A Liverpool man, who needed surgery, was left street homeless for six months during the COVID pandemic, despite asking the city council for help.

The Local Government and Social Care Ombudsman has reported how the man first became homeless in June 2020 and said he contacted Liverpool City Council for help in the same month. He said he made two further calls to the council for help, but none was recorded till September.

Despite the police raising their concerns with the council about the deterioration of the man’s mental health, the man remained street homeless till December 2020, when his sister took him to a different council area. This other council provided him with accommodation over the next four months, away from the Liverpool area where his children lived.

The council recorded it had lost contact with the man in March 2021 and closed his case, even though it had not responded to his requests for help, or to a complaint he made in January 2021 about the issues.

In late April the man had the surgery he needed for his medical condition, and the next month Liverpool council offered him a place in a hostel. The man refused the offer because he felt too vulnerable to stay in a shared hostel while he recovered from surgery.

Shortly afterwards he returned to Liverpool and began renting privately.

The man complained to the council about the way it dealt with his case, but the council did not properly consider this in line with its own complaints procedure: instead of taking 10 days to look at his complaint at stage one of its procedure, it took four months. When the man escalated the complaint to stage two the council took 12 months to deal with the complaint instead of just 28 days.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“Liverpool City Council did not do enough to help this man despite being contacted numerous times by his friends, the police and the man himself.

“Had it intervened when the man first approached the council for help, it’s likely he would have been offered interim accommodation, and he would not have had to live on the streets.

“Additionally, the council closed his case without ever checking up on his situation, contrary to both the council’s policy and government guidance.

“I’m pleased the council has accepted my recommendations to improve its services for people at risk of homelessness in the city.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the man and pay him a total of £2,600 for the avoidable distress and risk of harm he was put to and also the time and trouble he spent pursuing the complaint.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council will review its procedures for homelessness referrals and issue reminders to relevant staff to ensure it meets its statutory duties for homelessness applicants, within the required timescales. It will also remind relevant staff about government guidance and the council’s own policy about the attempts it should make to contact a homelessness applicant before it closes their case.

Dirigimos Resolución ante la Agencia Tributaria para:

SUGERENCIA 1. - para que se promuevan las acciones oportunas, en su ámbito competencial, para adaptar la Carta de Servicios a la citada Ley 39/2015 y 40/2015, como al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en relación con el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía en lo que respecta a la Administración electrónica,

SUGERENCIA 2. - para que regule dentro de los servicios electrónicos el sistema de cita previa, su funcionamiento y organización; determinando qué servicios o trámites requieren de ella y cuáles no.

SUGERENCIA 3. - para que faciliten poder optar a una cita previa de forma presencial a las personas que no cuenten con dichos medios electrónicos o no quieran o no puedan realizarlo por la citada vía, dado que las personas físicas no están obligadas a relacionarse electrónicamente.

•  Actuación 22/8186

El parque de vivienda pública es absolutamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de las personas

La Agencia de la Vivienda de Cataluña se compromete a aumentar el parque de vivienda social los próximos tres años
 

Ayer, miércoles 22 de febrero, se celebró en la sede del Síndic de Greuges de Cataluña la jornada “La emergencia en la vivienda”, organizada por el Foro de Síndicos y Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Cataluña (en adelante, ForoSD) y el Síndic de Greuges de Cataluña.

La jornada fue inaugurada por la síndica, Esther Giménez-Salinas; la presidenta del ForoSD, Dolors Vallejo, y la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Sílvia Grau.

La síndica inició su intervención explicando que una de las prioridades de la institución para este mandato que empieza es mejorar la garantía del derecho a la vivienda, puesto que es un derecho básico y las dificultades de acceso efectivo a la vivienda continúan siendo un problema grave.

Las quejas en materia de vivienda recibidas por la institución se han incrementado un 34% respecto a 2021. La mayoría están relacionadas con situaciones de emergencia residencial –tanto desahucios como solicitudes de acceso a una vivienda de emergencia social–; con las subvenciones y las ayudas a la vivienda o al alquiler; con el acceso, la conservación y el mantenimiento de las viviendas, o con las consecuencias de la ocupación de una vivienda sin título habilitante. Por lo tanto, la principal dificultad para garantizar el derecho a la vivienda es el elevado precio de la vivienda del mercado privado y la falta de un parque de viviendas destinadas a políticas sociales que sea suficiente. Cabe recordar que ni en Cataluña ni en el conjunto del Estado español el parque de vivienda social supera el 3% del parque de viviendas construido.

En este sentido, la síndica pidió a las entidades sociales que hagan públicas las historias personales que hay detrás de cada situación; y a las administraciones, que hagan un esfuerzo mayúsculo para encontrar soluciones a los problemas de vivienda que afectan a las personas más vulnerables.

Por su parte, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Silvia Grau, admitió la insuficiencia del parque de vivienda pública actual y se comprometió a construir más viviendas en los próximos tres años con el fin de mejorar la situación.

La presidenta del ForoSD y síndica de Sant Boi, Dolors Vallejo, quiso subrayar la necesidad de aprovechar las sinergias entre las diferentes sindicaturas y defensorías de Cataluña y la Agencia de la Vivienda para visibilizar las problemáticas con las que se encuentra la población. 

La sesión contó con la participación de responsables en materia de vivienda de la Generalitat de Cataluña, como Francesc Ferrés, responsable de ayudas personalizadas; Toni Algaba, jefe de Ofideute, o Sílvia Rosell, responsable de la Mesa de Emergencias. Todos ellos se centraron a explicar las políticas de vivienda que la Generalitat impulsa en los municipios. También intervino un representante del Observatorio DESC, Guillem Domingo, que se centró en el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo de las personas.

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña hace tiempo que trabaja el tema de la vivienda y que pide que se adopten medidas para abordar dicha problemática.

En primer lugar, la institución reclama que se desarrollen unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo, que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda futuras. En este punto, pide que se apruebe el Plan territorial sectorial de vivienda, que tiene que permitir establecer una diagnosis de la situación actual y futura de la vivienda, cuantificar la demanda de vivienda y definir los colectivos que merecen una atención especial para poder implementar instrumentos y políticas públicas para alcanzar los objetivos previamente fijados.

En segundo lugar, aparte de trabajar con medidas a largo plazo, es necesario abordar un plan de choque para dar una respuesta efectiva a las situaciones de emergencia residencial. En este punto es imprescindible un sistema ágil para valorar y resolver las situaciones de emergencia antes del plazo de un mes, y disponer de más viviendas de corta estancia como recursos residenciales temporales.

En último lugar, se pone de manifiesto que es necesaria una actuación preventiva, y no solo reactiva, ante las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual. Para ello, hay que potenciar las subvenciones públicas para el pago del alquiler que permitan a las personas más vulnerables asumir el coste del alquiler de la vivienda habitual y evitar su pérdida.

La organización conjunta de esta jornada también es un ejemplo más de colaboración entre las instituciones de defensa de derechos existentes en Cataluña. Desde el punto de vista de la síndica, el trabajo compartido con las defensorías locales es imprescindible para mejorar la atención a las personas y garantizar sus derechos.

In occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, la professoressa Paola Matteo, ha partecipato al momento di confronto, dal tema ‘I giovani e la sicurezza in rete’, organizzato a Venafro nella Sala Convegni della Palazzina Liberty dall’Istituto Comprensivo ‘Giordano’. 

“Questi momenti di confronto con i più giovani sono importanti, al fine di sensibilizzare i ragazzi su tematiche così importanti e attuali, contribuendo alla loro educazione alla legalità, al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei propri diritti. E il ruolo del Garante dei Diritti dei Minori si inserisce in questo contesto di promozione e verifica della piena attuazione dei diritti dei minorenni, sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata dall’Italia con la Legge 176 del 1991 – l’intervento di Paola Matteo – Per conoscere e tutelare i diritti, sia digitali che della vita reale, occorre informare e conoscere”. 

“Il digitale, senza dubbio, è un’opportunità per la realizzazione dei diritti di bambini e adolescenti, ma occorre fare estrema attenzione ai possibili rischi – ha proseguito la Garante Paola Matteo – Ai pericoli della rete si può essere esposti sia come autori che come vittime, attraverso le forme di vessazione attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici. Il cyberbullismo è una forma di violenza realizzata in via telematica ed è un reato, così come lo sono anche il furto delle password dei nostri mezzi digitali e della propria identità digitale, il trattamento illecito dei dati personali, la diffusione di immagini e video senza il consenso, ma anche il cyberstalking realizzato attraverso la ricezione di continui messaggi persecutori. Il cyberbullismo si può concretizzare con messaggi offensivi, molestie, denigrazione, sostituzione di persona, l’inganno, la cyber persecuzione, le molestie fisiche diffuse coi video tramite le varie piattaforme informatiche”. 

“La famiglia e la scuola devono essere abili nel riconoscere il cyberbullismo e, sotto questo profilo, è indispensabile informare e conoscere – le parole della professoressa Paola Matteo – La rete è un luogo senza spazio né tempo. Per questo motivo, è indispensabile affiancare all’educazione emozionale quella digitale, conoscendo il funzionamento della rete e delle sue regole. Ad esempio, sicuramente i ragazzi non devono legare la propria felicità ai like che ottengono ai post e alle storie sui propri social. Per questo, al fine di prevenire il fenomeno, troppo diffuso, non si può prescindere, in famiglia e a scuola, da un corretto utilizzo degli strumenti digitali e dal favorire un’educazione sentimentale di cui parla il filosofo Galimberti”. 

Bei der Volksanwaltschaft haben sich einige Menschen beschwert, weil sie im Jahr, in dem sie in Pension gehen, keine Pensionsanpassung in voller Höhe bekommen. „Ich befürchte und mach mir auch große Sorgen, dass meine Pensionsberechnung den ganzen Preiserhöhungen nicht gerecht wird!“, schrieb etwa ein Oberösterreicher. Denn je nach Monat des Pensionsantritts bekommen die Pensionistinnen und Pensionisten um bis zur Hälfte weniger Pensionserhöhung als eigentlich vorgesehen. „Wer im Jänner in Pension geht, steigt besser aus als diejenigen, die erst am Jahresende aufhören zu arbeiten. Bei der aktuellen Teuerung wirkt sich das lebenslang aus. Die Folgen sind Pensionsverluste, die in die Zehntausende Euro gehen“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz: „Die Volksanwaltschaft hat daher ein Prüfverfahren eingeleitet und Sozialminister Johannes Rauch gefragt, ob eine rückwirkende Änderung der Aliquotierung angedacht ist.“

„Die Aliquotierung kostet nicht nur einzelnen Pensionistinnen und Pensionisten viel Geld. Auch das Pensionssystem wird dadurch belastet, denn die Aliquotierung ist ein Anreiz, früher in Pension zu gehen und dadurch die volle Erhöhung zu bekommen“, so Achitz: „Das widerspricht dem erklärten Ziel der Politik, dass die Menschen in Österreich länger arbeiten sollen.“