Una ciudadana planteó al Ararteko su desacuerdo con el tiempo que llevaban suspendidos sus derechos a la renta de garantía de ingresos (RGI) y a la prestación complementaria de vivienda (PCV). 

En concreto, mostró su preocupación por el hecho de que el Servicio Vasco de Empleo Lanbide hubiera interrumpido el abono de la PCV en julio de 2020 y cuando presentó su queja, siete meses más tarde, en febrero de 2021, no lo hubiera reanudado aún.

La causa de la suspensión fue el carecer de gastos justificables por vivienda. La reclamante explicó que, por error, había presentado el justificante correspondiente a noviembre de 2018 en lugar del de 2019. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era que su PCV estaba suspendida desde julio de 2020.

En este caso, el Ararteko no cuestiona la suspensión, sino la vigencia de la misma. Considera que la no presentación del recibo de alquiler correspondiente a un mes es una causa de suspensión que se agota en un acto. Por tanto, Lanbide tenía que haber comprobado de oficio si en aquel momento concurrían los requisitos para el devengo de la PCV, y reanudarla en el caso de que así fuera.

Por ello, el Ararteko ha recomendado al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise los expedientes de suspensión de estas prestaciones.

Además, con carácter general, le pide que estudie la posibilidad de articular un mecanismo interno que, a modo de alerta, ponga en conocimiento de la persona responsable de la instrucción del procedimiento de revisión que la causa que motivó la suspensión de las prestaciones ha decaído, a los efectos de que aquella proceda de oficio a la reanudación de las mismas.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2023

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado hoy la erradicación total de los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva en una reunión con Cáritas.

El encuentro ha permitido al Defensor trasladar el trabajo que viene realizando in situ en la provincia de Huelva desde 2021 para impulsar acciones que garanticen la eliminación de estos núcleos chabolitas. El Defensor andaluz ha transmitido su preocupación por la situación en la que se encuentran estas personas migrantes, y su convencimiento de que es necesaria una actuación coordinada de las administraciones, tercer sector y organizaciones empresariales para su erradicación.

Fruto de ello, el Defensor ya ha mantenido reuniones de trabajo con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, con la Diputación y los ayuntamientos implicados de Huelva, y con el tercer sector que trabaja con esta realidad y el empresariado de la zona. Además de trabajar en coordinación con el Defensor del Pueblo de España, dentro del ámbito de sus competencias y de colaboración entre ambas instituciones, para la implementación de las medidas que sean necesarias.

La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la cronificación de los asentamientos en las provincias de Huelva y Almería; determinar una hoja de ruta para su eliminación que pueda servir de referencia a las Administraciones competentes para abordar esta realidad, y analizar las dificultades para la implementación de iniciativas que permitan acabar con esta problemática a través de la articulación de las políticas públicas.

Por su parte, Cáritas ha ofrecido a la Defensoría su colaboración con este trabajo en las provincias de Almería y Huelva, que entiende necesario, además de preocuparle cómo se están prestando los suministros básicos, como el del agua, a las personas que residen en los asentamientos, cuestión que comparte el Defensor mientras tanto se procede a su eliminación.

A la reunión han asistido por parte de la organización María del Carmen Torres, directora de Cáritas Almería; Pilar Vizcaino, directora de Cáritas Huelva; Mariano Pérez de Ayala, presidente regional de Cáritas Andalucía, y Sonia Olea, de Human Rights Officer de Cáritas España.

A pesar de los avances, son necesarios más esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados

En una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes los niveles de segregación escolar han aumentado a pesar del Pacto

No se han cumplido aún los compromisos de financiación establecidos en el Pacto

Se ha quintuplicado la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas

Es necesario desplegar el instrumento de la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro para evitar la matrícula viva de este alumnado en centros con elevada complejidad
 

Esta tarde ha tenido lugar la séptima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la segregación escolar, impulsado por la institución del Síndic de Greuges de Cataluña y el Departamento de Educación, junto con la mayoría de municipios de más de 5.000 habitantes y los miembros de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional.

Esta es la primera reunión en la que participa la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, quien ha expresado públicamente su compromiso de continuar con este proyecto. Durante su discurso de bienvenida, la síndica ha mostrado su preocupación por la crisis económica que se vislumbra, que introducirá un nuevo elemento de desigualdad al reto de los centros de garantizar el desarrollo educativo de su alumnado en condiciones de igualdad de oportunidades. En este contexto, ha manifestado que evitar la concentración de complejidad educativa en determinados centros es una política efectiva para combatir las consecuencias sociales y económicas derivadas de las crisis.

La reunión también ha contado con la participación de la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés; del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; de la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, y de representantes de los sindicatos, familias, entidades locales y del mundo educativo.

En el transcurso de esta reunión, se ha presentado el Informe de progreso sobre el desplieque del Decreto 11/2021, cuyo objetivo es continuar con la labor de evaluación del despliegue de las medidas previstas en el Pacto durante el curso 2022/2023.

El informe empieza destacando que las medidas que ya se han implementado han permitido reducir más del 15% los niveles de segregación escolar globales en el sistema educativo. Esta reducción es del 28% si tenemos en cuenta que una parte de los desequilibrios se deben a la diferente composición social de los municipios. Esto significa que el Pacto ha permitido reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios existentes a nivel local en la escolarización del alumnado.

También se destaca como positivo el hecho de que aunque ha aumentado la proporción de alumnado extranjero escolarizado en el sistema educativo, ha disminuido el número de centros con elevada concentración de alumnado extranjero, de modo que los centros de primaria con más de un 50% de alumnado extranjero han pasado de ser el 5,3% del total antes de la firma del Pacto al 4,1% actual.

A pesar de estos avances, el informe denuncia que en una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes los niveles de segregación escolar han aumentado a pesar del Pacto, y que una buena proporción de ellos aún tienen índices de disimilitud superiores a 0,40, lo cual supone desequilibrios en la escolarización del alumnado en I3. En este contexto, la síndica y la adjunta piden un mayor esfuerzo y reforzar las políticas a implementar en los municipios en los que la segregación escolar es alta, y también en los municipios en los que la tendencia es negativa.

El despliegue del Decreto 11/2021 también ha permitido mejorar la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, que en el proceso de admisión de alumnado en I3 y en 1.º de ESO se ha quintuplicado entre los cursos 2018/2019 y 2022/2023. Así, si se toman como referencia las solicitudes en el proceso de admisión de alumnado en I3 y en 1.º de ESO, el alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas ha pasado del 3,4% el curso 2018/2019 al 17,3% el curso 2022/2023 en el caso de I3, y del 3,7% al 19,6% en el caso de 1.º de ESO.

Sin embargo, el informe recuerda que se detecta un 60% del alumnado en situación de riesgo de pobreza, lo cual significa que, a pesar del aumento de la detección, existe aún margen de mejora.

Otro avance positivo tiene que ver con la mejora de la adecuación del número de plazas reservadas a la cantidad de alumnado con necesidades educativas específicas residente en cada zona. Antes de la firma del Pacto, la reserva de plazas estaba claramente sobredimensionada, de modo que el número de solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas era inferior al 50% del número de plazas reservadas para este alumnado. Durante el curso 2022/2023, esta cifra ha aumentado hasta el 90%. En negativo, sin embargo, el informe lamenta la detección tardía de este alumnado, lo cual obligó a la modificación sustancial de la oferta una vez finalizado el periodo de preinscripción para el curso 2022/2023.

A pesar de los avances en algunas cifras y las mejoras en la detección, hay ámbitos que requieren un mayor esfuerzo.

En primer lugar, una de las medidas que están menos avanzadas tiene que ver con la financiación de los centros. Los compromisos asociados a la financiación de los centros previstos en el Pacto no se han cumplido. Las ayudas previstas en el Decreto 11/2021 aún no se han transferido, aunque está previsto hacerlo durante el curso 2022/2023 solo para el alumnado de I3 y de 1.º de ESO. Los centros no están recibiendo para el resto del alumnado los importes previstos en la memoria económica del Decreto. Por ejemplo, la financiación adicional recibida por los centros concertados ha sido de 12,0 millones de euros, un 31,4% menos de lo previsto.

En segundo lugar, también está pendiente de implementar la adecuación de la zonificación escolar, puesto que solo un 5,4% de los municipios han modificado las zonas educativas a raíz de la aprobación de este decreto. Sigue habiendo municipios con zonas que no garantizan la heterogeneidad social interna, y también municipios grandes con modelos de zona única que pueden no ser adecuados para combatir la segregación escolar: una tercera parte de los municipios grandes tienen modelos de zona única, y cerca de una décima parte de los municipios tienen zonas socialmente homogéneas con elevada complejidad.

En tercer lugar, el informe denuncia que aún existen fuertes desequilibrios en la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas. Aunque se ha mejorado, aún hay un 41% del alumnado con estas características que no se escolariza en el centro que debería para evitar desequilibrios en la escolarización.

Tampoco se garantiza aún suficientemente la doble vía de acceso al sistema educativo entre el alumnado con necesidades educativas específicas y el alumnado ordinario, y hay una falta de transparencia en los criterios que se utilizan para la asignación de plaza del alumnado con necesidades educativas específicas. Además, a la práctica, no se ha desplegado la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas prevista en el Decreto 11/2021.

En cuarto lugar, a pesar de un pequeño descenso en la proporción de matrícula viva asignada a los centros con elevada complejidad, la cifra actual –38% en primaria y 30% en secundaria– aún sigue siendo demasiado elevada, de modo que se incumple uno de los objetivos del Pacto.

Por último, la síndica y la adjunta consideran imprescindible desplegar con decisión las medidas previstas que aún están pendientes de desplegar: actualmente, de las 30 medidas se han completado 8, y las 22 restantes están en proceso de cumplimiento. 

• Acceso al informe en pdf (en catalán)
• Acceso al resumen ejecutivo

The Ombudsman sent a recommendation to the Government to ensure effective accounting of the evaluation of former members of the Armed Forces who entered the Public Administration under the scope of the “system of incentives for provision of military service”.

Following the assessment of various complaints, it was concluded that, in most cases, the norm of the State Budget for 2021 was not applied, which foresees the accounting of the evaluations obtained by these individuals during the years in which they performed duties in the Armed Forces. This rule adapts to the new career regime for workers in public service a right that has long been part of the system of incentives for the hiring of military personnel.

In the recommendation addressed to the Minister of National Defence and to the Minister of the Presidency, the Ombudsman emphasizes that the right to have evaluations counted for the purposes of career progression in the career in which the ex-military personnel entered, should be guaranteed by public employers, and the right in question cannot be paralyzed by eventual doubts in the interpretation and application of the norm that consecrates this right.

To read the recommendation in full, click here [in Portuguese only].

We can launch an investigation into any matter even without receiving a complaint. We can do this if we decide that something may have gone wrong with public services; the issue could have negative impact on a wide group of citizens (particularly if they may be vulnerable or disadvantaged); and it would be in the public interest to investigate it.

The proposed investigation would aim to find out if carers face any barriers when seeking to have their needs assessed by local authorities. It would also consider if complaints processes of health services and local authorities are accessible and effective for carers and those being cared for.

Michelle Morris, the Public Services Ombudsman for Wales, said,

A carer is someone who provides, or intends to provide, unpaid care for an adult or disabled child. The cared for person may be a family member or a friend, who due to illness, disability, a mental health problem or an addiction cannot cope without their support.

Twelve percent of the Welsh population are carers.  It is reasonable to assume that they, and those they care for, are especially reliant on public services.  Yet, we receive very few complaints from carers and those receiving care.

Through this investigation, we hope to identify any barriers that carers may be facing when seeking to have their needs assessed or to complain to health bodies and local authorities. It is crucial that voices of carers, and those they care for, are heard, and that public bodies adequately meet their needs and resolve any concerns they raise effectively and in a timely manner. We warmly encourage anyone who is interested or has experience in this subject to respond to our consultation.

To find further details of this consultation, go here.

The consultation will close on 6 February at midnight.