El 7 y 14 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó dos Directivas que establecen estándares mínimos y vinculantes que los organismos para la promoción de la igualdad de trato deben cumplir, para prevenir la discriminación, promover la igualdad, asistir a las víctimas de discriminación y restablecer la justicia:

• la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación; y,
• la Directiva del Consejo sobre normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de la de la igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico, la igualdad de trato en el ámbito del empleo y la ocupación entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

El impulso de la UE a favor de la creación de los organismos de igualdad se remonta a la primera década de los 2000, cuando la legislación de la UE introdujo la obligación de designar organismos de promoción de la igualdad. Así, de la mano de las Directivas de la UE sobre igualdad racial (Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE) e igualdad de mujeres y hombres (Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE), todos los países de la UE cuentan con organismos de igualdad. En Euskadi, Emakunde promueve, como organismo autónomo vinculado al Gobierno Vasco que nació con anterioridad a esas directivas europeas, la igualdad de mujeres y hombres.   

No obstante, dichas Directivas se limitaban a prever la creación de organismos de igualdad y a atribuirles funciones mínimas, y dejaron un amplio margen de discrecionalidad a los Estados para definir su estructura y su funcionamiento. Como resultado, en los Estados de la UE existen diferencias significativas en lo que respecta a la independencia, las competencias y los recursos asignados a dichos organismos, lo que, a su vez, conlleva un sistema de protección contra la discriminación asimétrica, con grandes diferencias de un Estado a otro.

Por ello, con la mirada puesta en reforzar el sistema de la promoción de la igualdad en la UE, las Directivas recién aprobadas tienen por objeto establecer requisitos mínimos para el funcionamiento de los organismos para la promoción de la igualdad de trato, que mejoren su eficacia y garanticen su independencia, con el fin de reforzar la aplicación del principio de igualdad de trato. Cabe destacar la mención que hacen las Directivas a la Recomendación núm. 2 de Política General de 2017 del Comité contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) y a los Principios de Paris de 1993 de Naciones Unidas, como estándares inspiradores para la elaboración de los criterios vinculantes.

Del examen de los estándares vinculantes de las Directivas, cabe destacar, especialmente los siguientes aspectos:

• Independencia y posición institucional: El organismo debe ser independiente y libre de influencia externa, sin solicitar ni aceptar instrucciones del Gobierno, y debe contar con una estructura interna propia (artículo 3.1). Los organismos pueden formar parte de otro organismo con mandato múltiple —como las defensorías y las Instituciones nacionales de derechos humanos—, que tendrán que garantizar el ejercicio efectivo del mandato en materia de igualdad (artículo 3.4).
• Recursos suficientes: Los Estados deberán proporcionar a los organismos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejercer eficazmente todas sus competencias (artículo 4).
• Ámbito material: si bien no hay un artículo específico que aclare el ámbito material de actuación de los organismos, sí que se menciona que sus acciones se extenderán a las entidades públicas y privadas (artículo 5.2)
• Sensibilización, prevención y promoción: los organismos deben tener la facultad de prevenir más eficazmente la discriminación y promover la igualdad, incluyendo la promoción, entre las entidades públicas y privadas, de acciones positivas y la incorporación de la igualdad como principio transversal (artículos 5 y 6).
• Multiplicidad de herramientas: se faculta a los organismos para llevar a cabo investigaciones sobre posibles casos de discriminación (artículos 8.2 y 8.3); emitir decisiones vinculantes o no vinculantes (artículo 9); actuar en procesos judiciales civiles y contencioso-administrativos, así como el derecho a presentar observaciones en procedimientos judiciales, al incoar el proceso a instancia de las víctimas o de oficio (artículo 10, en alusión a la sentencia del TJUE C-54/07); y aplicar métodos de resolución alternativa de litigios, como la mediación y la conciliación (artículo 7).
• Consulta previa en el proceso de elaboración de leyes y políticas: se establecerán procedimientos para garantizar que los Gobiernos y las autoridades públicas consulten a los organismos de igualdad sobre legislación, políticas y programas relacionados con los derechos y obligaciones derivadas de las Directivas de igualdad (artículo 15).

A partir de la entrada en vigor de las Directivas, los Estados tienen de fecha hasta el 19 de junio de 2026 para adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para poner en vigor los estándares relativos a los organismos de igualdad.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado hoy el trabajo de la Oficina de atención a víctimas de memoria democrática abierta por el Ayuntamiento de Córdoba para "devolver la esperanza a aquellos que ya no la tenían" en el sentido de conocer el paradero de sus familiares.

En una visita a la oficina, el Defensor ha conversado con interesados en aportar datos sobre sus familiares para conocer dónde se encuentran sus restos, en paralelo a las exhumaciones que se acometen en el cementerio cordobés.

"Es una manera de recuperar la esperanza, para aquellos que ya no la tenían", ha animado el Defensor a los familiares para valorar la reciente apertura de la oficina. Para el Defensor, "esto no es volver a nada, nadie puede oponerse a esto que es necesario, no hay revanchas, y lo único que cabe es poner el dinero suficiente para avanzar y que la ciencia haga todo lo posible para resarcir a las familias y contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición".

En este sentido, Jesús Maeztu ha apostado por estas iniciativas y ha manifestado su satisfacción porque Córdoba la tenga. "Es un deber y la gente lo necesita, porque a los mayores les debemos algo. Ahora que hay cierta gripe con la memoria, agradezco la invitación, porque esto es una causa, sin colores, y vamos a empeñarnos en que funcione bien, porque no es un paripé. Y que los jóvenes sepan que esto no hay que repetirlo y hay que vivir en cultura de paz", ha concluido el Defensor.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado que se han producido más de 200 exhumaciones, de los cuales 70 cuerpos pertenecen con seguridad a represaliados. Mañana viernes se van a recoger muestras de adn a las personas interesadas en el centro civico de levante.

In this month’s edition of the Ombudsman’s findings, we highlight the importance of trust and transparency. 

This month we published decision reports from 11 complaints investigated by the Ombudsman. Six of these were about health services, one about health and social care and four about local government. The outcome of these 11 complaints were

• Fully upheld: 6
• Some upheld: 3
• Not upheld: 2

The Ombudsman has also published one investigation report which details the care and treatment of a patient who died less than a year after being diagnosed with primary biliary cirrhosis. We are recommending that the board arrange for an independent review of the gastroenterology department after we identified similar failings in care in a previous report about the same health board.

Recommendations and feedback

We made 26 recommendations to public bodies. Eleven of these were individual remedies. These are actions we ask public bodies to take which will directly impact the complainant. These are often apologies but this month we asked two organisations to provide the complainant with further information or explanations as to their current position. It is important people know what to expect, and are kept informed of any delays or changes to their service. This ensures transparency and builds trust between public service providers and the people they serve. 

We made a further 13 recommendations for learning and improvement and two asking public bodies to improve their complaint handling.

All our published decision reports can be read in full on our website.

Speech by Michael O’Flaherty at the Exchange of view with the Committee of Ministers of the Council of Europe

President,
distinguished Ambassadors,

Thank you for the invitation to engage in dialogue with you today. 

I have been in office for ten weeks. During that time, I have engaged the human rights challenges as they presented themselves, I have devoted time to the partnerships and cooperation that are essential to my job, and I have commenced the process of refining my strategy.

My broad strategic themes are unchanged from those I presented to you in the electoral process.

First, I seek to embed concern for human rights in our engagement with the great issues of the moment.

The primordial of these issues is standing up for the human rights of the people of Ukraine in face of the Russian aggression. That is why my first visit in April, was to Kyiv. That visit afforded me the opportunity to listen extensively to Ukrainian partners and to better understand the situation. 

On the conclusion of the visit, I called for sustained attention to be paid to:

• The plight of children transferred to Russia.
• The grave human rights violations perpetrated against people in the temporarily occupied territories.
• The need to respond to immediate humanitarian concerns, such as the reconstruction of destroyed schools and development of housing for internally displaced persons.
• Provision of support to civil society, including in occupied territories
• And to
• Support to the Registry of Damages so that it can play its essential role for delivery of victim-centred justice.

I thank the Ukrainian authorities warmly for their facilitation of the visit. 

Another of the great issues of our times is the migration of people into our countries. 

The applicable regional and international law could not be clearer – every one of these persons who seeks asylum is entitled to a fair and individualised determination of their application. I am concerned at the extent to which this right is either being eroded or is not honoured. This is a part of the context for the statement I issued in April regarding the adoption of a migration related law by the United Kingdom. That is why I wrote last week to the Parliament of Finland regarding a draft law currently under consideration. And I have commenced dialogue on migration related matters also with a number of other governments.

A specific aspect of migration policy receiving my attention is the so-called “externalisation” of migration management – the engaging by a state of another state to undertake specific tasks, including, in some cases, the reception and processing of individuals. There are diverse models of such cooperation each raising distinct human rights considerations. The practices will be the subject of a set of recommendations I will soon publish.

Ambassadors,

There are other great issues confronting our societies – all of which raise important human rights considerations, these include oversight of artificial intelligence, the challenge of tackling the triple planetary crisis and meaningful efforts to overcome poverty. I am looking at each of these areas to determine the useful contribution that I can bring.

The second of my broad strategic themes is that of standing up for the human rights of the most marginalised people in our societies – those pushed to the edges and often overlooked. 

I consider that the most important group in this regard is the Roma and Travellers – some ten to twelve million people present in most of our member states. On taking up office my first engagement was with Roma young people. I pledged to them that their human rights and those of their communities would be an abiding priority for me. That is why my office is embarked on a major new study mapping their lived realities and offering specific, actionable, and targeted recommendations to member states and others. The report will be evidence based, including drawing from country visits by me. The first of these will be undertaken in coming days to Slovakia.

There are many other marginalised communities. Among those who will receive my attention are persons in occupied or disputed territories, the elderly, and persons with disabilities.

My third broad strategic theme is to support human rights defenders. These people are the life blood of our systems for the protection of human rights. Yet they face increasingly precarious situations in very many places. I will do whatever I can in support of their human rights. That is why, in recent weeks, I have written letters to the parliaments of two member states, Georgia and Slovakia, regarding worrying legislative developments. I regret that the Georgian law was adopted since I consider that it is not compatible with the State’s human rights treaty obligations. I ask the Slovak parliament to consider the contents of my letter and amend their draft legislation accordingly. 

An essential aspect of my work for human rights defenders is to listen to them. That is why I have already and will continue to convene meetings with them. I am grateful to those who met with me in recent weeks here in Strasbourg, as well as in Geneva and in the context of a number of other gatherings across Europe.

The final of my broad strategies is to retain and exploit the capacity to engage quickly with urgent human rights situations – something that I consider central to the role of Commissioner. That is the context for a number of the actions I have described to you.

Ambassadors,

There is a shadow that lies across all of us in 2024 – that is the presence in our region and on our globe of multiple devastating conflicts. They have a profoundly negative effect for respect for human rights and they must be to the forefront of our attention. 

Among those confronting us in the Council of Europe region there is, of course, the aggression against Ukraine. Beyond the considerations I mentioned earlier, it will be essential to ensure that human rights will be adequately and appropriately addressed in whatever pathways to peace, reconstruction and post-conflict justice that will emerge. In this regard I am disappointed that there is no explicit use of the term ‘human rights’ in the otherwise strong communique of the Summit on Peace in Ukraine, issued on 16 June.

There is the war in Gaza. I am concerned regarding the reliably reported escalation that it has triggered in our countries of patterns of antisemitism and of hatred against Muslims. Furthermore, as national authorities police demonstrations and other forms of debate and protest, I urge respect for the human rights of expression, assembly, association, and movement, including through strict application of the principles of necessity, proportionality and non-discrimination.

On the subject of the transfer of weapons to the Middle East, I call on the relevant member states to carefully heed the applicable PACE resolutions and the Committee of Ministers’ recommendations.

One other dimension of conflict that I invite you to recall is its correlation with patterns of migration. 

Within the EU the two dominant groups of asylum seekers over the past year have been – according to the EUAA – Syrians and Afghans. These groups – together with Guineans – also constitute the principal groups of migrants who arrive in the EU by means of irregular crossings. As our Council of Europe member states consider how to develop migration-related law and policy it is essential that they never lose sight of these realities – a great many people reaching our shores and crossing our borders are in search of safety from the horrors of war and persecution. They deserve better than so many of them get.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Je suis conscient du fait que mon mandat est large, que mes ressources sont limitées et que des choix doivent être faits. Je m'efforcerai de faire ces choix de manière structurée, en m'appuyant sur des plans d'action pluriannuels qui refléteront les priorités stratégiques que je vous ai exposées. 

Les plans d’action de mon bureau contribueront à garantir que l'ensemble de mon travail soit genré, et qu’il porte attention à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. 

En termes de méthodes, je mobiliserai toute la boîte à outils du mandat, y compris les outils de diplomatie publique et discrète ainsi que les outils de dialogue avec tous les acteurs concernés. Je publierai des analyses et des recommandations chaque fois que cela sera utile. Mon travail sera alimenté par mes visites au sein des Etats, qui seront très ciblées et thématiques. En effet, les visites de pays donnant lieu à un rapport complet, sur le modèle de ce que faisaient mes prédécesseurs, seront plus rares.

Je crois fermement au respect des principes de coopération et de complémentarité, tout en protégeant mon indépendance. En conséquence, j'attacherai de l'importance à nos échanges réguliers. Je m'efforcerai également de vous remettre en temps utile mes rapports périodiques d'activité afin qu'ils puissent alimenter notre dialogue.

Je vous remercie.

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Als Rainer Reuß mit seinem Traktor am Treffpunkt ankommt, ist seine Botschaft an die Abgeordneten nicht zu übersehen. „Ich tanke 100 Prozent Pflanzenöl“, prangt auf einem großen Schild, vorn an der Maschine angebracht. Ein zweites direkt darunter: „Umweltfreundliche Kraftstoffe sind in Deutschland voll versteuert. Warum?“ Viereinhalb Stunden war Reuß mit seinem Schlepper unterwegs. Von Werneck in Unterfranken bis ins südniedersächsische Friedland. 

Ziemlich viel Aufwand für ein Gespräch, könnte man meinen. Und würde wohl sogleich Widerspruch ernten. Schließlich soll es bei dem Austausch mit den Politikern aus Berlin auch um ein Thema gehen, das Reuß seit Jahrzehnten am Herzen liegt und das er, abgefüllt in einer Glasflasche, an diesem durchwachsenen Vormittag Mitte Juni aus Bayern mitgebracht hat: Pflanzenöl als Treibstoff für die Landwirtschaft. 

„Keine Streichung ohne Alternativen“

Reuß ist einer der drei Experten, von dem die Abgeordneten um Delegationsleiter Erik von Malottki (SPD) an diesem Montag, 17. Juni 2024, mehr erfahren wollen darüber, wie es in Deutschland um Alternativen zum Agrardiesel steht. Bislang können sich Betriebe die Energiesteuer für den Kraftstoff teilweise zurückerstatten lassen. Das soll sich jedoch ändern, die sogenannte Agrardieselrückvergütung entfallen.

Ein Fehler, meinen die beiden Landwirtinnen Marie von Schnehen und Marie Hoffmann. Zumal, wenn die Politik nicht im Gegenzug für die Rahmenbedingungen sorge, um klimafreundliche Antriebe voranzubringen. „Keine Streichung ohne Alternativen“, so sehen sie es, und haben sich deshalb mit einer Beschwerde an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gewandt. 

Seismograf des Parlaments 

Der Ausschuss gilt als Seismograf, der die Stimmung der Bevölkerung aufzeichnet, der aktuelle Sorgen und Nöte im Land genau registriert. So etwa auch jenes Beben, das die Regierung Ende 2023 auslöst, als sie im Zuge der Haushaltskonsolidierung ihre Sparpläne für den Agrarsektor verkündet. Die Reaktionen kommen prompt: Deutschlandweit protestieren Landwirte mit Traktoren gegen die Kürzungen, legen Innenstädte lahm, sperren Straßen und Autobahnzufahrten. 

Im Parlament landet zur selben Zeit die Beschwerde von Marie von Schnehen. Darin fordert die Öko-Landwirtin, die Steuervorteile beim Agrardiesel beizubehalten – und stößt mit ihrem Anliegen auf zahlreichen Zuspruch: Schon nach wenigen Tagen überschreitet die Petition die Marke von 50.000 Mitzeichnungen, so viele wie nötig sind, damit eine Eingabe öffentlich und mit den Petenten im Ausschuss beraten wird. 

Mitte Januar dann macht sich die 31-Jährige zusammen mit Marie Hoffmann auf den Weg nach Berlin, um den Abgeordneten ihr Anliegen persönlich vorzutragen. Die Streichung stelle eine überproportionale Belastung für die Branche dar, kritisiert von Schnehen, und sie treffe besonders Biobetriebe, die Unkraut überwiegend mechanisch beseitigten. Während die Öko-Landwirtin im Parlament spricht, versammeln sich nebenan, vor dem Brandenburger Tor, Tausende Bauern zu einer Großdemo. 

„Finanzielle Belastung ohne Effekt fürs Klima“

Rund ein halbes Jahr und eine Teil-Rücknahme der Sparpläne später ist die Debatte um die Agrarpolitik der Regierung nach wie vor aktuell. Für die Petentin, und auch für den Petitionsausschuss. Zwar wurde die Streichung der Kfz-Steuer Anfang des Jahres gekippt. Die Zuschüsse für den Agrardiesel sollen aber weiterhin abgeschafft werden, wenn auch schrittweise bis 2026. Aus Sicht von Marie von Schnehen braucht es deshalb dringend Anreize für alternative Antriebstechnologien. Alles andere wäre „eine finanzielle Belastung ohne Verbesserung für das Klima“, sagt sie. 

Und so kommen die Petentin, der Ausschuss und Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Mitte Juni erneut zusammen. Statt in der Hauptstadt treffen sie sich dieses Mal im 600-Einwohner-Ort Klein Schneen. Dort, wo die Familie der 31-Jährigen seit Jahrhunderten vom Ackerbau lebt. Vor vier Jahren übernahm sie den Betrieb und stellte auf ökologischen Landbau um. Mittlerweile wachsen auf den Ackerflächen Nischenkulturen wie Linsen, Mohn, Kichererbsen und Quinoa.

Delegationsleiter Erik von Malottki (Mitte) und die Abgeordneten Jörg Cezanne, Anne Monika Spallek, Ingo Bodtke und Swantje Michaelsen (v.l.) besuchen Petentin Marie von Schnehen (6.v.l.), um im Gespräch mit Experten mehr über Agrardiesel-Alternativen zu erfahren. (© DBT)

E-Antrieb für kleine Maschinen

Eine gute Viertelstunde zu Fuß entfernt liegt das Sporthaus der Gemeinde. Ein flaches Backsteingebäude mit großen Glasfronten und Solarpaneelen auf dem Dach. Draußen parkt Rainer Reuß Traktor. Drinnen wird noch schnell der Beamer aufgebaut. Den brauchen die Sachverständigen für ihre Präsentationen über E-Lader und Pflanzenöl, über Biodiesel und Wasserstoff. Und darüber, welche Antriebstechnologie sich für welche Arbeiten eignet – und für welche nicht. 

Je nach Maschine und Einsatzzweck gibt es nämlich durchaus Unterschiede, wie Dr. Edgar Remmele den Abgeordneten erklärt. Er ist Leiter der Abteilung Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien am Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing. Batterieelektrische Antriebe, so der Experte, eigneten sich vor allem für landwirtschaftliche Arbeiten mit kleinen Geräten in Hofnähe. Also zum Beispiel für Hoflader. In Puncto Leistungsfähigkeit gebe es bei diesen Maschinen auch keinen Unterschied zwischen Elektro und Diesel, ergänzt Martin Vaupel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 

Obendrein verursachten sie deutlich weniger Energiekosten, seien leiser und abgasfrei. „In der Anschaffung aber“, so Vaupel, „ist ein E-Lader deutlich teurer.“ Würde der Kauf gefördert, könnte sich hingegen ein Kostenvorteil ergeben. 

 „Pflanzenöl muss steuerfrei sein“

Für große Traktoren, Mähdrescher und Feldhäcksler, ist Strom jedoch keine Option, wie Remmele erläutert. Zu schwer und zu groß wären die Akkus. Stattdessen biete sich in diesem Fall Biodiesel an. Der sei auch für mittelschwere Arbeiten, etwa zum Düngen, einsetzbar. Ebenso wie hydrierte Pflanzenöle (HVO) und Rapsölkraftstoff. 

Letzterer war in der Landwirtschaft schon einmal weit verbreitet, bis Energiesteuer fällig wurde. „Dann war er nicht mehr rentabel“, sagt Rainer Reuß, der seit den 1990er-Jahren mit seiner Ölfruchtmühle Oberes Wernthal Treibstoff und andere Öle aus Raps produziert. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Dezentraler Ölmühlen und Pflanzenöltechnik (BDOEL) fordert: „Pflanzenöl für die Landwirtschaft muss steuerfrei sein.“

„Das ist maximal kontraproduktiv“ 

Auch Marie von Schnehen spricht sich dafür aus, jene Betriebe steuerlich zu begünstigen, die auf alternative Antriebe setzen. Ein weiterer Punkt auf ihrer Liste: die Wiederaufnahme des Bundesprogramms Energieeffizienz der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das Förderprogramm sollte die Branche beim Senken des CO₂-Ausstoßes unterstützen. Allerdings gibt es aktuell einen Antragsstopp. „Das ist maximal kontraproduktiv“, kritisiert die Petentin. Was die Agrarwirtschaft jetzt brauche, sei schließlich in erster Linie Planungssicherheit. 

Beide Anliegen haben sich die Mitglieder des Petitionsausschusses notiert. In einer späteren Sitzung wird das Gremium entscheiden, wie mit der Petition von Marie von Schnehen weiterverfahren werden soll. Doch bevor sich die Abgeordneten auf den Rückweg machen, steht noch ein Besuch auf dem Hofgut der Petentin an. 

Hackroboter und HVO-Traktoren

Unter dem Dach der großen Holzscheune sucht die Runde Schutz vor einem kräftigen Schauer. Von Fern grollt leise Donner, während Agrarwissenschaftlerin Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein, Leiterin des Instituts für Zuckerrübenforschung (IfZ) an der Universität Göttingen, neueste Entwicklungen in der Feldrobotik vorführt. So etwa einen solarbetriebenen Hackroboter. Landmaschinenhändler Claas informiert über seine mit HVO-Kraftstoff betankten Traktoren. Und auch Rainer Reuß ist mit seinem Pflanzenöl-Schlepper dazugekommen. 

Dann klart der Himmel über Klein Schneen doch noch einmal auf, und die Gruppe kann sich die Maschinen vor der Scheune genauer ansehen – die Hackroboter und Reuß' Schlepper, bevor dieser die Heimreise antritt. Viereinhalb Stunden zurück nach Werneck, angetrieben mit Pflanzenöl. (irs/18.06.2024)