17 octubre 2024

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, se trasladó este 11 de octubre a la sede de la Asociación Gitana La Romaní, en Tudela, donde mantuvo un encuentro con sus responsables. Vera estuvo acompañado por Susana Galilea, su jefa de Gabinete, mientras que por parte de la citada organización actuaron como anfitriones su presidente, José Jiménez, acompañado por Ricardo Hernández, coordinador de La Romaní. 

Dicha entidad pertenece a la Federación de Asociaciones Gitanas Gaz Kaló y su misión es la de promover el desarrollo y la integración social del pueblo gitano, el reconocimiento de su cultura así como dar cuenta de la situación de pobreza y exclusión social que padece dicho colectivo. En ese sentido, sus responsables denunciaron las enormes dificultades que deben afrontar para poder acceder a una vivienda. Así, plantearon la necesidad de que se tengan en cuenta otras variables más allá del número de hijos como, por ejemplo, la situación de insalubridad de los edificios en los que viven y cómo afecta a su estado de salud y calidad de vida. 

También expresaron su preocupación por las enormes dificultades que enfrentan al intentar ejercer su derecho al empadronamiento ante el Ayuntamiento. En esa misma línea, destacaron la falta de atención y respuesta, así como el "silencio administrativo" que frecuentemente encuentran en las administraciones públicas al intentar resolver sus quejas. Y manifestaron su inquietud por el elevado nivel de discriminación social que padecen y por la educación y formación de las generaciones más jóvenes.Aquí insistieron en la importancia que tiene para ellos la figura del educador para evitar el fracaso escolar. 

Conocidas estas necesidades y demandas, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa se puso a su disposición para dar apoyo, tramitar y atender las quejas que le trasladen. 

Esta mañana tuvo lugar en la sede de la institución la presentación del Informe sobre el Estado de la Pobreza en Galicia elaborado por EAPN (Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social) Galicia. Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, se encargó de la introducción del acto, que se centró en la presentación del informe, que corrió a cargo de Xosé Cuns, director de EAPN Galicia así como en las claves de futuro de la lucha contra la pobreza y la exclusión, que expuso Ana Pardo, presidenta de EAPN Galicia. El informe contiene los últimos datos recogidos sobre pobreza en nuestra Comunidad Autónoma, una situación en la que vive actualmente el 25,5% de la población.

El afectado, con demencia y discapacidad reconocida, convive con su mujer de 94 años, que a su vez tiene un 75% de discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a resolver con urgencia el nuevo Programa Individual de Atención (PIA), con la nueva prestación solicitada de Centro de Día a un hombre de 97 años.

La persona interesada lleva un año esperando la resolución de su expediente de ampliación del PIA, para que se ajuste a su nuevo grado de dependencia reconocido, así como la concesión de la nueva prestación de Centro de Día que solicitó.

En su resolución, el Síndic deja constancia de que el afectado, de 97 años de edad, con una demencia diagnosticada y una discapacidad reconocida del 66%, convive con su esposa, de 94 años, que a su vez tiene una discapacidad reconocida del 75%. Asimismo, señala que estas circunstancias deberían tenerse en cuenta en la priorización del expediente, dada la situación en la que se encuentra este matrimonio de Valencia.

Además, el defensor pide a la Conselleria que la Resolución del nuevo programa individual de atención incluya los efectos retroactivos correspondientes desde los seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud de revisión de grado de dependencia.

Cabe destacar que esta persona solicitó la revisión de grado de dependencia a principios de noviembre de 2022, mostrando su preferencia por la prestación de Centro de Día (recurso al que acudía desde el 12/02/2022.).  Posteriormente, en julio de 2023 al contactar con la Administración, esta le informó que debía volver a solicitar las nuevas preferencias, lo que se hizo en octubre de 2023.  Por fin, en noviembre de ese año la Administración le concedió un nuevo grado de dependencia (grado 2), pero todavía sigue a la espera de que se resuelva el correspondiente PIA con la prestación Centro de Día.

Consulta la resolución del Síndic sobre este caso.

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In accordance with Article 22(4) of the Ombudsman Act, the Ombudsman, Judge Emeritus Joseph Zammit McKeon, has forwarded to the House of Representatives the Final Opinion on a case involving two members of the Control Committee. The case revolves around their claim for unpaid remuneration, which was denied by the Ministry for Lands and the Implementation of the Electoral Manifesto.

The complaint

The complainants, both members of the Control Committee since January 2002, raised concerns regarding their remuneration. They claimed they were entitled to back payments according to updated remuneration rates introduced by the “Manual for Setting the Categorisation, Classification and Remuneration of Government-Appointed Boards and Committees” in January 2017. However, while their remuneration was adjusted in May 2022, the arrears dating back to 2017 were not honoured, prompting the complainants to seek the intervention of the Ombudsman

Facts and findings

The investigation revealed that the complainants had been serving on the Control Committee since 2002. This committee was established under the Ecclesiastical Entities Property Act, following an agreement between the Holy See and the Government of Malta. Initially, their annual remuneration was set at €1,750 (or Lm750 in pre-euro currency).

In 2023, the complainants became aware of the updated remuneration guidelines introduced in 2017, which should have applied to their role. However, when they requested the updated rate along with arrears from January 2017, the Ministry only adjusted their remuneration from May 2022 onwards, without retroactive payment. The Ministry argued that the committee’s nature did not warrant an earlier adjustment per its interpretation of the relevant guidelines.

Conclusions and recommendations

The Ombudsman concluded that the complainants’ grievance was valid. He found no objective reason to deny the back payment of their remuneration, as the Ministry had accepted the need for adjustment but arbitrarily applied it from 2022 instead of the rightful date in 2017. The Ombudsman recommended that the Ministry pay the outstanding remuneration from January 2017 in accordance with the guidelines set out in the manual.

Documents

14.06.24 – Final Opinion 

11.07.24 – Letter from PS

15.07.24 – Letter to the Prime Minister

20.08.24 – Letter to the Speaker