Solicita mayor claridad del marco normativo sobre responsabilidad de los titulares, canales de comunicación fluidos para que los vecinos puedan transmitir sus quejas y que se proceda al ejercicio de las facultades de inspección, control y sanción

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia relativa a las viviendas de uso turístico dirigida al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón tras una queja por los perjuicios sufridos en una comunidad de vecinos.

La resolución solicita que se valore ejercer las facultades de inspección, control administrativo y sanción para garantizar que las condiciones establecidas en las autorizaciones de las viviendas se cumplan correctamente.

También se sugiere la posibilidad de aclarar las leyes existentes o promover una nueva norma que refuerce la implicación y responsabilidad de los promotores o gestores de las viviendas turísticas, especialmente en lo relacionado con conductas que puedan alterar la convivencia entre los vecinos del edificio.

Por último, la justicia de Aragón solicita al Departamento que se establezca un cauce de comunicación eficaz para que los vecinos que conviven con viviendas de uso turístico puedan transmitir sus quejas de modo ágil a los dueños, promotores o gestores y a la propia Inspección de Turismo.

La normativa autonómica sobre viviendas de uso turístico establece una serie de prohibiciones a los turistas que se alojan en estas viviendas orientadas a evitar molestias y perjuicios al resto de residentes del edificio. Su incumplimiento habilita a los titulares de estas viviendas a resolver el contrato y a efectuar un requerimiento de abandono de la misma.

Sin embargo, la falta de procedimientos eficaces para transmitir con inmediatez al propietario que una vivienda de uso turístico que el usuario está haciendo mal uso de las instalaciones o no respeta las normas de convivencia, reduce la eficacia de las normas a la hora garantizar la calidad de vida de los afectados por molestias.

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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Sanidad que adopte las medidas oportunas para reducir la demora existente en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Castelló.

Esta es una de las recomendaciones del defensor del pueblo valenciano tras recibir la queja de una persona, en noviembre de 2024, en la que denunciaba que llevaba más de un año esperando una intervención quirúrgica. La afectada indicaba en su escrito que, durante esta espera, padecía fuertes dolores que le impedían llevar una vida normal, a pesar de la medicación prescrita que tomaba a diario.

La administración sanitaria, a principios de diciembre, justificó ante el Síndic que «las circunstancias de saturación de pacientes por el desequilibrio de la demanda/capacidad quirúrgica de nuestro centro hacen actualmente imposible cumplir los objetivos de demora quirúrgica debiendo priorizar los pacientes con patología más grave» y que esperaban poder llevar a cabo la intervención lo antes posible.

A través del Servicio de Atención Ciudadana del Síndic, esta institución supo que la interesada fue operada a principios de enero.

En su resolución, Luna recuerda que la salud es un elemento básico en la calidad de vida de la ciudadanía. Por tanto, los retrasos en la asistencia sanitaria, en la realización de las pruebas e intervenciones quirúrgicas necesarias, así como en la aplicación de tratamientos, hace que los pacientes afectados vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones, con la carga de soportar un importante menoscabo en su salud.

Consulta la resolución íntegra del Síndic sobre este asunto.