El síndic de Greuges, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado esta mañana su Informe Anual 2023, en el que denuncia que las excusas de la Administración para no atender en un plazo razonable los derechos de la ciudadanía son “inaceptables”.

En el marco de la defensa al derecho a una buena administración, el defensor hace una reflexión para advertir a los poderes públicos que cuando se pone en marcha una iniciativa o nueva norma debe acompañarse de su correspondiente dotación presupuestaria. De este modo, queda invalidado el reiterado argumento de falta de medios y de personal, que esgrime la Administración al Síndic para incumplir con su obligación de resolver las peticiones de los ciudadanos en el tiempo establecido.

Asimismo, Luna destaca como “preocupantes” las limitaciones del acceso a documentos que sufren los concejales de los grupos de la oposición. “Estas limitaciones se han ampliado en diversas formas a partir de las elecciones locales de 2023”, señala el síndic, que añade que “esta institución viene denunciando esta realidad durante años y reclamando cambios legislativos al respecto”.

Falta de voluntad política

Sin embargo, ningún grupo político ha recogido estas reclamaciones del defensor. “Ahora asistimos a excusas de todo tipo, desde problemas de aplicaciones informáticas, pasando por las socorridas referencias a la protección de datos y terminando por interpretaciones artificiosas de los reglamentos locales”, explica Luna. Todas estas excusas tienen la finalidad de limitar, por quienes mandan, el contenido y la cantidad de información que se suministra a las personas que tienen como misión constitucional ejercer de oposición. Facilitar el acceso a la información a los cargos públicos de la oposición no exige ni medios, ni esfuerzo. Simplemente es una cuestión de voluntad política.

Situaciones como las que se han producido en Benidorm, San Juan de Alicante, Cheste, Moncada o Valencia, y que recoge exhaustivamente el Informe Anual del Síndic de Greuges 2023, ponen de relieve el deterioro de reglas esenciales de funcionamiento en una democracia consolidada. Lamentablemente, no son los únicos ejemplos y no se avistan indicios de mejora.

Incremento de la lista de espera de la dependencia

Asimismo, en el balance de sus actuaciones en el pasado ejercicio, Luna también insiste en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, especialmente para obtener las prestaciones de la renta valenciana de inclusión y de la dependencia. Precisamente, en materia de dependencia el Síndic destaca el inquietante incremento en los datos relativos a la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que hace públicos la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda mensualmente. De 13.342 personas solicitantes el 3 de julio de 2023 a 18.580 personas el 2 de enero de 2024.

Luna manifiesta que este incremento es exagerado e injustificado y obliga a la Conselleria, aún más si cabe, a analizar en profundidad las causas de la ineficacia del procedimiento de declaración de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención correspondiente (PIA), y a adoptar medidas urgentes para su solución.

Además, cabe reseñar el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.

El procedimiento de emergencia ciudadana “cae en saco roto”

Esta situación, que se remonta a más de una década atrás, ha provocado que esta institución investigara el tema de oficio, además de las numerosas quejas y consultas que hemos recibido a instancias de parte. Lejos de haberse reducido el problema, su incidencia se ha incrementado en los últimos meses.

Los recordatorios legales del Síndic para las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, caen reiteradamente en saco roto.

Además, continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad.  Especialmente, destaca la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año. Desde esta institución, en reiteradas ocasiones, hemos urgido al incremento del número de Centros de Valoración. De igual modo, hemos señalado la necesidad de establecer procedimientos de coordinación entre los distintos servicios públicos sectoriales implicados en los procesos de valoración, y hemos urgido a que se tomen medidas que solucionen la falta de cobertura de puestos profesionales.

Por otra parte, resulta inaudito que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria argumenta como excusa, transcurridos años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión.

Servicios Sociales renuncia a liderar la declaración del riesgo de los menores 

La realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras constituyen una muestra de hasta qué punto están siendo omitidos derechos, principios y garantías de la infancia.

Este estado de cosas sólo puede ser calificado como alarmante y exige la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces.

Por todo ello, resulta aún más decepcionante comprobar que el informe de impacto en la infancia y adolescencia que acompaña a la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, no cuantifica ni precisa soluciones tangibles a las carencias de medios materiales y humanos o a la “acumulación de tareas”, con las que tantas veces nos responde la Administración para justificar las negligencias que le advertimos.

En la tramitación de la queja de oficio sobre Las situaciones de riesgo en la Infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana esta institución reprochó a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que renunciase al ejercicio del liderazgo que le corresponde en la valoración y declaración de riesgo de los menores. El Síndic concluyó que la distribución competencial asumida por las distintas administraciones autonómicas y locales no puede servir de excusa para asumir esta responsabilidad última en las políticas de Infancia y Adolescencia.

En materia de vivienda, las reducidas dimensiones del parque público continúan siendo el principal obstáculo para lograr de forma efectiva el derecho al disfrute de esta. La vivienda constituye un bien de primera necesidad que permite la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona (salud, intimidad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad…). Igualmente, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, como desgraciadamente nos muestra la realidad, son difíciles de revertir.

La Administración se limita a ser mera gestora de viviendas públicas

 No obstante, la experiencia nos demuestra que lo que prevé la legislación continúa chocando con la práctica administrativa. La realidad es que la intervención de las administraciones públicas en este ámbito se reduce a meras gestoras de las viviendas públicas que no se encuentran ocupadas, están disponibles y son susceptibles de adjudicarse a una unidad de convivencia.

El Síndic insiste en que la Ley de Función Social de la Vivienda establece un sistema de gestión integral de las necesidades de vivienda de la ciudadanía más necesitada y vulnerable, que implica la atribución efectiva y real de un recurso habitacional a quien lo necesita; ya sea una vivienda, si existe una disponible que adjudicar, o -en caso contrario- de cualquiera de los otros mecanismos previstos en la ley, como una ayuda al alquiler.

Por último, debemos recordar que el 2023 ha sido un año singular, en el que las relaciones entre la Administración y la ciudadanía se han visto afectadas por las elecciones autonómicas y locales, con un cambio en el gobierno del Consell y en numerosos Ayuntamientos. De ahí que desde esta institución hayamos entendido como prudente no recargar el uso de las quejas de oficio mientras no terminara el aterrizaje de los nuevos equipos gestores, limitándolas a los asuntos de mayor relevancia.

Las actuaciones del Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana durante 2023 ascienden a 18.561, de ellas, 3.933 quejas a instancias de la ciudadanía. El grueso de estas, el 41,66% corresponden a problemas relacionados con Servicios Sociales, en especial a la Dependencia. Otras cuestiones que han causado numerosas quejas, aunque con mucha distancia en cuanto a su cantidad, han sido las relativas a Servicios Públicos y Medio Ambiente (11,44% del total); Transparencia y Participación (9,92%); Procedimientos Administrativos (8,4%); Empleo (6,86%); y Vivienda (4,35%).

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• Consulta el anexo con los datos estadísticos más significativos del Informe.
  • Consulta el documento íntegro del Informe anual 2023 del Síndic de Greuges.

Unfair terms in the contracts of instant loans companies; excessive interests, penalties and charges; lack of sufficient, precise and timely pre-contract information allowing for an informed decision to conclude a credit agreement or an annex thereto; minors signing empty credit applications; and small font size applied to important clauses of the agreement are some of the problems that the Ombudsman Mrs Diana Kovacheva outlined at a meeting of the Parliamentary Subcommittee on consumer protection and dismantling of monopolies.

20 March 2024

Unfair terms in the contracts of instant loans companies; excessive interests, penalties and charges; lack of sufficient, precise and timely pre-contract information allowing for an informed decision to conclude a credit agreement or an annex thereto; minors signing empty credit applications; and small font size applied to important clauses of the agreement are some of the problems that the Ombudsman Mrs Diana Kovacheva outlined at a meeting of the Parliamentary Subcommittee on consumer protection and dismantling of monopolies.

Members of Parliament heard the chairperson of the Commission for Consumer Protection (CCP) Mr Stoil Alipiev in relation to the inspections of instant loans companies carried out by the Commission over the period 2021-2023 and the ones planned for 2024. It appeared that the CCP avails of no capacity and human resources to protect citizens against unfair terms and practices on the part of the instant loans companies.

Prof. Kovacheva underscored that Bulgaria ranks first in terms of bad loans in Europe. She pointed out that the Ombudsman institution continued to receive complaints from citizens who had suffered from arbitrary acts of instant loans companies. She reiterated further that the problem was a significant one since 90% of these non-banking financial institutions operate in violation of the law.

“It is apparent to everyone that the people who resort to instant loans have lesser credit history, i.e. these people cannot get a loan from a bank. Usually these are citizens who seek ways to repay older debts or just try to make ends meet. However, the assessment due concerns not only a decision whether to extend a credit or not, but also the type and amount of the credit so as to guarantee that the credit is tailor-made to the person in question and they will be able to repay it. I receive complaints from people who have three, five, nine instant loans provided that the salary they receive, if employed at all, cannot service these credits. Nevertheless, the instant loans companies continued to extend new credits, again and again, thus people ended with nine instant loans”, the Ombudsman said.  

Diana Kovacheva gave examples of unlawful methods for collecting debts that instant loans companies applied, with tragic consequences – deceased people and people who had taken their own life as a result of the stress and psychological harassment.

A mother whose daughter suffered from bipolar disorder took multiple instant loans. However, the family could not service these loans since the mother was permanently incapacitated to work and received a meagre pension of BGN 396. The instant loans companies started showing at their door and threatening the family. The daughter was so scared she tried to poison herself with pills.

An even more striking example that the Ombudsman gave concerned a complaint she received from a citizen regarding employees of instant loans companies who paid multiple visits to his father who was certified as permanently incapacitated for work (100% disability). They asked that the man pays back a loan taken by his grandson who was abroad. Once the employees remained for four hours in front of his house, so he was forced to go around the area in his wheelchair waiting for them to leave. The next day he had a massive heart attack and passed away.

“These two examples demonstrate that the instant loans companies do not perform in-depth checks of the client creditworthiness, despite the statutory obligation to this end”, prof. Kovacheva said.

“As regards the fees and penalties charged by the instant loans companies, according to the settled case-law, these companies resort to lawful means to achieve unlawful results, i.e. they circumvent the law”, the Ombudsman added.

She commented another recurrent complaint about penalties claimed for failure to supply a guarantor or a bank guarantee within the set time limits. The court has held that a stipulation for the debtor to pay compensation for failure to supply a collateral or guarantors within the set time limits is void since it runs contrary to accepted principles of morality. According to the court, such stipulations go outside the remit of security, compensatory and penalty functions and transfer the risk of the instant loans company’s failure to perform its obligations to conduct a preliminary assessment of the debtor’s creditworthiness to the debtor himself, thus additionally increasing their debt.  

“As far as the claimed fees for costs are concerned, the judicial acts stipulate that terms of contract according to which the debtor must pay the creditor damages for delay in addition to the damages for delay for which a demand for payment has been issued under Article 410 of the Civil Procedure Code are null and void. That is to say that there is settled case-law in this regard, but nevertheless these violations keep reoccurring, and no one seems able to stop the instant loans companies”, the public defender said.

Prof. Kovacheva underscored that according to the court the clause charging fees for express review of applications was void since it ran contrary to accepted principles of morality. This is so since the amount of the credit increases several times while the consideration remains unclear. Furthermore, these fees run contrary to the mandatory provision of Article 19, para 4 of the Consumer Credit Act.

“Apparently the court repeals the unfair terms of those agreements which reach the court and declares them void. However, not all agreements reach the court. There are many people who are literally enslaved for years on end and live in constant fear that they cannot service their debts. According to the statistics we keep in the Ombudsman institution, the amount of the loan increases twice or thrice already by the time of signing the loan agreement, that is before the amount has even become due. This is excessive and places an extremely heavy burden on people who this way or other cannot service their debts”, the Ombudsman pointed out.

Prof. Kovacheva reiterated that in practice there is no self-regulation of the instant loans sector and literally everyone may establish such a company and work in this sector.

She further added that only seven of 130 the instant loans companies at present were members of the Association for responsible non-banking lending which had adopted a Code of Conduct.

The Ombudsman concluded that consumer rights protection required effective supervision of unfair terms in the general conditions and agreements of instant loans companies as well as legislative amendments to restrict their arbitrary acts.

“I would like to remind you that the problem of instant loans is not isolated. It is closely related to the problem with the collector companies and should be viewed together with the Insolvency of Natural Persons Act or the law on the eternal debtor. That is to say that these three legislative initiatives should go hand in hand”, Diana Kovacheva stated.

The Ombudsman has written to the Minister for Mental Health, Maria Caulfield MP, outlining his concerns over the lack of progress in eating disorder services which is causing avoidable harm.

In his letter, the Ombudsman warns that patients are being repeatedly failed by the system. He raises issues such as a lack of funding, difficulties in accessing primary care, and palliative care being offered to patients deemed too difficult to treat.

The Ombudsman calls on Government to prioritise eating disorder services and ensure there is parity of access and quality of eating disorder services for all age groups across the country.

Read the letter.

The Council of Europe's new Commissioner for Human Rights, Michael O'Flaherty, begins his six-year mandate today with a pledge to put human rights at the heart of member states’ agendas.

"I intend to inject a human rights perspective into the greatest challenges facing our societies," said O'Flaherty, noting that he intends to carry out his first visit as Commissioner to Ukraine. "I can think of nothing more urgent than addressing the human rights consequences of Russia's full-scale invasion of Ukraine, which has caused terrible human suffering and destruction".

The Commissioner also identified other areas where stronger human rights protection is urgently needed, including the climate crisis, the governance of artificial intelligence, freedom of expression, migration and the rise of hate speech, including antisemitism and anti-Muslim attacks.

A significant part of the Commissioner's agenda will also be devoted to bringing the struggles of marginalised people and victims of discrimination to the forefront of human rights discussions. "In particular, Roma and Travellers face an intolerable situation that requires greater attention," said the Commissioner.

Finally, the Commissioner highlighted his intention to focus on youth, socio-economic rights and human rights defenders, as well as to use his mandate to contribute to the implementation of judgments of the European Court of Human Rights.

" I step into this new role with a sense of great responsibility, as well as deep appreciation and respect for the work of my predecessor, Dunja Mijatović. Human rights affect every aspect of our lives. At a time when they face multiple challenges, we must recommit ourselves to weaving them into the fabric of our societies. This will require a concerted effort and I intend to play my part to the best of my ability by accompanying and standing up for rights holders across the Member States.”

Notes to editors

Michael O'Flaherty was elected by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in January 2024. He is the fifth Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, succeeding Dunja Mijatović (2018-2024), Nils Muižnieks (2012-2018), Thomas Hammarberg (2006-2012) and Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado (1999-2006). The Commissioner's mandate lasts for six years and is non-renewable.

An Irish human rights lawyer, O'Flaherty has served as Director of the EU Fundamental Rights Agency (2015-2023), as a member of the United Nations Human Rights Committee (2004-2012), as Chief Commissioner of the Northern Ireland Human Rights Commission (2011-2013), and in various posts at the Office of the High Commissioner for Human Rights, notably in setting up operations in conflict-affected countries such as Sierra Leone and Bosnia and Herzegovina.

Throughout his decades-long commitment to human rights, he has made significant contributions to their promotion and protection, including through the publication of books and articles and through teaching at various universities.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mantenido este miércoles un encuentro en la sede de la institución con el Defensor del Pueblo de Moldavia, Panico Cevslav.

El Defensor moldavo, que se encuentra estos días de visita en España junto a miembros de su equipo, ha tenido oportunidad de conocer el funcionamiento de la institución Defensor del Pueblo de España y ha firmado en el Libro de Honor.

La Oficina del Defensor del Pueblo de la República de Moldavia supervisa a la Administración de su país, a la que hace llegar recomendaciones. Entre sus actividades se incluye, además, investigaciones acerca de asuntos que afectan a los ciudadanos y a su relación con las administraciones y la publicación de los resultados de las mismas.