„Österreichs Haftanstalten sind auf 8.800 Häftlinge ausgelegt. Derzeit gibt es aber mehr als 9.600. Die Zustände sind für Personal wie auch Insassinnen und Insassen alles andere als zufriedenstellend. Nach fünf Jahren des Stillstandes sind sie dringend zu verbessern. Schlechte Versorgung, erschwerte Resozialisierung und steigende Suizidzahlen sind mittlerweile leider Alltag. Wir haben Justizministerin Alma Zadic wiederholt auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen. Darum appelliere ich an die nächste Bundesregierung, die Situation im Strafvollzug zu verbessern“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz und verweist auf vier essentielle Bereiche:

1. Personalmangel bei Exekutiv- und Fachpersonal beheben.
2. Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrestes auf 18-24 Monate. Diese Maßnahme, die auch vom Rechnungshof empfohlen wird, würde eine rasche Entlastung herbeiführen, ist kostensparend und wäre auch förderlich für die Resozialisierung.
3. Suizidprävention angesichts der dramatisch gestiegenen Zahlen verstärken.
4. Jugendstrafvollzug: Rasche vollständige Umsetzung Standort Münnichplatz.

Jugendstrafvollzug: Endlich werden Empfehlungen der Volksanwaltschaft umgesetzt

Als „reichlich spät und viel zu langsam“ beurteilt Volksanwältin Gaby Schwarz die Meldung des Justizministeriums, dass die neue Jugendstrafvollzugs-Einrichtung in Wien-Simmering in Betrieb geht. Es sei zwar erfreulich, dass die Empfehlungen der Volksanwaltschaft endlich umgesetzt werden. „Dass es zwei Jahre gedauert hat und unzählige Aufforderungen in Richtung Justizministerin nötig waren, bis sich etwas bewegt, ist allerdings zum Kopfschütteln. Wir werden die weiteren Entwicklungen genau beobachten“, betont Gaby Schwarz und verweist auf den Wahrnehmungsbericht der Volksanwaltschaft von 2022 zum Thema „Jugend in Haft“. „Neben den baulichen Gegebenheiten ist es auch entscheidend, die therapeutische und soziale Versorgung im Jugendstrafvollzug zu verbessern. Dazu gehören ebenso Ausbildungs- und Freizeitangebote. Unser Ziel als Gesellschaft muss sein, diesen Jugendlichen eine echte Chance für ein Leben nach der Haft zu ermöglichen. Das geht nur, wenn die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden“, appelliert Volksanwältin Gaby Schwarz.

Se han producido mejoras estructurales y se han incrementado los recursos específicos, pero también se detectan más necesidades educativas especiales

Hay más equilibrio en la escolarización de estos alumnos, pero, a veces, la atención que se les da no es equiparable a la que se da al resto

En el ámbito del ocio no existe una política sólida que garantice su participación
 

Hoy se ha hecho público el informe La educación inclusiva en Cataluña, elaborado en el marco del Pacto contra la segregación escolar, que hace un seguimiento del despliegue del modelo de educación inclusiva a partir de la aprobación del Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. El informe también hace un seguimiento de la evolución de las recomendaciones que se realizaron en un primer informe sobre este tema, publicado en 2021.

El documento constata que se han hecho avances significativos en materia de educación inclusiva, pero también pone de manifiesto la persistencia de algunas carencias relacionadas con la atención a la diversidad y con las dificultades para aplicar de forma efectiva el modelo previsto en la normativa. Estas carencias hacen que todavía hoy no se garantice suficientemente la plena inclusión escolar del alumnado.

Para implementar este modelo, es necesario un proceso de transformación del sistema educativo que requiere tiempo y que implica no solo dotar a los centros de más recursos, sino también consolidar los cambios culturales entre los profesionales y las familias en cuanto a la concepción y atención de la diversidad en las aulas. Este cambio cultural todavía no ha arraigado, lo que supone un primer obstáculo para la aplicación efectiva de este modelo.

El informe también constata que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es cada vez más equilibrada y que los centros son más corresponsables de la atención a la diversidad. El índice de disimilitud, que mide los desequilibrios en la escolarización del alumnado, se ha reducido ligeramente, del 0,25 en el curso 2019/2020 al 0,20 en el curso 2023/2024 en primaria, y del 0,26 al 0,22 en secundaria. También se ha reducido la proporción de centros con baja proporción de alumnado con necesidades educativas especiales (inferior al 2,5 %) o sin presencia de este alumnado.

Por todo ello, el informe concluye, por un lado, que los centros educativos tienen mejores condiciones estructurales para atender a las necesidades educativas especiales que en años anteriores: se ha llevado a cabo, por ejemplo, una política activa para reducir ratios de alumnos por aula (el curso 2023/2024 la ratio era de 19,1 alumnos en I3 y de 22,5 en 6.º de primaria), y se ha incrementado la dotación de personal docente, lo que en la práctica ha supuesto oportunidades para promover la codocencia.

Por otro lado, los recursos específicos para la educación inclusiva se han duplicado desde la entrada en vigor del Decreto 150/2017, de 17 de octubre. Desde el curso escolar 2017/2018, ha aumentado un 124,0 % el número de docentes en aulas de apoyo intensivo de escolarización inclusiva (SIEI); un 94,3 %, el número de horas contratadas de monitores de apoyo en los centros públicos, y un 30,3 %, los docentes especialistas de educación especial en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. También ha aumentado un 14,4 % el número de maestros especialistas de audición y lenguaje en primaria, y un 42,0 % el profesorado especialista en orientación en secundaria. Asimismo, se ha triplicado el número de aulas integrales de apoyo (AIS).

Sin embargo, todavía quedan necesidades sin cubrir, sobre todo como consecuencia del aumento de su detección. Así, las aulas de SIEI, por ejemplo, no siempre pueden atender al total del alumnado con necesidades, y algunas tienen lista de espera.

Además, el aumento de la dotación de recursos en la escuela ordinaria tampoco ha supuesto una reducción del alumnado escolarizado en centros de educación especial (CEE). De hecho, este alumnado ha aumentado un 20,3 %, y en el curso 2023/2024 había 8.226 alumnos escolarizados en CEE. En este sentido, la síndica pide que se empiece a implementar la hoja de ruta diseñada por el Departamento de Educación junto con expertos y representantes de los CEE, que establece un plan general para reducir la escolarización en estos centros y convertirlos en centros de educación especial proveedores de servicios y recursos (CEEPSIR).

A partir de las quejas recibidas, se han identificado casos que manifiestan déficits de acompañamiento en los centros ordinarios. En concreto, las personas que se han dirigido a la institución se quejan de la falta de información sobre el seguimiento de sus hijos, de los recursos asignados y de la escasa orientación inclusiva en la relación entre la familia y la escuela, que se centra más en los déficits y las dificultades que en los objetivos alcanzados.

Todavía persisten situaciones en los centros en los que la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales no es equiparable a la del resto del alumnado. Por ejemplo, a veces los alumnos con necesidades educativas especiales no pueden quedarse en el centro durante el horario de mediodía ni participar en colonias, excursiones, salidas y viajes de fin de curso, debido a la falta del personal de apoyo necesario. Sin embargo, cabe destacar que, para el curso 2023/2024, el Departamento de Educación ha implantado un nuevo modelo de asignación de horas de monitorización de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, que incorpora también personal en horario de mediodía para cubrir el espacio de comedor escolar.

También es importante señalar que existe margen de mejora en la formación de los profesionales y en el fomento de la cultura de la inclusión escolar. A pesar de ofrecer formación, las plazas actuales no son suficientes para cubrir todas las solicitudes recibidas. Y más allá de mejorar la formación de los equipos docentes, es necesaria una mayor presencia de los servicios educativos en los centros. Aunque se han reforzado los servicios educativos para acompañar y asesorar al profesorado de los centros ordinarios –equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), CEEPSIR o centros de recursos educativos para alumnos con discapacidad auditiva (CREDA)–, estos deben tener más incidencia dentro del aula y desempeñar un papel más transformador para lograr unas aulas verdaderamente inclusivas.

El documento también reclama estrategias específicas para los centros con elevada complejidad, sobre todo porque en estos centros hay una mayor concentración de alumnado con necesidades educativas especiales –4,8 %, frente al 2,5 % de los centros de baja complejidad– y la atención es más difícil en este contexto.

También se constatan dificultades de inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en las enseñanzas no obligatorias, por lo que la mitad de estos alumnos, con edades comprendidas entre los dieciséis y los veintiún años, no estudian. Y si lo hacen, es en centros de educación especial, dada la falta de oferta en entornos ordinarios.

Por último, el documento denuncia la falta de una política sólida que garantice la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en el ocio educativo, especialmente porque muchas de las actividades tienen un diseño poco inclusivo debido a la falta de educadores con la formación adecuada y de personal de apoyo que acompañe a estos niños. Aunque la Generalitat de Cataluña dispone de una línea de ayudas para contratar monitores de apoyo, estas ayudas son insuficientes y no se gestionan con la diligencia necesaria. La falta de desarrollo normativo del derecho al ocio tampoco contribuye a garantizar la accesibilidad y la inclusión de estos niños y adolescentes.

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Probleme beim Bürgergeld, wie zum Beispiel mit der Übernahme der Kosten für Miete oder Heizung, mit der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Wohngeld oder auch mit Leistungen der Krankenkassen oder Schwierigkeiten beim Kindergeld – die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, hilft bei allen Fragen rund um das Sozialrecht. Darüber hinaus berät die Bürgerbeauftragte auch als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes und als Ombudsperson in der Kinderund Jugendhilfe im Rahmen dieser Sprechstunde. Zudem ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei und damit Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürger*innen und Eingaben von Polizist*innen. Die Bürgerbeauftragte berät unabhängig und kostenlos am

Donnerstag, den 6. Februar von 10 bis 15 Uhr

in der Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Nord, Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck.

Eine Terminvereinbarung vorab ist zwingend erforderlich und die Beratung kann nun im Einzelgespräch erfolgen. Ohne telefonische Anmeldung ist eine persönliche Beratung leider nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Rufnummer 0431/988-1240. Besucher*innen mit Erkältungssymptomen müssen gebeten werden, ihren Termin wieder abzusagen.