A dumped mattress caused so much dismay for one Kingston resident that he took his complaint all the way to the Local Government and Social Care Ombudsman.

The resident told the Royal Borough of Kingston upon Thames council that the mattress had been dumped in a river in a council-run park and asked that it be removed.

But instead of sending a crew to remove the single mattress, the council argued it was not its responsibility and suggested the man contact the Environment Agency instead.

Despite further correspondence, the council maintained it had no responsibility to collect the mattress and told the man to complain to the Ombudsman. The man spent four months complaining to the council before coming to the Ombudsman, during which time the mattress remained a blight on the environment in the park.

The Ombudsman decided, based on government guidance, it was the council’s duty to remove the waste, as it was in ‘water on council land’.

The council has since removed the mattress.

Local Government and Social Care Ombudsman, Ms Amerdeep Somal said:

“I am disappointed by the council’s inflexibility in this case, and quite astonished it has taken such a long time to put right what should have been a simple task to remove the mattress from the river, which is barely ankle deep.

“It absolutely should not have taken months of correspondence and our investigation for the council to realise it should act.

“Fly-tipping of this type is a blight on local communities and affects people using the park for leisure and exercise. People care about their local environment and this could, and should, have been easily addressed: I was surprised by the lack of value and pride the council appeared to put in maintaining the park that it provides for its residents at significant cost.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council should apologise to the man, remove the mattress from the river and circulate guidance to staff highlighting Government guidance on fly-tipped waste.

Article date: 07 August 2024

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que revise los criterios de diferencia de edad máxima entre adoptante y adoptado para ajustarla a la actual normativa nacional.

La intervención del defensor valenciano en este asunto tiene su origen en la queja presentada por una pareja que hizo llegar su disconformidad con este criterio de la Conselleria, y que no obtuvo respuesta. Un criterio que se basa en el acuerdo de la Comisión de adopción y alternativas familiares (CAAF) de 20/12/2021, que establece que únicamente se propondrá para la adopción de niños y niñas menores de 1 año a familias que, en el momento de la asignación, no hayan alcanzado los 43 años.

En este sentido, Luna advierte que el actual artículo 175 del Código Civil español, en el que se recogen los requisitos para la adopción, señala que la diferencia de edad máxima entre adoptante y adoptado no podrá ser superior a 45 años, salvo casos concretos. Además, en la exposición de motivos de la Ley de protección a la infancia se hace referencia expresa a la voluntad de establecer dicho límite «para evitar que las discrepancias que existen en la normativa autonómica, sobre edades máximas de idoneidad, provoquen distorsiones no deseadas».

Sin embargo, la Conselleria no ha aceptado la recomendación del Síndic y entiende que el acuerdo del CAAF se ajusta a la normativa vigente y que la diferencia de edad incluida en el mismo es totalmente legal.

En su resolución de cierre, el Síndic reflexiona sobre la evolución de la sociedad español, que desde 1975 no cesa de retrasar la edad media de entrada en la maternidad. Consecuentemente, «la distancia generacional entre adoptantes y adoptados también debería ajustarse a dicha evolución».

Por último, Luna indica que «en ningún caso se sugería, como parece apuntar la Conselleria, un trato de favor hacia los solicitantes de adopción promotores de esta queja si no, más bien, un ajuste de los criterios para adecuarlos a la realidad social actual y al espíritu de la modificación del Código Civil que incorporó la Ley 26/2018, así como su relevancia respecto a las necesidades del menor a adoptar».

Consulta nuestra actuación en este expediente.

Sozialsprechstunde: Bürgerbeauftragte berät in Heide Probleme beim Bürgergeld, wie zum Beispiel mit der Übernahme der Kosten für Miete oder Heizung, mit der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Wohngeld oder auch mit Leistungen der Krankenkassen oder Schwierigkeiten beim Kindergeld - die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, hilft bei allen Fragen rund um das Sozialrecht. Darüber hinaus berät die Bürgerbeauftragte auch als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes und als Ombudsperson in der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen dieser Sprechstunde. Zudem ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei und damit Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürger*innen und Eingaben von Polizist*innen.

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La institución preguntará por los recursos residenciales en los que han sido reubicados, las condiciones y características de los mismos y las previsiones a medio plazo para estos menores. Con carácter previo a las detenciones y al cierre del centro, la institución había recibido una queja en la que se denunciaban abusos a menores, lo que motivó la reunión inmediata de Concepción Gimeno con la Fiscalía 

El pasado 24 de julio, El Justicia de Aragón recibió una queja por mail en la que se denunciaban abusos a dos menores internos en el Centro de Atención a Menores de Ateca por parte de algunos de sus trabajadores. Dada la gravedad de los hechos descritos, la institución contactó inmediatamente con la persona firmante de la queja para prestarle su apoyo y recabar todos los detalles. Una vez analizada la información, Concepción Gimeno se reunió con la fiscal superior de Aragón para poner los hechos en su conocimiento a los efectos de la posible apertura de diligencias.

En este tiempo, con la discreción debida al tratarse de un asunto relacionado con menores donde se denunciaban actuaciones que pueden ser constitutivas de delito, la Justicia de Aragón ha mantenido contacto con la Fiscalía que, en todo momento, se ha mostrado colaboradora.

Una vez conocida la detención del director de centro y de cuatro trabajadores por la presunta comisión de delitos graves, así como su cierre, la Justicia de Aragón se ha interesado ante la Administración por la situación de los menores que han sido realojados en otros recursos.

A estos efectos, Concepción Gimeno ha hablado esta mañana con la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, a quien ha informado de que la institución ha abierto un expediente de oficio para hacer seguimiento de la situación, en especial, de la de los menores que permanecen bajo la guarda y custodia de la Comunidad Autónoma y han sido reubicados en otros centros. Entre otras cuestiones, la institución se interesará por los recursos residenciales en los que han sido reubicados, las condiciones y características de los mismos y las previsiones a medio plazo para estos menores.

La consejera ha mostrado su plena disposición a colaborar con la institución en el objetivo compartido de garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen bajo la guarda y custodia de la DGA.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la Justicia de Aragón mostrando su preocupación por estos hechos y el interés por mantener una vía de comunicación abierta.