“La situación en Canarias es crítica”, pero insta a que se vea como un desafío humanitario

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha enviado una carta a todas defensorías  de las Comunidades Autónomas de España, solicitando “colaboración con la acogida de personas migrantes que han llegado a nuestras costas”.

Padrón señaló que se trata de un tema prioritario para nuestra comunidad debido al flujo migratorio “la situación en Canarias es crítica. A lo largo del último año, hemos recibido un flujo constante de personas que buscan un futuro mejor y más seguro. En febrero de 2021, se encontraban bajo la guarda de la entidad de protección de menores canaria más de 2.600 menores, una cifra que supera nuestra capacidad de gestión y atención”.

La Diputada del Común insistió en la necesidad de ver esta situación no solo como “un desafío humanitario, sino también una oportunidad para nuestro País. España enfrenta un serio problema de despoblación en varias regiones rurales, con territorios prácticamente vacíos, escuelas sin alumnado y una creciente necesidad de mano de obra. Las personas migrantes pueden contribuir significativamente a mitigar estos problemas. De hecho, la migración ha demostrado ser un factor clave en la revitalización de zonas con poblaciones en declive, restaurando brechas laborales y contribuyendo a la economía local y nacional”.

Explicó que las infraestructuras y recursos disponibles en nuestro archipiélago “no son suficientes para proporcionar una acogida digna y adecuada a todas estas personas, especialmente a los menores no acompañados”.

La Diputada del Común, además recordó en la misiva enviada todas las Defensorías del Pueblo, que recientemente el Gobierno ha anunciado su compromiso de modificar la Ley de Extranjería para permitir el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. De ahí que solicita “que se trabaje en sus territorios con solidaridad para la acogida de los migrantes que llegan a Canarias. La distribución de estas personas por las diferentes comunidades autónomas aliviaría la presión sobre nuestros servicios y permitiría una integración más efectiva y humana”.

Plus de 92 % des réclamations reçues par le Défenseur des droits en 2023 concernaient les droits des usagers des services publics. L’institution publie ce jour un rapport intitulé « Droits des usagers des services publics : de la médiation aux propositions de réformes », qui s’appuie sur la contribution de différents médiateurs, et met en avant des propositions en vue d’un meilleur respect des droits des usagers et de l’amélioration des relations entre usagers et administrations.

Les dispositifs de médiation entre les usagers et les administrations sont à la disposition de tous pour résoudre les problèmes avec les services publics. Au premier rang de ces médiateurs, le Défenseur des droits, héritier du Médiateur de la République, a reçu en 2023 plus de 92 000 réclamations portant sur les relations avec les services publics. La grande majorité de ces réclamations est traitée par la voie de la médiation, notamment lorsqu’elles sont adressées aux 600 délégués territoriaux de l’institution.

De la médiation aux propositions de réforme

Le Défenseur des droits, à travers le traitement de réclamations, constate que les atteintes aux droits résultent régulièrement de phénomènes structurels : mauvaises pratiques administratives, manque de contact humain, défaut de coordination entre les organismes, lois peu protectrices… L’institution formule alors des recommandations générales pour faire évoluer ces pratiques ou ces textes, afin d’assurer un meilleur respect des droits des usagers.

Les nombreux médiateurs institutionnels, sectoriels ou territoriaux contribuent eux aussi à cette résolution des litiges et formulent également des propositions d’évolution dans leur champ de compétence.

Droit à l’information, droit à l’erreur, droit à un recours effectif, droit à l’égalité d’accès et de traitement… Ce rapport présente un certain nombre de propositions de portée générale émises par des médiateurs institutionnels, ainsi que les recommandations du Défenseur des droits pour le respect des droits des usagers et l’amélioration des relations usager-administration.

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A cargo de Maria Lúcia Amaral, provedora de justiça de Portugal

Un año más, el Síndic de Greuges de Cataluña y el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) han organizado una jornada para conmemorar el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Este año, la conmemoración incluye una ponencia de Maria Lúcia Amaral, máxima representante de la institución portuguesa Provedor de Justiça, y su conferencia lleva por título "El sistema penitenciario portugués y su supervisión a través del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)".

El MNP de Portugal funciona desde 2014 y, al igual que el MCPT, visita sin previo aviso espacios con personas privadas de libertad (centros penitenciarios, comisarías, centros de salud mental...) con el objetivo de prevenir situaciones de tortura, malos tratos u otros abusos.

Maria Lúcia Amaral nació en Angola y es jurista, ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nueva de Lisboa y fue miembro del Tribunal Constitucional portugués durante nueve años. Desde el año 2017 es la defensora del pueblo de Portugal.

La conferencia tendrá lugar el 1 de julio, a las 12.00 horas, en la sala de actos del Síndic de Greuges de Cataluña (passeig de Lluís Companys, 7, Barcelona). La inscripción es gratuita, pero las plazas son limitadas. Para solicitar más información o confirmar la asistencia, tienen a su disposición el correo electrónico gabinet@sindic.cat y el teléfono 933 018 075.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asistido este jueves al acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Congreso de los Diputados.

La Cámara Baja organiza este homenaje cada año desde 2010, cuando se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo, en memoria de Begoña Urroz, asesinada con veintidós meses de edad en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Gipuzkoa).

La adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha asistido también a este acto que se ha celebrado en la Sala Constitucional y en el que han intervenido la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano.

En el homenaje también han estado presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; diputados y senadores, y representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo. En el transcurso del acto se han interpretado piezas musicales de Giovanni Sollima y  de Johann Sebastian Bach.

The Ombudsman, Ger Deering, along with staff from the Office of the Ombudsman attended the Pride Parade in Dublin on Saturday 29th June, marking 50 years of Dublin Pride and 40 years of the office. The theme for this year’s parade was ‘Pride At Work’ and despite the rain, all participants had a great day out.