El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado a conocer su decisión relativa a la situación de las personas residentes en la Cañada Real Galiana de Madrid. En su decisión, el Comité declara que, las autoridades españolas, al permitir una situación en la que, durante un periodo prolongado de tiempo, las personas han tenido un acceso intermitente a la energía, o ningún acceso en absoluto, han abocado a esas personas a la pobreza energética, violando así varias disposiciones de la Carta Social Europea.

En un hecho novedoso, el Comité ha examinado detenidamente la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía. La decisión determina que el «acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada» es un requisito previo y un elemento clave para el disfrute de los derechos a la vivienda (artículos 31.1 y 16), la salud (artículos 11.1 y 11.3), la educación (artículo 17.2) y la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículos 30, 23 y 15.3), entre otros, en virtud de la Carta Social Europea. Para ser «adecuada» a efectos de la Carta, la energía debe ser asequible, limpia y sostenible. Desde la perspectiva procesal, cabe señalar, también, la participación de la Defensoría del Pueblo de España en el procedimiento seguido ante el Comité, al aportar sus observaciones como tercera parte en el litigio. 

Esta decisión tiene su origen en la demanda colectiva presentada, en 2022, por cinco organizaciones sociales, tanto de España como de nivel europeo. La demanda alegaba que la situación creada por los cortes del suministro eléctricos en la vida de al menos 4.500 habitantes, entre ellos unos 1.800 niños, de la Cañada Real, constituía una violación de varias disposiciones de la Carta Social Europea. 

En todo caso, no es la primera vez que el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia sobre este asunto, ya que, esta misma demanda logró que, en octubre de 2022, el Comité indicara “medidas inmediatas” instando a España a restablecer de inmediato el suministro eléctrico para evitar un daño grave e irreparable a la integridad las personas que viven en dicho barrio de Madrid (ver nota publicada por el Ararteko a este respecto). 

“Lavoriamo insieme, non solo nello Zero discrimination day, per creare un mondo in cui ogni persona sia rispettata e valorizzata”, così la responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni Priska Garbin. Campagna di sensibilizzazione su social media e treni locali.

„Lassen Sie uns am Zero Discrimination Day und darüber hinaus gemeinsam daran arbeiten, eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch respektiert und geschätzt wird“, so die Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle, Priska Garbin. Sensibilisierungskampagne in sozialen Medien und lokalen Zügen.

Concepción Gimeno recuerda las resoluciones que el Tribunal Supremo puede emitir próximamente en relación con la fragmentación de proyectos de energías renovables

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Gobierno de Aragón para que, a la mayor brevedad, promueva la aprobación de un Plan Energético de Aragón que incluya una ordenación territorial de las energías renovables, conforme a la Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial de Aragón.

A juicio de la institución, esta planificación debería realizarse con una amplia participación de los municipios afectados, sobre todo, si no existe un estudio previo de las zonas más idóneas y del impacto económico y social de los proyectos.

Además, la justicia de Aragón señala que, próximamente, el Tribunal Supremo emitirá resolución sobre varios procedimientos de casación que podrían establecer criterios clave sobre la fragmentación de proyectos y su consideración como una única instalación a efectos de su tramitación ambiental.

Asimismo, se sugiere a la administración autonómica que valore el cumplimiento de los requisitos que la jurisprudencia exige en el trámite de información pública dentro del procedimiento de aprobación de este tipo de proyectos.

Esta resolución se produce tras recibir una queja de una entidad asociativa que alerta sobre la proliferación de diversas instalaciones en el término municipal de Cosa (Teruel), entre las que se encuentran parques eólicos, plantas fotovoltaicas e infraestructuras de evacuación compartidas. En 2024, la institución recibió siete quejas relacionadas con energías renovables.

En su resolución, la justicia de Aragón destaca la importancia de tener en cuenta los impactos acumulativos de estos proyectos sobre el medio ambiente y la conveniencia de que existan límites de ocupación en el territorio en función de sus características.

El Defensor del Pueblo de Navarra–Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, se trasladó este jueves a la sede de la Cámara de Comptos, ubicada en la calle Ansoleaga de Pamplona, donde sostuvo un encuentro con su presidente, Ignacio Cabeza. Ambas instituciones, de ámbito parlamentario, comparten la función esencial del control: La Cámara de Comptos se encarga de la gestión de los fondos públicos y el Defensor supervisa la actuación de las administraciones en materia de derechos ciudadanos. La cita coincidió con un momento conmemorativo para ambas, ya que la Cámara celebró en 2024 el 40 aniversario de su restauración y el Defensor cumple en este ejercicio 25 años desde la promulgación de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que creó y regula dicha institución. Ambos asumieron sus actuales responsabilidades en 2022 por lo que, actualmente, se encuentran en la mitad de su mandato. 

Por otro lado, Vera y Cabeza revisaron en esta entrevista diversos asuntos de actualidad relevantes para sus respectivas instituciones al tiempo que exploraron cómo mejorar la comunicación y colaboración entre la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo.