Defensores del pueblo de toda España se han reunido en Zaragoza para abordar la vulnerabilidad en las aulas
 

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, y otros miembros de su equipo han asistido a las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que han tenido lugar en Zaragoza. Este encuentro anual está pensado para reforzar la relación entre las defensorías españolas, y cada año se aborda un tema distinto. Este año, el tema escogido ha sido la vulnerabilidad en las aulas y, en concreto, cómo afectan las desigualdades socioeconómicas, la discapacidad, la salud mental o el territorio al pleno ejercicio del derecho a la educación real y efectiva de las personas.

En el programa se han incluido ponencias y mesas redondas con expertos, pero también se ha querido incorporar la perspectiva de los jóvenes, a través de representantes de los consejos de adolescentes de las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, que han presentado un documento con propuestas de mejora. Este documento es el resultado del trabajo y las reflexiones de un encuentro que se celebró en junio en Fuerteventura. La actividad ha sido presentada por personal del Diputado del Común de Canarias y ha contado con la participación de dos miembros del Consejo Asesor Joven del Síndic.

Las jornadas han concluido con un decálogo de recomendaciones para que todo el alumnado tenga el derecho a la educación plenamente garantizado, con especial atención a los colectivos vulnerables. Esto pasa por promover una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a los retos tecnológicos y sociales actuales.

Entre las principales conclusiones, se subrayan las siguientes necesidades:

• Asegurar la equidad y la inclusión a lo largo de todas las etapas educativas, con suficientes recursos y apoyo familiar.
• Priorizar la escolarización inclusiva en centros ordinarios.
• Reforzar la detección y atención precoz de las necesidades educativas especiales.
• Combatir la segregación escolar.
• Regular el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con criterios pedagógicos y respetuosos con los derechos de los niños.
• Mejorar la calidad educativa en el ámbito rural y la oferta de educación infantil (0-3 años).

Documento de conclusiones

• Acceso al documento de conclusiones de las Jornadas de Coordinación

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, mantuvieron el 20 de octubre una reunión de trabajo para intercambiar puntos de vista sobre la situación de la integración de la población migrante en la Comunidad Foral y profundizar en la búsqueda de acciones para mejorar la convivencia intercultural.

Ambos coincidieron en que el desafío de la integración exige una dedicación urgente y que se debe actuar de manera proactiva y a tiempo con el fin de evitar situaciones conflictivas que puedan generar alarma social y discursos de odio.

En la sesión de trabajo, el Defensor expuso a la Presidenta que, a través de su contacto con las entidades sociales, está constatando que Navarra cuenta con casos de buenas prácticas y de éxito en materia de convivencia intercultural. También subrayó la importancia de dar a conocer a toda la sociedad estos buenos ejemplos para que puedan ser replicados en otras iniciativas.

Así mismo, la Presidenta y el Defensor consideraron que la integración debe llevarse a cabo de manera transversal y en todos los ámbitos, tanto social como económico y cultural, poniendo el foco en los derechos humanos.

Por otra parte, ambos pusieron de manifiesto que, además, la migración es necesaria en un contexto de una sociedad envejecida y con escasa natalidad, con importante demanda de mano de obra desde diversos sectores productivos.

Según el Defensor del Pueblo, “Navarra, la comunidad con mayor calidad de vida del estado, no se puede permitir tener personas viviendo en la calle, sin acceso a la educación ni al sistema sanitario y, menos aún, tratándose de menores de edad”.

Por su parte, la Presidenta recordó la inminente puesta en marcha del segundo Plan de Convivencia de Navarra que pretende promover modelos de convivencia basados en el reconocimiento mutuo y la consideración positiva de la diversidad, en cuyo marco se pueden desarrollar esas iniciativas propuestas.

La institución exige a la Conselleria que respete las garantías legales de los viajeros y revise el sistema de validación de los billetes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, cuestiona duramente la actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por aplicar recargos a usuarios del TRAM d’Alacant sin seguir el procedimiento sancionador que marca la ley. La institución considera que estas prácticas, presentadas como “regularización del billete”, encubren sanciones que vulneran derechos fundamentales y reclama cambios urgentes para proteger a los ciudadanos.

El defensor abrió una investigación tras recibir la queja de una ciudadana que viajaba en la línea Benidorm-Dénia del TRAM d’Alacant y fue obligada a abonar 20 euros por un billete irregular. Según explica la afectada, tanto ella como su acompañante validaron correctamente su tarjeta azul del TRAM en el dispositivo del vagón, sin que el sistema mostrara ningún error. No obstante, una revisora les informó que ese título no era válido para la línea en la que viajaban y les exigió el pago inmediato de una “regularización”, advirtiéndoles que, de no hacerlo en el acto, se les impondría una sanción de 100 euros. Ante esa amenaza, optaron por pagar en el momento, beneficiándose del descuento del 80% que se aplica por pronto pago.

La afectada presentó una reclamación en la estación de Benidorm, pero recibió una respuesta que justificaba la actuación del personal ferroviario sin atender sus explicaciones ni verificar la validación realizada.

Tras analizar el caso, el Síndic concluye que lo ocurrido no puede considerarse una simple regularización contractual, sino una sanción encubierta que se impone sin respetar las garantías legales previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo. La institución denuncia que el importe exigido —hasta 100 euros por un error en un billete de menos de cinco— resulta desproporcionado y vulnera el principio de proporcionalidad recogido en la Constitución Española.

Además, Luna subraya que el sistema de validación del TRAM permitió el uso de una tarjeta no válida sin avisar del error, lo que provocó que la afectada creyera que todo estaba correcto. Esta situación, según la institución, compromete el principio de confianza legítima y buena fe administrativa, y pone en evidencia fallos en el funcionamiento del sistema que no pueden ser trasladados al ciudadano.

El defensor también critica que FGV no dé a los usuarios la oportunidad de explicar su caso ni les entregue una respuesta oficial que justifique el cobro. Esto impide que puedan defenderse. Por eso, pide a la Conselleria que revise el sistema actual, respete los derechos de los pasajeros y se asegure de que no se les obligue a pagar sin una base legal clara ni un proceso justo.

Finalmente, el Síndic recuerda que la Administración tiene la obligación de informar adecuadamente a los usuarios, facilitar la subsanación de errores y actuar conforme a los principios de buena administración. En este caso, considera que no se ha hecho así y reclama medidas para que no se repitan situaciones similares en el futuro.

Consulta la resolución completa: 12376205.pdf

La Giornata delle porte aperte di domenica scorsa a Innsbruck è stata interamente dedicata all’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: la Difesa civica altoatesina ha partecipato con il progetto “Una salute a misura di cittadino”.

La Giornata delle porte aperte organizzata domenica scorsa a Innsbruck dal Land Tirol si è svolta nel segno dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Durante l’evento, sono stati presentati progetti transfrontalieri e collaborazioni già esistenti tra le tre aree dell’Euregio in settori molto diversi.

In quest’ambito, è stato presentato il progetto “Bürgernahe Gesundheit – Una salute a misura di cittadino”, cui hanno lavorato, nell’ambito dell’iniziativa Interreg “Fit for Cooperation” promossa proprio dall’Euregio, la Difesa civica dell’Alto Adige, la Difesa civica del Trentino e la Difesa dei pazienti del Tirolo.

Il pubblico è stato attirato in particolare dalla “Via della salute”, con modelli di organi giganti e percorribili, allestita presso il Landhaus 1 (Palazzo provinciale 1) con gli altri partner del progetto: la Federazione per il Sociale e la Sanità / Dachverband für Soziales und Gesundheit dell’Alto Adige e l’associazione Selbsthilfe Tirol. Inoltre, è stata offerta consulenza gratuita a tutte le persone interessate, e c’è stata la possibilità di conoscere organizzazioni di pazienti e gruppi di auto-aiuto delle tre regioni dell’Euregio, con le quali prendere contatto.  “Obiettivo comune della collaborazione tra i partner del progetto”, spiega la Difensora civica Veronika Meyer, “è stato quello di avvicinare la popolazione dell’Euregio ai propri diritti in ambito sanitario, rafforzare la consapevolezza delle opportunità offerte dall’assistenza sanitaria transfrontaliera e facilitare l’accesso ai servizi. La partecipazione dei Paesi dell’Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino alla Giornata delle porte aperte a Innsbruck ha rappresentato un contributo concreto in tal senso”.

Nell’ambito del progetto congiunto è stata inoltre elaborata la brochure informativa “Grenzenlos gesund – Salute senza confini”: “Questa brochure rappresenta per cittadine e cittadini una guida chiara sui diritti dei pazienti e sulle offerte di consulenza in ambito sanitario a sud e a nord del Brennero. Verrà presentata prossimamente in una conferenza stampa dedicata”, conclude Meyer.

In merito ai diritti dei e delle pazienti e all'assistenza sanitaria, la Difesa civica altoatesina offre consulenza a cadenza regolare presso gli ospedali di Bressanne, Brunico e Merano. 

Un’intesa per educare i giovani ai valori della Repubblica e alla tutela dei diritti attraverso visite guidate al Vittoriano.

Il Difensore Civico della Regione Lazio, Marino Fardelli, e la Direttrice Generale del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione istituzionale volto a promuovere iniziative di educazione alla cittadinanza attiva, alla tutela dei diritti e alla valorizzazione dei luoghi simbolici della democrazia italiana.

L’intesa, firmata a Roma il 22 ottobre 2025, rinnova e rafforza la cooperazione già avviata nel 2024 in occasione dei 45 anni della Difesa Civica della Regione Lazio e prevede nuove attività condivise nell’ambito della terza edizione del progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola”, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Un percorso per le scuole

Grazie all’accordo, gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado del Lazio potranno partecipare, durante l’anno scolastico 2025/2026, a visite guidate gratuite al Vittoriano, luogo simbolo dell’Unità nazionale e dei valori costituzionali.
L’iniziativa mira a far conoscere ai giovani i principi fondanti della Repubblica, il significato dei diritti e dei doveri di cittadinanza e il ruolo del Difensore Civico come garante della legalità e della buona amministrazione.

Un impegno comune per i diritti e la cultura civica

Il Difensore Civico del Lazio metterà a disposizione proprie risorse umane e organizzative per la realizzazione delle attività, mentre il VIVE assicurerà la fruizione e la valorizzazione dei propri spazi, nel rispetto delle regole di tutela e sicurezza.
Entrambe le istituzioni si impegnano a promuovere l’immagine condivisa dell’iniziativa, nel segno della collaborazione tra cultura e cittadinanza attiva.

“Questo accordo – ha dichiarato Marino Fardelli – rappresenta un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni: portare i ragazzi nei luoghi simbolo della nostra Repubblica significa educarli al rispetto dei diritti e alla partecipazione democratica.”