La adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, se ha traslado este miércoles al centro CEU-Virgen Niña de Vitoria para impartir una conferencia a alumnos de 4 de la ESO sobre el daño causado por ETA,  y la importancia del sacrificio de las víctimas de esa organización terrorista en defensa de la democracia y de la libertad.

En este encuentro con estudiantes también ha intervenido el director del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, que se refirió a los principios de memoria, dignidad y justicia aplicados a las víctimas del terrorismo y al trabajo del Defensor del Pueblo a favor de los derechos de las víctimas.

La síndica ha comparecido en el Parlamento vasco para explicar el modelo de lucha contra la segregación escolar de Catalunya

El Parlamento vasco trabaja en una nueva ley de educación y uno de sus objetivos es luchar contra este fenómeno
 

Hoy la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha comparecido ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco para explicar el Pacto contra la segregación escolar impulsado por la institución del Síndic y vigente en Cataluña desde marzo de 2019.

Esta comparecencia se produce en el marco de la elaboración de una nueva ley de educación vasca que recoge 43 medidas: trece de ellas están pensadas para luchar contra la segregación escolar y una recoge la voluntad de firmar un pacto contra la segregación escolar, siguiendo el modelo de Cataluña.

El Pacto contra la segregación escolar fue impulsado durante el mandato del anterior síndic de greuges, Rafael Ribó, que también ha comparecido en la Comisión para explicar el proceso que dio lugar al acuerdo y los principales compromisos adquiridos.

Giménez-Salinas ha empezado haciendo una radiografía del sistema educativo en Cataluña, comparándolo con el vasco, y ha explicado las causas de la segregación escolar. Cataluña tiene 1,4 millones de alumnos matriculados entre infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional, y esta cifra se ha incrementado considerablemente desde el año 2000 (más de 400.000 alumnos). Este incremento se explica fundamentalmente por el factor migratorio: durante el período 2000-2010 el porcentaje de alumnado extranjero pasó del 2,5% al ​​15%.

La escolarización de este alumnado se hacía en los centros con más plazas vacantes, que eran aquellos menos solicitados por las familias autóctonas, con una total inacción de las administraciones en la gestión del proceso de admisión de alumnado y sin aprovechar ninguno de los instrumentos disponibles para combatir estas prácticas.

Otro elemento causante de la segregación escolar que ha querido destacar la síndica ha sido el racismo estructural que impera en nuestra sociedad por diversas causas (históricas, demográficas, religiosas, socioeconómicas, culturales, entre otras). En este sentido, Giménez-Salinas ha manifestado que hoy en día no existe un buen modelo de acogida para la población inmigrante y que el País Vasco tiene una excelente oportunidad para crear un modelo de integración que logre garantizar la equidad y la cohesión social para fortalecer el ascensor social.

La síndica ha manifestado que la segregación escolar es una vulneración del derecho a la educación y que limita las oportunidades del alumnado para conseguir su máximo desarrollo. También tiene importantes efectos negativos sobre la cohesión social.

Ha explicado asimismo por qué es importante tener un instrumento como el Pacto y ha querido sacar a colación las dificultades encontradas hasta conseguirlo. Así, entre 2008 y 2016 los informes del Síndic evidenciaban que no se producían mejoras significativas en los niveles de segregación escolar. También se constataba que la Administración, durante mucho tiempo, no intervino, porque la lucha contra la segregación escolar a corto plazo implicaba tomar decisiones que rompían las dinámicas de actuación de los principales agentes educativos. De hecho, la síndica ha destacado que se necesitaron más de dos años para consensuar una visión compartida entre todos los actores. Pero hoy es evidente que el esfuerzo ha valido la pena.

En este sentido, uno de los principales logros ha sido la aprobación del Decreto 11/2021, que pone las políticas de gestión del proceso de admisión al servicio de la lucha contra la segregación e incorpora nuevos instrumentos para hacerla efectiva.

El Decreto ha permitido mejorar la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios locales existentes en la escolarización del alumnado, o crear una subvención para los centros públicos y concertados por cada uno de los alumnos con necesidades educativas específicas de la etapa de educación infantil I3 y primero de ESO.

Por último, la síndica ha manifestado ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco la necesidad de implicar al máximo número de administraciones y entidades en la elaboración del pacto, y ha hecho hincapié en la importancia de hacer un seguimiento para constatar en qué objetivos se avanza y en cuáles no.

Today, the Protector of Citizens, on his own initiative, and based on media reports that in the Belgrade neighborhood of Mirijevo, a father kept his child in isolation in an apartment in poor hygienic conditions for years, but also that the family has been on the records of the Belgrade City Centre for Social Work since the birth of the child, launched an investigation to control the legality and regularity of work of six competent authorities and, in the spirit of good cooperation, requested information and court decisions from the First Basic Court in Belgrade.

The Protector of Citizens requests from the City Centre for Social Work in Belgrade, two of whose departments – Palilula and Zvezdara – worked with the family, to provide him within 15 days at the latest with data on the activities of those departments in their previous work with the family, bearing in mind that the family was on the records of the centre since the birth of the child, as well as on the activities they undertook to protect the child after learning that the child was a victim of violence and parental neglect. The city centre should also provide information on whether the child attended a preschool program, whether she is now attending elementary school, and whether the guardianship authority has taken measures to enable the child to exercise her right to education.

The Protector of Citizens then asked the Zvezdara and Palilula health care centres to inform him within the same period whether the child was treated in these institutions, whether the health care workers have so far noticed signs of violence or parental neglect regarding the child's health status (among other things, whether she was properly vaccinated) and whether violence or neglect has been reported to other competent institutions.

The Protector of Citizens asked the Administration of the City Municipality of Zvezdara to inform him whether the child is attending an elementary school, whether she previously attended a preparatory pre-school program, and whether, in connection with this information, the Administration undertook activities within its jurisdiction if the child was denied the exercise of her rights to education and upbringing by the actions of her parent.

Also, the Protector of Citizens requested the Ministry of Family Welfare and Demography to carry out extraordinary expert supervision over the work of the City Centre for Social Work in Belgrade – Palilula and Zvezdara Departments, and to submit the results of the supervision to him no later than 15 days from the day it was conducted.

Also, the Protector of Citizens asked the Ministry of Interior to inform him within 15 days at the latest about the activities undertaken on reports in the previous period, as well as the activities undertaken after learning that the child was a victim of violence and parental neglect.

In the spirit of good cooperation, and bearing in mind that according to media reports, the competent centre initiated the procedure of deprivation of parental rights for both parents, and the court made a decision to entrust the child to the father for the independent exercise of parental rights, the Protector of Citizens requested from the First Basic Court in Belgrade to provide him with information on all the proceedings that have been conducted or are currently being conducted before that court in connection with this case, and if the proceedings have ended, to provide copies of court decisions.

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha iniciado una queja de oficio para investigarlas actuaciones a adoptar por la administración autonómica para combatir la brecha digital, algo que merma los derechos de la ciudadanía valenciana. Además, Luna quiere conocer si toda la estructura del Consell ha adoptado medidas, y cuáles son estas,para garantizar que se atienda a las  personas que se dirijan a las oficinas de atención y registro sin estar sujetas a una cita previa. 

El fenómeno de la brecha digital se identifica con la distancia que existe entre las personas, o grupos sociales, respecto del nivel de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el uso de internet y de aparatos electrónicos de comunicación, en concreto ordenadores personales, teléfonos y otros dispositivos similares, así como las aplicaciones diseñadas para ello. El principio de accesibilidad a los servicios electrónicos debe garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias. Unas administraciones públicas que faciliten la conectividad y el acceso a internet a la ciudadanía, así como su formación en competencias digitales, resultan fundamentales para reducir la brecha digital. 

En otras comunidades autónomas se han aprobado decretos por los que se crean registros de funcionarios públicos habilitados y se aprueban reglamentos de organización, régimen jurídico y funcionamiento para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos.  

Sin embargo, a la vista de la información que aparece en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana se puede comprobar que no consta ningún proyecto normativo relacionado con el registro de funcionarios habilitados.  

Más bien al contrario, en las páginas web de algunas consellerias se recomienda al ciudadano utilizar la cita previa, en particular en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y en la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Asimismo, la exigencia de cita previa a los ciudadanos ha sido objeto de numerosas quejas presentadas ante esta institución. El Síndic viene recomendando que se atienda a las personas que se dirijan a las oficinas de atención y registro sin estar limitadas ni sujetas a obtener una cita previa. Además, a dichos efectos, el defensor insiste en que se den las órdenes oportunas para asegurar la atención presencial de los ciudadanos dentro de los parámetros de normalidad que estos requieren.   

En este sentido, esta institución mantiene que las administraciones deben velar por que las personas vulnerables por su situación social o personal y las personas mayores no se vean obligadas a relacionarse con las Administraciones por vía electrónica para formular solicitudes, ejercer derechos y dar cumplimento a sus obligaciones, ya que, en caso contrario, tales medidas obstaculizan claramente su acceso a servicios y prestaciones.  

En consecuencia, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio con el fin de investigar y supervisar las actuaciones de la Administración autonómica que impiden eliminar la brecha digital y saber qué piensa hacer para solucionarlo. Por ello, solicitamos que, en el plazo de un mes, Presidencia de la Generalitat y el resto de consellerias en que se organiza la administración del Consell, nos remitan informes detallados y razonados sobre los siguientes extremos, entre otros:

(...)

“It is essential that parliamentarians prevent legislation that is incompatible with the United Kingdom’s international obligations being passed”, said the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, in her letter to the House of Commons and the House of Lords about the “Illegal Immigration Bill”, published today.

The Commissioner warns that “the Bill’s provisions create clear and direct tension with well-established and fundamental human rights standards”.

By preventing people who arrive irregularly in the UK from having their asylum claims assessed, the Bill would strip away one of the essential building blocks of the protection system. “Passing the Bill would add to the already significant regression in the protection of refugees, asylum seekers and migrants in the UK in the last few years”, the Commissioner stresses.

Various elements of the Bill that are of concern to the Commissioner are highlighted, including the lack of guarantees that objections to removal would be assessed fully in accordance with the standards set out in the ECHR, the exclusion of most potential victims of trafficking in human beings from modern slavery protections, the widespread powers of detention, and strict limits on judicial challenges to detention. She also warns that the Bill would reverse progress made in reducing the harmful practice of detaining children.

The Commissioner further observes the risk that the Bill would leave potentially large numbers of people in legal limbo and reiterates the importance of safe and legal routes as a credible alternative to dangerous, irregular Channel crossings. However, providing a credible alternative means that the UK government should not wait to expand such safe and legal routes only after boats have stopped arriving, and that a framework should be put in place to enable those who have a potentially legitimate claim to protection or stay on other grounds in the UK can make such a claim from France.

• Read the Commissioner's letter addressed to the House of Commons and the House of Lords