La salud mental protagonizará el V Foro de Derechos Ciudadanos

Date of article: 12/06/2024

Daily News of: 13/06/2024

Country:  Spain - Aragon

Author: Regional Ombudsman of Aragón

Article language: es

El encuentro, organizado de forma conjunta con la Fundación Giménez Abad, tendrá lugar el próximo miércoles 26 de junio a las 16:30 horas en el Palacio de la Aljafería

El Foro de Derechos Ciudadanos de 2024 versará sobre la salud mental desde una perspectiva jurídica, social, asistencial y desde el análisis de las políticas públicas. El encuentro, organizado junto a la Fundación Manuel Giménez Abad y en el que colaboran las Cortes de Aragón, recibirá a cinco expertos en ambos ámbitos el próximo 26 de junio en el Palacio de la Aljafería.

El objetivo final de la presente edición es ofrecer un marco teórico que permita ubicar la salud mental en el más amplio derecho a la salud, trazar los límites del contorno de este concepto que dibujan los especialistas de la salud y las necesidades de los pacientes y sus familias respecto a la atención y los cuidados y debatir sobre las acciones desarrolladas por los poderes públicos para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias.

La jornada arrancará a las 16:30 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y del secretario general de la Fundación, José Tudela. Las dos primeras ponencias las impartirán dos catedráticos de Derecho Administrativo, Juan Pemán y Nuria Garrido, de las universidades de Zaragoza y Castilla-La Mancha, respectivamente. La primera de ellas versará sobre ‘Evolución del derecho a la salud’ y la segunda sobre ‘Salud mental: aspectos técnicos y jurídicos. Situación actual y perspectivas’.

El psiquiatra, José María Civeira, y la gerente de Asapme Aragón, Ana López, aportarán la visión más social de la jornada con sus conferencias: ‘¿De qué hablamos cuando nos referimos a la salud mental? Manifestaciones y recursos existentes’ y ‘Salud mental: necesidades de los pacientes y sus familias’. La jornada la cerrará el director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera, quien explicará las ‘Políticas desde el sistema de salud pública’.

El Foro de Derechos Ciudadanos nació en 2019 con el objetivo de incidir en la misión de defensa del Estatuto de Autonomía que tiene encomendada el Justicia de Aragón. Desde su creación, el foro se centra en el análisis del Título I del actual Estatuto de 2007, dedicado a los derechos y deberes de los aragoneses y a establecer los principios rectores de las políticas públicas. Hasta el momento, los temas han versado sobre el derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente y sobre los derechos digitales.

Las personas que deseen asistir presencialmente al foro deben inscribirse previamente a través del ‘Boletín de inscripción’ de la página web www.fundacionmgimenezabad.es. Además, también podrá seguirse online a través de Zoom.

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La valedora do pobo mantiene una reunión sobre la discriminación racial y étnica con representantes de la Fundación Secretariado Gitano y de Red Acoge

Date of article: 12/06/2024

Daily News of: 13/06/2024

Country:  Spain - Galicia

Author: Regional Ombudsman of Galicia

Article language: es

El pasado jueves, la valedora do pobo mantuvo una reunión sobre la discriminación racial y étnica con Javier León y Eva Vera, de la Fundación Secretariado Gitano; y Eduardo Búa y Saray Durán, de Red Acoge. Le presentaron algunos de los casos más significativos que han tenido que abordar en los últimos años, que atingen a la vivienda y al trabajo; pero también al empadronamiento, a la sanidad, a la seguridad ciudadana, etc. Además, trataron posibles estrategias de coordinación para abordar aquellos hechos de los que tengan conocimiento y que estén relacionados con el sector público.

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Comparecencia ante el Pleno del Senado -Informes anuales 2022 y 2023

Date of article: 12/06/2024

Daily News of: 13/06/2024

Country:  Spain

Author: National Ombudsman of Spain

Article language: es

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este miércoles en el Pleno del Senado los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige en 2022 y en 2023.

Con esta comparecencia finaliza la tramitación parlamentaria de estos dos informes de actividad correspondientes a los dos últimos años, tras la presentación de los mismos en el Congreso de los Diputados, el pasado 23 de mayo, y ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el 26 de abril.

Ángel Gabilondo ha comenzado su intervención ofreciendo algunas cifras acerca de las actuaciones realizadas por la institución Defensor del Pueblo en estos dos ejercicios. En 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió, telefónica o presencialmente, a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. Las comunidades desde las que se recibieron mayor número de quejas fueron Madrid -casi el 25% de las tramitadas-, Andalucía, Valencia y Cataluña.

El Defensor del Pueblo ha destacado que los asuntos principales estuvieron especialmente vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos. En este sentido, ha explicado que en gran medida las competencias sobre estos asuntos corresponden a las Comunidades Autónomas por lo que se ha producido una “ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas, aunque en 2022 hay más resoluciones dirigidas a la Administración General del Estado que a las autonomías”, ha apuntado.

Actuaciones destacadas

En su comparecencia ante la Cámara de representación territorial, el Defensor del Pueblo ha resaltado, entre otras cosas, el seguimiento realizado en torno a las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital “sobre el que hemos recibido alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos”, ha enfatizado.

Otro de los asuntos que la institución ha considerado prioritario en 2022 y 2023 ha sido la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias. El Defensor del Pueblo ha instado a “buscar soluciones consensuadas y estables para que las Comunidades Autónomas colaboren en la acogida de estos menores”.

En materia de Educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas. La institución, por otra parte, inició en 2023 actuaciones para abordar los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos con necesidades especiales o enfermedades crónicas o las víctimas de violencia escolar.

El Defensor del Pueblo también ha dedicado parte de su intervención a uno de los asuntos que más preocupación ciudadana genera: la gestión de la Sanidad y los servicios sanitarios. Y ha instado a destinar “mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes existentes de profesionales sanitarios”.

Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y para los colectivos vulnerables, ha sido otro de los asuntos que más quejas generaron tanto en 2022 como en 2023. Según ha remarcado Gabilondo, la institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social. Además, se está siguiendo con atención el Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que “no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses después de su solicitud aún no habían recibido el bono”.

El Defensor del Pueblo también ha ofrecido algunos datos sobre las actuaciones que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes (MNP). En 2022 y 2023, el MNP realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones.

Ángel Gabilondo ha recordado la labor realizada por la Comisión Asesora para elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tras la encomienda recibida por parte del Congreso en 2022. El informe fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023, y al presidente del Gobierno el 2 de noviembre. El informe, que cuenta con 24 recomendaciones, está centrado en “la atención y respuesta a las víctimas”. Tras hacerse público y hasta el día de ayer, 11 de junio, se han registrado 231 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. “De ellos, se han considerado válidos 134”, puntualizó Ángel Gabilondo.

*El Informe anual 2023 y el Informe anual 2022 pueden ser consultados en la web del Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es

Ver intervención íntegra del Defensor del Pueblo en el Senado

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Verkaufsverbot von Lachgas an Personen unter 18 Jahren

Date of article: 12/06/2024

Daily News of: 13/06/2024

Country:  Germany

Author: Federal Committee on Petitions of Germany

Article language: de

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss plädiert für ein Verkaufsverbot von Lachgas an Personen unter 18 Jahren. In der Sitzung am Mittwoch verabschiedete der Ausschuss daher einstimmig die Beschlussempfehlung an den Bundestag, eine dahingehende Petition mit dem höchstmöglichen Votum „zur Berücksichtigung“ an die Bundesregierung zu überweisen.

In der öffentlichen Petition (ID 159610) wird verlangt, den Verkauf von Lachgas insbesondere an Jugendliche unter 18 Jahren - wie es in England und den Niederlanden schon der Fall sei - gesetzlich zu verbieten. „Wir brauchen eine strengere Regulierung von Lachgas in Deutschland“, schreibt der Petent. Beim Konsum von Lachgas könnten Langzeitschäden wie beispielsweise eine geminderte Hirnentwicklung entstehen. Beim Inhalieren trete ein kurzer Rausch „mit fatalen Auswirkungen auf die Neurostruktur des Gehirns ein“, heißt es in der Eingabe.

Wird Lachgas (Distickstoffmonoxid) in der Medizin als Arzneimittel eingesetzt, so schreibt der Petitionsausschuss in der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung, unterliege es den arzneimittelrechtlichen Vorschriften. Insbesondere durch die Verschreibungspflicht von Distickstoffmonoxid zur inhalativen Anwendung nach der Arzneimittelverschreibungsverordnung trage das Bundesrecht bereits zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und des Einzelnen bei der Anwendung von Lachgas bei.

Die Entwicklung des missbräuchlichen Lachgaskonsums werde vom Petitionsausschuss gleichwohl aufmerksam verfolgt, heißt es weiter. Soweit Lachgas zu Rauschzwecken missbräuchlich konsumiert wird und damit potenziell nachteilige gesundheitliche Auswirkungen einhergehen können, werde die Öffentlichkeit für die damit verbundenen Risiken, unter anderem durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sensibilisiert.

Ob über dieses Informationsangebot hinaus weitergehende Präventionsmaßnahmen notwendig sind, werde zwar unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Informationslage geprüft, schreibt der Petitionsausschuss. Mittlerweile aber werde Lachgas auch in Geschmacksrichtungen wie Kokos und Erdbeere verkauft, was den Konsum durch Kinder und Jugendliche befördere. „Sie sind es auch, die wegen ihrer noch andauernden Entwicklung besonders gesundheitlich gefährdet und sich gleichzeitig der gesundheitlichen Risiken am wenigsten bewusst sind“, heißt es in der Beschlussempfehlung.

Mit Blick auf die „gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen durch den Missbrauch von Lachgas“ hält der Petitionsausschuss das Anliegen in der Eingabe daher für grundsätzlich sinnvoll.

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Hospitals, social welfare and education schemes contribute to rise in complaints to the Ombudsman

Date of article: 12/06/2024

Daily News of: 13/06/2024

Country:  Ireland

Author: National Ombudsman of Ireland

Article language: en

Ombudsman Annual Report 2023

Nearly 4,500 complaints about public services were made to the Office of the Ombudsman in 2023. Ombudsman, Ger Deering, has seen a 30% rise in the number of complaints to his Office in recent years, from 3,418 in 2020 to 4,465 last year.  

In his annual report for 2023 the Ombudsman highlights the issues involved in some of the complaints he received, including: 

  • An outdated appointments system in St Vincent’s University hospital, Dublin, which resulted in an appointment for a transplant patient not being made and their diagnosis of cancer delayed.   
  • The Rotunda hospital refusing to deal with a complaint from a couple whose new-born baby had died because the complaint was not made within a 12-month time limit. 
  • A man who was not fully informed of his pension entitlements by the Department of Social Protection and missed out on pension payments of €46,000 over four years as a result.  
  • A third-level student who was refused access to the Higher Education Access Route scheme (HEAR) due to the occupation of her ‘absent’ father.  

40 years of the Ombudsman  

This year, 2024, marks 40 years of the Office of the Ombudsman which deals with complaints about most public bodies including local authorities, government departments, the HSE and voluntary hospitals. Speaking on the publication of his 2023 annual report, Ombudsman Ger Deering highlighted the importance of the Office: 

“The establishment of the Office of the Ombudsman in 1984 was an important step in strengthening democracy in Ireland.  Now, as human rights and democracy are under attack globally, the role of the Ombudsman is more necessary and relevant than ever.  We remain determined to continue to improve the quality of public services and ensure everyone’s right to be treated with respect and dignity.” 

Complaints to the Ombudsman in 2023: By Sector 

The Ombudsman received 4,465 complaints about public services in 2023 - up 30% since 2020.  The highest number of complaints (1,430) was about city and county councils, with 189 complaints about Dublin City Council and 152 about Cork City Council. 

1,175 complaints were made about Government Departments, with the Department of Social Protection being the subject of 636 complaints.    

There were 839 complaints to the Ombudsman about public bodies in the Health and Social Care sector, including 674 about HSE services and 134 about Tusla. 

The remaining complaints were about publicly-funded bodies in other sectors, including regulators, third-level education bodies and private nursing homes.  

The Ombudsman’s annual report for 2023 is available here https://www.ombudsman.ie/publications/annual-reports/ombudsman-annual-report-2/index.xml.

Case Studies 

Chapter 4 of the Ombudsman’s annual report also summarises some of the complaints he upheld in 2023 including: 

Outdated referral process sees hospital appointment and cancer diagnosis delayed (See page 34 of the Ombudsman’s annual report for full case study) 

Marie complained to the Ombudsman when a mix-up in referral letters resulted in an important medical appointment not being made and a diagnosis of cancer being delayed by up to eight months.  During a routine appointment an abnormality was noticed by staff in St Vincent’s University hospital, Dublin, and it was decided to refer Marie to another unit in the hospital.  On two occasions printed referral letters went missing and Marie was not notified of her appointment.  It was only after Marie raised her concerns with the hospital that she received an appointment some eight months later. The abnormality was discovered to be malignant. 

The Ombudsman investigated the incident and found that the hospital’s system for issuing referral letters and ensuring they were followed-up was deficient. The hospital initially proposed the setting up of a ‘print room’ as a solution, but the Ombudsman highlighted the need for a for more efficient ICT-based system to ensure the problem did not reoccur. 

As a result, the hospital implemented a new internal electronic referral system.  The hospital also apologised to Marie for the failures and the difficulties that she encountered. 

 

Hospital refused to deal with bereaved parents’ complaint as it was ‘outside time limit’ (See page 38 of the Ombudsman’s annual report for full case study) 

A couple contacted the Ombudsman after the Rotunda hospital refused to deal with their complaint as it was made outside the 12-month time limit for making complaints. The couple wanted to complain about their poor experience at the hospital during the birth of their baby who died shortly after birth. 

The couple were unaware of the time limit and explained that some of their concerns were about issues that occurred within the 12-month time scale.  They also explained that the period since the loss of their child had been very difficult for them both and that it was difficult to pursue a complaint at the time. 

The Ombudsman noted that there was a 12-month time period for making complaints about hospitals under the Health Act, 2024, but that the time limit may be extended where special circumstances make it appropriate to do so. The Ombudsman believed that the circumstances surrounding this case was a very understandable reason as to why this couple was not in a position to pursue their concerns with the hospital 

In response to the Ombudsman’s concerns the hospital agreed to accept the complaint and to contact the couple to discuss how best they wished to progress their complaint 

 

Man has €46,000 pension payment backdated to date of eligibility  (See page 40 of the Ombudsman’s annual report for full case study) 

Joe complained to the Ombudsman when the Department of Social Protection refused to backdate his Contributory State Pension to the date he would have become eligible - at 66 years of age. While Joe had applied when he was 70, he had visited a local office of the Department shortly before turning 66. He was told he was unlikely to qualify for a pension and was not eligible for a Non-Contributory State pension. As a result, he did not pursue his application. 

The Ombudsman believed that Joe should have been informed of his possible eligibility for a Contributory State Pension at the time he visited the social protection office.  The Department reviewed Joe’s case and awarded him arrears of €46,040 backdated to the date he became eligible. 

 

Student was refused access to education scheme as ‘absent’ father had ineligible occupation (See page 41 of the Ombudsman’s annual report for full case study) 

Sarah complained to the Ombudsman after being deemed ineligible for the Higher Education Access Route (HEAR) scheme because of her socio-economic group.  

The HEAR scheme is a higher education admissions scheme for leaving certificate students whose economic or social background are underrepresented in higher education. One of the criteria for the scheme is that the student’s parent(s) must have an ‘approved occupation’.  Sarah’s mother had an ‘approved’ occupation. Her father was unemployed but his last known occupation was not approved.  Sarah felt this decision was unfair as she had very little contact with her father. She was financially supported solely by her mother. Her parents were divorced for a number of years and separated since Sarah was a baby. 

The Ombudsman considered the decision unfair and upheld Sarah’s complaint. He believed the interpretation of the criterion was too restrictive, did not reflect the reality of many HEAR applicant’s family situations, and could potentially disadvantage students from certain backgrounds. 

The ‘socio-economic group’ indicator is in the process of being phased-out as one of the eligibility criteria for the HEAR Scheme. For new applicants entering higher education in 2026, the ‘socio-economic group’ indicator will have been completely removed. 

END 

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