiento del plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía del año 2020 y, por último, una revisión del mismo cada dos años con la participación de los colegios profesionales y organizaciones sindicales, sociales y profesionales relacionadas con este ámbito.