Hace años que recibe quejas de los aspirantes ante la falta de información en los procesos selectivos
 

La institución lleva años recibiendo quejas de personas que participan en procesos de selección de la Generalitat (convocatorias 242 o 824, por ejemplo) y en procesos de provisión, como la convocatoria FP/010/2024, relativa al concurso general de méritos y capacidad del cuerpo superior. Aparte de los retrasos en los calendarios, los aspirantes insisten en la falta de información, lo que les genera incertidumbre, desconcierto y un fuerte impacto emocional.

La institución ha pedido de forma reiterada que, con carácter general, se implemente un protocolo de actuación que garantice la transparencia informativa en los procesos de selección. Esto implica que, cuando se publica una convocatoria en la web de la Generalitat, se incorpore un calendario con la previsión de fechas de los diferentes trámites y de las fases de ejecución: desde los plazos de presentación de las solicitudes hasta la previsión de la fecha de nombramiento de los funcionarios. Sin embargo, la Dirección General de Función Pública ha emitido un informe en el que minimiza estas recomendaciones, al considerarlas “superfluas e inadecuadas” por varios motivos.

En este sentido, la institución insiste en que los argumentos de la Generalitat –que afirma que hay previsiones internas de calendarios y que la información se comparte con las organizaciones sindicales– no son compatibles con los principios de transparencia e igualdad: “la transparencia debe ser entendida como una comunicación informativa fluida y diáfana con todos los aspirantes”. No es aceptable que se comparta la información solo con los sindicatos, porque deja fuera del circuito a aquellos aspirantes que no trabajan en la Administración.

En resumen, la institución reclama:

• Una mejora inmediata de la comunicación con los participantes.
• El establecimiento y la publicación de calendarios orientativos convenientemente actualizados en todos los procesos.
• La anticipación de estrategias para minimizar los efectos de los paros que puedan producirse por incidencias jurídicas, tales como recursos en juzgados de lo contencioso-administrativo.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha nombrado a la periodista Amaia Madinabeitia como nueva jefa de Gabinete en sustitución de la persona que hasta ahora ha desempeñado esta función, Susana Galilea, que accede a su jubilación.  Patxi Vera ha querido expresar su profundo agradecimiento por “la gran profesionalidad y la capacidad de trabajo y compromiso social demostrados por Susana, así como por el trabajo y la colaboración con las entidades sociales logrando que la institución esté más cerca de la ciudadanía”.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y Posgrado en Comunicación Empresarial y Publicidad por ESIC Business School, Madinabeitia ha trabajado como directora de informativos y presentadora de programas en COPE Navarra, Agencia EFE, Popular Televisión, Diario de Navarra y ADN Vivir Pamplona, entre otros medios de comunicación de la Comunidad foral.

Durante los últimos 15 años ha ejercido como jefa de magazines y presentadora de programas de diferentes formatos en Navarra Televisión. Además, entre 2007 y 2009 fue jefa de gabinete de Carlos Esparza, consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. También ha sido presentadora de eventos de carácter institucional, empresarial y cultural.

Natural de Uharte Arakil, Amaia Madinabeitia tiene  conocimientos de euskera e inglés y ha completado su formación con un Curso de Televisión por la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Además, fue Premio de Periodismo Tomás Belzunegui por la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Navarra; y, por su amplia trayectoria profesional, ha sido reconocida con uno de los premios Menina 2024.

“Asumo el reto con mucha ilusión. Es una gran responsabilidad porque es una institución que, entre sus principales objetivos, se encuentra favorecer y mejorar la calidad de vida de las personas y la ciudadanía”, afirmó la nueva Jefa de Gabinete quien asumirá dicha responsabilidad desde el próximo 5 de agosto.

Por su parte, Galilea ha manifestado que “no tengo grandes logros que contar, tampoco lo pretendo; lo único que espero haber conseguido es haber estado donde podía y acompañar cuando se me ha permitido. Lo he hecho con el corazón y me voy agradecida de esta oportunidad”.   

El defensor propone que se adapten los criterios y reclama una valoración individualizada que tenga en cuenta las necesidades reales del niño con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a reconsiderar su negativa a reconocer la condición de movilidad reducida a un menor de dos años y medio con un 65% de discapacidad y un grado 3 de dependencia. El menor necesita el uso diario de dispositivos ortopédicos, andador y silla de ruedas, lo que limita gravemente su autonomía y hace imprescindible este reconocimiento para acceder a recursos y apoyos fundamentales.

La familia presentó una queja tras recibir una resolución negativa que, según el defensor, no está suficientemente motivada ni tiene en cuenta las circunstancias reales del niño. A pesar de haber solicitado información en dos ocasiones, la Conselleria respondió con argumentos genéricos, sin explicar por qué considera que “no procede” reconocer la movilidad reducida en este caso concreto.

La institución denuncia que la Administración ha aplicado criterios automáticos y ha confundido el objeto de la queja —el reconocimiento de la movilidad reducida— con la concesión de una tarjeta de estacionamiento, desviando así el foco del problema. Además, recuerda que el Real Decreto 888/2022, que regula el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad, no excluye expresamente a menores de tres años de este tipo de valoraciones. De hecho, otras comunidades autónomas sí contemplan esta posibilidad, y algunas incluso la reconocen específicamente en casos de dependencia de aparatos técnicos para funciones vitales.

Por ello, Luna propone revisar la normativa autonómica vigente, que actualmente excluye a los menores de tres años de la concesión de la movilidad reducida, sin que exista una base legal clara en la normativa estatal que lo justifique. Esta exclusión, según el Síndic, vulnera el principio de igualdad de trato y puede limitar el acceso de estos menores a derechos fundamentales.

La institución insiste en que se valore de forma específica y personalizada el caso del menor, teniendo en cuenta sus necesidades reales y el impacto que la falta de reconocimiento tiene en su vida diaria.

Asimismo, recuerda a la Conselleria su obligación legal de facilitar la información solicitada en el marco de las quejas ciudadanas y de dictar resoluciones dentro de los plazos establecidos. También le recomienda revisar los criterios de edad actualmente vigentes para conceder la movilidad reducida, adaptándolos a la normativa estatal y a la realidad de los menores con discapacidad. Sugiere además que se reevalúen los requisitos para conceder tarjetas de estacionamiento, limitándose a lo que establece la normativa básica estatal.

El Síndic subraya que las decisiones administrativas que afectan a menores deben estar guiadas por el principio del interés superior del niño, lo que implica una motivación reforzada y adaptada a cada caso. En este sentido, considera que la actuación de la Conselleria no ha cumplido con este principio, al aplicar criterios genéricos sin tener en cuenta la dependencia total del menor de ayudas técnicas para su movilidad.

Consulta la resolución completa

Esta práctica, detectada a raíz de la queja de un ciudadano, no se ajusta a la normativa vigente sobre procedimiento administrativo ni a la propia ordenanza municipal.

Según concluyó el Ararteko, cuando una persona se identifica mediante certificado electrónico cualificado —como los emitidos por Izenpe o el DNI electrónico— no es necesario aportar copia del documento de identidad. La verificación ya se realiza de forma automática y segura a través del propio sistema.

Además, esta institución advertía que esta exigencia puede vulnerar el derecho a no presentar documentos que ya obran en poder de la Administración, así como el principio de minimización de datos personales previsto en la normativa de protección de datos.

Por todo ello, el Ararteko instó al consistorio a adaptar su sistema de registro a los estándares legales de identificación electrónica y a evitar barreras innecesarias en el acceso a los servicios públicos digitales.

El Ayuntamiento ha aceptado la recomendación y ha informado que ya existía un compromiso para corregir la situación y que se está preparando el sistema para que este cotejo se pueda lanzar desde el propio proceso de identificación en la sede con los datos del certificado.

Am gestrigen Nachmittag besuchten Milen Starke, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur, und Dr. Kurt Herzberg, der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, das RegionalCenter Anger der Sparkasse Mittelthüringen. Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Dialoginsel, ein innovatives digitales Service-Angebot, das seit Juni 2024 in Betrieb ist und bereits viele positive Rückmeldungen von Kunden erhalten hat.

Sie bietet Kunden die Möglichkeit, sich per Bildschirm mit einem Mitarbeiter aus dem Digitalen Service der Sparkasse zu verbinden, ihre Anliegen digital zu klären und gleichzeitig eine persönliche Beratung zu erhalten. Um Sprachbarrieren zu überbrücken, lassen sich per Simultanübersetzung Gespräche in 24 gängigen Sprachen führen. 

Seit der Inbetriebnahme haben die Mitarbeiter der Sparkasse bereits über 3.000 Gespräche geführt. Im Schnitt können 9 von 10 Kundenanliegen innerhalb des Gesprächs fallabschließend geklärt werden. Die Zufriedenheit der Kunden mit der Dialoginsel liegt bei 96 %. Für die Sparkasse entlastet dieses Angebot die stationären Service-Points im RegionalCenter Anger. 

Staatssekretärin Milen Starke zeigte sich beeindruckt von der innovativen Lösung: „Die Dialoginsel ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie digitale Technologien genutzt werden können, um den Service für Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Beratungseffizienz zu steigern. Ich bin überzeugt davon, dass sich diese Technologie auch für weitere Einsatzzwecke, z.B. im Bereich Bürgerservices adaptieren lässt.“

Dr. Kurt Herzberg, der das Treffen und den Austausch initiiert hatte, betonte, dass die Digitalisierung der Verwaltung auch diejenigen mitnehmen muss, die das direkte Gespräch und die unmittelbare Nachfrage brauchen: „Insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in den ländlichen Gebieten unseres Freistaats benötigen einen direkten und persönlichen Zugang zu Ämtern und Behörden. Mit der Idee und der Technologie der Dialoginsel könnten wir das Gespräch mit den Ämtern und die Durchführung von Verwaltungsleistungen bürgernah und effektiv ermöglichen, und zwar auch für die 15 Prozent der Bevölkerung, die sich online schwer tun oder denen die technischen Voraussetzungen fehlen.“

Hans-Georg Dorst, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelthüringen, freute sich über den Besuch: „Die Dialoginsel ist für uns eine großartige Möglichkeit, Digitalisierung und persönliche Nähe miteinander zu vereinen. Sie schafft für uns Effizienz in der Beratung, verkürzt die Wartezeiten am Service Point und gleichzeitig haben unsere Kunden damit immer auch einen persönlichen Ansprechpartner direkt im Gespräch vor Augen.“