The Ombudsman submitted a request to the Constitutional Court for a declaration of unconstitutionality, with general binding force, of rules contained in Law 45/2012, of 29 August, which approves the legal regime for access to and exercise of the profession of driving examiner and the recognition of training bodies.

The provisions in question are article 4(b) of the law, according to which driving examiners cannot be driving examiners if they have been convicted of a crime committed in the exercise of the profession of driving examiner by a final judgement, and the second part of article 21 of the same law, according to which driving examiners who have been convicted of a crime committed in the exercise of the profession of driving examiner by a final judgement will have their credentials cancelled.

It is understood that the rules violate the provisions of Article 30(4) of the Constitution of the Republic, according to which no penalty necessarily entails the loss of any civil, professional or political rights. Subsidiarily, it is also understood that the same rules establish restrictions on the exercise of the fundamental freedom to choose a profession (Article 47(1) of the Constitution) and the right to work, in its negative aspect (Article 58(1)), and do not comply with the proportionality requirement arising from Article 18 of the Constitution.

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La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, se reunió con la Asociación LGTBI para conocer la situación del colectivo

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con el presidente de la Asociación Colectivo LGTBI ‘Marikas Rurales’, Daniel Alemán, el secretario, Eduardo Manzano, y el vicesecretario, Rafael Mancebo, quienes denuncian el incremento en un 70% de las acciones homófobas en España.

Daniel Alemán denuncia que “a día de hoy el protocolo que existe ante los ataques homófobos es insuficiente”. Asimismo, reclama la necesidad de visibilizar lo que sucede en el colectivo dado que “lo único que hacen ante los ataques homofóbicos es poner pequeñas multas que provocan que se repitan esos actos”.

Desde la Asociación Colectivo LGTBI solicitan que “la Ley se endurezca y estricta en cuanto a los ataques homófobos, queremos que se preste atención al Colectivo y que hagan visible estos actos a la ciudadanía”. Además, trasladaron la necesidad de “crear un departamento jurídico independiente en el Gobierno de Canarias para personas LGTBIQ+”.

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, por su parte, señaló que “nos ponemos a disposición del Colectivo para tramitar actuaciones concretas o asesoramiento que necesiten como organización. Además, añadió que “en la Diputación del Común no sólo tramitamos quejas, sino que asesoramos. Esta reunión es el comienzo de una línea de trabajo que será continua en el tiempo”.

Un ciudadano presentó una queja ante el Ararteko en la que mostraba su disconformidad ante la imposibilidad de efectuar un trámite de alta en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Bilbao a través de medios electrónicos.

El Ararteko remitió una solicitud de información que fue adecuadamente respondida y, posteriormente, dirigió una recomendación en la que se conminaba a la administración local a habilitar el trámite electrónico de alta en el padrón municipal de habitantes en su sede electrónica con objeto de facilitar el pleno ejercicio de derechos y obligaciones de la ciudadanía a través de medios electrónicos. 

Asimismo, para los supuestos en que la persona interesada elija la vía presencial para efectuar el trámite administrativo de alta padronal, se recomendaba revisar la imposición de la cita previa y reconducir su reserva obligatoria a una mera sugerencia que quede a la libre elección de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Bilbao ha aceptado recientemente la recomendación formulada por el Ararteko y reconoce la oportunidad de cumplir las instrucciones técnicas dictadas por la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística expuestas en la resolución y facilitar la posibilidad de solicitar por medios electrónicos el alta en el padrón del municipio de destino ante un cambio de residencia.

RESOLUCIÓN 

Vitoria-Gasteiz, 12 de septiembre de 2023

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para los niños y niñas huérfanos por la violencia de género y sus familias; un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.

“La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero sí deben ayudar a estos niños y niñas a superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno”, ha enfatizado Jesús Maeztu en la entrega al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2022, que incluye como capítulo relevante un estudio sobre la infancia huérfana por la violencia de género.

Jesús Maeztu ha considerado que “estos niños y niñas necesitan una atención propia, especializada y adaptada a sus características y necesidades específicas” porque, además, “les ha tocado vivir uno de los mayores dramas a los que se puede enfrentar el ser humano: en muchas ocasiones, ser el hijo o hija del asesino de su madre”.

Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de este informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 12 menores (6 de ellos en agosto) se han quedado huérfanos desde febrero en Andalucía, por lo que se trataría de 87 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma en estas dos décadas.

El Defensor ha identificado varios retos a mejorar por las administraciones públicas para garantizar recursos y protección a estas víctimas, como serían entre otros una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial.

En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor ha destacado la nueva regulación de la pensión de orfandad, con una incidencia baja de este tipo de beneficiarios hasta ahora, y ha señalado diversas ayudas autonómicas para huérfanos por violencia de género menores de edad en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, de la que sin embargo carece Andalucía. Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.

En cuanto al estado de la infancia andaluza, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, “una asignatura pendiente que no permite más demora”. En coincidencia con el inicio del curso escolar, Maeztu se ha centrado en la persistencia de carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y su preocupación por las conductas violentas en las aulas.

Por último el Defensor de la Infancia ha resaltado otros problemas como el acceso a la vivienda; los cortes de luz; la protección del medio ambiente; los estereotipos sobre los menores migrantes; y el incremento de las notificaciones sobre malos tratos a menores de edad. Maeztu ha avanzado que las situaciones de riesgo en la infancia serán objeto de la próxima jornada de coordinación de las Defensorías del estado y autonómicas, organizadas en noviembre por la Sindic de Greuges, y cuyos talleres preparatorios se celebrarán a partir de la próxima semana en Sevilla.