El Defensor de la Infancia urge a adoptar medidas ante “la realidad insostenible” de suicidios en la población infantil y juvenil

Date of article: 14/03/2023

Daily News of: 16/03/2023

Country:  Spain - Andalucía

Author: Regional Ombudsman of Andalucía

Article language: es

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy medidas urgentes ante la “realidad insostenible” que representan los suicidios en la población infantil y juvenil. “¿De verdad la adolescencia ha incorporado que, cuando te sientes mal, tienes la opción de morirte? Hay que ayudarles ya”, se ha preguntado Jesús Maeztu en el debate sobre el Informe de la Infancia 2021 desarrollado en la comisión específica creada para estas políticas en el Parlamento andaluz.

En 2021, según los últimos datos publicados por el INE en el momento de elaboración del informe, se registraron 22 suicidios entre los 10 y los 14 años en España, y entre los 15 y los 19 años fueron 53. Entre 2020 y 2022 se han registrado casi 2.000 intentos de suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, según un reciente estudio de la Fundación ANAR.

“Psicólogos de la sanidad pública están alertando de que cada vez se ven más niños y niñas con tendencias suicidas en la consulta. Muchas familias tiene que acudir a las consultas privadas -las que pueden, claro- por la carencia de profesionales en la sanidad pública”, ha especificado el Defensor para preguntarse, “¿de verdad esto está ocurriendo? Es difícil de creer”. "Estamos llegando tarde, y hablar del suicidio puede salvar dudas", ha señalado.

El Defensor ha demandado un Plan específico en Andalucía para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas, herramienta de la que disponen otras comunidades autónomas. La Defensoría inició una actuación de oficio a este respecto, en la que ha conocido la disposición de la Consejería de Salud y Consumo de emprender este trabajo, ha señalado Maeztu, quien ha confiado en una pronta respuesta a este problema y otros planteados a este respecto.

Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado “el acompañamiento a las familias, a las asociaciones, a las personas que han conocido de cerca este drama, formar al profesorado para que detecte estos impulsos, e impulsar una mejora de los mecanismos y sistemas de información y prevención”, al tratarse en su opinión de una emergencia social.

“A las edades en que la principal fantasía debe ser comer un helado, hay niños, e incluso más niñas que niños, que están fantaseando con quitarse la vida porque la adversidad les supera”, ha continuado el Defensor, que ha señalado el acoso escolar, la exclusión de los grupos de iguales, y la violencia, como factores que inciden en el suicidio infantil y juvenil.

Si bien el suicidio a veces es la respuesta que están encontrando estos menores ante sus frustraciones e inseguridades, “lo cual debe alarmarnos a todos y todas como sociedad”, el Defensor ha aclaro que no siempre está asociado a casos de salud mental, para los que también ha reclamado medidas específicas.

En este sentido Jesús Maeztu ha pedido luchar contra el estigma de la salud mental con medidas de sensibilización y educación; un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos; un incremento de las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo; y un aumento de los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria.

Esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales. Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada.

También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.

Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.

Este Informe analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza. Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1,846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

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Eclairages : une étude pour documenter les discriminations envers les personnes d’origine asiatique

Date of article: 13/03/2023

Daily News of: 16/03/2023

Country:  France

Author: National Ombudsman of France

Article language: fr

Le 15 mars, le Défenseur des droits publie une étude intitulée « L’expérience du racisme et des discriminations des personnes originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (REACTAsie) ». Cette étude, menée par des chercheurs du Réseau de recherche pluridisciplinaire « Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France » (MAF), vise notamment à documenter les expériences de racisme et de discriminations subies par ces personnes en France.

Tout au long de leur parcours de vie, les personnes d’origine asiatique sont victimes de racisme et de discriminations en raison de leur origine : à l’école, dans l’espace public, dans l’emploi… Ce phénomène a été exacerbé et particulièrement visible au moment de la pandémie de Covid-19.

Une enquête dédiée aux discriminations vécues par les personnes d’origine asiatique

En France, malgré l’existence de travaux sur les préjugés et les stéréotypes envers les personnes d’origine asiatique, la recherche s’est peu penchée sur les expériences de racisme et de discriminations qui les touchent. Dans ce contexte, le projet REACTAsie, mené en collaboration avec l’Association des Jeunes Chinois de France (AJCF), s’appuie sur une enquête basée sur des entretiens biographiques approfondis, ainsi que sur la production d’une minisérie de vidéos.

L’enquête révèle les multiples formes de discriminations et de racisme auxquelles les personnes perçues comme d’origine asiatique sont exposées :

  • L’école est souvent le lieu où les enfants vivent leurs premières expériences du racisme, et le monde du travail est associé à la fois au racisme et aux discriminations. Quelques expériences sont également rapportées dans le domaine du logement, de l’accès aux soins, ainsi que sur les réseaux sociaux.
  • Le diplôme, la qualification et la maîtrise du français ne protègent pas les personnes d’origine asiatique contre les discriminations et le racisme. Les diplômés, les cadres et les artistes d’origine asiatique sont confrontés à des formes spécifiques de discrimination et de stigmatisation : assignation ethnique des tâches, déni de reconnaissance de statut, plafond de verre, etc.
  • Le racisme ne se manifeste pas de la même façon selon le genre de la victime. Les hommes subissent des stéréotypes liés à leur masculinité souvent déniée ou dévalorisée, alors que les femmes font l’objet de fantasme et de fétichisme. Dans le monde du travail par exemple, les femmes d’origine asiatique doivent souvent faire face à l’imbrication du racisme et du sexisme, qui peut prendre la forme de harcèlement sexuel.

La banalisation des discriminations entraîne un non-recours important

Les actes de racisme et discrimination à l’encontre des personnes d’origine asiatique restent aujourd’hui largement acceptés et banalisés dans la société française : ils sont rarement dénoncés, débattus publiquement ou encore sanctionnés juridiquement.

De plus, souvent perçues comme « dociles », « travailleuses », et associées à des stéréotypes considérés comme positifs, les personnes d’origine asiatique sont représentées comme une « minorité modèle ». Cette étiquette empêche les victimes de verbaliser et dénoncer les traitements qu’elles subissent. Le non-recours est par conséquent très important chez les victimes.

Découvrez les vidéos produites par l’Association des Jeunes Chinois de France dans le cadre du projet REACTAsie pour partager leur vécu des préjugés dont ils sont l’objet et des discriminations qu’ils subissent.

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(EP PETI) MEPs applaud EU Ombudsman’s work in boosting EU democratic accountability

Date of article: 14/03/2023

Daily News of: 14/03/2023

Country:  EUROPE

Author: Committee on Petitions of the European Parliament

Article language: en

  • In 2021, Ombudsman conducted broad strategic inquiries into revolving doors cases, conflicts of interest and other cases

  • MEPs welcome focus on public access to EU documents, call for reforming relevant legislation

  • Important to promote transparent and accountable EU decision-making

The Ombudsman’s work in 2021 improved public participation and the legitimacy of the EU’s decision-making process, which still needs to become more transparent, argue MEPs.

In their annual report on the activities of the European Ombudsman, MEPs commend the Ombudsman for being an important tool in increasing the transparency and democratic accountability of the EU institutions. The report on the institution’s work was adopted by the European Parliament with 602 votes in favour, 8 against and 18 abstentions.

In 2021, the Ombudsman’s office did valuable work in promoting public access to the documents of EU institutions, say MEPs. They emphasise that making the institutions more understandable and transparent to the citizens improves their perception of the EU, and call on the Commission to take the necessary steps to ensure full transparency. The Transparency Regulation on public access to documents is now twenty years old, and needs updating to fit a modern context in line with technological developments, argue MEPs, and hope that legislative work on its reform continues and takes into account the Ombudsman’s input.

Currently, the Council’s work is still marred by lack of transparency, say MEPs, who ask the EU institutions to make informal trilogue negotiations more transparent by releasing documentation -calendars, agendas, minutes, amendments- in a standardised and easily accessible online environment. A better balance should be found between transparency and the sensitive nature of the legislative negotiations, say the MEPs.

More transparency needed on policy-related text messages

MEPs also commend the Ombudsman’s inquiries into text messages between the President of the European Commission and the CEO of a pharmaceutical company in the context of vaccine procurement, and into access to public documents related to the quality of medical masks. According to the report, text messages related to public policy are public documents falling under the Transparency Regulation, and the Commission should fully live up to transparency principles.

Finally, MEPs welcome the Ombudsman’s work in upholding the rights of persons with disabilities, for example by drafting best practises on the needs of persons with disabilities during emergencies.

Quote

After the vote, Rapporteur Anne-Sophie Pelletier (the Left, FR) said: “As the Rapporteur, I commend Emily O’Reilly’s tireless efforts aimed at strengthening the transparency, accountability and integrity of the EU Institutions, bodies, offices and agencies while focusing on the core of her mission: European citizens’ rights. I strongly believe that access to documents, ethics and transparency are necessary principles of a real participatory democracy. These principles are based on the trust of citizens in European public administrations, and the Ombudsman’s work contributes to strengthening this trust.”

Background

The top three concerns in the inquiries closed by the Ombudsman in 2021 were transparency and accountability (access to information and documents) (29%), culture of service (26%) and proper use of discretionary powers (including in infringement procedures) (18%).

In 2021, the Ombudsman’s strategic inquires included ‘revolving doors’ cases at the Commission, a potential conflict of interest at the European Space Agency, the Commission’s interactions with tobacco industry representatives, Frontex’s compliance with fundamental rights, and the monitoring of EU funds meant to promote the independent living of persons with disabilities and older persons.

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Ombudsman extremely concerned about culture at University Hospitals Birmingham

Date of article: 14/03/2023

Daily News of: 14/03/2023

Country:  United Kingdom

Author: Parliamentary and Health Service Ombudsman

Article language: en

Recent and ongoing investigations by the Parliamentary Health Service Ombudsman (PHSO) into University Hospitals Birmingham (UHB) have uncovered a number of significant concerns.

Our investigations flagged serious issues around the culture and leadership of the Trust. These concerns have further been heightened by:

  • the defensive approach when discussing patient safety issues with us
  • UHB’s failure to fully accept or acknowledge the impact of our findings from investigations, including an avoidable death
  • UHB’s approach to the duty of care towards its staff.

Since the Ombudsman triggered the Emerging Concerns Protocol in August 2022, the Trust has made some changes to its leadership team with the appointment of a new Chair and an interim Chief Executive.

The Protocol provides a process for regulators and oversight bodies to share information that may indicate risks to people using services, their carers, families or professionals.

Parliamentary and Health Service Ombudsman Rob Behrens said:

“Our decision to trigger the Protocol was no 

as not taken lightly, but we had significant concerns about the Trust. It’s vitally important that the NHS learns from its mistakes. To do that there needs to be a culture of openness, not defensiveness. We need to see significant improvements in culture and leadership and how the Trust engages with our investigations.”

Three reviews have been commissioned to investigate the Trust:

  • the rapid response review, led by Mike Bewick, Deputy Medical Director at NHS England
  • the Well-Led review, commissioned by NHSE
  • UHB’s culture review, commissioned by the new interim Chair, Dame Yve Buckland. An external provider will carry out the review.

The Ombudsman had understood that it would be able to participate in the second and third reviews relating to leadership and culture. However, we have recently been advised that we will not be able to contribute to NHSE’s Well-Led review.

Rob Behrens said: “I’m extremely disappointed that NHSE denied us the opportunity to contribute to its review. It’s hard to see how the review can be evidence based if it doesn’t consider all the evidence. It raises real concerns around the completeness and transparency of these reviews.

“We all share the same goal in wanting to see improvements at UHB so that people living in the West Midlands and using its services can access the best possible care with confidence. Working together and feeding our evidence and expertise into those reviews is by far the best way to achieve that goal.”

PHSO’s Chief Executive Amanda Amroliwala has written to NHSE to highlight our concerns and to seek to understand why partner organisations have been excluded from contributing to these important reviews.

A letter has also been sent to UHB’s interim Chief Executive to express our disquiet regarding the previous leadership’s response to patient safety incidents at the Trust and its refusal to accept accountability or learn from past failings.

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''La contención mecánica debe ser la última medida y debe utilizarse solo en casos imprescindibles''

Date of article: 13/03/2023

Daily News of: 14/03/2023

Country:  Spain - Catalonia

Author: Regional Ombudsman of Catalonia

Article language: es

Se han visitado 33 centros con personas privadas de libertad

Las personas detenidas por la policía local deberían pasar directamente a disposición del cuerpo de Mossos d'Esquadra

Las visitas médicas deben hacerse en privado, y este derecho solo puede limitarse en casos excepcionales

Los niños tienen derecho a relacionarse con sus progenitores en la cárcel en entornos adecuados y amigables

Adolescentes con trastornos mentales y/o discapacidad están internos en centros residenciales de educación intensiva
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, acompañados de los miembros del Equipo de Trabajo Jaume Bosch y Mar Torrecillas, han debatido esta tarde en la Comisión del Síndic de Greuges el Informe anual del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura.

Este informe, que es el decimosegundo que se presenta al Parlamento, recoge la actividad llevada a cabo a lo largo del año 2022 por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MCPT).

La síndica ha querido empezar su intervención agradeciendo el trabajo hecho a quien hasta hoy ha sido presidenta de la Comisión del Síndic de Greuges, Najat Driouech, y manifestando su voluntad de máxima colaboración al nuevo presidente, José Rodríguez, a quien ha deseado muchos aciertos.

Este año, se han visitado 33 centros en los que se encuentran personas privadas de libertad. La mayor parte de las visitas (16) corresponden a comisarías de policía, principalmente de las diferentes policías locales (8). También se han hecho 7 visitas a centros penitenciarios, 7 a centros de internamiento de menores, una a un centro de salud mental y una a un centro residencial para la tercera edad.

Aparte del resumen de las visitas realizadas, en el que se recogen las principales observaciones y conclusiones extraídas por el Equipo de Trabajo del MCPT, el informe de este año también incluye un estudio monográfico sobre las contenciones mecánicas en el sistema penitenciario de Cataluña. Entre las recomendaciones que se han realizado, destacan las siguientes: el objetivo en el ámbito de los medios coercitivos tiene que ser alcanzar cero contenciones mecánicas; la inmovilización y la contención mecánica tendrían que ser el último recurso en la resolución de situaciones conflictivas y una medida exclusivamente sanitaria, dados los riesgos que conlleva para la salud de las personas, y todo el personal penitenciario tiene que recibir la formación necesaria en la aplicación de las técnicas de desescalada y en la contención mecánica.

En cuanto a la función de custodia de personas detenidas por parte de las policías locales, el MCPT insiste un año más en la necesidad de que los ayuntamientos valoren, junto con el Departamento de Interior, la conveniencia de renovar los protocolos de coordinación vigentes para que las personas detenidas por la policía local pasen directamente a disposición del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

También se continúa constatando que buena parte de las visitas médicas a las que tienen derecho las personas detenidas no se hacen en privado. Por ello, se ha vuelto a recordar que este derecho solo puede limitarse en casos excepcionales de riesgo; y que, dado que la atención médica es un derecho y no una obligación, si una persona renuncia a ella no puede forzársela a hacerse una exploración. En cuanto a los derechos de las personas detenidas, también se ha detectado que en algunos casos han pasado más de diez y doce horas hasta la primera asistencia letrada (la cual debería producirse en el plazo de tres horas, de acuerdo con lo que fija la ley).

Respecto a las condiciones materiales de la detención, el MCPT se muestra satisfecho con el hecho de que la Dirección General de la Policía ya tenga planificada la instalación de sistemas de videovigilancia en todos los espacios de custodia por donde transita la persona detenida, así como con los avances en la instalación de estos sistemas también en los vehículos.

Respecto a los departamentos especiales de régimen cerrado de los centros penitenciarios, el informe manifiesta que algunos están al límite de su capacidad y que sería necesario vaciarlos para hacer una buena gestión de los mismos. Además, se ha recomendado que deberían disponer de un plan de actividades, tanto en formato individual como grupal.

Las visitas realizadas este año han puesto de manifiesto, nuevamente, la necesidad de mejorar los espacios de comunicación familiar para garantizar entornos adecuados y amigables para los niños. En este sentido, si bien algunos centros penitenciarios han hecho avances significativos, aún falta mucho para que esta adecuación sea una realidad en el conjunto de prisiones catalanas.

En cuanto a los centros residenciales de educación intensiva, las visitas han permitido constatar que residen en ellos adolescentes con trastornos mentales y/o discapacidad, lo cual supone contravenir, por un lado, la normativa vigente, que prevé este tipo de recurso solo para trastornos conductuales; y por el otro, los derechos de los adolescentes a un recurso adecuado a sus necesidades.

El MCPT también valora positivamente que desde junio de 2021 la normativa prohíba la contención mecánica en la cama y la práctica de las contenciones físicas en niños y adolescentes. Sin embargo, manifiesta que comprobará si la supresión de este medio hace incrementar porcentualmente el número de jóvenes que son objeto de otros medios de contención (aislamiento provisional, contención física personal, sujeción mecánica de las muñecas, etc.).

Por último, a raíz de las visitas a centros residenciales de educación intensiva (CREI) se ha detectado que es necesario programar actividades terapéuticas grupales e individuales para trabajar la educación emocional, la prevención de la violencia machista, la igualdad de género y la no-discriminación, sobre todo porque las adolescentes internas en centros son particularmente susceptibles de verse implicadas en situaciones de explotación sexual.

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