El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega esta mañana a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, Una respuesta necesaria, dando cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja.

El Informe cuenta con 777 páginas y va a estar alojado íntegro esta mañana en la web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es). En el mismo, además de una presentación del titular de la institución y una introducción general, se recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”, según se explicita en la mencionada PNL.

El Defensor del Pueblo, señala, así lo hace constar en la introducción del Informe, que “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Ángel Gabilondo pone de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen. “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.

 Respuesta de la Iglesia y de los poderes públicos

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.

Se ha de reconocer, al mismo tiempo, que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.  

Por su parte, los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica. Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han

llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Recomendaciones

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. (Todas las recomendaciones, integras, pueden ser consultadas en el Parte VIII Capítulo 2 del Informe).

Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas. “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

Testimonios

La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas, en la Unidad de Atención a las Víctimas, el 6 de julio de 2022.

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.

Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación. Especial mención requiere la colaboración del diario El País, que inició sus investigaciones periodísticas en octubre de 2018 y que ha entregado hasta en cuatro ocasiones sus archivos a la institución Defensor del Pueblo para completar los trabajos.

Algunos de los testimonios recogidos en la Unidad de Atención a las Víctimas, con citas explícitas, se incluyen en el Parte III Capítulo 4 del Informe, tras contar con autorización previa del autor.

La mayoría de los victimarios conocidos son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

Comisión Asesora

Tras recibirse la encomienda del Congreso de los Diputados, se comenzó a trabajar en el ámbito de actuación en tres direcciones. Además de la Unidad de Atención a las Víctimas y de pensar en la constitución de un Foro de Asociaciones, se creó, como se ha  indicado, una Comisión Asesora, compuesta por expertos externos: diecisiete asesores que pertenecen al ámbito profesional y académico con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y victimología, y profesionales que han dedicado su vida a la docencia o a jóvenes o han escrito y estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adultas. Esta Comisión se ha reunido en trece ocasiones. La primera, el cinco de julio de 2022. La última, el 28 de septiembre de 2023.

 Más de ochenta reuniones

El Defensor del Pueblo ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

Objetivo y Metodología

El objetivo del Informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas. Asimismo, se espera que los trabajos realizados y las conclusiones a las que los mismos han llegado contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes.

El Informe se ha realizado a partir del análisis interdisciplinar de la información recogida por diversas fuentes, como se ha apuntado, entre ellas los trabajos de campo propios, como una encuesta realizada por GAD3 para la institución Defensor del Pueblo que contextualiza el problema.

Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Asimismo, la encuesta de GAD3 también concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.

El 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

La encuesta demoscópica, encargada por la institución siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones. Los datos desglosados de la encuesta se incluyen en la Parte III Capítulo III del Informe. Esta es la primera encuesta que se realiza con estas características desde 1994, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales hizo una similar, aunque la actual incluye más preguntas relacionadas con la problemática específica aquí examinada, y la muestra es muy superior.

El Informe indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas.

Ángel Gabilondo subraya que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

Oggi è stata una giornata di significativa in quanto per la prima volta presso “La Farnesina” a Roma si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, l’Onorevole Giorgio Silli, e Marino Fardelli Presidente dei Difensori Civici italiani nonchè Difensore Civico della Regione Lazio.

Questo incontro non è stato un semplice formalismo, ma una straordinaria occasione di dialogo, condivisione e riflessione sul ruolo cruciale del Difensore Civico sia a livello nazionale che internazionale. Il Sottosegretario Silli, che detiene anche la delega ai diritti umani, si è dimostrato sensibile e motivato a lavorare insieme sui temi difesa civica e diritti.

Durante la riunione, sono state delineate una serie di iniziative legate al tema della difesa civica e dei diritti umani, evidenziando la volontà di lavorare congiuntamente per promuovere una cultura dei diritti umani su scala globale. Inoltre, sono state condivise idee e prospettive su come migliorare e rafforzare il ruolo del Difensore Civico in un contesto internazionale sempre più complesso.

L’importanza di questi temi è fondamentale, e l’incontro si è concluso con un sentito ringraziamento al Sottosegretario Silli per aver dedicato tempo ed attenzione a questo dialogo essenziale.

Il Sottosegretario Giorgio Silli ha sottolineato come questi temi siano stati al centro della Conferenza Internazionale dei Difensori Civici che si è svolta a Roma il 20 e 21 settembre. Il suo intervento in quell’occasione offrì spunti di riflessione preziosi, che ora si tradurranno in azioni concrete e in un impegno comune a favore della difesa civica.

L’incontro rappresenta un passo significativo verso una collaborazione che mira a promuovere e tutelare i diritti umani a livello nazionale ed internazionale e per dare il giusto riconoscimento al ruolo e alla funzione del Difensore Civico in ambito italiano nazionale.

The Ombudsman launched an investigation after Mr A complained about the care and treatment his late son, Mr B received at the Princess of Wales Hospital between December 2019 and January 2021.

Mr B attended at the Emergency Department (ED) on four occasions with bleeding from the navel (belly button) caused by umbilical hernia. On each occasion, he was discharged home. In January 2021, within hours of his last discharge, Mr B suffered a further bleed and was taken to the ED where he had to be resuscitated. Mr B sadly died a day later.

The Ombudsman found that on first two occasions the Health Board’s decision to discharge Mr B was appropriate. However, when Mr B attended ED for the third time, on 21 January 2021, he should not have been sent home, and, when he attended for the fourth and final time that same day, his care should have been escalated to a senior doctor. It is likely that a more senior doctor would have admitted Mr B into hospital. On both those occasions, the decision to discharge Mr B was not clinically appropriate.

By the time Mr B was re-admitted to the ED on 22 January 2021, he was very ill. Emergency surgery at that point would have been futile and would not have been likely to save Mr B’s life. Had Mr B been admitted to the Hospital the previous day, even accepting that he would have been high risk for surgery, his deterioration and death might have been prevented.

Mr B’s death was subsequently referred by the Health Board to HM Coroner. There was no post-mortem examination. Before referral to the Coroner, the circumstances of Mr B’s death were not discussed with relevant consultants within the Health Board before it shared information with the Coroner or the Medical Examiner Service (the service provides independent scrutiny of all deaths that occur in Wales that are not referred directly for investigation to the Coroner) , although it is noted that there was no legal requirement to refer to that service at that time.

Commenting on the report, Public Services Ombudsman for Wales, Michelle Morris, said:

‘I would like to extend my sincerest condolences to Mr A and his family for the sad loss of Mr B.

The advice we have received was very clear that opportunities to treat Mr B were lost. I am certain that our finding – that, on the balance of probabilities, the outcome might have been different for Mr B had he been appropriately admitted to hospital – will cause Mr A and his family additional distress.

The clinical failings in this case were compounded by how the circumstances of Mr B’s death were relayed to the Coroner. This happened hastily and inappropriately, and without adequate supervision by the Consultants engaged with his care.’

Finally, it has also been a source of frustration to Mr A in having to pursue his complaint with us because the Health Board’s own investigation lacked both rigour and candour. We expect better of Cwm Taf Morgannwg University Health Board and all Health Boards across Wales.’

The Ombudsman recommended that Cwm Taf Morgannwg University Health Board should apologise to Mr A and to:

• pay Mr A £5750 for the loss of opportunity for Mr B to receive treatment, and for Mr A having to pursue his complaint
• remind all ED doctors that they must escalate patients making an unscheduled return to the ED, with the same condition within 72 hours of discharge, to a consultant
• remind all doctors about appropriate interaction with the Coroner and the Medical Examiner following a patient’s death in hospital.

Cwm Taf Morgannwg University Health Board has accepted the Ombudsman’s findings and conclusions and has agreed to implement these recommendations.

Ha participado en Luxemburgo en una mesa redonda sobre el papel de las instituciones de ombudsman ante los conflictos nacionales

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, se ha desplazado a Luxemburgo para participar en el seminario “Gestión de crisis: ¿qué papel tienen los ombudsman?”, organizado por la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la Francofonía (AOMF) y que ha tenido lugar los días 24 y 25 de octubre.

La AOMF tiene como misión principal promover el papel de las instituciones de ombudsman en los países de habla francesa tanto de Europa como de América y África, y fomentar el desarrollo y la consolidación de instituciones de mediación independientes.

El seminario se ha organizado en torno a los papeles que tienen las instituciones de defensa de derechos en tres supuestos concretos: una crisis sanitaria, una crisis nacional y una crisis climática.

En la mesa redonda sobre las crisis nacionales, en la que también han participado las defensoras de Burkina Faso y del Principado de Mónaco, Esther Giménez-Salinas ha hablado sobre el conflicto entre Cataluña y España, que se intensificó a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017. Este referéndum tuvo una serie de consecuencias, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución española al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, y la prisión y el exilio para los acusados de organizarlo.

La síndica ha hecho un repaso histórico del conflicto, que considera que se inició con el recorte del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. También ha querido denunciar la dimensión penal que ha adoptado este conflicto, a pesar de tratarse de una crisis eminentemente política: "La judicialización de los conflictos políticos no es una buena opción, ni siquiera para la propia justicia", ha manifestado.

A continuación ha destacado la importancia que tuvo la concesión de los indultos, que significaron un primer paso hacia la normalización, pero ha querido poner de manifiesto que "queda un largo camino por recorrer y muchas heridas abiertas". También ha valorado positivamente la supresión del delito de sedición del Código Penal, dado que "era un delito anticuado, no conforme con la legislación europea y con unas sanciones excesivamente altas".

Por último, ha cerrado su intervención expresando que la vía de la amnistía puede parecer injusta en algunas ocasiones, pero que es necesaria. Para que sea posible, debe incorporar los principios de la justicia restaurativa y debe tener presentes tres condiciones: aportar paz social, tener unas consecuencias positivas superiores a los perjuicios y contar con el apoyo de una amplia mayoría.

Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs, des associations et des personnes directement confrontées à la pauvreté pour échanger autour de trois thématiques : le logement, la santé et les droits sociaux.

Les témoignages des personnes concernées et des études de recherche soutenues par le Défenseur des droits, sur l’accès au logement social des ménages les plus pauvres et sur les refus de soins vécus par les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale de l’État, ont notamment permis de dresser les constats des difficultés rencontrées par les personnes en situation de précarité pour accéder à leurs droits. Les échanges ont également permis d’identifier des leviers d’action pour accroître l’effectivité des droits pour les personnes en situation de pauvreté.

La Défenseure des droits a tenu à rappeler à cette occasion que notre Constitution prévoit des droits permettant de vivre dignement. Elle a souligné le risque d’une bascule des droits vers la charité et a rappelé le devoir de solidarité de l’État.

Revivez cette journée riche en échanges en vidéo.