Findings published this month following investigation by the Ombudsman highlight the importance of good record keeping. This is particularly important in a health care setting where clear documentation and records are needed to show clear reasons for decision making.

This month we have published findings from 13 complaints that were investigated by the Ombudsman. Eight of these were about the Health sector, two about Health and Social Care, and three about Local Government. The outcome of these 13 complaints were:

• Fully upheld: 7
• Some upheld: 2
• Not upheld: 3
• Resolved: 1

We have also made 18 recommendations to public bodies following these investigations. Several recommendations published this month highlight the need to ensure clear documentation and records are kept of actions taken and reasons for decision making.

This months published findings also highlight the importance of following the Model Complaints Handling Procedure. In particular, it’s best practice that any organisation handling complaints ensure that they identity key aspects of the complaint and that the response to the complaint addresses these points. It’s also vital that systems are in place to ensure failings (and good practice) are used to drive service development and improvement.

All our published decision reports can be read in full on our website.

The Ombudsman Judge Emeritus Joseph Zammit McKeon attended and actively participated in a Meeting of the Technical Working Group on Asset/Interest Declarations on the 18 April 2023 organised by the Commissioner for Standards in Public Life within the context of the mission to Malta organized by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) with the aim of Improving the integrity and transparency framework in Malta. The meeting was presided by Commissioner Chief Justice Emeritus Joseph Azzopardi and was addressed by Policy Analysts from the Public Sector Integrity Division of OECD Pauline Bertrand and Alice Berggrun and also by OECD Consultant Kathryn Stone OBE, who was Parliamentary Commissioner for Standards of the House of Commons from January 2018 until December 2022.

In his submissions during the meeting, the Ombudsman stated that while he was looking forward to have vision of the findings/proposals that will be incorporated in the OECD experts final report, he called for a balanced approach to integrity and transparency issues that are being addressed in the OECD mission to Malta that takes into account the particular circumstances of the country.

Schwarz, Achitz und Rosenkranz stellen Jahresbericht vor – 26. April 2023, 10:30 Uhr

Volksanwältin Gaby Schwarz und die Volksanwälte Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz präsentieren den Jahresbericht der Volksanwaltschaft 2022 und geben anhand einzelner Beschwerdefälle und Wahrnehmungen Einblicke in die Prüftätigkeit der Volksanwaltschaft im Bereich der „Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie der „Präventiven Menschenrechtskontrolle“. 

Mit

• Volksanwältin Gaby Schwarz
• Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz
• Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz

Datum: Mittwoch, 26. April 2023, 10:30 Uhr

Ort:    Festsaal der Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1010 Wien und

im Live-Stream hier

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich willkommen.

Durante su mandato continuará los grandes proyectos que ya están en marcha

Considera que es necesario reformular el sistema protector

Ve necesario un pacto de país para combatir el acoso escolar
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas i Colomer, ha designado a Aida C. Rodríguez y Giménez adjunta para la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes, en sustitución de Maria Jesús Larios Paterna, que ocupaba el cargo desde el 2010 y que recientemente ha tomado posesión como nueva miembro del Consejo de Garantías Estatutarias.

Aida C. Rodríguez es doctora cum laude en Ciencias de la Educación con una tesis sobre justicia restaurativa y licenciada en Filosofía por la Universidad Ramon Llull (URL). Tiene el Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, en el que se especializó en filosofía política. Hasta la actualidad, ha trabajado principalmente en cuestiones relacionadas con la justicia restaurativa, los derechos humanos, el sistema penal, la ética y la justicia social.

Rodríguez ha manifestado su voluntad de continuar con el trabajo realizado hasta el momento por su predecesora en temas que han sido primordiales, como el Pacto contra la segregación escolar, y el trabajo llevado a cabo con el Decreto de educación inclusiva. Pero también tiene como prioridad la lucha contra la pobreza infantil, dado que casi el 30% de los niños están en riesgo de sufrirla. En este punto, Rodríguez defiende que el apoyo a un niño vulnerable pasa por mejorar el apoyo social a su familia y favorecer así que salga de la situación de riesgo.

Desde una mirada restaurativa, la nueva adjunta también quiere impulsar la escucha adecuada de los niños y adolescentes en todos aquellos ámbitos en los que los procesos de toma de decisiones les afecten, especialmente en el ámbito de la protección, en el que viven una situación de indefensión específica. Precisamente es en el sistema protector donde considera que se pueden introducir instrumentos que lo hagan más garantista y al mismo tiempo reducir el uso del recurso residencial promoviendo otras medidas de protección.

Como novedad, ha avanzado que la convivencia en las escuelas e institutos debe ser un objetivo prioritario de país y ha comunicado que trabajará para poner en marcha un pacto contra el acoso escolar que aglutine a todos los agentes implicados.

Tanto la síndica como la nueva adjunta han querido agradecer la extraordinaria implicación y el compromiso en la defensa de los derechos de los niños de la anterior adjunta, Maria Jesús Larios, a lo largo de toda su trayectoria en la institución del Síndic de Greuges. 

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad del Parlamento de Andalucía para informar sobre el balance de las principales quejas recibidas y las actuaciones desplegadas por la Institución en materia de discapacidad.

El Defensor ha hecho mención al Informe Anual 2022 y ha subrayado, en primer lugar, las acusadas dilaciones en la valoración, apreciadas a través de las quejas individuales recibidas, y que determinaron una investigación de oficio.

Asimismo, Jesús Maeztu ha destacado el desarrollo reglamentario de la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad, asuntos sobre los que esta Institución venía instando con insistencia desde hace años, y que ha encontrado respuesta normativa.

El Defensor ha apuntado también a la dotación de personal en los Centros de Valoración y Orientación, lamentando que no haya tenido lugar esta actualización de personal, y la ausencia de información sobre los tiempos medios de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad y la adecuación de los puestos de trabajo de los Centros.

Por ello el Defensor ha señalado que, “en la actualidad, nuestra Institución continúa asistiendo a la recepción diaria de multitud de quejas que describen demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado, unido a una falta de información sobre qué hacer y la desesperanza de no saberse asistido por lo que entienden un atropello en su esfera de derechos”.

“Contamos con testimonio de personas mayores con mal pronóstico vital, que no pueden esperar los tiempos de espera descritos, menores que precisan de intervención por parte de la Administración para poder acceder a recursos públicos y a las prestaciones pertinentes y, sobre todo, personas sin empleo cuya pretensión es la de poder contar con un instrumento que favorezca su inserción laboral, accediendo a los empleos reservados para quienes cuentan con dicho reconocimiento”, ha afirmado.

Entre otras cuestiones, el Defensor ha apuntado además a las reclamaciones para la obtención de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como ha llamado la atención sobre la función que desempeñan las instituciones tutelares de las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo y sus eventuales carencias, sobre lo que ha iniciado una actuación de oficio.