On 2 September, the Riigikogu elected Chancellor of Justice Ülle Madise as President of the Republic of Estonia in the first round of the presidential election. Madise received the support of 71 members of the Riigikogu in a secret ballot. At least 68 votes were needed to be elected, meaning that becoming president required support from both coalition and opposition parties.

The President of the Republic of Estonia is the head of state, whose duties are primarily representative and involve maintaining constitutional balance. The office of president requires independence from party politics and impartial conduct. The president’s powers include, among other things, representing Estonia in international relations, proclaiming laws and elections, nominating a candidate for prime minister and appointing the government to office, as well as making proposals for the appointment of several high-ranking state officials. The president may refuse to proclaim a law and return it to the Riigikogu for further debate, and, where necessary, apply to the Supreme Court for a review of the constitutionality of the law.

Ülle Madise has served as Chancellor of Justice since 2015, and her second term began in 2022. Her previous experience as an independent guardian of the Constitution and as a defender of the principles of the rule of law and fundamental rights will also serve her well in the office of president, where she will likewise be required to act impartially, follow the Constitution, and maintain the balance between state institutions.

Madise will continue as Chancellor of Justice until she takes the oath of office as President of the Republic on 12 October.

From then until the appointment of the next Chancellor of Justice, the duties of the Chancellor of Justice will be performed by the Deputy Chancellor of Justice-Adviser and Director of the Office, Mr Olari Koppel.

The new Chancellor of Justice will be appointed to office by the Riigikogu on the proposal of the President of the Republic for a term of seven years.

La institución pide que se adopten medidas para garantizar unas condiciones ambientales adecuadas

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, se ha dirigido a la consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón para que adopte, a la mayor brevedad posible, las medidas oportunas que garanticen unas condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa en los centros de la Comunidad Autónoma.

La actuación responde a las quejas que distintas comunidades educativas han trasladado al Justicia de Aragón por las elevadas temperaturas que se alcanzan en las aulas durante los episodios de calor, una situación que puede dificultar el normal desarrollo de la actividad lectiva y afectar a la salud y al bienestar del alumnado, del profesorado y del personal de los centros. En algunas de las reclamaciones recibidas se han comunicado temperaturas muy elevadas que, en algunos casos, superan los treinta grados.

Entre las necesidades planteadas figuran la mejora de los aislamientos térmicos y de los sistemas de protección solar, el incremento de las zonas verdes y de sombra, la instalación de sistemas adecuados de ventilación y climatización, la creación de puntos de hidratación o la adaptación de espacios y actividades durante los episodios de calor extremo. También se ha reclamado una planificación integral y sostenible que permita adaptar las infraestructuras educativas a unas temperaturas cada vez más elevadas.

En respuesta a las peticiones de información de la institución, la consejería de Educación ha informado de la puesta en marcha del plan «Aulas que respiran», cuyo objetivo es mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de los centros educativos. Como fase inicial, la Administración ha recabado información sobre las condiciones térmicas, el impacto del calor en la actividad lectiva y las necesidades existentes para priorizar futuras actuaciones de sombreado, ventilación, aislamiento o climatización.

El Justicia de Aragón recuerda que el pasado mes de mayo ya formuló una sugerencia de carácter general para todos los centros educativos de Aragón en relación con la climatización de las aulas. La institución advertía entonces de que las altas temperaturas pueden afectar a la salud y seguridad del profesorado y al bienestar del alumnado, que, por su condición de menor de edad, requiere una especial protección.

A esta actuación general, se han sumado ahora las sugerencias formuladas a partir de las situaciones concretas que han llegado a la institución. Hasta el momento, el Justicia de Aragón ha trasladado al Departamento de Educación las preocupaciones y necesidades relativas a 19 centros educativos aragoneses.

En concreto, las actuaciones se refieren a los institutos de Enseñanza Secundaria Pedro de Luna, Ramón Pignatelli, Martínez Vargas de Barbastro, Pablo Serrano, Martina Bescós, Pilar Lorengar, José Manuel Blecua y Miguel de Molinos; y a los colegios Valdespartera III, Tenerías, Vadorrey-Les Allés, Pedro J. Rubio de Huesca, Lucien Briet, Hermanos Marx, Gil Tarín de La Muela, María Moliner, José Camón Aznar, San José de Calasanz y Cortes de Aragón.

Con estas resoluciones, el Justicia de Aragón traslada al Departamento información concreta sobre los centros que están trasladando problemas relacionados con las altas temperaturas y las particularidades y necesidades expresadas por cada una de sus comunidades educativas, de manera que puedan ser tenidas en cuenta en la planificación y priorización de las actuaciones.

La institución considera necesario avanzar en la adaptación de los centros educativos a los episodios de calor y garantizar que alumnado, profesorado y resto del personal puedan desarrollar la actividad educativa en unas condiciones ambientales adecuadas.

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Lola Padrón advierte de que las dificultades de movilidad y el elevado precio de la vivienda están condicionando el acceso a los estudios universitarios de jóvenes de distintos municipios de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 3 de septiembre de 2026.- La Diputada del Común, Lola Padrón, ha reclamado medidas para mejorar la movilidad y facilitar el alojamiento de los jóvenes que deben desplazarse a La Laguna para cursar estudios universitarios, tras recoger distintas demandas trasladadas desde la Isla Baja de Tenerife.

Entre las situaciones planteadas a la institución se encuentra la de núcleos pequeños como Tierra del Trigo, en Los Silos, donde las limitaciones del transporte público dificultan especialmente los desplazamientos de quienes necesitan acceder a otros puntos de la isla para estudiar, trabajar o realizar gestiones básicas.

“Una de las reclamaciones que nos han trasladado desde la Isla Baja, y que sabemos que es común también en otros municipios del norte y del sur de Tenerife, especialmente en pueblos pequeños o núcleos como Tierra del Trigo, es la dificultad que tienen muchos jóvenes para desplazarse a La Laguna a estudiar. A los problemas de transporte público se suma ahora la dificultad para encontrar un alojamiento asequible”, señala Lola Padrón.

La Diputada del Común considera que esta realidad evidencia una desigualdad que no depende únicamente de la renta de las familias, sino también del lugar en el que viven. La distancia, la falta de conexiones adecuadas y la necesidad de afrontar desplazamientos complejos pueden condicionar las posibilidades reales de muchos jóvenes para continuar sus estudios superiores.

A ello se suma la crisis habitacional, que ha reducido las opciones de alojamiento asequible en La Laguna y su entorno. Una fórmula que durante años permitió a muchos estudiantes permanecer cerca de la universidad, compartiendo pisos durante el curso académico, resulta hoy mucho más difícil de asumir para numerosas familias.

Padrón plantea, en este sentido, que el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de La Laguna puedan estudiar fórmulas que faciliten el acceso a residencias universitarias o a otras soluciones de alojamiento asequible para estudiantes procedentes de distintos puntos de la isla.

“Creemos que, igual que se ha planteado para estudiantes procedentes de otras islas, el Cabildo de Tenerife, junto con la Universidad de La Laguna e incluso el Ayuntamiento de La Laguna, podría estudiar fórmulas para facilitar residencias de estudiantes. La crisis habitacional está haciendo que muchos jóvenes que antes podían quedarse en pisos en La Laguna ya no puedan asumir ese coste”, explica.

La Diputada del Común considera que esta posibilidad debería analizarse también para quienes, aun residiendo en Tenerife, viven en municipios o núcleos alejados y con menores opciones de transporte. La realidad insular provoca que jóvenes de una misma isla puedan enfrentarse a condiciones muy diferentes para acceder a la universidad dependiendo de su lugar de residencia.

En este sentido, Padrón entiende que la experiencia de las iniciativas planteadas para estudiantes de las islas no capitalinas puede servir también para abrir el debate sobre las necesidades internas de Tenerife y explorar soluciones que combinen alojamiento público, movilidad y coordinación entre administraciones.

La institución considera especialmente importante abordar esta situación desde una perspectiva de igualdad de oportunidades. El acceso a la educación superior no depende únicamente de poder formalizar una matrícula, sino también de disponer de condiciones materiales que permitan asistir a clase, desplazarse y residir cerca del centro de estudios cuando las conexiones o la distancia lo hacen necesario.

La falta de transporte adecuado y el encarecimiento de la vivienda pueden acabar convirtiéndose en factores que condicionen la elección de estudios, obliguen a realizar largos desplazamientos diarios o incluso lleven a algunas familias a descartar determinadas opciones formativas.

“La universidad no puede convertirse en un artículo de lujo para los jóvenes canarios”, concluye Lola Padrón.

Summary of the decision: The Chief Parliamentary Ombudsman has reviewed proceedings in a civil case before Attunda District Court. The investigation reveals that the district court has assessed the claim as clearly groundless and dismissed it without issuing a summons.

The Chief Parliamentary Ombudsman states that, as a summons should be issued without delay, by the very nature of the matter a court should as soon as possible assess whether the conditions exist to immediately pass judgement in the case without issuing a summons. While this may at times be difficult to assess and require some experience, any further delay in adjudicating the case in this way ought not to be acceptable.

Proceedings in the case were ongoing for approximately one year and no active procedural measures were taken for just over 10 months. The Chief Parliamentary Ombudsman notes that such slow and passive processing is of course unacceptable and criticises the court for the delay.

During most of the proceedings, a junior judge was responsible for the case. The Chief Parliamentary Ombudsman makes some observations concerning the division of management tasks and other duties within the court and underlines the particular importance of judges in training receiving the support and assistance their duties require, and that duties are always adapted to the individual judge’s experience.