The Parliamentary Ombudsman, Judge Joseph Zammit McKeon, moderated the workshop specifically dedicated to environmental complaints during the European Network of Ombudsmen meeting in Brussels. The session brought together experts from the European Commission and ombudsman institutions to examine how oversight bodies can better address environmental grievances across the EU.

Dr Dijana Možina Zupanc, Deputy Ombudsman of Slovenia, served as rapporteur. Experts from the European Commission, Stephanos Ampatzis from DG Environment and Lucile Le Breton from DG Justice, provided technical input and addressed questions raised throughout the discussion.

Environmental law remains central to the EU agenda as the Union moves towards ambitious climate and biodiversity targets. The workshop examined how complaints, whether submitted to national or regional ombudsmen or directly to the European Commission, are critical for ensuring that environmental obligations are enforced. Participants shared experiences involving environmental impact assessments, unauthorised development in protected areas, access to environmental information, air and noise pollution issues, and failures to implement EU directives effectively.

Across jurisdictions, similar patterns emerge. Many cases are marked by limited access to information, environmental assessments that lack depth, outdated industrial installations that fail to meet current standards, slow inspection processes, and weak coordination between authorities. Participants noted that environmental problems rarely stop at national borders, making cross border cooperation between ombudsman institutions increasingly important.

The workshop also explored the strong link between environmental protection and human rights. A clean and healthy environment is now widely recognised as a prerequisite for health, dignity and safety. Recent decisions by international courts have confirmed that insufficient state action on environmental matters may constitute a breach of human rights. This growing recognition reinforces the role of ombudsman institutions in safeguarding both good governance and environmental rights.

Greenwashing was another topic of concern. Participants discussed the need for stronger scrutiny of misleading environmental claims by companies, and the challenges posed by inconsistent enforcement. The European Commission’s Vademecum on Environmental Complaints, developed with ENO’s contribution, was highlighted as a valuable tool to help oversight bodies navigate EU law and identify good practices.

The discussion placed emphasis on stronger cooperation. Participants agreed that parallel or coordinated inquiries across Europe can reveal systemic issues, increase the visibility of findings and strengthen the impact of recommendations. They also noted that environmental recommendations often require long term action, making persistent follow up essential.

The workshop closed with a call to reinforce enforcement structures, improve public awareness of environmental rights and enhance coordination between ombudsman institutions, regulators and EU bodies. Participants agreed that environmental protection and climate action demand sustained commitment, and that oversight institutions have an important role in supporting a rights-based approach to environmental governance.

The conclusions of the workshop were presented by Dr Dijana Možina Zupanc, Deputy Ombudsman of Slovenia, during the closing session of the ENO conference, and will be followed up at the next ENO meeting in Malaga in January 2026.

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

Dolores Fernández Galiño, valedora do pobo, tuvo la satisfacción de amadrinar las III Jornadas Intergeneracionales que, coordinadas por la profesora Gloria Chimeno del colegio Pablo VI y Carmen Estévez, directora del Centro de Día se realizaron en A Rúa de Valdeorras el pasado viernes. «Huellas grandes, pasitos pequeños: cada gesto cuenta», fue el lema elegido este año.

Este proyecto, que une a personas mayores y alumnado, busca fortalecer la convivencia, el respeto y el aprendizaje mutuo, dejando pequeñas acciones que construyen grandes experiencias compartidas.

Los consejos de infancia son un instrumento de participación y escucha de este colectivo
 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra hoy, 20 de noviembre, el Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado un informe Focus que evalúa la situación de los consejos locales de infancia en Cataluña, previstos en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia.

Esta ley establece que los poderes públicos deben promover el derecho de los niños y adolescentes a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, así como generar nuevos espacios sociales que dinamicen esta participación. Para hacerlo efectivo, pone a disposición de las administraciones locales una herramienta concreta, los consejos de participación territorial de infancia, que son obligatorios para todos los municipios de más de 3.000 habitantes.

El análisis de la Encuesta sobre las políticas locales de niños y adolescentes (2024), enviada por el Síndic de Greuges a los ayuntamientos de municipios de 3.000 o más habitantes, muestra que solo el 48,9 % de los municipios dispone de consejo local de infancia. El resto, más de la mitad, no lo tiene.

El informe también concluye que la existencia de estos consejos se ve afectada por el tamaño y la renta del municipio. Así, solo el 24,7 % de los municipios de 3.000 a 5.000 habitantes tiene consejo. Los municipios con mayor población nacida fuera de Cataluña también suelen tener menos consejos.

Por tanto, los niños que viven en municipios pequeños y con una composición social más desfavorecida tienen menos oportunidades de participar políticamente, lo que vulnera un derecho reconocido por la Convención sobre los derechos del niño.

Sesgos en la composición y la participación

Actualmente, hay 4.531 niños y adolescentes que participan en consejos de infancia, pero el informe también pone de manifiesto importantes sesgos: se detecta una baja participación de los adolescentes mayores de quince años (0,5 %) y de los niños de nacionalidad extranjera (2 %), con discapacidad (0,8 %) y tutelados (0,2 %).

En el Informe sobre los derechos del niño de 2024, presentado hace una semana, la institución destacaba la necesidad de que los niños y jóvenes puedan ser escuchados y participar en las decisiones políticas que les conciernen. El informe también señala que el edadismo afecta a los niños porque limita sus derechos y oportunidades, y que las políticas públicas a menudo no tienen en cuenta la perspectiva de la edad ni las necesidades de este colectivo. En este sentido, la institución considera que los consejos de infancia son una herramienta muy valiosa que hay que consolidar.

Falta de consolidación

El motivo principal esgrimido por los ayuntamientos para no constituir consejos de infancia es la insuficiencia de recursos para dinamizarlos (40 %). También alegan que no se han planteado la cuestión (32 %) y dificultades para garantizar la implicación de los niños, especialmente de los adolescentes (12,1%).

En cuanto a los problemas a los que se enfrentan los municipios que sí disponen de consejo, destacan la baja participación durante las dinámicas (25,4 %) y la falta de conocimientos de los niños y adolescentes sobre sus derechos (20,1 %). Además, el 19 % de los municipios afirma que las administraciones a menudo no tienen suficientemente en cuenta las recomendaciones surgidas de los consejos. Sin embargo, el 98 % de los municipios que tienen consejo los valoran muy positivamente, sobre todo porque les permiten conocer las demandas de los niños y formarlos en derechos, y les ayudan a diseñar las políticas públicas del municipio.

Una cuarta parte de los consejos no dispone de reglamento

La existencia de un reglamento que regule el consejo determina su estructura y la periodicidad de las reuniones, lo que aporta estabilidad al proyecto. Sin embargo, las cifras indican que el 21,6 % de los municipios con consejo no cuentan con un reglamento.

Además, solo el 32,8 % de los municipios mantienen algún tipo de relación con el Consejo Nacional de los Niños y Adolescentes de Cataluña (CNIAC), a pesar de que la normativa prevé esta vinculación.

Recomendaciones

El Síndic formula diversas recomendaciones para reforzar el derecho de los niños a la participación política:

• Promover la formación de los niños sobre sus derechos.
• Crear consejos de infancia en todos los municipios de 3.000 habitantes o más.
• Consolidarlos mediante un reglamento, personal técnico y recursos estables, y celebrar al menos cuatro reuniones al año.
• Garantizar la participación de los niños menos representados, incluidos los menores de seis años y los adolescentes.
• Impulsar la participación de los consejos en los plenos municipales.
• Incorporar las propuestas de los consejos a las políticas públicas locales.
• Al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, reducir las desigualdades territoriales y fortalecer la conexión con el CNIAC.

• Acceso al informe Focus en formato pdf

The Parliamentary Ombudsman, Judge Joseph Zammit McKeon, participated in this year’s European Network of Ombudsmen (ENO) meeting in Brussels, organised by the European Ombudsman under the theme Upholding a rights-based Europe. The conference brought together national and regional ombudsmen, EU institutions and subject experts to discuss the protection of citizens’ rights in an evolving European landscape.

In her keynote address, the European Ombudswoman, Teresa Anjinho, highlighted the scale of challenges facing Europe, including geopolitical instability, social inequalities, climate impacts and rising pressures on democratic institutions. She underlined that ombudsman offices are positioned at the centre of these issues because they handle complaints linked to everyday concerns such as housing, healthcare, education, discrimination and administrative fairness. She stressed that ENO remains vital for sharing experience and ensuring that citizens’ rights under EU law are respected across all Member States.

She also emphasised that ENO must evolve further to remain effective. After almost three decades, ENO is planning a renewed strategic direction focused on strengthening cooperation, improving the use of joint tools such as parallel inquiries, and reinforcing the community of practice among ombudsman institutions. She encouraged members to reflect on the future of ENO and to continue fostering independence, accountability and fairness in public administration.

The discussions focused on current challenges affecting the rights of EU citizens, the enforcement of EU law, and the evolving responsibilities of oversight institutions, in eight specific workshops. Judge Zammit McKeon moderated the workshop dedicated to environmental complaints and also took part in the workshop examining how to prevent the fragmentation of rights protection across the EU.

Workshop 1: Practical barriers for intra EU mobility

Moderated by Prof Marcin Wiącek, Ombudsman of Poland, with Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre, Acting Ombudswoman of the Basque Country, as rapporteur. The session addressed obstacles faced by EU citizens who move to another Member State, such as delays in recognising qualifications or obtaining healthcare reimbursements.

Workshop 2: Challenges and opportunities of monitoring EU law compliance

Moderated by Maija Sakslin, Deputy Parliamentary Ombudsman of Finland, with Tena Simonović Einwalter, Ombudswoman of Croatia, as rapporteur. The session analysed how ombudsmen oversee the application of EU law and the strengths of different national models.

Workshop 3: Preserving ombudsmen independence in challenging times

Moderated by Dr Erika Leonaitė, Parliamentary Ombudsperson of Lithuania, with Prof Renate Weber, Romanian Ombudsman, as rapporteur. The workshop addressed institutional independence, mandate protection and the safeguards required to conduct investigations without interference

Workshop 4: Sharing ombudsmen experience in environmental complaints

Moderated by Judge Joseph Zammit McKeon, Parliamentary Ombudsman of Malta, with Dr Dijana Možina Zupanc, Deputy Human Rights Ombudsman of Slovenia, as rapporteur. Participants shared national experiences on environmental complaints and the role of ombudsmen in ensuring proper enforcement of environmental obligations.

Workshop 5: Oversight of semi-private and semi-public administration

Moderated by Velislava Deltcheva, Ombudsman of Bulgaria. The workshop explored the growing involvement of private entities in public service delivery and the related oversight implications.

Workshop 6: Preventing the fragmentation of the protection of citizens’ rights

Moderated by Ger Deering, Ombudsman of Ireland, with Christian Britten Lundblad, Parliamentary Ombudsman of Denmark, as rapporteur. The discussion focused on ensuring consistent levels of rights protection for EU citizens regardless of where they live.

Workshop 7: The evolving role of ombudsmen in migration and asylum complaints

Moderated by Daniel Agacinski, General Delegate for Mediation (Defender of Rights, France), with Vít Alexander Schorm, Deputy Public Defender of Rights of the Czech Republic, as rapporteur. The workshop examined new responsibilities that will arise under the EU Pact on Migration and Asylum.

Workshop 8: Regulatory simplification and its impact on rights protection

Moderated by Ülle Madise, Chancellor of Justice of Estonia, with Jérôme Aass, Federal Ombudsman of Belgium, as rapporteur. Participants discussed how regulatory simplification can support efficiency while still safeguarding procedural rights.

Established in 1996, the ENO links the European Ombudsman with national and regional ombudsmen and the European Parliament’s Committee on Petitions. It remains an essential platform for coordinated action to protect citizens’ rights under EU law.

Judge Zammit McKeon was accompanied by Mr Paul Borg, Director General, and Mr Jurgen Cassar, Head of Communications and Research.