El ararteko Manuel Lezertua participa estos días en la Conferencia y Asamblea General Anual de la IALC (Asociación Internacional de Comisarios Lingüísticos) 2023 donde hoy expondrá las últimas modificaciones habidas en el Reglamento del Congreso de los Diputados sobre el uso de lenguas cooficiales.

Lezertua hará referencia a un hecho muy reciente como es la posibilidad de que, tras 45 años de sistema democrático español, desde hace tan solo unos días los diputados del Congreso pueden intervenir no sólo en español sino también en cualquiera de los tres idiomas cooficiales del Estado: euskera, catalán y gallego.

La institución del Ararteko participa activamente en la IALC ya que las funciones que la ley asigna a esta institución está la de defender los derechos lingüísticos de la ciudadanía que se derivan de la cooficialidad del euskera y el castellano. Comparte esa tarea con instituciones similares que existen en otros países, las cuales se agrupan en la IALC.

La misión de la IALC es fomentar y promover la igualdad, la diversidad y los derechos lingüísticos en todo mundo, y apoyar a los comisionados lingüísticos para que puedan alcanzar los máximos niveles profesionales a través de:

•    Asesorar o aconsejar en la creación de comisionados lingüísticos.

•    Favorecer el intercambio de recursos de formación y de desarrollo profesional, investigación e información. 

•    Cooperar con organizaciones análogas que tengan como objetivo la promoción y la protección de la diversidad y de los derechos lingüísticos.

•    Incrementar el conocimiento y la concienciación sobre el papel y la importancia de los comisionados lingüísticos entre los gobiernos, las agencias estatales, los académicos, los medios de comunicación y la población en general.

•    Ayudar a las regiones que quieran crear un comisionado lingüístico o promover los derechos lingüísticos.

•    Compartir estudios empíricos con la finalidad de fomentar los derechos lingüísticos.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Elda aceptando todas las recomendaciones que le había dirigido esta institución a raíz de las quejas por ruidos de un local de culto religioso ubicado en los bajos de un inmueble. Entre otras cosas, el defensor instó a la administración local a comprobar los hechos denunciados, a inspeccionar la actividad del local y a tomar medidas para el cese de las molestias acústicas.

De acuerdo con el escrito de queja del interesado, tanto el administrador de la comunidad de vecinos como él se habían dirigido, sin éxito, en varias ocasiones al ayuntamiento para denunciar los ruidos excesivos del local, alegando además, que carecía de licencia, de medidas de seguridad y que incumplía la normativa en materia de ruidos. También había solicitado una cita con el alcalde y tampoco habían obtenido respuesta.

En la respuesta municipal a las recomendaciones del Síndic, la concejala de urbanismo y actividades calificadas confirmó al Síndic que el citado local funcionaba sin declaración responsable ambiental o comunicación de actividad inocua. Asimismo, le trasladaba al defensor que habían realizado inspecciones para verificar los hechos denunciados y que habían iniciado el procedimiento para adoptar las medidas necesarias para el cese de las molestias acústicas. Por último, informaba de que se habían reunidos con la persona denunciante para explicarle todas las actuaciones realizadas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por una regulación en los procedimientos de administración electrónica, como es el caso de la cita previa, así como en aquellos casos en los que intervenga la inteligencia artificial, con el fin de corregir consecuencias perniciosas para la ciudadanía como sería la brecha digital.

“Los defensores debemos mirar a la cola de la desigualdad, que todos entremos en el juego, o de lo contrario nunca será una transición justa”, ha afirmado Maeztu en declaraciones previas a la inauguración de la jornada sobre Administración Electrónica e Inteligencia Artificial: Los Derechos de la Ciudadanía ante un Nuevo Modelo de Administración organizada por el Defensor en Granada. En la inauguración han intervenido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Jesús Maeztu ha enfatizado las ventajas que supone la incorporación a la administración pública de las técnicas de gestión propiciadas por el nuevo entorno digital, pero al tiempo ha subrayado la necesidad de abordar la brecha digital y lograr una administración electrónica inclusiva. Para ello el Defensor ha organizado una jornada para analizar cómo se compaginan medios alternativos “para que no haya personas que lleguen tarde”. “Este debate ha venido para quedarse, debemos reflexionar para que la transición digital sea justa”, ha señalado.

Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que en algunos procedimientos no se puede eliminar la presencialidad y ha informado de que la Institución ha iniciado una actuación de oficio en relación con la exigencia de disponer de cita previa para poder acceder a las dependencias administrativas sin cita. “Reclamamos que se garantice la atención presencial, sin cita previa, a todas las personas y en todas las dependencias y organismos administrativos durante el horario de apertura al público. Asimismo, hemos pedido que se ofrezcan diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales”, ha señalado el Defensor durante su intervención en la inauguración de la jornada.

Asimismo, el Defensor ha advertido también sobre la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente con la administración; la utilización de procedimientos automatizados para la concesión de subvenciones o ayudas, y la utilización de algoritmos para la toma de decisiones por parte de la administración, que son objeto de preocupación y debate entre importantes sectores de la ciudadanía que consideran necesaria una regulación y un control mas rigurosos de estas herramientas tecnológicas.

The Ombudsman, Ger Deering, was interviewed recently on Donegal's Highland Radio, and spoke about his appearance last week at the Irish Patient's Association Conference and the improvements that have been made by the HSE in the administration of the Treatment Abroad scheme following the “In Sickness and in Debt” report earlier this year. You can listen back to the interview here.

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Last month we:

• responded to 60 enquiries
• made 46 decisions
  • 12 community care grants
  • 34 crisis grants
• upheld 42% of community care grants and 15% of crisis grants
• signposted an additional 92 applicants to other sources of assistance. 78% of these were calling us instead of their local council in error. Five applicants were unable to contact the council as there was no freephone number in place or they had problems applying online
• received nine enquiries from councils seeking advice

Stakeholder engagement

We continue to engage with relevant stakeholders to raise awareness of the independent review function. This has included the Adult Standing Committee (social work) and the Criminal Justice Voluntary Sector Forum in recent weeks.

Case studies

Meeting the need

C asked for an independent review of the Council's decision on their community care grant. They had applied after moving into a tenancy following a period of homelessness.

The Council awarded the initial application on the basis that C met the necessary criteria and that the items met the necessary priority level. C requested a first-tier review of the decision as they were unhappy with the carpeting that was awarded due to a foot condition, and that the washing machine and fridge freezer were not acceptable due to their age and length of warranty. The Council did not change their decision.

We reviewed the Council's case file and spoke with C for further information about their circumstances. C confirmed that they were happy to accept the carpeting which had been offered at the first-tier review. They confirmed that they were unhappy with the age and length of warranty of the washing machine and fridge freezer. At that point, the applicant’s curtain order had not been completed so we contacted the Council to ask them to arrange for this to be done. Overall, we assessed that the way in which the council had fulfilled the award was reasonable and did not change the Council’s decision.

C subsequently requested a reconsideration of the decision. They advised that the curtains the Council's supplier offered did not fit and were not suitable as they were translucent. They also wished to challenge the decision to award second hand goods on the basis that they said they were offered a fridge which was several years old, there was no warranty available to view, and they were concerned about potential safety issues with second hand washing machines. We partially changed the Council's decision and instructed a cash award for the curtains as we assessed that the council's supplier did not offer a suitable size. We did not change the decision with regards to the second hand goods that were offered. While we acknowledged that a new model may be preferable and would offer a longer warranty, the current guidance allows Councils discretion over the fulfilment method as long as they follow the requirements of section 4.51 of the guidance.