When 13 June 2024

Where Vienna, Austria

Organised By FRA

FRA event

FRA will hold a meeting of foresight practitioners and human rights experts to raise awareness on the importance of considering fundamental rights in foresight activities.

The discussions will focus on how fundamental rights can be practically embedded in the foresight methodologies.

The meeting takes place on 13 June at the Agency.

Artículo de opinión del ararteko publicado en El Correo y Diario Vasco

La curva de Keeling es una de las gráficas más célebres en la historia de la ciencia. En 1958, un joven científico, llamado Charles David Keeling, emprendió la tarea de medir de forma periódica la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera desde la cima del volcán Mauna Loa en Hawái. Esas primeras mediciones de Keeling reflejaron unos niveles de concentración de CO2 en la atmósfera de 315 partes por millón que tendían a incrementarse con el paso del tiempo. La curva ascendente de Keeling es un icono de la emergencia climática y su observación nos recuerda que la concentración del CO2 y de otros gases de efecto invernadero (GEI) causados por la actividad humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles, aumentan inexorablemente, a un ritmo frenético. Para limitar los efectos catastróficos que generaría el cambio climático, la comunidad científica ha colocado una línea roja en torno a las 450 ppm. En el año 2015, cuando tomé posesión de mi cargo como Ararteko, la concentración de partículas alcanzaba la cifra de las 400 ppm. Nueve años después, su concentración continúa en constante crecimiento y hoy alcanza, de manera preocupante, las 425 ppm.

En respuesta a esta crisis climática la comunidad internacional ha dado algunos pasos relevantes. En el año 2015, la ONU, conforme a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, adoptó el Acuerdo de París con el objetivo de que los Estados firmantes asumieran compromisos para limitar las emisiones de GEIs que provocan el calentamiento global. A pesar de estos acuerdos, existe un amplio debate social e institucional, a escala mundial, sobre si los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo suficiente para abordar a tiempo la emergencia climática. Ese debate ha empezado a emerger también en los tribunales de justicia a través de la litigación climática ejercida por la ciudadanía…

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia histórica. El caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz contra Suiza fue planteado por una asociación de mujeres que, preocupadas por las consecuencias del calentamiento global en sus condiciones de vida y su salud, presentaron una demanda contra el Gobierno Suizo. Tras agotar la vía jurisdiccional interna, la Asociación denunció ante el TEDH en Estrasburgo una posible vulneración de sus derechos fundamentales. El pasado 9 de abril de 2024, la Gran Sala del TEDH dictaminó que la Confederación Suiza había violado el derecho fundamental de las mujeres demandantes a no sufrir menoscabo de su derecho a la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La alta jurisdicción europea consideró que Suiza había vulnerado esta disposición por no haber tomado medidas positivas suficientemente ambiciosas para reducir las emisiones de GEIs. Esta sentencia del TEDH representa un hito importante en la lucha contra el cambio climático. Es la primera vez que un tribunal internacional reconoce que el cambio climático es una amenaza para los derechos humanos y que los Estados tienen la obligación de tomar las medidas pertinentes para abordarlo a tiempo. El TEDH ha venido a destacar una verdad incómoda. La obligación de los gobiernos de ejercer una acción climática contundente no es una cuestión a debate. No cabe retardar la implantación de medidas de reducción con argumentos de oportunidad. En definitiva, la procrastinación de la acción climática puede tener como consecuencia una vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

Durante mis dos mandatos como Ararteko la defensa del derecho de las personas a un medioambiente adecuado ha sido una prioridad. Fruto de ese trabajo fue el informe extraordinario sobre la transición energética, presentado en el Parlamento Vasco en el 2018, en el que proponía en Euskadi un pacto social para lograr una transición a una sociedad descarbonizada. Recientemente el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de cambio climático. Esta Ley recoge el papel del Gobierno Vasco en la adopción de un pacto social sobre transición energética y cambio climático que, a través de un proceso participativo y una Asamblea Ciudadana, contribuya al desarrollo de los objetivos en Euskadi. Mi compromiso firme es que la institución del Ararteko siga contribuyendo en los próximos años al impulso de ese pacto social que, en nuestro ámbito más cercano, allane la ascendente Curva de Keeling. La complejidad del reto no debe llevarnos a caer en una suerte de derrotismo climático y, menos aún, en la apatía que genera la angustia de un futuro incierto. No hay más remedio que actuar con urgencia a escala global, local e individual, para evitar los peores impactos del cambio climático. El futuro de la biodiversidad del Planeta y de los derechos humanos dependen de ello. El respeto irrenunciable de los derechos fundamentales de las personas y de las generaciones venideras así lo exige. También los de los vascos y las vascas de hoy y de mañana. 

Manuel Lezertua Rodríguez

Nach dem feigen Anschlag auf einen Polizisten in Mannheim sagte der Bürger- und Polizeibeauftragte Dr. Christian Frenzel heute in Schwerin:

„Leider ist uns erneut vor Augen geführt worden, dass sich Polizistinnen und Polizisten jeden Tag mit hohem Risiko für Leib und Leben dafür einsetzen, dass wir ein sicheres Leben führen können. Jeden Tag sollten wir daher mit Dank und Respekt auf ihre Arbeit schauen. Und jeder von uns trägt Verantwortung dafür, dass ein Klima von Hass und Gewalt nicht weiter um sich greift. Das fängt bei der Frage an, welchen Ton wir bei politischen und gesellschaftlichen Diskussionen anschlagen. Gegenseitige Achtung sollte hier der Maßstab sein. Das muss uns auch im Kleinen gelingen und der Grundkonsens einer Gesellschaft sein, die keine Gewalt gegen anders Denkende duldet.“

Mainz, 05. Juni 2024 – Rheinland-Pfalz feiert ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren steht der Bürgerbeauftragte des Landes den Menschen als verlässlicher Ansprechpartner für ihre Anliegen und Sorgen mit Behörden zur Seite. Bundesweit wurde damit erstmalig eine solche Institution geschaffen, die sich als neutraler Ansprechpartner bewährt hat. Rheinland-Pfalz hatte hier als erstes Bundesland eine Vorreiterrolle. Dieses wichtige Amt, das die Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung stärkt, hat sich als unverzichtbare Institution im Land etabliert.

Die aktuelle Amtsinhaberin, Barbara Schleicher-Rothmund, blickt auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück. Seit 2018 setzt sie sich für die Rechte und Belange der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Verwaltungen ein. „Es ist eine große Ehre und Verantwortung, dieses Amt auszuüben. Jeden Tag arbeite ich daran, das Vertrauen der Menschen in unsere Verwaltung zu stärken und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen“, betont Schleicher-Rothmund. „Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben die Bedeutung unserer flächendeckenden Präsenz im Land noch einmal deutlich gemacht. Die landesweiten Sprechtage der Bürgerbeauftragten sind ein niedrigschwelliges Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger.“

Rückblickend auf die Geschichte des Amtes ist festzustellen, dass jeder Bürgerbeauftragte einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Festigung dieser Institution geleistet hat. Das Amt wurde 1974 ins Leben gerufen, um die Bürgernähe zu fördern und ein offenes Ohr für die Anliegen der Bevölkerung zu haben. Der erste Bürgerbeauftragte, Dr. Jean Baptiste Rösler, legte von 1974 bis 1986 mit seinem Engagement und seiner Pionierarbeit den Grundstein für das Vertrauen, das die Menschen bis heute in diese Institution setzen. Ihm folgte Walter Mallmann (1987 – 1994), der die Arbeit seines Vorgängers fortführte. In den Jahren, von 1995 bis 2010, prägte Ullrich Galle das Amt. Von 2010 bis 2018 brachte sich Dieter Burgard mit viel Einsatz ein. Seit 2018 führt Barbara Schleicher-Rothmund die Arbeit kontinuierlich weiter. Sie versteht sich als Vermittlerin und Mediatorin zwischen den Behörden und den Bürgerinnen und Bürgern. Sie stellt mit ihrer Tätigkeit eine Transparenz im Verwaltungshandeln her und erreicht Lösungen, wo dies manchmal nicht möglich scheint. Sie ist Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger, „wenn der Amtschimmel mal wieder wiehert“.

„Wir feiern heute nicht nur ein Jubiläum, sondern auch das Vertrauen und die Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Amt. Ich danke meinen Vorgängern, deren Arbeit die Basis für unsere heutigen Erfolge gelegt hat, und freue mich darauf, die Zukunft gemeinsam mit den Menschen in Rheinland-Pfalz zu gestalten“, so Schleicher-Rothmund. Eingaben der Bürgerinnen und Bürger stärken die Rolle der Bürgerbeauftragten als Seismographen für die Problemstellungen im Verhältnis Staat / Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger.

Seit dem Jahr 1974 wurden bis zum heutigen Tag 165.240 Petitionen (383.580 Petitionen – mit Massenpetitionen) bei der Bürgerbeauftragten eingereicht.

The final session for this scholastic year of the series of student talks organised by the Office of the Ombudsman, was held at De La Salle College, Cottonera, and involved around 80 students from the College’s Sixth Form. The session, led by the Commissioner for Education, Chief Justice Emeritus Vincent De Gaetano, led to an interesting discussion on the vital role and function of the Ombudsman, on human rights, and on the right to good administration.

This gathering marked the conclusion of a successful series of similar talks aimed at bringing home to Malta’s secondary school and sixth-form students critical information about their civic rights and duties and on the importance of good governance. It also reinforced the Office of the Ombudsman’s commitment to fostering an informed new generation ready to contribute thoughtfully and proactively towards the common good.

The Ombudsman’s Office looks forward to continuing these talks in the coming scholastic year and extending them also to government and other private (non-church) schools.