Audizione del Garante in Commissione Sanità

Date of article: 13/03/2024

Daily News of: 14/03/2024

Country:  Italy - Marches

Author: Garante regionale dei diritti della persona (Regional Ombudsman of Marches)

Article language: it

Giulianelli chiamato a fare il punto sulla situazione degli istituti penitenziari marchigiani soprattutto per quanto riguarda le problematiche di carattere sanitario, che rappresentano una delle maggiori criticità. In primo piano restano le patologie psichiatriche

Il Garante illustra in Commissione sanità la situazione degli istituti penitenziari marchigiani, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi. Nel corso della prevista audizione Giulianelli ha rinnovato la preoccupazione, più volte espressa, in relazione al sovraffollamento che si registra in modo più consistente nelle Case circondariali di Montacuto e Villa Fastiggi. Ma l’attenzione si è soffermata soprattutto sulle problematiche di carattere sanitario che rappresentano una delle maggiori criticità, con al primo posto le patologie psichiatriche sempre più in aumento, come emerge ormai da anni attraverso l’azione di monitoraggio portata avanti dall’Autorità di garanzia.

“Ad incidere – ha commentato il Garante a margine dell’audizione – sono molteplici fattori. Ovviamente la carenza di personale non permette di intervenire in modo adeguato. Mancano i sanitari, gli educatori, ma anche gli agenti sono in numero inferiore di quanto previsto. Se questo da un lato vuol dire affrontare con maggiore disagio i momenti di difficoltà, dall’altro sta anche a significare che, alcune volte, non è semplice formare le scorte per portare un detenuto in ospedale”.

Al dato complessivo si aggiunge un’altra riflessione che riguarda le attività trattamentali, perché “il tempo in carcere si dilata – specifica Giulianelli –   ed è necessario riempirlo con cose da fare, onde evitare ricadute sotto il profilo psicologico. Progetti, che siano anche di qualità, aiutano ad arginare questo stato di cose e proprio per questo ne abbiano attivati diversi e continueremo a farlo con il supporto di chiunque vorrà rendersi disponibile”.

Il Garante non manca di rinnovare altre sue considerazioni sempre sul versante sanitario. La prima riguarda la necessità di una seconda Rems sul territorio regionale, ritenuta ormai indispensabile vista l’esiguità di posti a disposizione (una ventina) in quella di Macerata Feltria. Per quanto riguarda la seconda il concetto base è che “il vecchio sistema, che poneva la sanità carceraria in capo al Ministero e non alle Regioni, aveva una sua logica e una maggiore funzionalità”.

E aggiunge: “Il fatto che sanità penitenziaria e direzione dell’istituto siano separate non agevola la situazione. Pensiamo soltanto che, per una questione di privacy, il direttore non può conoscere lo stato di salute di un detenuto. Mi rendo perfettamente conto che molte questioni esulano dalle nostre possibilità d’intervento, ma è anche certo che ci sono le condizioni per mettere in atto un’azione sinergica d’intervento sul Governo centrale, magari in diretto contatto con le altre Regioni che vivono, in molti casi in forme molto più consistenti, tutte le problematicità degli istituti penitenziari”.

A.Is.

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La asociación mexicana Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco ha recibido hoy el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España

Date of article: 13/03/2024

Daily News of: 14/03/2024

Country:  Spain

Author: National Ombudsman of Spain

Article language: es

La asociación mexicana Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ) ha recibido hoy, de manos de Don Felipe, el IX Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá.

FUNDEJ es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es encontrar a todas las personas desaparecidas en el Estado mexicano de Jalisco. En su elección, el jurado ha destacado el alto valor social y humanitario desarrollado por esta entidad, formada por los familiares de las víctimas, como representación de todos los colectivos que realizan estas labores de búsqueda en los Estados Unidos Mexicanos, pero también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de las desapariciones forzadas.

S.M. el Rey, durante el acto de entrega, celebrado en la Capilla de San Idelfonso de la Universidad de Alcalá, ha felicitado a los premiados por la transcendental labor que realizan en defensa de los derechos humanos en el Estado de Jalisco, no sin dificultades. “En este acto no solo reconocemos los logros de FUNDEJ, sino que también ratificamos nuestra admiración y agradecimiento a todos los colectivos que realizan estas labores de búsqueda en México, así como también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de las desapariciones forzadas”.

Don Felipe ha resaltado los objetivos compartidos por la comunidad iberoamericana de naciones que fortalecen los lazos y el trabajo colectivo para impulsar los derechos humanos y la justicia en toda la región y ha apuntado que “la relevancia de este Premio nos recuerda la urgencia de defender los principios de humanidad y de justicia social, especialmente en tiempos donde la indiferencia o el desánimo pueden parecer respuestas fáciles ante la complejidad de los desafíos internacionales. Este galardón, instaurado por la Universidad de Alcalá y por el Defensor del Pueblo, no sólo reconoce los logros de una organización, sino que también refuerza nuestro compromiso colectivo con los valores, justicia y solidaridad”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señaló en su intervención que “hoy están con nosotros las premiadas, personas concretas, familiares a quienes deseamos expresar todo nuestro afecto, toda nuestra cordialidad, anteponiendo a cualquier otra consideración el deseo de que este Premio lo vivan como un abrazo, un compromiso y un reconocimiento”. Gabilondo prosiguió apuntando que “no es simplemente que les felicitemos por el Premio, es que el Premio trata de ser su felicitación. Una felicitación por su labor, la de encontrar a las personas desaparecidas en el Estado mexicano de Jalisco, que se une a la de tantos colectivos que realizan esas acciones de búsqueda en los otros lugares de México, pero también en otros países en Europa y fuera de ella”.

Asimismo, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, destacó en su discurso que “compartimos el anhelo de FUNDEJ por dignificar la memoria de sus seres queridos y por denunciar, alto y claro, los abusos y la grave violación de derechos que padecen las personas desaparecidas en el Estado de Jalisco, en México y, por extensión, en todo el mundo”.

Ha recogido el premio la fundadora y coordinadora de FUNDEJ, Mª Guadalupe Aguilar, que ha agradecido la concesión de este galardón porque, según ha destacado, “nos llena de esperanza y fuerza para seguir adelante con nuestra labor. Necesitamos plena voluntad política de las autoridades, necesitamos también cooperación internacional para conseguir detener este flagelo y seguir aprendiendo sobre estrategias de búsqueda que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares desparecidos”.

Entre los asistentes a la entrega del Premio se encontraban, entre otras autoridades, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la alcaldesa de Alcalá de Henares; el presidente de la Asamblea de Madrid; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid; los embajadores de Chile y República Dominicana; la Justicia de Aragón; el Diputado del Común de Canarias; el presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y docentes de la Universidad de Alcalá de Henares.

También han estado presentes la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril; la adjunta segunda, Patricia Bárcena, y el secretario general de la institución, José Manuel Saudinós. 

Los premiados

La asociación Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, fundada en 2013, forma una red de apoyo ante el desconocimiento de su paradero, orientando, asesorando, brindando acompañamiento y consuelo a los familiares en el proceso de denuncia, búsqueda y localización de personas desaparecidas, contribuyendo a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el Estado de Jalisco.

Este colectivo está integrado por más de 400 familias y de su labor se han beneficiado más de 1.000 personas con familiares desaparecidos.

Jalisco es el Estado con mayor cantidad de personas desaparecidas de México, con más de 15.000 desde 2006, de los 107.327 registrados en el conjunto del país. FUNDEJ participa en la formación de políticas públicas colaborando con instancias gubernamentales para que reconozcan la problemática y ejerzan acciones concretas. Y pertenece al Movimiento Nacional de Personas desaparecidas.

En la actualidad, uno de sus objetivos es impulsar la creación de un Centro de Identificación Humana con una base de datos nacional conectada, así como la capacitación de especialistas en ciencias forenses que lleven a cabo una correcta y eficiente identificación de los cuerpos.

El Premio de Derechos Humanos Rey de España

Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España, reconoce e impulsa la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. Se entrega cada dos años y tiene una dotación económica de 25.000 euros. En esta edición se han presentado 48 candidaturas procedentes de 12 países. 

Desde su creación se han celebrado ocho ediciones. Las organizaciones galardonadas han sido la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la organización chilena no gubernamental “Un techo para mi País”; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” de México; la institución de las Adoratrices, de España; la Patrulla Aérea Civil Colombiana y, en su última edición, la ONG hondureña Acoes.

El jurado de la IX edición

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, han presidido el jurado de esta edición. Jurado conformado por la presidenta del Consejo de RTVE, Elena Sánchez; el exrector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván; la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de

España, Tania García; la ex directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Elsa García-Maltrás; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero; el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

Antón Leis; la jurista del sistema legal de Naciones Unidas y representante de ACNUR en España, Sophie Müller; el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; la directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Cecilia Robles; el catedrático emérito de Derecho Constitucional por la UAM, Antonio Rovira; el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, y la ex presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas. El secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Saudinós, actuó como secretario del jurado.

Intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

Vídeo sobre los premiados

 

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Public Defender Applies to the Parliament of Georgia

Date of article: 12/03/2024

Daily News of: 14/03/2024

Country:  Georgia

Author: Public Defender (Ombudsman) of Georgia

Article language: en

The Public Defender applied to the Parliament of Georgia to exempt witnesses, victims, defendants, convicted and acquitted persons from the obligation to pay for the expenses of the vehicles obtained/seized by the investigation. The Public Defender believes that an amendment-addition should be made to the Law of Georgia on the Legal Entity under Public Law – the Public Safety Management Centre 112.

The Public Defender’s Office revealed inconsistency in the normative acts of equal force (the provisions of the Law of Georgia on the Legal Entity under Public Law – the Public Safety Management Centre 112 and the Criminal Procedure Code of Georgia).

On the one hand - according to the Criminal Procedure Code, the obligation to preserve the evidence obtained by the investigation rests with the State, as an entity responsible for the investigation and administration of justice; On the other hand, according to the Law of Georgia on the Legal Entity under Public Law – the Public Safety Management Centre 112, the owner and the legal owner have to pay for the expenses of keeping the vehicle transferred by the investigation to the impound lot within the framework of criminal proceedings, regardless of their status in the proceedings.

The owner/legal owner of the seized vehicle is objectively restricted from the right of ownership based on the legitimate interest of the investigation, however, additionally, charging the owner/legal owner of the costs of its storage at the impound lot, when the seizure of this vehicle and its delay at the secured impound lot for the appropriate period of time are entirely in the interest of the investigation, causes unjustified material damage to him and contradicts the rule of distribution of procedural costs established by the Criminal Procedure Code of Georgia.

Accordingly, on March 11, 2024, in order to ensure the protection of property rights, the Public Defender submitted a proposal to the Parliament of Georgia with a request not to charge the participants in the process (witnesses, victims, accused, convicted and acquitted persons) for the costs of the vehicle obtained/seized by the prosecution.

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El Defensor de la Infancia pide extender a los mayores de edad la ayuda de 5.000 euros para los huérfanos por violencia de género

Date of article: 12/03/2024

Daily News of: 14/03/2024

Country:  Spain - Andalucía

Author: Regional Ombudsman of Andalucía

Article language: es

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy la extensión de la ayuda económica a la infancia huérfana de violencia de género para los mayores de 18 años, al igual que sucede en otras comunidades autónomas.

En la comisión sobre la infancia y adolescencia del Parlamento de Andalucía, Jesús Maeztu ha saludado la entrada en vigor este año de una prestación de 5.000 euros anuales destinadas a menores huérfanos por violencia de género, y ha solicitado la colaboración de los diputados y diputadas de la comisión para extender la ayuda a los mayores de edad. “Al menos a los que están estudiando, y hasta que comiencen a trabajar, pero para que no se queden fuera. Conocí el caso de un menor en estas condiciones al que le vino un recibo de IBI a los 18 años, y no tenía con qué pagarlo”, ha considerado el Defensor, que ha presentado el Informe de Infancia y Adolescencia 2022.

Maeztu ha llamado la atención sobre la situación en la que quedan los hijos e hijas, “los grandes olvidados” y los familiares. “Cuando se entierra a la mujer, comienza el calvario del niño y del familiar que se queda con ellos”, ha subrayado.

Para el Defensor de la Infancia, este Informe se puede utilizar como una “guía” para que esas familias conozcan qué pueden hacer cuando les sobreviene esta situación, al tiempo que ha reclamado a la Administración varios retos para garantizar recursos y protección a estas víctimas. Maeztu ha señalado, entre otros, una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial. Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.

Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de este informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 13 menores se han quedado huérfanos en este periodo, por lo que se trataría de 88 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma hasta la actualidad.

En cuanto al estado de la infancia andaluza este año, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, y el número de suicidios. Sobre educación, y mientras sigue descendiendo el número de reclamaciones por la matriculación, Maeztu ha avisado de que persisten carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y la preocupación por las conductas violentas en las aulas.

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Judgment of the Court in Case C-516/22 | Commission v United Kingdom (Judgment of the Supreme Court)

Date of article: 14/03/2024

Daily News of: 14/03/2024

Country:  EUROPE

Author: Court of Justice of the European Union

Article language: en

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-03/cp240047en.pdf

Languages available: es de en fr it mt pl pt ro sv

PRESS RELEASE No 47/24

Luxembourg, 14 March 2024

Judgment of the Court in Case C-516/22 | Commission v United Kingdom (Judgment of the Supreme Court)

The United Kingdom has infringed EU law as a result of a judgment of its Supreme Court

Infringement proceedings against the United Kingdom for possible breaches of EU law committed before the end of the transition period (31 December 2020) are possible in the four years following that date

On 19 February 2020, that is before the end of the transition period, the Supreme Court of the United Kingdom delivered the Micula v Romania judgment 1 authorising the enforcement of an arbitral award made in International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Case Ioan Micula, Viorel Micula and Others v. Romania 2 . By that arbitral award, Romania was ordered to pay Swedish investors compensation of approximately €178 million on account of the early repeal of a regional investment aid scheme. The judgment of the Supreme Court of the United Kingdom was delivered despite the fact that the Commission, which considered that compensation to be State aid incompatible with EU law, had prohibited Romania from paying it. Moreover, a dispute concerning that Commission decision was pending before the Court of Justice 3 .

(...)

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