On October 18, 2024, the Public Defender of Georgia submitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe a communication about the progress of the execution of the judgements of the European Court of Human Rights relating to the cases of the Tkhelidze Group.

The document responds to the recent decision of the Committee of Ministers on the execution of the cases of the Tkhelidze Group and the action plans submitted by the Georgian authorities, and evaluates the general measures taken for the execution of the judgements.

The Parliamentary Ombudsman, Judge Emeritus Joseph Zammit McKeon, was interviewd by Mario Micallef for TVM News to discuss the key proposals from the Ombudsplan 2025. During the interview, he highlighted several important initiatives aimed at improving public administration and safeguarding citizens’ rights.

One of the main proposals is the establishment of an ad hoc Select Committee within Parliament. This Committee would review reports submitted by the Ombudsman and ensure that recommendations are acted upon, addressing the ongoing challenge of public bodies failing to implement these recommendations.

The Ombudsman also emphasised the goal of positioning the Office as Malta’s National Human Rights Institution (NHRI). Following the Office’s acceptance as an associate member of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) in 2024, the Ombudsplan outlines steps towards full accreditation, enhancing the Office’s role in promoting human rights.

Lastly, the Ombudsman reiterated his commitment to upholding the right to good administration, ensuring public bodies act transparently, fairly, and efficiently in their dealings with complainants.

La síndica de greuges ha debatido en el Parlamento de Cataluña el informe anual de 2023
 
El incremento de la población, el envejecimiento y el empobrecimiento suponen un gran reto para la Administración
 
Las respuestas llegan con retraso y se detectan carencias en la cobertura de los servicios
 
Faltan recursos alternativos a la institucionalización
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por su adjunto general, Jaume Saura, ha comparecido ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir el Informe al Parlamento 2023, que ya se presentó el pasado 20 de marzo.

El informe no solo recoge la actividad interna de la institución, sino que también hace un análisis de los principales problemas que sufren las personas que viven en Cataluña y de la capacidad de las administraciones para darles respuesta.

Actividad institucional de 2023

La síndica ha comenzado su intervención explicando las principales cifras de la actividad de la institución en 2023: 17.992 personas atendidas y 21.938 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio.

Un año más, las políticas sociales –especialmente las de educación, servicios sociales y salud– constituyen el principal ámbito de intervención de la institución, ya que representan el 43,8 % del volumen total de quejas y actuaciones de oficio iniciadas. Esta cifra es un indicador de las dificultades que tienen las administraciones públicas para dar respuesta de forma adecuada a las necesidades sociales de la población.

Análisis del contexto y de las carencias de la Administración

En este punto, la síndica ha querido hacer un repaso del contexto social actual y de los principales cambios que se han producido y que plantean un reto a las políticas públicas: el incremento de la población en casi 2 millones de personas (27,8 %) desde el año 2000; la llegada de personas de origen migrante, que hoy representan ya el 16,3 % de la población de Cataluña; el empobrecimiento de las personas (la tasa de riesgo de pobreza era del 19,9 % en 2022); el envejecimiento de la población (el 19,4% de la población tiene más de sesenta y cinco años), y el cambio climático.

“Este nuevo contexto ha comportado cambios en las necesidades sociales que no han sido abordados suficientemente por la Administración”, ha denunciado la síndica. Así, por ejemplo, el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población han supuesto que aumentara la presión asistencial sobre los servicios públicos y el tiempo de espera para acceder a ellos.

También ha denunciado que la vivienda social que ofrecen las mesas de emergencia es insuficiente, o que determinadas políticas públicas no llegan a todas las personas que lo necesitan, como la renta garantizada de ciudadanía, que solo percibe el 19 % de la población con privación material severa.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que hay barreras de acceso a la Administración que limitan la capacidad de las personas para poder cubrir sus necesidades. Algunas de estas barreras son las trabas burocráticas, la cita previa, la brecha digital y la falta de integración de las prestaciones sociales.

El informe también destaca déficits en el acompañamiento y la escucha de las personas, especialmente las más vulnerables: “Es necesaria una Administración más ágil y amable con las personas”, según la síndica. 

Por último, se ha puesto de manifiesto que cerca de 100.000 personas en Cataluña están ingresadas en centros de protección, centros penitenciarios, residencias de personas mayores, etc. Esto se explica en parte por la falta de recursos alternativos como familias de acogida, medidas penales alternativas y atención domiciliaria integral. “Los niños o ancianos tienen derecho a vivir en un hogar. Por eso se necesita más apoyo de las administraciones a las familias en riesgo y más atención sociosanitaria a domicilio. La institucionalización siempre debe ser el último recurso.”

Diez recomendaciones para transformar la Administración

Como conclusión, el informe propone diseñar una estrategia de transformación de la Administración que incluya los diez puntos siguientes:

1. Modelos alternativos a la institucionalización de las personas
2. Un sistema integrado de políticas de apoyo y acompañamiento a las familias con niños a cargo
3. Un modelo de servicios sociales integrado, de acceso universal y orientado a la prevención y al acompañamiento de las personas
4. Una atención integral en el ámbito de la salud
5. Una estrategia nacional que consolide un modelo de acogida de la población migrante y ponga el acento en las garantías de ascensor social y en la cohesión
6. La promoción del parque de vivienda social
7. Un plan de mejora del éxito educativo
8. La planificación de ciudades armoniosas con las necesidades y los derechos de las personas
9. Un pacto contra el cambio climático
10. Una estrategia de transformación de la Administración para hacerla más eficiente, eficaz y amable

La adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, ha inaugurado este miércoles, impartiendo una conferencia, el XVII Congreso Lares “El cuidado en centros de mayores: ética y humanización”, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Durante su intervención, Jiménez-Becerril ha destacado la importancia de reconocer y proteger la dignidad de las personas mayores, y ha subrayado la responsabilidad compartida de la sociedad en garantizar un cuidado ético y humano en los centros de mayores. La conferencia llevaba por título: “Ayer nos cuidaron ellos, hoy les cuidamos nosotros. La dignidad de los mayores es cosa de todos”.

El Congreso Lares ha reunido en Granada, los días 16 y 17 de octubre, a expertos y profesionales del sector con el objetivo de dar visibilidad a los problemas y necesidades que enfrenta el ámbito de los cuidados. Además, se ha abordado la promoción de los derechos de las personas mayores y el fomento de la formación de quienes se dedican al cuidado de personas de avanzada edad.

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este lunes, 21 de octubre con el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas. La recepción, enmarcada dentro de las visitas institucionales de Lola Padrón a la isla, estuvo marcada por el intercambio de colaboración de ambas administraciones para trabajar de forma coordinada y dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas del municipio.

Una reunión en la que también se ha analizado la situación de los menores en riesgo, así como de los menores migrantes no acompañados.