FRA and the European Court of Human Rights have produced the latest in a series of joint thematic factsheets. This factsheet focuses on reasonable accommodation for people with disabilities within the context of EU law and the European Convention on Human Rights.

EU law and the Convention sometimes overlap. The publication clarifies where there are similar principles in different legislation and provides examples of relevant case law from the EU’s Court of Justice and the European Court of Human Rights.

Both courts use the reasonable accommodation definition from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). In essence, it means making necessary and appropriate modifications to allow people with disabilities participate equally in society.

The Courts have concluded that failing to provide appropriate measures for the reasonable accommodation of people with disabilities constitutes discriminatory treatment.

Previous factsheets covered mass surveillinace, the right to be forgotten and the European Arrest Warrant. 

The Local Government and Social Care Ombudsman has responded to the National Audit Office (NAO)'s report about school transport, published today.

Mrs Amerdeep Clarke, Local Government and Social Care Ombudsman said:

“From the complaints we receive, we know transport to and from their education settings can be a significant issue for children and young people with Special Educational Needs and Disabilities, and for the councils that arrange and fund it. We commonly see the significant impact it can have on families when blanket decisions are made, and individual circumstances are not properly considered.

 “We welcome the National Audit Office’s report and the focus it has placed on the specific challenges around transport within the SEND system and await further clarity on the government’s intended approach when it releases its SEND reform white paper.”

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha protagonizado este 3 de noviembre una entrevista en el programa "Mediodía" de Cope Navarra.

Una conversación en la que se han tratado diversos asuntos de actualidad. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la resolución Q25/737 por la que la institución ha sugerido a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona "que evalúe la idoneidad de aumentar el número de licencias de taxi para cumplir con lo establecido en el índice general de referencia previsto en la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio" que regula dicho sector. 

Al mismo tiempo, Patxi Vera tambien ha hablado de la figura del Defensor así como de las jornadas de Coordinación de Defensorías, celebradas recientemente en Zaragoza  y centradas en la vulnerabilidad en las aulas.

Escúchalo aquí:  /files/08/83/65/entrevista-cope-defensor-del-pueblo-03-11-25.mp3

La institución ha detectado reclamaciones de pagos indebidos también en las ayudas para familias vulnerables con niños a cargo
 

Desde 2020, la institución del Síndic de Greuges ha recibido numerosas quejas de familias vulnerables con hijos a cargo a las que la Administración reclama pagos indebidos de las ayudas que percibían en el marco del compromiso socioeducativo (COSE). El COSE es un instrumento dirigido a las familias que elaboran los servicios de atención a la infancia cuando detectan una situación de riesgo que afecta a un niño, e incluye una ayuda económica destinada a atender dichas situaciones de riesgo. Las reclamaciones de pagos indebidos son consecuencia de las deudas acumuladas por el cálculo erróneo de la prestación por parte de la Administración.

Una de las últimas quejas recibidas pone de manifiesto el caso de una familia a la que se le reclama el reintegro de 19.000 euros. En 2020, tras revisar los expedientes, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión inició un expediente de reintegro al detectar que los importes concedidos entre 2016 y 2018 no habían tenido en cuenta una reducción de la prestación prevista en la normativa aplicable en ese momento. Estas cantidades tan elevadas generan inquietud a las familias, que no saben cómo hacer frente a la deuda.

Al igual que en el caso de los pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía y de los jóvenes extutelados, la institución también abrió una actuación de oficio para estudiar cómo abordará la Administración estos casos y para conocer su alcance.

En la resolución emitida a mediados de junio, la institución consideraba una contradicción grave que las familias que reciben una ayuda para cubrir las necesidades básicas de sus hijos se vieran obligadas a devolver importes, sobre todo porque esto incrementa su situación de precariedad y expone a los niños a un mayor riesgo social. Ante este hecho, la institución defendía que debería ponderarse la proporcionalidad entre el derecho de la Administración y la protección de los niños. Además, recordaba que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han sentado jurisprudencia en el mismo sentido: no se puede exigir la devolución si supone una carga desproporcionada para los beneficiarios. "Una vez más, el error es de la Administración y, por tanto, este error no puede recaer en las familias, que recordemos que son vulnerables", ha manifestado la síndica.

En un decreto aprobado el pasado 30 de septiembre, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión estableció que no se reclamarán estos pagos indebidos, y lo justificó en términos de justicia social. La institución se ha mostrado satisfecha con esta decisión, pero pide que se comunique sin demora a todas las personas afectadas, la mayoría de las cuales todavía no han sido informadas.

Además, la síndica pide que se hagan más esfuerzos para evitar que los pagos indebidos se conviertan en una práctica habitual, tal y como se ha observado en los casos recibidos en la institución, en los que familias con hijos a cargo explican que no pueden hacer frente a la devolución que se les exige. También solicita que se implementen mecanismos preventivos para detectar y corregir errores de cálculo y que todos los procedimientos abiertos actualmente se revisen desde una perspectiva social y de infancia, y no solo económica.

Además, la institución ha detectado deficiencias en la información suministrada a las familias afectadas. En algunas ocasiones, debido a cambios de domicilio, las familias no recibieron la notificación del retorno del dinero por correo, sino que se les notificó mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, por lo que no tuvieron conocimiento de dicha notificación. La síndica pide un mayor seguimiento de estos casos y, por tanto, más transparencia y accesibilidad en la tramitación de los expedientes de familias con niños a cargo.