Im Juli hat die Volksanwaltschaft in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ darauf aufmerksam gemacht, dass sich jedes Bundesland für die Auszahlung der vom Bund finanzierten Pflegeausbildungs-Prämie seine eigenen Regeln machen konnte. Volksanwalt Bernhard Achitz: „Es freut mich, dass Sozialminister Johannes Rauch diesem Wildwuchs nach wiederholter Kritik durch die Volksanwaltschaft mittlerweile ein Ende gesetzt hat. Es gibt jetzt einheitliche Regeln für ganz Österreich. Erfreulich ist das zum Beispiel für Lena Marie H. aus Judenburg in der Steiermark, die ursprünglich keine Prämie erhalten hat, weil sie in Kärnten in Ausbildung war. Sie hat mittlerweile ihre Ausbildung absolviert und die Prämie nachträglich bekommen.“

Geld des Bundes, aber Länder stellten Willkür-Regeln auf

Lena Marie H. aus Judenburg in der Steiermark absolvierte eine Pflegeausbildung in Klagenfurt. Eine dafür vorgesehene Ausbildungsprämie von 600 Euro bekam sie vom Land Kärnten aber nicht. Denn sie hatte vor, nach der Ausbildung weiter in der Steiermark zu arbeiten. Die Richtlinie aus Kärnten sah jedoch vor, dass nur jene Auszubildenden die Prämie erhielten, die sich verpflichten, ihrer Arbeit zumindest ein Jahr lang in Kärnten nachzugehen.

Volksanwalt Achitz schloss sich der Kritik an: „Den Personalmangel in der Pflege gibt es in ganz Österreich. Niemand versteht, warum hier jedes Land seine eigenen Regeln machen darf. Menschen orientieren sich nicht an Landesgrenzen, sie suchen sich die Arbeit in der Nähe des Wohnorts, oder nach der verkehrsgünstigen Lage. Das muss nicht in dem Land sein, wo der Wohnort ist.“

Immer wieder Bundesländer-Fleckerlteppich

Zuvor hatten sich auch schon beim Corona-Bonus Betroffene an die Volksanwaltschaft gewandt, weil sie wegen in manchen Bundesländern eingeführten Stichtags-Regelungen keine Prämie bekommen hatten, obwohl sie ihnen wegen langer Beschäftigung in der Pflege eigentlich zustehen hätte müssen. „Immer wieder vergibt der Bund Geld, überlässt die Verteilung und leider auch die Regeln aber den Bundesländern. Die Folge sind neun unterschiedliche Vorgehensweisen“, kritisiert Achitz.

SERVICE: Die Volksanwaltschaft ist unter post@volksanwaltschaft.gv.at sowie unter der kostenlosen Servicenummer 0800 223 223 erreichbar.

Informe al Parlamento 2023

No se ha adaptado al aumento de la población, que ha sido de casi dos millones en veinte años
 
Hay demoras en las respuestas y déficits en la cobertura de las necesidades
 
La población migrante tiene problemas para acceder a los servicios
 
No se acompaña ni se escucha suficientemente a las personas, especialmente a las más vulnerables
 
La síndica está preocupada por la conflictividad en las prisiones
 
El informe propone diez recomendaciones para transformar la Administración

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por el adjunto general, Jaume Saura, ha entregado a la presidenta del Parlamento, Anna Erra, el Informe anual al Parlamento de la institución correspondiente al año 2023.

Con la voluntad de que la institución del Síndic de Greuges se convierta en una herramienta transformadora de la Administración y sus políticas públicas, el informe de este año no recoge solo la actividad interna de la institución, sino que contiene también un análisis de los principales problemas que sufren las personas que viven en Cataluña y de la capacidad de las administraciones de darles respuesta. 

1. Cifras destacadas

Este año, se han dirigido a la institución 17.992 personas y se han iniciado 21.938 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. El número de quejas recibidas se ha estabilizado en torno a las 10.000 anuales, después del incremento experimentado durante la pandemia. 

Un año más, las políticas sociales –especialmente las de educación, servicios sociales y salud– constituyen el principal ámbito de intervención de la institución, ya que representan el 43,8 % del volumen total de quejas y actuaciones de oficio iniciadas. Esta cifra señala la dificultad que tienen las administraciones públicas para dar respuesta de forma adecuada a las necesidades sociales de la población.

2. Los cinco principales cambios que se han producido en Cataluña

El informe aborda los cinco principales cambios sociales que afectan a Cataluña y los retos que plantean para las políticas públicas.

En primer lugar, la población de Cataluña ha aumentado en casi 2 millones de personas desde el año 2000, con un incremento del 27,8 %, y se sitúa entre los países con un crecimiento demográfico más elevado a lo largo de las dos últimas décadas. Este crecimiento demográfico ha comportado inevitablemente un aumento de la presión asistencial sobre los diferentes programas y servicios públicos. Por ejemplo, en 2023 se ha constatado una falta de personal docente suficiente (el 15 % de bajas no han sido sustituidas), y también de personal médico de diferentes especialidades.

En segundo lugar, destaca el hecho migratorio y el reto de la cohesión social. Una parte muy significativa de este crecimiento poblacional ha sido protagonizado por personas de origen migrante procedentes del extranjero (el 71,2% del total). De hecho, hoy, el 16,3% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera.

El modelo de integración actual no garantiza la equidad y la cohesión social, por lo que la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social. Así, por ejemplo, esta población tiene el triple de posibilidades de sufrir riesgo de pobreza, más del doble de tasa de paro y más del doble de dificultades de acceder a una vivienda. Sin embargo, accede menos a los servicios públicos y se beneficia menos de las ayudas de la Administración: 

• Accede dos veces menos a las prestaciones sociales: el 3,7 % de la población extranjera en situación de riesgo de pobreza percibe la renta garantizada de ciudadanía (RGC), frente al 7,5% de la población de nacionalidad española que se encuentra en la misma situación. 

• Accede cerca de tres veces menos a la educación infantil de primer ciclo (14,9 %, frente al 52,4 %) y tiene cerca de tres veces más de abandono escolar prematuro (38,2 %, frente al 13,0 %). 

El tercer cambio social importante es el empobrecimiento de la población por efecto de las crisis económicas de 2008 y de la pandemia, y también por efecto de una coyuntura global que ha contribuido a aumentar la inflación. Teniendo en cuenta la inflación, el salario bruto medio se ha reducido un 2,2 % en la última década. 

De hecho, en Cataluña la tasa de riesgo de pobreza para el conjunto de la población se situaba en el 19,9 % en 2022, y afectaba a cerca de 1,5 millones de personas. La privación material severa se sitúa en el 9,0 %, afectando a cerca de 700.000 personas, cuando en 2013 era del 6,1 %. 

El cuarto cambio social es el envejecimiento de la población, que aumenta las necesidades de atención a las que debe hacer frente la Administración y reduce el peso de la población que contribuye a financiar las prestaciones sociales. 

En dos décadas, la población mayor de sesenta y cinco años ha pasado del 17,2 % correspondiente al año 2003 al 19,4 % del año 2023. La proyección es que en 2050 esta proporción haya crecido hasta el 28,9 %. En 1980 el peso de las personas mayores era del 11 %. 

Por último, el crecimiento demográfico también ha supuesto un incremento de la producción y del consumo, que tienen un impacto directo en el cambio climático. Los años 2022 y 2023 han sido los más cálidos desde 1950, y las reservas de agua de los embalses se sitúan en los valores más bajos de las últimas décadas (por ejemplo, en marzo de 2024 se situaban en el 15,25 % de su capacidad).

1. Las cinco principales carencias de la Administración

Ante este nuevo contexto social, el informe denuncia que la Administración no se ha adecuado a las nuevas necesidades sociales y explica las principales carencias que se han detectado: 

3.1. Tiempo de respuesta excesivamente largo de la Administración

El crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población contribuyen a incrementar tanto la presión asistencial sobre los servicios públicos como los tiempos de espera para acceder a ellos. Así, por ejemplo, en los últimos años no se ha logrado reducir las listas de espera en el ámbito de la salud: en octubre de 2023 había más personas que en 2017 en lista de espera para intervenciones quirúrgicas (195.270 personas) y para pruebas diagnósticas (170.262 personas). Las quejas recibidas en la institución en este ámbito también han crecido: de 671 en 2018 a 989 en 2023. 

Asimismo, se detectan retrasos en la tramitación de las prestaciones económicas, como la RGC o la prestación por dependencia, que hacen que estas herramientas pierdan eficacia porque durante este tiempo no se cubren las necesidades sociales que desean compensar. 

En el ámbito de la justicia, la demora judicial, que ha aumentado a lo largo de la última década por la saturación del sistema de justicia, es un factor de victimización secundaria y afecta negativamente a la eficiencia y efectividad de la tutela judicial. 

3.2. Cobertura insuficiente de determinadas políticas públicas 

El crecimiento demográfico y el empobrecimiento de la población también afectan a la cobertura de las políticas públicas. Poner a las personas en el centro y adecuar la actuación de la Administración a las necesidades sociales existentes implica garantizar que las prestaciones sociales (ayudas, servicios, etc.) cubren a las personas que las necesitan. No garantizar esta cobertura supone desatender necesidades sociales y que la actuación de la Administración no sea suficientemente efectiva. 

Así, por ejemplo, la RGC no llega a todas las personas que están en situación de necesidad: solo el 18,9 % de la población en situación de privación material severa del colectivo activable laboralmente ha percibido una RGC en 2023. Si se tiene en cuenta a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), más de la mitad de la población en situación de privación material severa no percibe ingresos procedentes ni del IMV ni de la RGC. 

En la misma línea, la insuficiencia de vivienda social dificulta la atención de las situaciones de emergencia social a través de las mesas de emergencias: cerca de 3.000 unidades de convivencia están a la espera de la asignación de una vivienda. Y, desde la pandemia, están aumentando las familias que se dirigen al Síndic de Greuges para quejarse sobre las políticas en materia de vivienda (se ha pasado de recibir 244 quejas en 2021 a recibir 409 en 2023). 

3.3. Las barreras de acceso a la Administración y a los servicios   

La vulnerabilidad puede limitar la capacidad de las personas de acceder a prestaciones necesarias para dar respuesta a sus necesidades sociales. El desconocimiento, la falta de habilidades para gestionar el acceso a las prestaciones, el carácter restrictivo de los requisitos de acceso, los problemas de funcionamiento de los servicios o las barreras burocráticas son algunos de los obstáculos detectados. 

En este sentido, el informe denuncia que todavía hay algunas administraciones que mantienen la cita previa como requisito absoluto y general para acceder a sus oficinas de atención ciudadana y registro, y que la digitalización de la Administración puede limitar el acceso a la misma a determinada población vulnerable por efecto de la brecha digital. 

También señala que la falta de integración del sistema de prestaciones de carácter económico obliga a las personas a estar informadas de las diferentes ayudas existentes y a hacer trámites adicionales, lo que genera barreras en el acceso. 

3.4. Los déficits de acompañamiento y escucha de las personas, especialmente de las más vulnerables 

El modelo de intervención de los servicios sociales básicos es todavía demasiado asistencialista y de control: vela por cubrir las necesidades más básicas y dar respuesta a las situaciones de emergencia social, y no tanto por acompañar a las familias con un abordaje terapéutico para mejorar su autonomía. 

El informe también pone de manifiesto que cerca de 100.000 personas en Cataluña están institucionalizadas en centros de protección, centros penitenciarios, residencias de personas mayores, etc. Y esto se explica en parte por la falta de recursos alternativos, como familias de acogida, medidas penales alternativas y atención domiciliaria integral. Las prisiones, por ejemplo, no dan respuesta adecuada a las necesidades del perfil de la población penitenciaria atendida. 

En otro ámbito, el tributario, tampoco se ha puesto al ciudadano en el centro: las administraciones ordenan y aplican los tributos de forma rígida, sin tener en cuenta la casuística económica y social de las personas con deudas tributarias que tienen la voluntad de pagarlas pero no pueden hacerlo con las condiciones establecidas por la Administración (plazos, etc.). 

3.5. La falta de planificación de políticas para combatir el cambio climático 

El Gobierno ha impulsado medidas de emergencia por la sequía, pero son insuficientes dada la falta de precipitaciones, la falta de previsión y la falta de gestión. Las inversiones para garantizar el servicio de agua a la población han sido insuficientes y las medidas de control del consumo no se han implementado en todas partes. También se han detectado déficits en el pleno despliegue de las energías renovables.

4. Las diez recomendaciones para transformar la Administración

Por último, el informe propone diseñar una estrategia de transformación de la Administración que incluya los diez puntos siguientes: 

1. Modelos alternativos a la institucionalización de las personas
2. Un sistema integrado de políticas de apoyo y acompañamiento a las familias con niños a cargo
3. Un modelo de servicios sociales integrado, de acceso universal y orientado a la prevención y al acompañamiento de las personas
4. Una atención integral en el ámbito de la salud
5. Una estrategia nacional que consolide un modelo de acogida de la población migrante y ponga el acento en las garantías de ascensor social y en la cohesión
6. La promoción del parque de vivienda social
7. Un plan de mejora del éxito educativo
8. La planificación de ciudades armoniosas con las necesidades y los derechos de las personas
9. Un pacto contra el cambio climático
10. Una estrategia de transformación de la Administración para hacerla más eficiente, eficaz y amable

Presentación en formato web

• Presentación en formato pdf
• Nota de prensa íntegra en pdf
• Resumen ejecutivo

Con casi 200 expedientes en 2023, Educación es una de las áreas que más quejas recibe, junto con Sanidad y Servicios Sociales. Con el fin de estrechar la colaboración institucional en esta materia, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, se ha reunido hoy con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, en la sede del Departamento.

De esta manera, la Justicia de Aragón ha inaugurado los contactos con responsables de las distintas consejerías del Ejecutivo autonómico, tras el primer encuentro institucional con el presidente de Aragón,  que tuvo lugar la semana pasada en el Edificio Pignatelli.

En la reunión de hoy, ambas responsables institucionales han repasado temas de actualidad en materia educativa y han abordado cómo seguir reforzando la colaboración entre ambas instituciones.

La Justicia de Aragón tiene previsto reunirse en los próximos días con la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, con el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y con la responsable de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. 

Educación, Sanidad y Bienestar Social son las áreas de trabajo del Justicia de Aragón que reciben más quejas de los ciudadanos. En el análisis y la solución de cada caso concreto resulta necesaria la colaboración de la administración, que se lleva a cabo mediante un cauce ágil y fluido que permite el desarrollo efectivo de la función de defensa de derechos y libertades que el Estatuto de Autonomía de Argón confiere al Justiciazgo.

• Legislatura del informe: XI
• Fecha de presentación del informe: 20/03/2024

Hoy tuvo lugar el Salón Noble del Pazo de Fonseca en Santiago de Compostela el acto de entrega de los Premios Valedora do Pobo, que estuvo marcado por el recuerdo de la tragedia que unas horas antes acontecía en Ribeira, donde una mujer era asesinada por su expareja, siendo la primera víctima de violencia de género de este año en Galicia.

En el acto intervinieron, además de la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, los rectores de las Universidades de Santiago de Compostela y de A Coruña, Antonio López Diaz y Ricao Cao Abad, respectivamente, la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo,que representó al rector, Águeda Gómez Suárez, y la conselleira de Emprego e Igualdade, Elena Rivó López. Todos ellos felicitaron a las premiadas además de manifestar su repulsa por el crimen.

La ganadora del premio al mejor trabajo Fin de Grado, Coral Carballedo Roca, por su trabajo titulado “Violencia de Género. Impacto de las órdenes de protección y del proceso judicial en el bienestar psicológico de las víctimas” puso en valor en su intervención la labor de la psicología jurídica. Los peritajes psicológicos, la intervención psicológica en el ámbito penitenciario, la mediación o la mejora de la situación de las victimas que interactúan con el sistema legal y judicial son algunas de las áreas de interés. Justifica la investigación de su trabajo en esa constante búsqueda por el bienestar de las víctimas, en especial las que sufren violencia de género. Su investigación corrobora como determinadas variables como el apoyo social mitigan el estrés postraumático que en muchos casos las acompaña. Las normas jurídicas, los procedimientos jurídicos y funciones de los actores jurídicos pueden repercutir en el bienestar psicológico de las personas afectadas. El trabajo analiza el impacto de la participación en el proceso y las ordenes de protección en el bienestar psicológico de la víctima.

Por su parte, Teresa Búa Zache, ganadora del premio al trabajo Fin de Máster por su trabajo titulado “Legislar y Juzgar desde la perspectiva de género: especial referencia al ámbito del derecho penal y a los delitos sexuales” manifestó en su discurso que la perspectiva de género sirve para detectar situaciones discriminatoria para las mujeres, y que pretende transformar la sociedad y modificar las condiciones sociales que provocan la sumisión de la mujer. El objetivo de su trabajo, explica, es la necesidad de que se escuche a las mujeres, se necesita una igualdad real y efectiva y nuevas formas de legislar y juzgar.

En el acto también estuvieron presentes el Consejero Mayor del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, El Presidente del Consello Económico y Social, Manuel Pérez, la Secretaria del Consello Galego de Relacións Laborais, Cristina Fabeiro, la Secretaria  Xeral da Igualdade, Sandra Vázquez y representantes parlamentarios, además de las directoras de los trabajos premiados, representantes de la comunidad universitaria, de la institución de la Valedora do Pobo, y de las familias de las premiadas.