El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha decidido abrir una queja de oficio a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo con el fin de investigar y supervisar las incidencias en las adjudicaciones de las plazas de profesorado en los distintos centros docentes públicos en el inicio de curso académico 2023/2024.

La actuación del Síndic, que también tiene la condición de Defensor de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, persigue averiguar si se han vulnerado los derechos constitucionales y estatutarios de los menores a una educación de calidad e igualitaria.

En consecuencia, esta institución ha solicitado a Educación información sobre las siguientes cuestiones:

• – Si las plantillas de personal docente del curso 2023/2024 de los centros públicos a fecha actual están cubiertas. En caso negativo, la previsión temporal para subsanar esta deficiencia.
• – Relación de las plazas vacantes sin cubrir existentes en la actualidad, determinada por centro docente público.
• – Relación de las plazas actualmente sin cubrir por bajas o ausencias del personal titular de las mismas.
• – Causas en los retrasos en los procesos de adjudicación de puestos docentes:
  • • • Adjudicaciones de inicio de curso, personal interino.
      • Adjudicaciones continuas, personal interino.
      • Adjudicaciones de destino para funcionarios de carrera y personal en prácticas.
      • Adjudicaciones proceso de estabilización.
• – Medidas adoptadas para solventar los obstáculos que han impedido cubrir las plazas.
• – Concreta previsión temporal en su caso, para cubrir los puestos de docentes vacantes.
• – Si el profesorado especialista de Formación Profesional se ha incorporado a los centros. En caso negativo, previsión temporal.
• – Si está prevista la incorporación de personal docente en los cursos de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria para dar cobertura a la ampliación del horario lectivo en dos horas. En caso negativo, las medidas adoptadas o previstas para garantizar la formación al alumnado durante estas horas.
• – Medidas adoptadas y previstas para que el alumnado recupere las clases que se han dejado de impartir desde el inicio del curso por falta de profesorado.

A partir de ahora, la Conselleria debe responder al Síndic con la información solicitada en el plazo de un mes, que podrá ser ampliado a otro más si lo solicita de forma justificada.

Consulta la Resolución de inicio de queja de oficio sobre este asunto

Es necesario mantener la atención presencial y reforzar el acompañamiento digital de las personas físicas que voluntariamente quieran relacionarse con la Administración por canales electrónicos, así como de las personas jurídicas que deben optar obligatoriamente por esta vía

La síndica ha pedido a todas las administraciones públicas que la cita previa deje de ser un requisito obligatorio para acceder a sus oficinas de atención ciudadana y registro, porque obstaculiza el acceso de los colectivos vulnerables a los servicios

La futura ley catalana de procedimiento administrativo y régimen jurídico es una oportunidad para garantizar una administración digital inclusiva y regular el sistema de cita previa
 

En octubre de 2022 la síndica pidió a todas las administraciones que la cita previa dejara de ser un requisito obligatorio para acceder a sus oficinas de atención ciudadana y registro, recibir información o registrar documentación. La institución del Síndic de Greuges defiende que la cita previa es un buen instrumento para ordenar la atención a las personas, pero en ningún caso debe ser un paso previo imprescindible para ser atendido presencialmente en las oficinas de atención ciudadana y en el registro, ya que en la práctica esta obligatoriedad impide o dificulta el acceso a la atención y a los servicios públicos de buena parte de la población, especialmente las personas mayores o los colectivos vulnerables. Asimismo, la vía electrónica no puede ser el único canal para obtener cita previa para acceder a las oficinas de atención ciudadana.

La institución ha realizado un seguimiento de la aceptación que han tenido estas recomendaciones por parte de las administraciones catalanas. De las respuestas obtenidas de las administraciones, se desprende que son pocas las que siguen considerando la cita previa un requisito imprescindible para acceder a la Administración. En esta línea, es especialmente relevante que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat lo hayan eliminado, dado que son las dos administraciones que atienden a un mayor número de personas. La institución sigue recogiendo información para conocer con exactitud qué administraciones todavía la utilizan, para dirigirse a ellas y reiterarles la necesidad de eliminar la obligatoriedad de este trámite.

Por lo que respecta a la progresiva digitalización de la Administración, la síndica ve imprescindible que vaya acompañada de instrumentos de asistencia y apoyo a la ciudadanía. En este punto, recuerda que las personas y los colectivos que no están obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos tienen derecho a realizar los trámites de forma presencial. Y respecto a los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente, pide a las administraciones que revisen periódicamente que dispongan de los recursos y los conocimientos para ello.

En este contexto, la síndica considera que el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas catalanas, actualmente en trámite, puede ser una buena oportunidad para reforzar una administración digital más inclusiva, que refuerce la atención presencial y garantice el acompañamiento a las personas en la tramitación digital, y que, a su vez, también vaya un paso más allá e incorpore una regulación específica del sistema de la cita previa, que especifique que en ningún caso puede ser un requisito obligatorio.

The People’s Advocate sent two requests to the Secretary General of the United Nations and the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe in order to fulfill his mandate. The requests informed the high officials about the current situation regarding the respect of human rights in the Transnistrian region. The Ombudsman also communicated about the actions undertaken by the National Human Rights Institution to monitor the respect of human rights in the territories not controlled by the constitutional authorities.

It was specified that NHRI, in the year 2022, received the consent of the separatist authorities to undertake two monitoring visits in the detention institutions. However, it is highlighted that access to the separatist region remains prohibited for the People’s Advocate and for the entire Human Rights Institution.

The Ombudsman drew the attention of the international institutions to the fact that with the start of the armed conflict between the Russian Federation and Ukraine, the human rights situation in the Transnistrian region experienced a considerable deterioration. The separatist authorities forbade contact with the constitutional authorities and instituted a criminal penalty for such actions. At the same time, the assassination of political leaders in the region remains a perpetual risk for people who want to assert themselves in the public space.

In light of the above, the Ombudsman requested the international officials to establish a new monitoring procedure, including through the establishment of a new Special Rapporteur on Transnistrian issues. The Office of the People’s Advocate will provide all the necessary support if the requested institutions do not comply with the request.

Ayer la Valedora do Pobo recibió en la institución a representantes de la asociación “O fogar das Mulleres” de Boiro. Su presidenta, Verónica Alvarez Martín, acompañada por dos integrantes de la asociación, nos trasladó sus inquietudes y problemas como víctimas de violencia de género.

The Complaint

We launched an investigation after Mr B complained that the Health Board failed to provide appropriate and timely treatment to his wife (Mrs B) after she was admitted to hospital with suspected appendicitis.

Our Investigation

We found:

• a failure to provide Mrs B with the expected level of care after the surgery to remove her appendix
• a failure to identify the underlying cause of Mrs B’s breathing difficulties and to provide appropriate and timely treatment
• a failure to recognise signs that Mrs B’s condition was deteriorating and to take appropriate action
• that, on a balance of probabilities, Mrs B’s cardiac arrest and lengthy admission to the Intensive Care Unit would likely have been avoided if she had received appropriate care.

We were concerned that these events took a considerable toll on Mrs B’s physical and mental wellbeing. Mrs B had been left with health and mobility problems that she would not have expected to have to cope with in her 50s and which may significantly limit her quality of life for years to come.

We believed that Mr B had also suffered significant injustice through the distress he experienced during his wife’s admission and afterwards, in adapting to the need to provide ongoing physical and psychological support to her.

“Own Initiative” Investigation

During the investigation, a concern arose that the Health Board had failed to arrange appropriate follow-up and treatment for Mrs B in response to a scan in September 2017.  As a result, we used the recently introduced “own initiative” power to extend the investigation to look at the concern, of which Mr and Mrs B had been entirely unaware.

The “own initiative” investigation found that, in response to the scan result, the Health Board should have arranged to remove Mrs B’s appendix but failed to do so.

As a result, there was a missed opportunity to avoid the deterioration in Mrs B’s health which occurred after she developed appendicitis in 2019.

Commenting on the report, Public Services Ombudsman for Wales, Michelle Morris, said:

“This sad case demonstrates why the “own initiative” power is needed, in the public interest, and for individuals who come to our office.

Mr and Mrs B were entirely unaware of the missed finding on the CT colonography, and the problem was not identified during the Health Board’s own investigation of the complaint. Had my office not started an “own initiative” investigation to consider this, this significant failing leading to serious injustice to Mr and Mrs B would otherwise not have come to light.”

Recommendations

We recommended that Betsi Cadwaladr University Health Board should apologise to Mr and Mrs B and pay them £10,000 to reflect the serious injustices arising from the missed CT colonography finding in 2017 and the poor post-operative care in 2019.

We also recommended that the report should be shared with the First and Second Consultants for the purposes of reflection and discussion at their next annual appraisals, in addition to providing evidence to her office that the report has been discussed at a surgical clinical governance meeting and appropriate learning points shared with relevant clinical teams.

To read the full report, click here.