Als "erwartete Enttäuschung" bezeichnet Volksanwältin Gaby Schwarz die Mitteilung des Justizministeriums, dass der Start des Vollbetriebs der neuen Jugendstrafanstalt Münnichplatz erneut verschoben wird.

„Was ich befürchtet habe, ist leider eingetreten. Das Justizministerium verschiebt den Start des Vollbetriebs der Jugendstrafanstalt Münnichplatz schon wieder. Zuerst hieß es 2024, dann Anfang 2025, dann Sommer - die Liste der Vertröstungen ist lang. Jetzt hält auch der zuletzt genannte Termin mit Ende dieses Jahres nicht. Nun wird der Vollbetrieb offenbar im Lauf des ersten Quartals 2026 geplant. Auch wenn wir es erwartet haben, bleibt es doch eine Enttäuschung“, hält Volksanwältin Gaby Schwarz zu einer entsprechenden Stellungnahme des Justizministeriums in der gestrigen ZiB2 fest.

„Ich appelliere an das zuständige Justizministerium endlich ein realistisches Projektmanagement einzurichten, damit die Jugendlichen und auch das Personal nicht ständig falschen Erwartungen ausgesetzt sind“, so die Volksanwältin, die ihre Kritik durch die Position der Jugendanwaltschaft bestätigt sieht. „Dass die Bedingungen für die Jugendlichen in der permanent überfüllten Justizanstalt Josefstadt nicht ideal sind, ist seit langem bekannt. Die Jugendstrafanstalt Gerasdorf hätte nicht geschlossen werden dürfen, bevor der Münnichplatz fertig ist“, verweist Gaby Schwarz auf die Ergebnisse des amtswegigen Prüfverfahrens der Volksanwaltschaft.

On November 4, 2025, employees of the Equality Department of the Public Defender's Office, with the support of the European Union, conducted training for representatives of medical institutions on issues of equality and prevention of discrimination.

The training aimed to deepen the knowledge of representatives of medical institutions about the right to equality and the principles of non-discrimination in order to minimize discriminatory violations of human rights in the process of their activities.

The training participants discussed in detail the content of the right to equality, the scope of application of the Georgian anti-discrimination legislation, as well as the mandate and practice of the Public Defender as a national anti-discrimination mechanism. Special attention was paid to cases of discrimination in the medical field, as well as issues of preventing discrimination and sexual harassment in labour relations. The meeting included both theoretical and practical components, which allows the participants to closely connect the acquired knowledge with their own professional activities.

It is noteworthy that similar training was held for representatives of the medical sector in May 2025 as well. The Public Defender's Office will continue to cooperate with the private sector in order to promote the strengthening of a culture of equality and the prevention of all forms of discrimination.

Dolores Fernández Galiño, valedora do pobo, hizo entrega esta mañana al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Angel Santalices Vieira, del Informe Anual de la institución 2024.

Posteriormente se celebró en las dependencias de la institución de la Valedora do Pobo una rueda de prensa en la que Dolores Fernandez Galiño puso de manifiesto los aspectos más destacables del mismo.

El informe ya está disponible en la web.

El 23 de octubre, el Tribunal de Estrasburgo emitió su decisión en el asunto A.J. y L.E. contra España (demandas nº 40312/23 y 40388/23), en la que condena a España por no llevar a cabo una investigación eficaz en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química. El Tribunal concluye que los fallos en la investigación constituyeron una vulneración —en su vertiente procesal— de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a la vida privada de las demandantes, protegidos por los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Los antecedentes del caso se remontan al 2016, cuando las demandantes denunciaron haber sido víctimas de violación por sumisión química en Pamplona. El centro de salud al que acudieron activó el protocolo de agresión sexual y notificó los hechos a la Policía Nacional. La policía abrió una investigación y los sospechosos fueron detenidos, reconociendo haber mantenido relaciones sexuales, pero alegando que fueron consentidas. En el curso de la investigación, se descubrió que uno de los acusados era cuñado de un agente de la propia unidad investigadora, y que durante el proceso se perdieron o manipularon pruebas clave. 

En el proceso penal, el juzgado instructor, a pesar de considerar creíbles los testimonios de las demandantes, decidió no procesar a los sospechosos por falta de pruebas concluyentes. Si bien se abrieron causas separadas por las irregularidades en el manejo de las pruebas, ninguna prosperó. Años más tarde, la causa principal se archivó definitivamente al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable la administración de sustancias o la falta de consentimiento. Pese a que los tribunales reconocieron que la investigación se vio “notablemente afectada” por las irregularidades y la desaparición de pruebas digitales, concluyeron que las diligencias habían sido exhaustivas. 

En su decisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, a la insuficiente garantía de independencia en la investigación y a una respuesta manifiestamente inadecuada frente a esas deficiencias, que superaban los “errores aislados” o las omisiones menores en la investigación. Las actuaciones realizadas por las autoridades no lograron compensar la pérdida de pruebas que eran centrales para las denuncias de sumisión química. Además, las investigaciones sobre la posible mala conducta policial se iniciaron solo después de un tiempo considerable y fueron confiadas a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original.