Support for human rights systems and defenders National human rights systems and bodies

When 25 January 2024

Where Online, Austria

External event

FRA will give an online presentation on its work and activities to a delegation of Turkish authorities on 25 January.

FRA will focus on its work in the areas of justice, victim’s rights and judicial cooperation; asylum, migration and borders; equality, non-discrimination and racism; engagement with civil society and civic space issues, including human rights defenders.

The Turkish delegation will bring together experts from different Ministries, national human rights institutions, judges, prosecutors and law enforcement officers. The EU Delegation in Türkiye will also join the meeting. \

The Directorate for EU Affairs at the Turkish Ministry of Foreign Affairs organised the presentation. It falls under its ‘Strengthening the Fundamental Rights Sector Coordination Project’. Its objective is to strengthen the institutional capacity and cooperation of stakeholders working on fundamental rights in Türkiye.

The Complaint

The Office of the Ombudsman investigated a complaint alleging errors in the approval of a regularisation permit for subdividing a fully detached villa into ten residential units.

The Investigation

Although the complaint addressed five issues – the extension of the footprint, presentation of the deeds of transfer, disturbance to neighbours, missing documents, and breach of planning policies – the Commissioner for Environment and Planing decided that only the first issue merited investigation.

The Commissioner found that the Case Officer report did not consider the issue relating to the building extensions carried out after 2016, even though this issue was flagged during the representation period. Nor did the Planning Commission address this matter in accordance with the Regularisation of Existing Development Regulations, despite its material bearing on the final decision.

The existing photos and the approved plans clearly show that there are differences in the footprint, particularly in three areas. A correct assessment of this application should have first concluded appropriately about this situation.

The Commissioner also found that a Planning Commission hearing date, set following the non-executable decision notice, was irregular since it preceded the established date for further submissions by the representees.

Conclusions and Recommendations

The Commissioner found the complaint justified, recommending the cancellation of the aforementioned Planning Commission hearing and revocation of the regularisation permit by the Planning Board, due to an error on the face of the record.

Outcome

Following the cancellation of the Planning Commission hearing and the Executive Chairperson’s recommendation to revoke this permit – for reasons stated in the Commissioner’s final opinion and due to the missing deed of transfer of the property – the Planning Board decided to revoke the Regularisation Permit in question.

Acuden al Diputado del Común para trasladar la recepción de un aviso de desahucio a 50 familias que tenían un contrato de alquiler con el anterior propietario del edificio y no han conseguido regularizar si situación con la empresa pública Visocan, la actual propietaria

Otras 43 familias no disponían de contrato de alquiler pero exponen que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quiere regularizar su situación

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de 93 familias afectadas que se enfrentan a desahucios inminentes en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tras habérseles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024. Denuncian que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler. En la reunión también estuvo presente la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas.

La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, expone que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció  posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.

Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, Raquel García, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación.

Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación  de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.

El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, se comunicará con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato.

El Ararteko ha iniciado un expediente de oficio para conocer las medidas administrativas adoptadas para reparar los posibles daños medioambientales derivados del vertido de pélets de plástico en la costa vasca.

La actuación de oficio se inicia tras recibir denuncias de varias asociaciones ecologistas ante los posibles daños medioambientales en la costa vasca debido a un vertido de pélets de plástico procedentes del buque Toconao. El incidente ocurrió el 8 de diciembre de 2023 en la costa portuguesa, extendiéndose hacia la costa gallega y por el mar Cantábrico. El Ararteko destaca la rápida respuesta de las administraciones vascas, que han activado el Plan Especial de Emergencia ante la contaminación de la ribera del mar “Itsasertza” y han convocado al Consejo Asesor para la coordinación interinstitucional y el análisis de la situación por parte del centro tecnológico marino AZTI.

La actuación de oficio busca evaluar las medidas tomadas por las administraciones vascas para enfrentarse al impacto ambiental del vertido de pélets de plástico. En ese caso, se menciona la posible aplicación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, basada en los principios de prevención y de que «quien contamina paga», que establece que los responsables de un daño significativo deben repararlo y sufragar los costes de las medidas necesarias.

Así, el Ararteko pretende obtener información sobre los posibles vertidos de pélets de plástico detectados en la costa vasca y sobre las actuaciones dirigidas a exigir las medidas para prevenir, evitar o reparar los daños medioambientales ocasionados.

También pretende conocer el impacto ambiental de este tipo de vertidos de pélets de plásticos al mar y en el litoral vasco, con el fin de disponer de un protocolo de intervención ante futuros incidentes de vertidos de pélets de plástico.

La solicitud de información se ha dirigido al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así como a los Departamentos de Medioambiente de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia.

Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2024

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Benicàssim que modifique el Reglamento de suministro domiciliario de agua potable para introducir una tarifa especial que minore la facturación en los supuestos de pérdidas, fugas o averías ocultas en las instalaciones interiores.

La intervención del defensor del pueblo valenciano se originó a raíz de la queja presentada por un afectado que denunciaba que, a consecuencia de una fuga de agua que no se había detectado, su factura de agua potable del tercer trimestre de 2023 ascendió a 2.795 euros. Ante esta situación, tanto la empresa suministradora como el Ayuntamiento de Benicàssim se negaron a una minoración en la factura, al no existir ninguna tarifa aplicable en caso de averías en la red.

Efectivamente, el Síndic constató que el Reglamento del suministro domiciliario de agua potable de Benicàssim no contempla una tarifa especial para los casos de fugas ocultas de agua. Una tarifa que, según ha comprobado esta institución, sí que es habitual en los reglamentos de prestación del servicio de suministro de agua potable de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, Luna advierte en su resolución que la competencia para regular el servicio de suministro de agua potable es del Ayuntamiento de Benicàssim: «La Corporación Local, como titular y responsable último del servicio, puede modificar la normativa reguladora para introducir tarifas especiales en caso de fuga oculta en los que no media voluntariedad en el consumo por parte de los abonados, mejorando al máximo posible el servicio que se presta a los ciudadanos».

Finalmente, el Síndic afea la conducta del Ayuntamiento de Benicàsim en la tramitación de este expediente al no facilitar el informe solicitado y le recuerda el deber legal de colaborar con el Síndic, facilitando la información solicitada y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales efectuados.

Consulta el contenido íntegro de esta resolución: 12052550.pdf (elsindic.com)