On 13-14 November the Ombudsman’s Office, the University of Latvia, and the Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO) of the Council of Europe invite you to a symposium and conference on promoting autonomy in mental healthcare in Riga. The events are organised under the Latvian Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe.

The symposium on November 13 will focus on the legal perspective of mental health: challenges related to exercising autonomy in mental health care; key principles in securing the right to autonomy, as well as human rights-based approach in mental health care.

While the conference on the November 14 will provide a brief overview of the case law of the European Court of Human Rights; introduce with observations of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatments (CPT), share good practices in community-based services and hospital settings and give insight into awareness raising, training and education on the matter.

Both the symposium and the conference will be held in-person and live-streamed.

The organisers kindly invite stakeholders to register for both events until October 23 on the registration website (also for online participation): https://www.averoja.lv/registration-form/

Important information for participants

Participation in both the symposium and the conferences, as well as social events is covered by the organisers. Travel and accommodation are self-funded by participants if the organisers have not indicated otherwise.

Averoja is the official travel company for conference participants, we encourage you to contact them for travel and accommodation arrangements. Official hotel with reserved booking is Radisson Blu Daugava. In order to book a room at the hotel, please register on the conference registration website: https://www.averoja.lv/registration-form/

Symposium draft programme

Conference draft programme

Ombudsman Rob Behrens responds to The Law Society publishing Proposals for a 21st Century Justice System, a report on changes to the civil justice system which would improve access to justice.

Rob Behrens said:

“When things go wrong in public services, people must be able to hold authorities to account so that standards improve. The current system of multiple ombudsman schemes is a barrier to those who need help. The Law Society share our concerns that the landscape is confusing and fragmented for those seeking justice. I welcome their support in championing much needed reform.

“England is lagging behind the rest of the UK and other global democracies in terms of the right to access ombudsman schemes. We urge the Government to commit to building a modern, fair, and democratic system to enable individuals to resolve failings by public services. We need a single joined-up national public service ombudsman which can investigate complaints about the Government or public bodies without needing approval from MPs. This is critical for access to justice in the twenty-first century.”

El gasto en suministros de los hogares se ha incrementado el 30 % desde el año 2008, y el 20 % de las familias tienen problemas para mantener el hogar a una temperatura adecuada

Algunas medidas para luchar contra la pobreza energética finalizan al terminar el año

El bono social eléctrico no llega a todas las personas que lo necesitan

Falta un despliegue reglamentario de la Ley catalana 24/2015
 

La reactivación de la actividad tras la pandemia de la covid, la crisis de la vivienda o la guerra de Ucrania son algunas de las causas que explican un incremento importante del precio del gas y la electricidad, que hace que la prevalencia de la pobreza energética se haya incrementado y se convierta en un problema que ha entrado con fuerza en la agenda política de las administraciones, entidades o empresas suministradoras. Así, el gasto de los hogares en suministros de agua, luz y gas se ha incrementado el 7 % desde antes de la pandemia y el 30 % desde antes de la crisis económica de 2008.

En este punto, Cataluña se sitúa entre las comunidades autónomas y los países europeos con un gasto en suministros para el hogar más elevado. Esto comporta que el 20 % de las familias tengan dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y que el 9 % de las personas presenten retrasos en el pago de las facturas. Además, la pobreza energética es más prevalente entre la población de nacionalidad extranjera o en paro, que tiene el doble de probabilidades de sufrir esta privación que la población española u ocupada. Ante esto, diez años después de que se pusieran en marcha las primeras medidas de lucha contra la pobreza energética, la institución hace balance de la situación con un nuevo informe titulado La pobreza energética en Cataluña 2023: retos pendientes en un contexto de crisis energética. 

Coincidiendo con este contexto, entre 2019 y 2022 la institución ha recibido un 125 % más de quejas relacionadas con el consumo de energía (de 717 se ha pasado a 1.614), y un 35 % más relacionadas con el consumo de agua (de 304 a 409). Muchas de estas quejas se refieren a problemas para pagar las facturas, problemas relacionados con el bono social o cortes de suministro por impago.

La síndica reconoce el esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones en los últimos años por adoptar medidas para luchar contra el fenómeno de la pobreza energética. Destaca, por ejemplo, el bono social eléctrico o el bono social térmico, las tarifas sociales en el recibo del agua o la posibilidad de evitar los cortes de los suministros básicos, lo que está más garantizado gracias a la aprobación de la Ley catalana 24/2015. La síndica también reconoce el efecto positivo que han tenido las últimas medidas más coyunturales tomadas a raíz de la guerra de Ucrania, como reducir el IVA de la luz y el gas o establecer un tope en el precio del gas en el mercado mayorista, pero advierte que estas medidas está previsto que finalicen el 31 de diciembre de 2023, cuando los problemas estructurales que encarecen los precios de los suministros posiblemente no habrán desaparecido.

Por eso, en este informe la institución del Síndic de Greuges de Cataluña también quiere recoger una serie de retos pendientes que hay que afrontar para mejorar los indicadores de pobreza energética.

Así, el informe denuncia que el bono social eléctrico no llega a parte de las familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, se estima que cerca de dos terceras partes de la población en situación de riesgo de pobreza (65 %) y cerca de una cuarta de la población en situación de privación material severa (23 %) no puede acceder al bono. Estos problemas de cobertura se deben, en parte, a la existencia de déficits de información, dificultades en la tramitación, situaciones de exclusión residencial y también a que una parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido. El umbral de renta para determinar la situación de exclusión residencial y para asegurar la cobertura de las medidas para combatir la pobreza energética, previsto en la Ley 24/2015, es mayor que el umbral de elegibilidad establecido para el bono social eléctrico. Esto puede comportar la paradoja de que personas o unidades de convivencia a las que se ha evitado un corte de suministro por estar en situación de pobreza energética no tengan derecho de acceso al bono social.

Estimación de la cobertura del bono social en Cataluña (2022)

Además, los descuentos ordinarios establecidos del 25 % para los consumidores vulnerables y del 40% para los vulnerables severos no son suficientes para situar el peso de la factura de la electricidad en los niveles de gasto medio sobre el presupuesto familiar (2,65 %). Sí permiten situar el peso de la factura por debajo de la media los descuentos del 65 % y el 80 % respectivamente, establecidos excepcionalmente hasta finales de año, por lo que la institución ve imprescindible prorrogarlos.

El informe también pone de manifiesto la falta de despliegue reglamentario de la Ley 24/2015, en el sentido de que debe regularse un protocolo de comunicación entre servicios sociales básicos y empresas suministradoras para evitar cortes a personas vulnerables.

En la misma línea, también destaca que la Generalitat solo tiene firmado un convenio con empresas suministradoras –Endesa– para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido o que apliquen descuentos muy notables a personas en situación de riesgo de exclusión residencial.

Por último, el informe también denuncia la falta de regulación adecuada del servicio de agua, ya que algunos reglamentos municipales no abordan las problemáticas relacionadas con los derechos de las personas ni contemplan tarifas sociales para personas vulnerables.

A partir de ahí, el informe quiere trasladar una serie de recomendaciones al conjunto de las administraciones y a las empresas suministradoras:

• A la Administración general del Estado: desburocratizar la tramitación del bono social eléctrico y simplificar la documentación a aportar para solicitarlo, mantener el IVA reducido para los consumidores vulnerables más allá del 31 de diciembre y facilitar unos modelos de las facturas de luz y gas más claros. 

• A la Generalitat: impulsar la firma de convenios con otras empresas suministradoras, como Naturgy o Iberdrola; desarrollar reglamentariamente el procedimiento que deben seguir las empresas para garantizar que no se cortan los suministros a personas que tienen acreditada la vulnerabilidad social, e implantar una red de oficinas o puntos de asesoramiento para personas vulnerables en todo el territorio. 

• A las administraciones locales: regular un precio asequible del agua, aprobar reglamentos del servicio de suministro de agua y hacer facturas más claras y comprensibles.  

• A las empresas suministradoras: facilitar el paso de los consumidores vulnerables a las tarifas reguladas de electricidad y gas, reforzar la comunicación con los servicios sociales y evitar las gestiones de recobro de deudas a los consumidores vulnerables.

• La pobreza energética en Cataluña 2023
• Acceso al resumen ejecutivo
• Infografia Informe pobreza energética (en catalán)

In so genannten „Taubstummenanstalten“ in ganz Österreich wurden gehörlose Kinder geschlagen, verprügelt und misshandelt. Auch das Kommunizieren in der Gebärdensprache wurde mit Gewalt verhindert. Wer in einem solchen Internat Opfer von Gewalt wurde, kann – wie andere Heimopfer auch – über die Volksanwaltschaft eine monatliche Heimopferrente bekommen. Die meisten Bundesländer zahlen an Opfer „ihrer“ Einrichtungen unabhängig davon auch eine pauschale Entschädigung, die bis zu 30.000 Euro ausmachen kann. Wer aber in einer Einrichtung des Bundes war, bekommt keine Entschädigung, kritisierte Volksanwalt Bernhard Achitz in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 7. Oktober. Er fordert Bildungsminister Martin Polaschek auf, dass auch die Republik wieder Entschädigungen zahlt.

In so genannten „Taubstummenanstalten“ in ganz Österreich wurden gehörlose Kinder geschlagen, verprügelt und misshandelt. Auch das Kommunizieren in der Gebärdensprache wurde mit Gewalt verhindert. Wer in einem solchen Internat Opfer von Gewalt wurde, kann – wie andere Heimopfer auch – über die Volksanwaltschaft eine monatliche Heimopferrente bekommen. Die meisten Bundesländer zahlen an Opfer „ihrer“ Einrichtungen unabhängig davon auch eine pauschale Entschädigung, die bis zu 30.000 Euro ausmachen kann. Wer aber in einer Einrichtung des Bundes war, bekommt keine Entschädigung, kritisierte Volksanwalt Bernhard Achitz in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 7. Oktober. Er fordert Bildungsminister Martin Polaschek auf, dass auch die Republik wieder Entschädigungen zahlt.

Vor allem gehörlose Kinder aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland waren in den „Taubstummenanstalten“ in Wien-Speising und Kaltenleutgeben (NÖ) untergebracht – das waren aber Bundeseinrichtungen. Wer dort Opfer von Gewalt wurde, hätte eine Entschädigung bekommen, wenn sie oder er bis 31. Dezember 2019 einen Antrag gestellt hätte. Volksanwalt Achitz: „Es ist dringend notwendig, dass der Bund wieder Entschädigungen auszahlt, denn viele Betroffene haben erst nach 2019 von der Möglichkeit erfahren. Oder sie haben davon gewusst, waren aber aus Angst vor Retraumatisierung erst später in der Lage, sich ihren Qualen nocheinmal zu stellen und einen Antrag abzugeben.“

Heimopferrente kann auch unabhängig von der Pauschalentschädigung beantragt werden

Unabhängig von der Entschädigung, die vom Heimträger bzw. dessen Rechtsnachfolger bezahlt wird, haben Betroffene auch die Möglichkeit, eine Heimopferrente zu beantragen. Diese Geste der Anerkennung durch die Republik Österreich in der Höhe von monatlich 367,50 Euro wird von der Volksanwaltschaft organisiert. Volksanwalt Bernhard Achitz: „Rufen Sie die Volksanwaltschaft unter 0800 223 223 an, wir erklären Ihnen, was Sie tun müssen, um die Rente zu beantragen, und beraten Sie auch, wenn es um Entschädigungen durch die Heimträger geht.“

El pasado miércoles, 4 de octubre, se celebró en la sede del Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa la primera sesión de trabajo entre el titular de la institución, Patxi Vera, y el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna. Esta cita contó también con la asistencia de Joseba Asiáin, Director General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, y de Susana Galilea, Jefa de Gabinete del Defensor.

Uno de los primeros puntos tratados en el encuentro fue el tema de la coordinación entre todos los departamentos que forman el Ejecutivo foral, una función que realizará esta Vicepresidencia Primera. Desde el Defensor se planteó la necesidad de esta coordinación en la medida en que facilitará la tramitación y gestión de aquellas quejas que se reciben y que tienen un carácter transversal que afecta a varios departamentos.

En segundo lugar, se abordó el estado en el que se encuentran los sistemas de atención a la ciudadanía. Vera detalló que, desde la irrupción de la pandemia, una de las quejas más recurrentes tiene que ver con las dificultades que rodean a la petición de cita previa.  En este sentido, el Defensor recordó que han sido ya varias las resoluciones que han recomendado al Gobierno de Navarra la eliminación de la cita previa como única vía para poder acceder a la Administración, planteando la necesidad de recuperar la misma atención ciudadana que existía antes de la pandemia, retomando toda la atención presencial sin restricciones.

Otro de los temas tratados fue el de Igualdad. En este punto, el Defensor del Pueblo recordó que, mediante una resolución, ya puso de manifiesto la necesidad de contar con una “Ventanilla Única” para tramitar todas las acreditaciones para mujeres víctimas de violencia, con el fin de evitar la revictimización que supone para la víctima el hecho de tener que revivir su historia de sufrimiento ante las distintas instancias administrativas que atienden este tipo de denuncias. El Vicepresidente confirmó que está previsto llevar a cabo esta iniciativa.

Finalmente, el Defensor saludó la decisión del Ejecutivo foral de crear próximamente el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, como cauce de participación de los menores. En este sentido, Patxi Vera expuso que, durante los últimos meses, la institución viene desarrollando un trabajo especial relacionado con los menores en situación de riesgo y de vulnerabilidad, que culminará con la participación en las XXXVI jornadas de coordinación de Defensores de Pueblo que, con esta temática, tendrán lugar el próximo mes de noviembre en Barcelona.