El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que Recomienda a la Consejería de Salud y Consumo y a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud que se elabore un Plan Andaluz de Prevención del Suicidio, como instrumento de planificación participado, que permita solventar las carencias, fallas, lagunas e insuficiencias actuales en el enfoque de este problema sanitario y social, tanto respecto de las personas que presentan el riesgo como para la atención de las que sobreviven a una experiencia traumática de esta índole.

Asimismo, recomienda dar un enfoque particularizado a la prevención del suicidio en la población infantil y juvenil a través del Plan oportuno.

Y que se garantice la continuidad asistencial en el tratamiento sanitario a la salud mental, mediante prácticas de mejora en la coordinación y colaboración entre niveles, recursos y dispositivos, que permitan adoptar la respuesta más adecuada y eficaz a episodios agudos, especialmente en los casos de riesgo autolítico.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha solicitado al Ayuntamiento de Xixona que actúe con celeridad en la tramitación de la plaza de aparcamiento solicitada por la madre de un gran dependiente. También le reclama que supervise el cumplimiento de la normativa relativa a accesibilidad y circulación en vía pública y que atienda con rapidez los incumplimientos denunciados.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja presentada por una vecina de Xixona ante la falta de actuación del ayuntamiento a la hora de facilitar el acceso de su hijo desde la furgoneta adaptada a su domicilio. El afectado, que va en silla de ruedas, con un 79% de discapacidad y necesidad de tercera persona, cuenta con la preceptiva tarjeta de estacionamiento acreditativa para personas con discapacidad funcional.

Además, la vecina se quejaba de la pasividad municipal al no sancionar a los que aparcan sin autorización en zonas reservadas para personas con movilidad reducida, así como a los que estacionan inadecuadamente sus vehículos y dificultan el tránsito de personas con sillas de ruedas por las aceras.

Una vez admitida la queja a trámite, el Síndic se dirigió al Ayuntamiento de Xixona para solicitarle información sobre la misma, sin éxito. Una falta de respuesta que no sólo constituye una falta de colaboración con esta institución si no que, además, ignora el problema planteado y las dificultades de accesibilidad denunciadas.

Es evidente que, en las distintas leyes de aplicación detalladas por el Síndic en su resolución, se persiguen estas situaciones estimadas como discriminatorias. Las Administraciones Públicas, en este caso el ayuntamiento, tienen el deber legar de adoptar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos y las barreras en materia de accesibilidad. Luna recuerda que «la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida, y en especial en el transporte, facilita que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida».

Consulta nuestra actuación: 11934376.pdf (elsindic.com)

Continuando con su acercamiento a las entidades sociales, Patxi Vera mantuvo un encuentro con la delegación navarra de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Esta entidad agrupa a 18 asociaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad: Asociación de Familias de Personas con Alzheimer (AFAN), Asociación de Fibromialgia (AFINA), Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU-NAVARRA), Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER), Asociación de Personas con Discapacidad de Tierra Estella (AMIFE), Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera (AMIMET), Asociación Navarra de Diabetes (ANADI), Asociación Navarra de Párkinson (ANAPAR), Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA), Asociación Navarra de Laringectomizados (ANL), Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB), Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN), Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos (ATHENA), Asociación de Esclerosis Múltiple (EM Navarra), Asociación Navarrra contra la Fibrosis Quística (FQ), Asociación Navarra de Fibromialgia y Fatiga Crónica (FRIDA), Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil (Hiru Hamabi 3/12) y Asociación Navarra de Cáncer de Mama (SARAY).

En el encuentro, el Defensor se interesó por la labor de la Confederación y por las necesidades de las personas a las que atiende. Según se explicó desde la Confederación, se necesitan más medios y profesionales sanitarios para atender a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y degenerativas, así como equipos multidisciplinares y plantillas más estables que garanticen una atención coordinada y un seguimiento adecuado. La entidad reclama, asimismo, la figura de la enfermera o el enfermero escolar para atender al alumnado, y rehabilitación temprana para los menores en periodos de vacaciones escolares. Por otra parte, solicitan también más ambulancias para los traslados a los centros sanitarios, mayor inversión en investigación y mayor facilidad para el acceso a los nuevos tratamientos.

En la reunión del martes participaron, por parte de COCEMFE, su gerente Edurne Jáuregui, su presidenta Cristina Mondragón y varios representantes de las asociaciones que integran la Confederación. Por parte de la Institución, estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, Patxi Vera y la jefa de Gabinete, Susana Galilea.

West Berkshire Council has been criticised by the Local Government and Social Care Ombudsman for not doing enough to support a woman and her children who were fleeing threats of violence.

The woman had been a tenant in a different council area, in which the police confirmed she was no longer safe. She approached West Berkshire for support, because the police said she would be safe in this area.

Instead of taking a homelessness application from the woman, West Berkshire told her to go back to the council where she had been living. The other council then arranged interim accommodation for her in the West Berkshire area.

The other council asked West Berkshire for help as the woman was living in a hotel with no kitchen facilities. That other council said the most appropriate way to deal with the woman’s homelessness was for her to be offered social housing in West Berkshire because of the risk to her safety.

West Berkshire Council refused to help. It said the police evidence provided was not sufficient and in any case, it did not maintain its own housing stock.

The woman eventually found a private tenancy in West Berkshire, having spent two months in interim accommodation in the hotel.

Having been through West Berkshire’s complaints process, the woman complained to the Ombudsman. The Ombudsman’s investigation found West Berkshire failed to consider properly whether it had a duty towards the woman when she first approached it as homeless. Had it done so, it is likely the council would have decided it had a duty to provide her with interim accommodation.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“Vulnerable people at risk of homelessness, such as this woman, should not have to face the uncertainty of not knowing whether they will be housed while councils argue among themselves about responsibility.

“Any discussions about who should fund interim accommodation should take place while the accommodation is being provided, not before agreeing to provide it.

“In the end the other council provided accommodation for the woman, so she and her children were not ultimately left unhoused, but West Berkshire should have done more to establish whether it owed any duties to the woman when she approached it.

“I am pleased the council has now accepted my recommendations to improve its services for vulnerable people at risk of homelessness.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council will apologise to the woman and pay her £500 for the frustration caused. It will also improve its homeless application process and guidance to staff to prevent this situation happening again.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council will review its processes to ensure it accepts homelessness applications and provides interim accommodation in line with the law and guidance, and provide guidance or training to relevant staff following that review.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este miércoles con representantes de Amnistía Internacional (AI), entre ellos, con el director de la sección española de la organización, Esteban Beltrán.

Este encuentro se produce en torno a la preocupación mostrada por AI sobre los mayores fallecidos en las residencias durante la pandemia. Ángel Gabilondo ha asegurado que comparte la preocupación y el dolor de los familiares de miles de mayores fallecidos en las residencias, y ha señalado que desde la institución se seguirá trabajando para que las administraciones competentes procuren que se respeten los derechos de los residentes y  tomen decisiones que faciliten la vida de los mayores residentes en esos centros.

No obstante, también ha recordado que la tarea constitucional que ejerce el Defensor del Pueblo no se extiende al enjuiciamiento de responsabilidades atribuibles a personas concretas o instituciones, sean de orden penal, civil o administrativo, siendo obligado respetar en todo momento y escrupulosamente la independencia del poder judicial y de su Ministerio Fiscal.

En la reunión se ha insistido en la necesidad de escuchar a las familias de las víctimas, y de analizar los procesos de supervisión para la necesaria clarificación de los hechos  ocurridos en las residencias de mayores durante la pandemia de la Covid-19.

Actuaciones de la Institución

La institución Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo de las carencias y problemas en la atención residencial que reciben los mayores. Lo hizo tanto antes del estallido de la pandemia -una investigación general en 2017 por la precariedad y la escasez de recursos en el sistema- como inmediatamente después. Así, el 3 de abril de 2020 inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer qué medidas y protocolos se estaban implementando en las residencias de mayores.

En noviembre de ese mismo año, la institución trasladó sus conclusiones a todas las administraciones implicadas y expuso, ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, la necesidad de abordar una revisión en profundidad del modelo actual de atención residencial a personas mayores.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, reunido en junio de 2021, alcanzó un acuerdo que recoge aspectos que habían sido presentados ante la Comisión Mixta en noviembre de 2020.

En la reunión también han estado presentes, por parte de la institución, la directora de Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich, y el director del Área de Sanidad y Política Social, Rafael Muguruza. Por parte de AI han acudido el investigador Daniel Canales y la responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior, Verónica Barroso.