• La plataforma indicó que existen unas 60 personas con necesidades de cuidados paliativos tan solo en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide
• Lola Padrón se comprometió a trasladar la petición a la administración competente “para mejorar la atención de las personas y sus familias”

La Diputada del Común, Lola Padrón, y el adjunto primero, Antonio Alarcó, se reunieron la semana pasada con representantes de la plataforma/asociación ´No somos de segunda´. Desde la asociación se reivindica que el sur de Tenerife cuente con una Unidad de Cuidados Paliativos, así como una atención sanitaria igualitaria “y con dignidad a la hora de morir”, comentó Carlos Díaz, miembro de la junta directiva, quien acompañó a su presidenta Vanesa Díaz.

La asociación ha interpuesto una queja ante la Diputación del Común sobre la estrategia que se está llevando a cabo desde el gobierno canario en materia de cuidados paliativos. Se ha insistido en que las personas residentes en el sur “merecen ser atendidas de la mejor forma posible y que el sistema sanitario nos proporcione una atención equitativa y unas condiciones de vida dignas, al igual que a otras personas”. Indicaron que al no existir apoyos de cuidados paliativos, dado que solo hay en el hospital de Ofra en Santa Cruz de Tenerife, hay que desplazarse varios kilómetros y añadir un sufrimiento mayor con la peligrosidad que supone la autopista. También añaden que uno de sus objetivos es además que se desarrolle la atención psicosocial a las personas que están recibiendo cuidados paliativos y sus familias, con hincapié en el apoyo psicológico y social.

Aseguraron que hay unos 60 casos actualmente de personas con necesidades de este servicio en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide pero que podría alcanzarse una cuota aún mayor dada la extensión poblacional, ya que no poseen datos exactos del resto de municipios, “ independientemente de las cifras, lo importante es la atención de las personas que están en este trance de sus vidas, que puede durar desde días, a meses o años”, indicó Díaz. Han detectado que la Estrategia de Cuidados Paliativos llevada a cabo desde el gobierno autónomo en marcha desde 2018 “no se está cumpliendo”, a pesar de que se estén empezando a dar respuestas desde la Consejería de Sanidad. De hecho, cometan “que tanto Tenerife como Fuerteventura son las dos únicas islas que no tienen atención domiciliaria”. En la actualidad han recabado apoyo de cerca de 12.000 firmas y varios colectivos como personas afectadas de ELA y cáncer. Han logrado también apoyos de los ayuntamientos y del Cabildo insular de Tenerife.

Informan que gracias a su empeño se ha puesto en marcha un proyecto piloto experimental al que tienen acceso 11 familias, “pero aunque estamos muy contentos con estos avances, hace falta una partida presupuestaria, personal y vehículos de movilidad para que esto redunde en todas las personas que lo precisen”, señalaron.

La Diputación del Común se ha comprometido a trasladar su queja a la administración competente “y velar por ese esfuerzo conjunto para que mejore la calidad de las personas enfermas y sus familias”, puntualizó Lola Padrón.

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; la Valedora do Pobo de Galicia, Dolores Fernández; la Diputada del Común de Canarias, Mª Dolores Padrón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua, han hecho este miércoles un llamamiento para que las y los servidores públicos actúen con “empatía y sensibilidad social” en su trato con los ciudadanos, especialmente con las personas más vulnerables.

En esta línea, han recordado que la buena Administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas, lo que implica que las personas intervinientes en el ejercicio de potestades y funciones públicas sean proactivas, se pongan en el lugar de los ciudadanos y les asistan en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, han reclamado que la labor de los servidores públicos “garantice el derecho de los ciudadanos a ser oídos, a recibir información comprensible y a participar activamente en los procedimientos administrativos”.

Así lo han establecido en la declaración que han adoptado en las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que se han celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 29 y 30 de octubre bajo el lema La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena Administración. Los defensores se han comprometido a aplicar en su labor cotidiana diez medidas contenidas en la declaración.

El decálogo programático apunta también que la buena Administración implica un conjunto de obligaciones impuestas a las administraciones públicas para actuar con la diligencia debida en el ejercicio de sus competencias, garantizando no solo el cumplimiento estricto de los procedimientos legales, sino la plena efectividad, en cada caso concreto, de los derechos y garantías reconocidos a la ciudadanía.

En este sentido, los defensores destacan la necesidad de asegurar “derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez”, y no encuentran justificada “la imposición de cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración”.

Asimismo, consideran imprescindible la dotación de recursos humanos adecuados para la prestación de los servicios públicos, así como la formación continua y la sensibilización del personal sobre los principios y valores de la buena Administración. “Ello exige adoptar medidas para garantizar el relevo generacional y una planificación que permita anticiparse a las necesidades actuales y emergentes”, han subrayado.

Nuevas tecnologías

La declaración adoptada apunta, además, que la buena Administración demanda incorporar la innovación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. No obstante, ve necesario que una “digitalización responsable en clave social” asegure la transparencia, la seguridad y privacidad de los datos en el uso de herramientas electrónicas.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial los defensores reconocen que tiene un potencial significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos, pero piden preservar la intervención humana en las decisiones finales, “a fin de proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía y evitar posibles sesgos y discriminaciones”.

On October 22, 2024, Irine Chikhladze, Deputy Public Defender of Georgia, and Sopio Rusetski, Head of the Public Defender's Gender Department, participated in the second regular regional forum "United against Femicide", which was organized by FemPlatz, a women's rights organization, in Belgrade (Serbia).

Representatives and experts of international and non-governmental organizations from Serbia, Georgia, Croatia and Macedonia received information about the functioning of independent femicide monitoring bodies and their monitoring methodologies, shared experiences, practices, gaps and challenges in legislation and institutional level of different countries, planned joint activities in the direction of advocacy and agreed to strengthen cooperation in order to prevent femicide.

In their welcome speeches, Brankica Janković, Commissioner for the Protection of Equality of the Republic of Serbia, and Jan Bratu, Head of the OSCE Mission in Serbia, discussed the objectives of the forum and the importance of implementing the decisions made.

Deputy Public Defender Irine Chikhladze introduced the Public Defender's femicide monitoring mechanism to the participants of the forum. She spoke about the monitoring results, the achievements and challenges in the country in the direction of violence against women and the extreme form of gender-based violence - femicide. She also emphasized the importance of statistics production and cooperation with agencies.

Within the framework of her visit to Serbia, the Deputy Public Defender of Georgia held a meeting with Brankica Janković, Commissioner for the Protection of Equality of the Republic of Serbia, and discussed the prospects of future cooperation between the equality bodies.

The Council of Europe Commissioner for Human Rights, Michael O’Flaherty, published today a letter sent on 23 October to the President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides.

The Commissioner highlighted the situation of some 35 individuals who have been stranded in the buffer zone for several months. “Prolonged stays in poor conditions expose them to significant risks of violation of the human rights enshrined in the European Convention on Human Rights (ECHR), including the prohibition of inhuman and degrading treatment and the right to private and family life”, he said.

The Commissioner also expressed concern over reports of boats carrying migrants, including persons who may need international protection, being prevented from disembarking in Cyprus and returned, sometimes violently, without access to asylum procedures. “These actions could lead to violations of the ECHR and the UN Refugee Convention, which prohibit the return of individuals to countries where they may face human rights abuses,” the Commissioner added.

While recognising the challenges posed by migratory movements in the Mediterranean, the Commissioner asked the Cypriot authorities to take steps to ensure that laws and practices applied in the buffer zone and at sea comply with Council of Europe human rights standards.

• Read the Commissioner’s letter to the President of the Republic of Cyprus
• Read the reply of the President of the Republic of Cyprus to the Commissioner's letter

Are we caring for our carers - An Own Initiative investigation into the administration of carers’ needs assessments in Wales