Paul Najsarek has been appointed as the interim Local Government and Social Care Ombudsman, following the retirement of current Ombudsman Michael King at the end of the month.

With extensive experience in both the Ombudsman’s key jurisdictions in local government and adult social care, Paul has been appointed by the Department for Levelling Up, Housing and Communities (DLUHC). He will be taking over from Mr King, whose tenure finishes on 31 March.

Paul is the former Chief Executive of Ealing Council and was previously acting Chief Executive and Chief Executive of Harrow and Bolton Councils respectively. He has also been a Director of Adult Social Services.

He has led at national and regional level, such as for Solace (Society of Local Authority Chief Executives) on health and social care including its COVID-19 response, regeneration for the West London Alliance, and adult services for London councils encompassing the capital’s adult social care response to the pandemic.

He was the Chief Executive lead for Thrive London, the capital’s initiative to promote mental health wellbeing. Paul was also Head of Policy at a national regulator and was part of the central government team that drafted 'Every Child Matters' in 2003.

Paul said:

“I am excited to be joining such an important organisation which has a huge impact on the quality of local government administration across the country and reflects the values of public service that I hold dear.

“The Ombudsman position is a unique role in the local government system and, with my experience in both the local government and social care sectors, I look forward to further developing the great work the organisation carries out.”

Paul will be in post as Ombudsman and chair of the Local Administration for England (the board that runs the LGSCO) until the public appointment process for a permanent Ombudsman, run by DLUHC, is concluded in the autumn.

Article date: 23 March 2023

Sono stati pubblicati gli interventi delle relatrici e dei relatori intervenuti alla cerimonia per i 40 anni della Difesa civica svoltasi a fine febbraio.

Gli interventi sono stati raccolti in una pubblicazione commemorativa. Oltre alle parole di saluto della presidente del Consiglio provinciale, Rita Mattei, e del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, sono disponibili anche il discorso della Difensora civica, Gabriele Morandell, e gli interventi dei diversi relatori.

Oggetto dell’intervento della relatrice principale, Esther Happacher, docente di diritto pubblico presso l'Università di Innsbruck, sono stati il ruolo della Difesa civica e il diritto costituzionalmente tutelato alla buona amministrazione. A questo proposito ha ricordato che i principi sanciti dalla Costituzione definiscono l'amministrazione pubblica e le sue azioni non come fini a sé stesse, ma come utili a realizzare nel miglior modo possibile gli interessi della collettività e il bene comune, e quindi gli interessi dei cittadini e delle cittadine.

È altresì intervenuto il Difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, che ha riferito sui doveri dei Difensori civici in Italia nonché sui problemi e sulle opportunità collegati allo svolgimento di questa funzione. È poi seguita la relazione "Dal controllo sui casi di cattiva amministrazione alla tutela dei diritti umani” della Difensora civica della Repubblica d'Austria, Gaby Schwarz. La Difensora civica dello Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, ha illustrato la situazione dei difensori civici in Germania e Viviane Sobotich, la Difensora civica della città di Rapperswil-Jona, ha parlato degli organismi di difesa civica in Svizzera.

Señora Presidenta, Señorías, buen día.

Lehendakari andrea, parlamentari jaun-andreok, egunon.

Comparezco como Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra – Nafarroako Arartekoa ante esta Comisión de Régimen Foral, para dar cuenta del Informe Anual de la institución correspondiente a 2022.

Agradezco a Sus Señorías que me hayan permitido tener la ocasión de presentar este balance anual antes de que finalice la X Legislatura y, por lo tanto, pueda exponer esta primera memoria ante quienes me eligieron como candidato a Defensor del Pueblo. Se da la circunstancia, además, de que mañana se cumplirá exactamente un año desde mi toma de posesión como titular de la institución.

Me acompañan en esta comparecencia el Señor Sarasíbar, asesor y Secretario General de la institución, la Sra. Galilea, Jefa de Gabinete, y la Señora Monreal, asesora y coordinadora de los Informes anuales, con el fin de que, llegado el caso, puedan completar cualquier información que Sus Señorías precisen.

Mi intención en esta intervención es hacer una síntesis más concreta y selectiva del resumen que figura en el primer capítulo del Informe Anual.

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN

Durante el año 2022, la actividad de la institución se ha elevado a un total de 3.575 actuaciones.

El desglose de esa cifra es el siguiente:

• 1.648 quejas gestionadas (1.426 presentadas en 2022 más los expedientes que se encontraban pendientes de cierre). Esta ha sido la cifra más alta en los años de vida de la institución. No obstante, consideraremos que el número de expedientes de queja gestionados son 1.411, puesto que 238 de ellas se presentaron en bloque por la huelga de educación infantil (0-3 años).

• 1.829 consultas atendidas.
• 19 actuaciones de oficio (17 abiertas en 2022).
• 10 propuestas de mejora gestionadas (7 de ellas en 2022).
• 17 expedientes de mediación tramitados.
• 2 comparecencias en el Parlamento de Navarra.
• 9 sesiones en el Consejo de la Transparencia de Navarra.
• 10 ponencias presentadas en dicho Consejo.
• 1 sesión del Consejo Navarro de la Infancia y Adolescencia.
• 1 sesión de la Comisión Técnica de seguimiento de la normativa para el apoyo a las personas con discapacidad.
• 1 sesión de la “Ponencia para analizar y estudiar la mediación y otras técnicas y mecanismos de resolución de conflictos”.
• 1 encuentro de las XXXV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre la prestación del servicio público de salud en el medio rural.
• 27 visitas y reuniones con entidades sociales, a iniciativa del Defensor del Pueblo de Navarra, a lo cual me referiré específicamente al final de mi intervención.

PERSONAS ATENDIDAS

Pero lo importante, detrás de toda esta actividad, son las personas. Las mujeres, los hombres y los y las menores que viven en Navarra y que han podido contar con la ayuda directa o indirecta de la institución.

Entre quejas, consultas, mediaciones y propuestas de mejora de los ciudadanos, durante 2022, se han dirigido o acercado a la institución 9.601 personas.

De ellas, 4.317 a través de las quejas, 5.221 para formular consultas, 45 para realizar propuestas y 18 por los expedientes de mediación.

En su distribución por género tenemos 6.114 mujeres (63,7%) y 3.487 hombres (36,3%). Esta mayoría femenina es similar tanto en quejas como en consultas, mientras que en propuestas de mejora se reduce y, por el contrario, en el caso de las mediaciones pasan a ser mayoría los hombres.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS POR MATERIAS

El contenido de las 1.426 quejas recibidas en 2022 pone de manifiesto las preocupaciones o insatisfacciones de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. Este número es ligeramente superior al registrado en 2021, con 1.408, y en 2020, con 1.416 quejas.

A la hora de clasificar las quejas, la manera más relevante que tenemos de hacerlo es la de POR MATERIAS. De este modo, manteniendo esta clasificación constante, podemos hacer comparativas en la evolución de qué temas son los que más preocupan a los ciudadanos en cada momento.

Así, por ejemplo, en 2020 se creó una nueva categoría para el Covid-19, que en ese año y el siguiente pasó a ser la primera del ranking en cuanto a número de quejas, mientras que en 2022 ha bajado al séptimo lugar y, previsiblemente, desaparecerá del TOP-10 en el presente año.

El primer lugar, por número de quejas, lo ha ocupado la materia de Educación, con un total de 349 quejas. Aquí hay que restar 237 expedientes por la huelga declarada en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, ya que, en la práctica, los contabilizamos como uno solo. A pesar de ello, la materia de Educación sigue siendo la que ha recibido un mayor número de quejas, con un total de 112.

Entre ellas, por los servicios mínimos de esa huelga, por las admisiones a centros con algunos niños sin escolarizar al inicio del curso, por desatención a alumnos con necesidades educativas especiales, por la elección de la jornada escolar, por falta de servicios de transporte y comedor escolar, por no devolución de matrícula, por las notas de bachiller en algunos centros, por la EvAU, denegación de becas, acoso escolar y escuelas de música.

La segunda materia ha sido Acceso a un empleo público, debidas fundamentalmente a los procesos de estabilización, al retraso en resolver procesos selectivos o en los recursos a los mismos.

La tercera fue Bienestar social, por el retraso en la concesión de la Renta Garantizada, su embargo o reintegro; por falta de plazas en albergue o en residencia; por casos de desatención o reconocimiento en discapacidad; por casos de desprotección infantil; por el COA de Marcilla; por falta de atención a un adolescente con ideas suicidas; por no incluir en el libro de familia a niñas ucranianas acogidas; por la actuación de la Fundapa; por desprotección a personas dependientes y a mayores; o por el trato de los servicios sociales.

En Seguridad Social, la gran mayoría se centraron en la imposibilidad de concertar una cita en sus oficinas, seguidas de procesos de incapacidad, jubilación anticipada y embargos en pensiones.

Sanidad, en quinto lugar, concitó quejas por las listas de espera, por escasez de profesionales en varios centros de atención primaria y de salud mental, por ser atendidos por administrativos en el proceso de admisión, por el trato recibido o por las prestaciones farmacéuticas.

A continuación, Medio ambiente vio incrementadas las quejas por ruidos (más de la mitad), además de por no inspeccionar actividades clasificadas, por la ubicación de contenedores, tala de árboles y protección de colonias felinas.

Las quejas relacionadas con la Covid-19 se centraron en el primer trimestre del año, por no poder tener certificados con test de antígenos y por las sanciones impuestas por no llevar mascarilla, y en la actualidad son ya residuales.

El octavo lugar es para Vivienda, fundamentalmente por la escasez de vivienda protegida de alquiler; por el impago de ayudas Emanzipa y David, a causa de errores que podrían haber sido subsanables o de un ingreso extra por un despido improcedente; por retraso o denegación de subvenciones a la rehabilitación; por las malas condiciones de viviendas adjudicadas; por demoras o denegaciones de cédulas de habitabilidad; y por no poder lograr cita en Nasuvinsa.

En Hacienda, la mayoría de las quejas se centraron en el IRPF, en especial por deducciones; por no tener atención presencial; por el cambio de criterio en las subvenciones al arrendamiento; por la compensación de deudas tributarias; por el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; así como por fijar distinto tipo de gravamen municipal según el empadronamiento.

El décimo lugar lo ocupa Tráfico y seguridad vial, con la mitad de las quejas por sanciones de tráfico o actuaciones de la grúa municipal; otro tercio por riesgos de escasa visibilidad o exceso de velocidad en algunos puntos; y otras por la imposibilidad de obtener cita para renovar el carnet en la DGT, estacionamiento para personas con discapacidad o el riesgo de los patinetes eléctricos.

En la página 63 del Informe, disponen Sus Señorías de la lista completa de materias, comparándolas con 2021 y, seguidamente, la relación completa de quejas presentadas por cada una de las materias y por orden alfabético de las mismas.

(...)

Les faits

Mme C. reçoit du Service Public de Wallonie son numéro d’éleveuse occasionnelle.

Par contre, dans la base de données consultable en ligne, son numéro est différent, à un chiffre près.
Dès lors, lorsque le vétérinaire de Mme C. tentait d’envoyer les certificats provisoires des chiots chez Dog ID, son identifiant HK était inconnu…

Retour à la case 0 à deux reprises et beaucoup de tracasseries et de démarches inutiles. Ses chiots grandissants n’avaient pas de certificats définitifs et Mme C. s’adresse au Médiateur.

L’intervention du Médiateur

Le Médiateur interpelle la Direction du Bien-être animal qui répond rapidement : la vérification de la liste publiée sur le site montre maintenant le même numéro que l’agrément, une erreur d’encodage avait sans doute été corrigée entre temps… mais vis-à-vis de la base de données DOG-ID1, il est probable que la mise à jour périodique de leur liste soit antérieure à cette correction.

L’issue de la médiation

La Direction décide d’informer DOG-ID du numéro attribué à l’intéressée, ce qui devrait résoudre le problème d’enregistrement des chiots...

Cependant, quelques jours plus tard, Mme C. rappelle le Médiateur, visiblement très fâchée. Les certificats définitifs ne sont pas arrivés. L’UBEA contrôle à nouveau les listes, et tout est en ordre. L’impatience de Mme C. l’avait fait réagir juste un peu avant que la liste de Dog-ID soit régularisée.

Afin d’aplanir le différend et d’expliquer la situation, l’UBEA a appelé Mme C, qui a apprécié cette démarche directe.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.

Préoccupée par les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, de nombreux articles de presse, des témoignages et saisines reçus par l’institution sur de possibles manquements déontologiques dans le maintien de l’ordre au cours des évènements des jours derniers, la Défenseure des droits tient à rappeler ses recommandations.

Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, l’institution du Défenseur des droits est l’autorité de contrôle externe chargée de veiller au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Le Défenseur des droits a, à plusieurs reprises, documenté l’usage de la force dans le cadre du maintien de l’ordre et les règles de déontologie qui s’imposent (rapport réalisé en 2017 à la demande du président de l’Assemblée nationale sur « les conséquences de la doctrine et de la pratique du maintien de l’ordre en France par les forces de l’ordre au regard des règles de déontologie qui s’imposent à elles », avis 2020-08 relatif au nouveau schéma national du maintien de l’ordre ; décision cadre 2020-131 sur les pratiques du maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie; étude sur la désescalade de la violence et la gestion des foules protestataires en 2021).

Alors que de nombreuses manifestations se déroulent actuellement, la Défenseure des droits souhaite que ses recommandations issues de ces travaux d’étude et saisines soient suivies d’effets, en particulier les préconisations suivantes :

- encadrer strictement les contrôles d’identité, les fouilles et les filtrages, afin que ces mesures soient, dans le cadre des manifestations, justifiées et réalisées dans le respect des libertés individuelles et dans des conditions conformes aux règles déontologiques ;

- s’assurer que l’encagement est utilisé de manière nécessaire et proportionnée, dans les conditions prévues par la décision du conseil d’Etat du 10 juin 2021 sur le schéma national du maintien de l’ordre, notamment en prévoyant systématiquement un point de sortie ;

- recentrer le maintien de l’ordre sur la mission de police administrative de prévention et d’encadrement de l’exercice de la liberté de manifester, dans une approche d’apaisement et de protection des libertés individuelles.

Elle souligne que le respect des règles de déontologie est essentiel pour apaiser les tensions et favoriser la confiance entre la police et la population.

Enfin, la Défenseure des droits alerte sur les conséquences d’interpellations qui seraient préventives de personnes aux abords des manifestations. Elle souligne que cette pratique peut induire un risque de recourir à des mesures privatives de liberté de manière disproportionnée et de favoriser les tensions. La liberté individuelle ne peut être limitée que dans le cadre et les conditions fixées par la loi.

Au titre de sa mission de contrôle du respect de la déontologie par les forces de sécurité, la Défenseure des droits est compétente pour traiter toute réclamation relative à de possibles manquements dans le cadre du maintien de l’ordre, qu’elle émane de victimes ou de témoins.

La Défenseure des droits, inquiète des témoignages dont elle est destinataire, restera vigilante quant à la bonne application des règles de déontologie par les forces de sécurité.

 Communiqué de presse - rappel des recommandations sur le respect des règles de déontologie par les forces de sécurité (21/03/2023)