Birmingham City Council has agreed to revisit the way it responds to complaints about respite care for children with disabilities after it wrongly told families to appeal to the Ombudsman.

The Local Government and Social Care Ombudsman (LGSCO) became concerned that the council and Birmingham Children's Trust were sending parents directly to its office to appeal the number of hours they were to receive for respite care, instead of responding to their concerns through the statutory Children’s Complaints Procedure.

The Ombudsman has made it clear to the council that it is not an appeals body.

The message was given to the council after a mother complained to LGSCO about the way the council handled her complaints about the respite it awarded for her teenaged son, who has challenging behaviour, autism, anxiety and communication difficulties.

Instead of dealing with the mother’s complaint through the statutory three-stage complaints process, it instead directed the mother to have her appeal “further reviewed by the LGO”.

During the investigation, the Ombudsman found 27 other families had been wrongly told to appeal to the LGSCO in the past year alone.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“The LGSCO looks at complaints about councils and care providers once those complaints have been through the local complaints process. We are not an appeals body, or a tribunal. It is not – and has never been in our near 50 years of existence – our role to decide how much respite parents should receive.

“I am concerned about the council’s lack of understanding of our role, and of its own duties under the statutory complaints procedure. By directing parents to my office instead of dealing with their complaints properly, the council has denied many families the opportunity to have their concerns looked at in the right way.

“I am pleased the council has accepted my recommendations and is already working to put in place an amended policy and appeals process to ensure any future complaints it receives are handled properly.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the mother and explain why and how the panel reached its decision. It will also pay her £500 to acknowledge the time and trouble and uncertainty caused.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council will now tell people who applied to the appeals panel since April 2021 that, if they are unhappy with the outcome of the panel decision, they can complain to the council under the statutory procedure.

It will also amend its complaints policy and appeals process to ensure those who raise complaints about children’s services have the opportunity to use the statutory complaints procedure.

También le pide que investigue y tramite con celeridad cualquier denuncia ciudadana sobre una conducta policial susceptible de ser sancionada disciplinariamente

El Ararteko admitió a trámite una queja que denunciaba el trato indebido que recibió una menor de quince años, en una comisaría de la Ertzaintza, cuando acudió a denunciar la agresión sexual que había sufrido.

Según la reclamante, los agentes no tuvieron en cuenta esas circunstancias, pusieron en duda la veracidad de su testimonio, centraron su intervención en determinar si hubo o no consentimiento, aspecto irrelevante al ser la víctima menor de 16 años, y trataron de disuadir a ésta y a sus progenitores de la presentación de la denuncia.

A juicio del Ararteko, cualquier cuestionamiento de los agentes a la hora de la formalización de la denuncia frente a la clara intención de presentarla, con un relato de hechos que tienen encaje en el delito de abusos sexuales a menores de dieciséis años, supone una conducta policial que no discurre por los cauces legales debidos y puede propiciar que el presunto autor del delito quede en libertad sin someterse a la justicia. 

Por otra parte, la reclamante denunció la actuación de los agentes ante el Departamento de Seguridad. La Jefatura de Unidad de la Ertzain-etxea, tras analizar el informe de los agentes implicados, consideró que la misma se acomodó a las normas que debían respetar y no constituía falta disciplinaria leve, por lo que propuso el archivo de las actuaciones. Posteriormente, el escrito de denuncia fue enviado a la Jefatura de Asuntos Internos, la cual, tras una investigación más extensa, discrepó de la calificación de la actuación al apreciar la tipicidad de la conducta infractora como falta leve y, por tanto, la responsabilidad de los agentes implicados, aunque para ese momento la falta ya había prescrito.

En este sentido, el Ararteko subraya que la mera declaración de los agentes involucrados no puede constituir base suficiente para justificar la corrección de su actuación y no puede ser considerada una investigación acorde con las directrices contenidas en la Recomendación General del Ararteko 7/2011, de 28 de octubre, sobre “El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales”. Finalmente, el Ararteko recomienda al Departamento que siga con celeridad los trámites establecidos en la normativa reguladora del régimen disciplinario de la Ertzaintza en todos aquellos los casos en los que una persona denuncie una conducta policial susceptible de ser sancionada disciplinariamente, con el fin de evitar situaciones de prescripción como la descrita.

RESOLUCIÓN

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, entrega este lunes en El Puerto de Santa María y este martes en La Línea de la Concepción el  XV Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente entre los centros educativos andaluces con el objetivo de promover el conocimiento y la promoción sobre sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

En la modalidad de vídeo, el Defensor se desplazará a El Puerto de Santa María para reconocer con el primer premio a alumnado de Cuarto de la ESO del IES La Arboleda por una obra sobre el derecho a la educación y el juego. En la modalidad de dibujo, el Defensor distinguirá el martes en La Línea de la Concepción a un alumno de Segundo de Primaria del Colegio La Atunara por un dibujo sobre el derecho a la calidad de vida.

En las próximas semanas se distinguirán asimismo en los propios centros a las obras que merecieron un accesit, que recayó en una alumna de Quinto de Primaria del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre el derecho a la igualdad y, en un vídeo sobre el derecho al auxilio de alumnado del Colegio de educación especial San Rafael de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y de organizaciones como Save the Children y Unicef, así como el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

El sindic de Greuges de la Comunitat Valeniana, Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio para investigar y supervisar la actuación de las Consellerias de Educación y la de Sanidad en relación con la situación extrema denunciada por el equipo directivo del IES La Moreria de Mislata. Dicha directiva, absolutamente desbordada por los problemas de salud mental del alumnado del centro y con 15 menores con el protocolo de conductas suicidas activado, ha dimitido en bloque por la falta de recursos para atender a los mismos.

Estos hechos, junto a la falta de personal especializado que impide prestar la atención necesaria al alumnado con necesidades educativas específicas, refuerzo docente y, finalmente, deficiencias en las infraestructuras del centro, habían sido planteados y comunicados por el equipo directivo del centro, de manera reiterada, ante la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

En esta primera fase de instrucción, el defensor del pueblo valenciano se ha dirigido a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública solicitándoles información detallada sobre este asunto.

Concretamente, Luna ha solicitado a la administración educativa un informe que detalle los protocolos de actuación e intervención que se han implementado, las medidas de abordaje educativo adoptadas ante el conflicto que altera la convivencia del centro, una copia del informe de la dirección del instituto, así como los programas concretos que se están aplicando ante la situación denunciada y aquellos que se prevén desarrollar.

Esta institución también se ha interesado por la dotación de recursos de apoyo, las peticiones realizadas desde el instituto para el Plan de Actuación para la Mejora; las deficiencias existentes en la infraestructura educativa y los ajustes necesarios, así como la previsión temporal para acometer las referidas obras necesarias.

Por otro lado, el Síndic ha preguntado a la Conselleria de Sanidad si, en el caso del alumnado de este instituto, han sido implementadas las medidas de intervención contempladas en el Plan de prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida de la Comunitat Valenciana.

Educación y Sanidad cuentan ahora con un mes para remitir a esta institución los informes solicitados. Un periodo que podría ser ampliado por un mes más, con carácter excepcional, si así lo solicitaran.