40 años del Defensor del Pueblo andaluz. Artículo de Opinión.

Date of article: 01/12/2023

Daily News of: 01/12/2023

Country:  Spain - Andalucía

Author: Regional Ombudsman of Andalucía

Article language: es

En 1983, constituido nuestro Parlamento, los andaluces y andaluzas comenzábamos a comprobar en qué consistía la tan reivindicada autonomía con la aprobación de leyes que suponían avances casi inauditos para la ciudadaníaEse diciembre, el día 1, el pueblo andaluz se dotó de una herramienta destinada a garantizar los derechos y las libertades, con la aprobación de la ley del Defensor del Pueblo andaluz, en cumplimiento de la Constitución Española y del Estatuto de AndalucíaNuestra ley, la primera de todas las autonomías, calcó en la práctica el texto original del homólogo nacional, que continúa vigente en la función de «garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en relación al funcionamiento de la Administración Pública, siempre al servicio de los intereses generales que representa como consecuencia de su legitimación democrática».

Esta institución decana en España cumple hoy 40 años con un balance de más de 430.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos. Hemos emitido más de 15.000 resoluciones en las que hemos exigido a la Administración autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; hemos recomendado cambios normativos; y hemos sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores o las personas con otras capacidades.

Sé bien de lo que hablo. He dedicado una etapa muy importante de mi vida y de mi trayectoria profesional -más de 50 años de servicio público- a esta Institución. En la década de los 90 como adjunto primero y entre 1994 y 1996 como Defensor en sustitución del entonces titular. Hice de puente entre Manuel Conde Pumpido y José Chamizo, que consolidó esta figura hasta 2013 y a quien relevé en el cargo.

Conozco bien nuestra identidad y la misión encomendada. Somos nuestros valores, y esos son la independencia, la imparcialidad y la confidencialidad, que conlleva como órgano autónomo del Parlamento no depender de poder alguno; la autonomía de obrar por nuestro propio criterio, y la imparcialidad en la toma de decisiones, si bien, siempre he tenido en cuenta la máxima de Gandhi: “Cuando dudes, toma partido por el más débil y no te equivocarás”.

Pero esta institución debe aportar más valores: velar por la justicia y la equidad; garantizar la igualdad real y los derechos de los más desiguales; y evidenciar su compromiso con un perfil cercano, accesible y con procedimientos ágiles y flexibles como eje de sus actuaciones porque, como no me cansaré de repetir, “trabajamos con personas, no con tornillos”. Supervisamos la labor de las administraciones públicas, sí, pero también respecto a compañías privadas que garantizan intereses generales porque su carestía dificulta la vida de las personas, como son la privación de luz o agua en los hogares, entre otras.

Nos hemos desarrollado en este tiempo, asumiendo una protección específica de los derechos de los niños y las niñas como Defensor de la Infancia y Adolescencia, nueva denominación por ley para el Defensor del Menor de Andalucíacreado hace 25 años, en 1998, en la misma personaEsta evolución ha incorporado en los últimos años y de manera pionera en España la mediación administrativa como fórmula de resolución de conflictos, lo que supone otro avance en nuestra apuesta por la defensa de la cultura de paz.

La innovación sigue siendo uno de nuestros valores principales y nos hemos proporcionado como herramienta de trabajo una Estrategia 2021-2024 para adaptar nuestro trabajo a los desafíos futuros de la ciudadanía y de las democracias, como es el reto de la inteligencia artificial. También hemos adaptado nuestro trabajo cotidiano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030alineando la defensa de los derechos en base a tres ejes básicos: Personas, Planeta y Prosperidad, y Alianzas y Cultura de Paz.

Mucho hemos cambiado desde 1983. Tanto que, si las palabras conforman nuestra identidadlas reseñadas (independencia, imparcialidad, cultura de paz, igualdad, cercanía, mediación, innovación…) vienen a completar el texto de nuestra ley fundacional. Desde los albores de la democracia, esta institución ha avanzado a la par de la ciudadanía a la que defiende. Y hemos pasado de ser considerados un buzón de quejas, como algunos nos llamaron, a la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, desde Andalucía. Los años, así, bien cumplidos están.

 
 

 

Read more

IOI Ombudsman News 47/2023

Date of article: 01/12/2023

Daily News of: 01/12/2023

Country:  WORLD

Author: International Ombudsman Institute

Article language: en

 


 

Femicidios en Argentina

ARGENTINA | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Casi un femicidio por día según la Defensoría del Pueblo de la Nación

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo publicó las cifras preliminares de los femicidios ocurridos en Argentina hasta el 15 de noviembre de 2023, en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



» more information

» google translate
» google translate (Francais)

 

 

UK | The Northern Ireland Public Services Ombudsman releases an investigation report

The Northern Ireland Public Services Ombudsman investigated a complaint about a fall in the standard of care given to a young woman with complex medical needs when she turned 18. Through her childhood years, the Belfast Health and Social Care Trust delivered an effective care package to the young woman, who had learning difficulties and a life limiting illness. 



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

Report available now

AUSTRALIA | NSW infant and child death rates are declining overall but there are inequalities for some groups of infants and children

On 27 November 2023, the Biennial report of the deaths of children in New South Wales: 2020 and 2021, incorporating reviewable deaths of children, had been tabled in Parliament. The report details how infant and child mortality rates in NSW fell between 2007 and 2021.



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

Ombudsman Malera speaking at the symposium

MALAWI | Office of the Ombudsman takes part in Anti-corruption symposium

At the end of November 2023, the Office of the Ombudsman (OoO) in Malawi joined other governance and oversight institutions to attend the National Anti-Corruption symposium hosted by the Anti-Corruption Bureau (ACB).



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

 

MALTA | The Right to Good Administration discussed in Malta

From 31 October to 1 November 2023, Malta hosted a landmark event that brought to the fore a crucial topic in contemporary governance: "The Right to Good Administration: Myth, Aspiration, and Reality?" The conference, a collaborative effort between the Office of the Ombudsman in Malta and the Association of Mediterranean Ombudsmen, was a melting pot of ideas and experiences.



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

Rapport annuel du BOC

CANADA | Rapport annuel de 2022-2023 du Bureau de l’ombudsman des contribuables : Accent mis sur la Charte des droits du contribuable

Le 28 novembre 2023, l’ombudsman des contribuables du Canada, Me François Boileau, a publié son rapport annuel, Faire respecter vos droits, qui a été déposé à la Chambre des communes par Mme Iqra Khalid, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national. Le rapport fournit un aperçu des activités du Bureau de l’ombudsman des contribuables (BOC) entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.



» more information

» google translate
» google translate (Español)

 

OTO Annual report now available

CANADA | 2022-2023 Annual Report of the Office of the Taxpayers' Ombudsperson: Emphasis on the Taxpayer Bill of Rights

On 28 November 2023, Canada’s Taxpayers’ Ombudsperson, Mr. François Boileau, released his annual report, Upholding Your Rights, which was tabled in the House of Commons by Ms. Iqra Khalid, Parliamentary Secretary to the Minister of National Revenue. The report provides an overview of the activities of the Office of the Taxpayers’ Ombudsperson (OTO) between 1 April 2022 and 31 March 2023.



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

Los Defensores del Pueblo celebrando las Jornadas de Coordinación

ESPAÑA | Los defensores del pueblo piden más políticas de apoyo a las familias para prevenir situaciones de riesgo de los niños

El 23 y 24 de noviembre de 2023, tienen lugar en Barcelona las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre la protección de los niños en situación de riesgo o desamparo, organizadas por el Síndic de Greuges de Cataluña.



» more information

» google translate
» google translate (Francais)

 

XXXVI Jornadas de Coordinación de Defensores

ESPAÑA | Ángel Gabilondo solicita que se desarrolle la figura del coordinador de bienestar y de protección en los centros educativos como recoge la Ley de Infancia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó el 24 de noviembre de 2023, que se desarrollen las figuras que recoge la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia Frente a la Violencias (LOPIVI), como la del coordinador de bienestar y protección que deben tener todos los centros educativos.



» more information

» google translate
» google translate (Francais)

 

 

NIGERIA | Strengthening partnerships: PCC engages Anambra state Ministry of Environment in addressing environmental challenges

On 6 November 2023, the Honourable Federal Commissioner Public Complaints Commission, Anambra State, Hon. Lolo Emelda Nwajiofor-Okoli, led a delegation on a courtesy visit to the Honourable Commissioner for Environment, Engr. Dr Felix Odumegwu, at the Ministry of Environment, State Secretariat complex, Awka. Hon. Nwajiofor-Okoli engaged the Commissioner for Environment on the crucial role of the Public Complaints Commission as a watchdog for addressing administrative grievances affecting Anambrarians.



» more information

» google translate (Francais)
» google translate (Español)

 

La muestra fotográfica

BRASIL | La Defensoría Pública de la Unión de Brasil presenta muestra fotográfica en Argentina

La Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), la Embajada de Brasil en Buenos Aires y el Instituto Guimarães Rosa, inauguró, en 21 de septiembre de 2023, la muestra fotográfica CASA en la sede del IPPDH - Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.



» more information

» google translate
» google translate (Francais)

 

Rapport annuel

FRANCE | Le Défenseur des droits publie son rapport annuel sur les droits de l’enfant 2023

En France, le Défenseur des droits est chargé de veiller, entre autres, missions aux droits des enfants, et publie chaque année un rapport sur les droits des enfants. Le 15 novembre, le Défenseur des droits a publié l’édition 2023, consacrée au droit aux loisirs, au sport, et à la culture.



» more information

» google translate
» google translate (Español)

 

Presentación del programa de extensión de la UNR

ARGENTINA | La Defensoría, junto a la UNR para trabajar sobre problemáticas auditivas

El defensor del Pueblo a cargo, Gabriel Savino, participó de la presentación del programa de extensión “Problemáticas auditivas y sus avatares en la subjetividad”. Profesionales de la institución debatieron sobre políticas y estructuras públicas destinadas al sector.



» more information

» google translate
» google translate (Francais)
Read more

Hospital staff failed man living with HIV by unnecessarily delaying surgery

Date of article: 01/12/2023

Daily News of: 01/12/2023

Country:  United Kingdom

Author: Parliamentary and Health Service Ombudsman

Article language: en

A hospital that unnecessarily delayed a man’s surgery at the last minute because he had HIV failed in their care, according to England’s Health Ombudsman.

The 48-year-old from Walsall, who does not want to be named, had been due to have prostate surgery at Walsall Manor Hospital on 10 March 2020.

His surgery was scheduled to be the first of the morning. As he was about to enter the operating room, he was told that due to his HIV status his surgery would now be moved to last on the operating list that afternoon.

The hospital claimed that this was due to the level of cleaning and infection control that would need to take place following his surgery to reduce the risk to others.

However, the Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO), found that Walsall Healthcare NHS Trust acted inappropriately and failed the man.

This is because the universal precautions that apply to all patients having surgery are enough to protect and prevent infections from spreading among patients and staff. Therefore, no additional cleaning should have been necessary.  

The policy of placing a patient at the end of an operating list usually relates to patients with a high-risk bacterial infection. It should not be applied to a person who has HIV and is receiving treatment.

The Ombudsman also found that although the Trust had made some changes since this happened, they had not done enough to make sure the same mistake did not reoccur.

PHSO recommended the Trust apologise to the man and create an action plan to stop this happening again. The Trust has complied with these recommendations.

Rob Behrens, Parliamentary and Health Service Ombudsman, said:

“People living with a long-term health condition, such as HIV, are protected under the Equality Act. This means that anyone living with the virus should not be treated differently.

“Moving the man’s surgery at the last minute because he had HIV, is not acceptable. A person with HIV deserves the same level of care and treatment as anyone else. The Trust’s actions were out-dated and simply wrong, which led to a distressing experience for him.

“The Trust has now put steps in place to stop this from happening again which shows how powerful making a complaint can be. Not only can raising a complaint reveal the truth of what happened and resolve the issue for the individual involved, it can also drive lasting change that helps others.”

The man, who has been living with HIV since 2007, said:

“I expected awareness about HIV and infection control to be better in the NHS. Having surgery is stressful enough, but being told as I was literally at the theatre doors that it was postponed due to my HIV status just made it much worse. I felt anxious, humiliated, and upset.

“I took my complaint to the Ombudsman and wanted to speak out about what happened because I don’t want anyone else to go through this.

“The Ombudsman has been fantastic but my experience at the Trust has been tough. I never wanted any financial compensation, and I haven’t asked for any. I just want to make sure this doesn’t happen again. The stigma and lack of education, especially among health professionals, about HIV has got to change.”

The man has also been supported by the National AIDS Trust who wrote to the hospital Trust to share their concern that putting patients with HIV to the end of their daily operating lists could be discriminatory.

Deborah Gold, Chief Executive at National AIDS Trust, said:

“We’re pleased that the Health Ombudsman has made clear that the Trust failed in their care in this case. We hope that this will lead to change and mean that people living with HIV will never again have a similar experience at this Trust.

“This case shows how HIV stigma can get in the way of respectful, non-discriminatory care for people living with HIV. It’s essential that healthcare providers, and all organisations, make sure their policies and practices are based on up-to-date science and understanding of the needs of people living with HIV. Sadly this case was only escalated to the Health Ombudsman after the Trust failed to change their policies, despite us highlighting the issue to them. It is everyone’s responsibility to reduce HIV stigma and that starts with being open to learning and making changes to make sure that services are genuinely inclusive spaces for people living with HIV.”

Read more

Gleichstellung darf kein leeres Versprechen sein

Date of article: 01/12/2023

Daily News of: 01/12/2023

Country:  Austria

Author: Austrian Ombudsman Board

Article language: de

„Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben haben wie alle anderen Menschen auch. Gleichstellung darf kein leeres Versprechen sein“, betonen die drei Volksanwälte Bernhard Achitz, derzeit Vorsitzender der Volksanwaltschaft, Gaby Schwarz und Walter Rosenkranz anlässlich des „Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung“ am 3. Dezember. Sie appellieren an mehr Engagement der Politik, um bestehende Barrieren zu beseitigen.

Die Volksanwaltschaft ist regelmäßig mit den Problemen der betroffenen Menschen konfrontiert. Die Themen reichen von der fehlenden baulichen Barrierefreiheit über fehlende Angebote an Persönlicher Assistenz oder Gebärdensprache-Dolmetsch, bis zu Schwierigkeiten mit dem Schulsystem, wo inklusive Bildung in vielen Fällen nur ein leeres Versprechen ist. Außerdem ist die Volksanwaltschaft bei der Präventiven Menschenrechtskontrolle mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen befasst. Hier ist der Personalmangel einer der wesentlichsten Gründe für Menschenrechtsverletzungen.

Achitz: Weg vom Almosen, hin zum Anspruch!

„Österreich bekennt sich zur UN-Behindertenrechtskonvention, aber in der Umsetzung gibt es noch enorme Lücken“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz. Das sieht die Volksanwaltschaft an den Beschwerden Betroffener, und das wurde auch bei der Staatenprüfung durch die UNO heuer in Genf festgestellt. „Menschen mit Behinderungen können zwar viele Unterstützungsleistungen bekommen, aber sie haben keinen Rechtsanspruch darauf. Österreich muss weg vom Almosen, hin zum Anspruch!“ Benachteiligungen gibt es etwa am Arbeitsmarkt, wo Menschen mit Behinderungen oft nur ein Taschengeld statt Lohn bekommen.

Rosenkranz: Recht auf 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit Behinderungen

Kinder mit Behinderung brauchen nach Ende der Schulpflicht eine Genehmigung der Bildungsdirektion, um noch ein freiwilliges 11. oder 12. Schuljahr anhängen zu dürfen. Eltern, die für ihr Kind keinen solchen Schulplatz mehr zugeteilt bekommen hatten, wandten sich wiederholt an Volksanwalt Walter Rosenkranz. „Wenn sich Österreich als behindertenfreundliches Land zeigen möchte, wäre hier die Gelegenheit, den Betroffenen den Besuch des freiwilligen 10. Schuljahrs zu ermöglichen“, sagt Rosenkranz und regt eine Gesetzesänderung an, um solche Probleme künftig zu verhindern.

Schwarz: Echte Barrierefreiheit statt Läuten an der Hintertür!

„Barrierefreiheit bedeutet auch Selbstbestimmtheit für die Betroffenen. Ohne fremde Hilfe in ein Amtsgebäude zu kommen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder einfach in die eigenen vier Wände zu gelangen, das sind simple Wünsche, die jedoch dieser Personengruppe oftmals verwehrt bleiben“, sagt Volksanwältin Gaby Schwarz. Oft wird der Denkmalschutz als Argument vorgeschoben, dass Menschen mit Behinderung bei Hintertüren anläuten müssen. „Bei allem Verständnis für den Denkmalschutz - ein Seiteneingang ist und bleibt ein Seiteneingang. Das ist nicht, was ich unter Inklusion verstehe. Wenn wir öffentliche Gebäude tatsächlich behindertengerecht machen wollen, müssen wir findiger bei Problemlösungen sein und uns fragen, was uns wichtig ist.“ Barrierefreiheit würde auch vielen anderen Gruppierungen zugutekommen, wie zum Beispiel Eltern mit Kinderwägen oder Personen mit Rollator.

Read more

(CoE) Europe 75 years after the Universal Declaration of Human Rights: A journey of progress, setbacks and persistence

Date of article: 30/11/2023

Daily News of: 01/12/2023

Country:  EUROPE

Author: CoE - Commissioner for Human Rights

Article language: en

Speech by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, at the event organised by the  German Institute for Human Rights (Deutsches Institute für Menschenrechte) and Evangelical Academy of Berlin (Evangelische Akademie zu Berlin) to mark the 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

Dear Beate, ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to join you today to contribute to the discussion about the state of human rights in Europe 75 years after the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

When the UDHR was adopted, the human rights landscape in Europe was very different. The death penalty was commonly legal, and the aftermath of the Second World War left hundreds of thousands of people awaiting repatriation or resettlement. At that time, countless refugees were fleeing across the Iron Curtain, homosexuality was still criminalised and women had not yet gained the right to vote in many countries.

Today, the edifice of human rights is home to many more people, freed from oppression and poverty and empowered to live the lives they want. However, the construction of this building, remarkable as it is, remains incomplete.

Current challenges

Several challenges have opened serious cracks. A disturbing trend I have observed in many member states is that human rights are not only being violated in practice, but their fundamental legitimacy is increasingly questioned – and sometimes actively undermined.

Along with a failure by states to address structural problems that lead to the violation of human rights we are increasingly witnessing a trend of disregard for the fundamental principles of international human rights law. This situation represents not merely a departure from legal obligations, but a worrying shift away from the core principles that have long been the bedrock of our collective human dignity and international cooperation.

If left unaddressed it may lead us down a dangerous path. Russia’s illegal and brutal war against Ukraine is a tragic cautionary tale of what can happen when a state defies international law, ignores human rights standards and undermines established rules for the maintenance of international peace.

This is an extreme case, of course. However, there are signs of challenges to the most basic human rights standards of our Organisation in several member states.

During my tenure as Council of Europe's Commissioner for Human Rights, I have warned member states about the steady erosion of the rule of law. Governments are increasingly flouting court rulings and human rights obligations, undermining the independence, impartiality and authority of the judiciary. At the same time, legislative bodies are often reduced to mere figureheads, and national human rights structures and public media are weakened or captured.

The COVID-19 pandemic has accelerated this worrying trend. Many governments have circumvented established democratic procedures on grounds of managing a public health crisis and emergency powers. This has led to a significant disruption in the balance of power. Extraordinary measures adopted in response to the pandemic often involved derogations that bypassed legislative and judicial oversight, severely undermining the principles of democratic accountability.

In parallel, a growing indifference or even hostility to human rights is developing. A contributing factor to this, in my view, is the pervasive sense of frustration, uncertainty and insecurity felt by many in Europe. Such feeling is often fuelled by growing inequalities, perceived threats to cultural or national identities, and the prioritisation of corporate interests over the social and economic rights of the wider population. As a result, some people feel alienated from human rights, perceiving them as irrelevant to their daily lives or exclusive to certain groups.

These concerns are legitimate and require attention. However, some national authorities misinterpret this frustration as a call for diminished human rights and authoritarian governance.

Such responses are not only harmful. They actively dismantle key components of human rights protection, profoundly affecting millions of people.

Consider the situation of women in many European countries. They face widespread violence and a barrage of misogynistic rhetoric, both of which are symptomatic of deep-seated gender inequalities. In addition, women face significant barriers to exercising their sexual and reproductive health and rights. They are confronted with discrimination in many fields of life, not least at work, a reality highlighted by the persistent gender pay gap throughout Europe.

These challenges are reinforced by anti-gender movements that promote misleading narratives against women’s rights and gender equality and perpetuate harmful gender stereotypes about the roles of women and men in society.

This escalating climate of hostility is symptomatic of a wider problem of polarisation in society. A particularly stark manifestation of this is the widespread and intense intolerance faced by LGBTI people. They face a range of threats to their dignity, safety and fundamental freedoms. The existence of restrictions on freedom of assembly and association, obstacles to legal gender recognition, and the lack of adequate protection at public events are clear indicators of the failure of state authorities to fulfil their commitments and legal obligations with regard to LGBTI people.

Instead of addressing and resolving these critical issues, some politicians exacerbate the situation by manipulating them. They capitalise on and, in some cases, actively fuel this wave of intolerance. Key aspects such as the legal recognition of same-sex couples and their right to family life are being used as tools in this divisive strategy. This deepens the chasm of intolerance and discrimination against LGBTI people in society.

Another group of people who are increasingly denied the enjoyment of the principles of the UDHR are migrants, asylum seekers and refugees. Despite the existence of laws and standards protecting their rights, many European countries have resorted to increasingly restrictive policies and laws that disregard their human dignity and rights. Pushbacks, inadequate responses to the tragedy of people dying at sea, undignified reception conditions and restrictive family reunification are all examples of a race to the bottom in which many European countries are participating.

This race to the bottom has been characterised by an increasing political instrumentalisation of migration for electoral purposes, as well as the dehumanisation of those trying to make their way to Europe.

By now we should have learned that this dehumanisation only causes suffering. States around the world have built institutions to prevent or neutralise hatred, racism and extremism, in an attempt to give substance to the principles enshrined in the UDHR. Yet, the alarming resurgence of racism, antisemitism, and discrimination in Europe is a stark reminder that this attempt has only been partially successful.

The regular desecration of Jewish cemeteries, the rising tide of antisemitic hate crimes, including the targeting of Jewish families and businesses, the physical assaults on Jews and Jewish symbols are daily reminders that these undemocratic and illiberal forces are alive and well.

And they are not only targeting Jews. Muslims are also experiencing a significant deterioration in their social acceptance and safety, enduring assaults, vandalism of mosques, discrimination in employment and housing, and racial profiling.

The spill-over effect in Europe of the conflict in Gaza is clear, with attempts by some to legitimise and promote in this context prejudice, hatred and division. This is a decisive moment in which member states must show strong resolve to counter this spillover effect in our societies and demonstrate that hatred, violence and discrimination have no place in Europe. They also have the responsibility to ensure that responses to this situation respect our fundamental democratic values, including the rights to freedom of expression and peaceful assembly.

The picture of current challenges would not be complete without mentioning three other areas of concern that I have observed in my work.

The first is the deterioration of the safety and freedom of journalists and human rights defenders in a growing number of European countries.

Human rights defenders and journalists face a wide range of reprisals, such as judicial harassment, unfair prosecution and even illegal imprisonment. Their daily lives are disrupted by invasive searches, unwarranted surveillance and vicious smear campaigns. Intimidation and threats are rampant, and, in the worst cases, they have been physically harmed, abducted and some have even been killed. While the perpetrators are occasionally brought to justice, those who orchestrate these crimes often escape justice, thus fostering a climate of impunity that encourages further attacks. This situation perpetuates a vicious cycle of violence against human rights defenders and journalists that ultimately threatens democracy itself.

Another issue on which I have engaged with member states is the inadequate response they are giving to the profound impact of environmental degradation on human rights. Issues such as pollution, climate change and loss of biodiversity are not just environmental concerns. They are concrete, existential threats to human rights.

Regrettably, the response of member states falls far short of what is needed, as starkly illustrated by their approach to peaceful public protest. Citizens are increasingly calling for decisive action on climate change and environmental degradation. However, these legitimate demands are often met with repression. The use of heavy-handed police tactics and the criminalisation of peaceful activism undermines democratic principles, violates the rights to freedom of expression and of peaceful assembly, and exacerbates the human rights implications of environmental degradation.

The final challenge I would like to address today is the urgent need to regulate the development of digital technologies, in particular artificial intelligence (AI). The unchecked development of AI poses a formidable threat to a wide range of human rights and to the very fabric of democracy. We are facing a situation where AI could significantly undermine privacy, equality, freedom of expression and freedom of assembly, just to mention a few areas.

A particularly worrying aspect of AI is its ability to perpetuate and even exacerbate existing societal biases. Data-driven decision-making, while often perceived as neutral, can entrench pre-existing biases, leading to discriminatory outcomes. Furthermore, AI has the potential to spread misinformation and reinforce harmful stereotypes in ways that are subtle but profoundly impactful.

The urgency of establishing robust regulations for the design and application of AI cannot be overstated. Council of Europe member states have positive human rights obligations which entail the establishment of regulatory frameworks that effectively protect individuals from human rights violations, whether caused by private or public actors. This is a fundamental safeguard, particularly important in today’s highly technological world.

(...)

Read more