The Parliamentary Ombudsman visits psychiatric wards as part of his monitoring activities, and in that context he looks into the use of force and various forms of non-statutory interventions towards the patients.

In the Ombudsman’s 2022 Annual Report, you will find more about the Ombudsman’s focus on the legal framework for precisely the use of force and non-statutory interventions towards psychiatric patients.

The Annual Report also contains an interview with a consultant at a psychiatric ward who relates what it is like to be visited by the Ombudsman’s monitoring staff.

10 years with the Children’s Division

The Annual Report also contains an article about the Ombudsman’s Children’s Division, which celebrated its 10^th anniversary in the autumn of 2022. The article is about some of the Children’s Division’s most important cases as well as about the improvements in the rights of children that the Division has helped achieve.

In addition, the Annual Report contains a number of main points in some of the most important cases that the Ombudsman has dealt with in 2022.

The Annual Report also contains statistical information on the Ombudsman’s work.

Read the Parliamentary Ombudsman’s 2022 Annual Report here

Find more information about the Ombudsman’s work in 2022 at en.ombudsmanden.dk.

La institución del Defensor del Pueblo pide a las administraciones reforzar las medidas de prevención de incendios forestales y mejorar la resistencia y recuperación de los montes frente al fuego. Esta solicitud, que se concreta en recordatorios de deberes legales, se formula tras analizar la información recibida de las administraciones en respuesta a una veintena de actuaciones de oficio que la institución inició tras los graves incendios ocurridos el pasado verano, y la necesidad de comprobar el grado de cumplimiento de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en agosto de 2022 (Real Decreto- Ley 15/2022). La implantación de las medidas propuestas, según la información recibida, requiere de un impulso. “Sólo así se podrá hacer frente a uno de los principales problemas medioambientales del país: los incendios forestales como factor de degradación de los ecosistemas naturales”, considera la institución.

El Defensor del Pueblo señala, tanto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como a las comunidades autónomas y a las diputaciones forales, que “el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios. Y esto obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención”.

Para ello, se recuerda que “es necesario avanzar en la implantación de una gestión forestal sostenible y que es aconsejable incrementar la superficie forestal de calidad, donde la mezcla de especies autóctonas aumente la biodiversidad y genere masas forestales con mayor capacidad para recuperarse tras un incendio, e incide en que se ha de priorizar un uso racional del recurso que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales”.

Asimismo, desde la institución se subraya que “la planificación territorial y urbanística ha de preservar el uso del suelo forestal de la urbanización, y que las administraciones públicas tienen la obligación de ejercer rigurosamente la potestad de restablecer la legalidad urbanística con el fin de evitar que se consoliden urbanizaciones ilegales en los montes. Es crucial asegurar la coherencia entre política forestal y urbanística”.

Los recordatorios de deberes legales remitidos apuntan también que  “las administraciones públicas han de asumir y enfrentar el incremento de recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción, la indemnización de los daños y la restauración de los montes”.

Es, además, preciso disponer de un marco de actuación e intervención común y consensuado que garantice la coordinación de distintas administraciones y organismos públicos, así como el empleo eficiente de los recursos disponibles. “El fuego no entiende de fronteras ni de competencias por lo que se hace necesario disponer de un marco común que garantice una coordinación eficiente de las unidades de extinción. Las administraciones deben dotarse de equipos multidisciplinares convenientemente formados y capaces de intervenir, no solo en las acciones de extinción sino en la evaluación de las medidas de gestión que haya que aplicar en cada lugar”.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que adopte las medidas oportunas para reducir la demora existente en el Servicio de Traumatología del Hospital Francesc de Borja de Gandia. Y de manera general, que garantice una atención sanitaria que cumpla con los principios de eficacia y celeridad.

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja que presentó un ciudadano por la demora en ser atendido en el mencionado servicio, tras la petición de cita que había efectuado su médico de familia a finales de agosto de 2022. De acuerdo con el afectado, desde el SAIP le pedían que tuviera “paciencia” porque las citas del departamento de Traumatología llevaban bastante retraso.

La Conselleria de Sanidad, por su parte, contestó al Síndic que dicho departamento de salud procede a citar a los pacientes en base a la proporcionalidad de la demanda, la disponibilidad de los recursos humanos y especialmente en función de la valoración de prioridad de los facultativos en base a razones estrictamente clínicas. Asimismo, la administración sanitaria trasladó al defensor que la persona afectada había sido citada el 31 de mayo de 2023.

A pesar de que el problema planteado había sido resuelto y teniendo en cuenta que la salud es un elemento básico en la calidad de vida de las personas, el Síndic concluye en su resolución que aquellos pacientes que se ven obligados a esperar un elevado número de meses (en este caso, más de ocho meses) para recibir una atención especializada (traumatología en este caso) pueden ver interrumpida, durante ese periodo, la efectividad del derecho a la protección de la salud.

Es más, Luna insiste en que «los retrasos en la asistencia sanitaria, en la realización de las pruebas e intervenciones quirúrgicas necesarias, así como en la aplicación de tratamientos, hace que los pacientes afectados vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones, con la carga de soportar un importante menoscabo en su salud».

En definitiva, la excesiva demora en obtener una cita para ser valorado no se corresponde con la obligación del sistema sanitario público de garantizar una protección integral de la salud a sus ciudadanos en base a los principios de eficacia y celeridad.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

Grundsätzlich erfreut zeigt sich Volksanwalt Bernhard Achitz von der Ankündigung der Bundesregierung, Jugendlichen und Personen unter 25 Jahren, die bisher wegen fehlender Arbeitsfähigkeit keinen Zugang zum Arbeitsmarktservice hatten, diesen nun zu ermöglichen. Achitz: „Das entspricht einer Forderung der Volksanwaltschaft aus dem Sonderbericht ‚Keine Chance auf Arbeit - Die Realität von Menschen mit Behinderung‘. Die Volksanwaltschaft wird die Details bewerten, sobald ein Gesetzesentwurf vorliegt. Schon jetzt stellt sich aber die Frage, warum die Regierung nur für Jugendliche endlich eine Lösung vorsieht, nicht aber für erwachsene Menschen mit Behinderung.“

"Unbefriedigend und unzulässig" – so hat die Volksanwaltschaft (VA) bereits im Jahr 2019 die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt im Sonderbericht beschrieben. Hauptproblem: Wird die Arbeitsfähigkeit auf weniger als 50 Prozent klassifiziert, werden sie vom AMS nicht gefördert und nicht auf Arbeitsplätze vermittelt. Sie sind abhängig von Behindertenwerkstätten, wo sie nur unfall-, aber nicht voll sozialversichert sind. Volksanwalt Bernhard Achitz: „Sie sind angewiesen auf die Mitversicherung bei den Eltern. Im Alter bleibt ihnen dann nur ein Leben auf dem Existenzminimum – Pension gibt es für sie nicht.“

Für ihre Arbeit bekommen die Menschen in den Werkstätten keinen Lohn, sondern nur ein Taschengeld: „Das ist weder wertschätzend, noch entspricht es der tatsächlichen Abgeltung der dort geleisteten Arbeit und des besonderen Engagements der Menschen mit Behinderung“, sagt Achitz: „Besonders für junge Menschen ist die Situation schwierig, sie haben kaum eine Chance, sich ein selbstständiges Leben aufzubauen.“

Sozialministeriums-Studie seit 2022 ausständig

2020 hat der Nationalrat mit einem Entschließungsantrag einen ersten Schritt zur besseren Absicherung der Menschen in den Werkstätten gesetzt. Sozialminister Johannes Rauch hat eine Studie in Auftrag gegeben und deren Präsentation noch für 2022 angekündigt. „Bis jetzt wurde die Studie nicht veröffentlicht“, so Volksanwalt Achitz.

SERVICE: Die Volksanwaltschaft ist unter post@volksanwaltschaft.gv.at sowie unter der kostenlosen Servicenummer 0800 223 223 erreichbar

We recently had a case which we thought was a fantastic example of how good communication with all parties can lead to an early resolution. This example demonstrates that significant outcomes can be achieved for complainants without the need for long or detailed investigation.

In this case, the complainant was refused a disabled parking space. There were two elements to the decision, automatic criteria and a discretionary element if the automatic criteria were not met. The complainant did not meet the automatic criteria so the Council applied their discretion ultimately deciding that the complainant did not need the disabled parking space.

The complainant, who has a disability, felt that they were declined the parking space because of circumstances associated with their disability. SPSO asked the Council for clarity around the legislation they were making the decision under and the criteria they had in place.

Once we had reviewed what they sent, we were of the view that the Council had misunderstood their responsibilities and powers given by the Disabled Persons' Parking Places (Scotland) Act 2009.

In our view, the Council had conflated part of the legislation and that the complainant did indeed meet the qualifying criteria for a disabled parking space. Specifically, we found that the Council has misunderstood their powers to determine what constituted a ‘qualifying person’ in these circumstances.

We spoke to the Council about our views. They considered our comments and acknowledged the wording of their policy should be clarified to reflect the position we had suggested. They said that as well as amending their policy, they would apologise to the complainant and reconsider their application for a disabled parking bay.

We were ultimately able to close this case as resolved without the need for a potentially lengthy investigation. We are delighted that the Council has promised to take steps to put things right, and equally, that the complainant is happy with the outcome we were able to facilitate for them.