Am 24. April 2024 empfing Dr. Kurt Herzberg, Tino Melzer, seit 1. März 2024 Thüringer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, zum Antrittsbesuch und Gespräch.

In einem sehr offenen Austausch sprachen beide über ihr Amtsverständnis und auch darüber, welche persönlichen Erfahrungen sie diesbezüglich geprägt haben. Sie erörterten die aktuelle gesellschaftliche Debatte und sprachen über Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern.

Herzberg betonte den Wert der Grundrechte für das gesellschaftliche Miteinander und den demokratischen Rechtsstaat. Melzer dazu: „Dies gelte insbesondere auch für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.“ Herzberg meinte mit Blick auf seinen kürzlich veröffentlichen Tätigkeitsbericht: „Wir müssen als Beauftragte parteiübergreifend und unabhängig für die Interessen und Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber einer nicht selten überforderten Verwaltung eintreten, ja dort, wo es nötig ist, auch streiten.“ Herzberg und Melzer vereinbarten einen regelmäßigen Austausch über aktuelle Fragen und Entwicklungen sowie über die daraus resultierenden Erwartungen an die Beauftragten.

Asylum, migration and borders Access to asylum

FRA trained staff of the Hungarian National Directorate-General for Aliens Policing and representatives of the National Police Headquarters dealing with return/readmission in Budapest on 15 April.

The half-day training event took place and focused on the EU return rules and fundamental rights safeguards.

Some 45 participants attended. They were immigration law enforcement staff working at central and regional levels of the two return-enforcing authorities.

The content of the training drew from relevant FRA products, and practical tools and guidance. These included its handbook on European law on asylum, borders and immigration, its guidance on apprehension practices and fundamental rights considerations, as well as the latest overview of forced return monitoring systems across the EU.

The Parliamentary Ombudsman of Malta, Judge Emeritus Joseph Zammit McKeon, received a letter of gratitude from the Ombudsman of Moldova, Mr Ceslav Panico, highlighting the successful outcomes of the recent official visit by the Moldovan delegation to Malta. This visit was part of an ongoing effort to foster international human rights and public administration collaboration.

During their visit, the delegation engaged in extensive discussions with the Office of the Ombudsman of Malta, focusing on critical areas such as health, environmental issues, and education. These conversations provided valuable insights into Malta’s approach to protecting the rights and freedoms of individuals, which the Moldovan delegation found both enlightening and inspiring.

Mr. Panico praised the warm reception and the structured interaction facilitated by the Office of the Ombudsman in Malta, including a notable courtesy visit to Mr. Anglu Farrugia, Speaker of the Parliament of Malta. This interaction allowed the delegation to learn from Malta’s efforts to strengthen its role as a trusted authority across all generations.

The Ombudsman of Moldova expressed his deep appreciation for the hospitality extended by the Maltese team and the comprehensive planning that ensured the visit was both productive and motivating. He also highlighted the potential for future collaborations that could further advance the cause of human rights.

Link to the Council of Europe website article ‘Exchange on anti-discrimination practices between institutions from Malta and the Republic of Moldova – Inclusion and anti-discrimination (coe.int)’

El Síndic considera necesario disponer del dato de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, para combatir la desigualdad en los centros docentes 

El síndic de Greuges, Ángel Luna, insta a la Conselleria de Educación a diseñar un modelo para detectar preventivamente al alumnado en situación socioeconómica desfavorecida, con el propósito de evitar el fracaso escolar.Además, pide que en la financiación de los centros docentes se tengan en cuenta las necesidades de este perfil de estudiantes y la complejidad de los centros donde están matriculados. 

Asimismo, el Síndic urge, para el próximo curso escolar, una planificación que evite concentrar al alumnado en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducir los niveles de segregación y la formación de guetos en los centros con una composición socialmente más desfavorecida. Por ello, Luna solicita que se establezcan criterios de distribución equitativa, acompañados de medios y de una mejora de la acogida, que facilite la inclusión social y cultural. 

Por otra parte, el defensor considera fundamental reforzar las políticas de apoyo a las familias de estos menores, que permitan prevenir las situaciones de riesgo y evitar que, cuando aparezcan, deriven en situaciones más graves. Así pues, esta institución recomienda mejorar la información a las familias en relación con el derecho a la elección de centro y con las posibilidades de acceso a becas, recursos y ayudas al estudio. De igual modo, el Síndic recomienda fomentar la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, las acciones de acompañamiento y la tutorización del alumnado que se encuentre en esta situación.  

El Síndic de Greuges abrió el pasado mes de febrero esta queja de oficio con el fin de supervisar las actuaciones de la Administración educativa valenciana destinadas a compensar las desigualdades. Según el informe del Estado de la Pobreza 2024, la tasa de riesgo de pobreza ha crecido un 9% (dos puntos porcentuales) en la Comunidad Valenciana respecto al año 2023. Además, cabe destacar queel número de alumnos con necesidades de compensación de desigualdades (NCD) ha ido aumentando en los años posteriores a la pandemia, sin que a la vista del resultado de la investigación del Síndic se hayan adoptado medidas específicas al respecto. 

Luna considera que “la educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales. En este sentido, las personas somos titulares de dos derechos fundamentales que no pueden garantizarse el uno sin el otro: el de la no discriminación e igualdad y el del acceso y disfrute de la educación, como forma de garantizar que todos tenemos las mismas oportunidades, independientemente de nuestro origen”. 

Sin embargo, si bien es cierto que el derecho a la educación contempla el acceso en igualdad de condiciones, no todas las personas parten de las mismas. Así, el alumnado de nivel socioeconómico bajo tiene casi cuatro veces más probabilidades de repetir curso que su equivalente de nivel alto, como reconoce en sus últimos informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). 

La Administración educativa ha puesto de manifiesto, en los informes requeridos por esta institución, que no dispone del índice de escolarización por centros de los alumnos que tienen necesidades de compensación. Esta falta de datos impide poder valorar el proceso hacia escuelas inclusivas con el objetivo de reducir la segregación en el sistema educativo. 

“Un rasgo definitorio y, por tanto, irrenunciable del sistema educativo de una sociedad democrática es la apuesta decidida por la superación de las desigualdades. La Administración debe liderar este proceso y no sólo arbitrar los recursos necesarios a tal fin, sino, más aún, impulsar y velar por que toda la organización escolar sea coherente con este objetivo central de la educación”, manifiesta el Síndic. 

Ver resolución completa sobre este asunto. 

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, compareció este martes ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el ‘Informe Anual 2023’ elaborado por su institución. Una intervención en la que Vera advirtió a los representantes de las distintas formaciones políticas presentes en la Cámara Foral de que “la brecha de la desigualdad social va a más, está creciendo y se nos está quedando gente por el camino”.

Informó que su intención en la comparecencia era “traer la voz de las personas que no se sienten bien tratadas por las administraciones, que no ven reconocidos sus derechos o que piden una mayor igualdad”. En ese sentido, Vera reiteró su predisposición a colaborar con el tercer sector afirmando que “quiero ayudar a quieres ayudan”.

Consideró, igualmente, que no se está avanzando lo suficiente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas marcadas en la Agenda 2030. “Si queremos cumplir con el compromiso que hemos adquirido de no dejar a nadie atrás, debemos hacer más esfuerzos”, insistió.

El resto de la exposición de Patxi Vera se centró en enumerar y detallar las 3.583 actuaciones recogidas en el documento motivo de su comparecencia y que fueron realizadas por el Defensor del Pueblo-Nafarroako Arartekoa el año pasado, atendiendo a 5.038 personas. De esta forma, se refirió a las 1.869 consultas de la ciudadanía y las 1.436 quejas gestionadas, además de 28 actuaciones de oficio, 19 expedientes de mediación y 8 propuestas de mejora, entre otras actuaciones.

De los 754 casos en los que, a juicio de la institución, era viable una solución total o parcial al problema planteado en la queja, el grado de aceptación de las resoluciones y soluciones durante la tramitación se elevó hasta un 83,3%, con un total de 628 quejas que finalizaron favorablemente para la ciudadanía.

COLECTIVOS VULNERABLES

De entre todos esos grandes números, quiso detenerse, sobre todo, en los 34 encuentros mantenidos “con asociaciones, fundaciones y entidades que atienden a los colectivos vulnerables de Navarra”. “He podido constatar, una vez más, el formidable entramado con el que cuenta la Comunidad Foral y que da asistencia, apoyo y acompañamiento a quienes más lo necesitan”, añadió, “a quienes se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad, dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión social”.

Por ello, tras visitar las sedes, oficinas y locales de las organizaciones a las que acuden pudo conocer “de primera mano” las problemáticas que deben afrontar en su día a día. Entre estas últimas destacó cuestiones como las vinculadas al empadronamiento, la escasez de vivienda, el solapamiento de las múltiples brechas de desigualdad, la atención a los menores, la discapacidad, así como la desatención de los mayores, “cuestiones que nos llegan a diario y sobre las que estamos actuando”. En esa misma línea, Vera mencionó las barreras de comunicación con las administraciones o la necesidad de una mejor coordinación entre ellas.

Por eso no debe extrañar que la materia con mayor número de quejas haya sido Bienestar social, ya que el Defensor del Pueblo viene realizando, desde hace dos años, un trabajo proactivo con más de sesenta entidades sociales y del Tercer Sector.

Vera calificó como “cuando menos paradójica” la situación en la que se encuentra Navarra, ya que un año más ha vuelto a ser “la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado, pero, al mismo tiempo, es en la que más se incrementa el riesgo de pobreza y exclusión”. De ahí su demanda de “hacer más esfuerzos” para intentar reducir la brecha de la desigualdad social.

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO

En el ranking de las materias con mayor número de quejas, se situó en segunda posición la de Sanidad (117), destacando las listas de espera, si bien el Departamento de Salud está dando respuesta a las reclamaciones que se le hacen llegar. En tercer lugar, Educación (98), con especial atención del Defensor a los casos relacionados con el ‘bullying’, “porque pueden ser la punta del iceberg de lo que puede estar ocurriendo en las aulas y su entorno”, demandando “un trabajo más integral que agrupe no solo a familias y docentes sino también a otros ámbitos que tienen contacto y relación con los menores” que contemple las tres fases de trabajo: la detección y prevención; el cese de la situación; y la reparación y recuperación.

En cuanto a la materia de Vivienda, Vera destacó la gran demanda de vivienda protegida de alquiler y casos “desoladores de familias monomarentales hacinadas en una sola habitación o, incluso, sin vivienda” o personas en “situación de calle” y sin empadronar, mientras paralelamente existen miles de viviendas deshabitadas.

En relación a las administraciones, lamentó “la insensibilidad de determinadas áreas administrativas que no llegan a ser empáticas con la dificultad que algunos colectivos encuentran en la digitalización como única vía de comunicación” y abogó por el fin de la cita previa. “Aquí nuestro posicionamiento ha sido y será mantenido con determinación en defensa del derecho de las personas a una buena administración”, sentenció Vera. En las oficinas del Defensor del Pueblo se pretende dar ejemplo y por ello “no exigimos cita previa y ofrecemos una atención presencial y personalizada”.

En el informe del Defensor del Pueblo se clasifican también las actuaciones en función de los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU, además de tener en cuenta la “interseccionalidad” por el solapamiento de determinadas brechas económicas y sociales.

MATERIAL A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA

Las personas interesadas en acceder a una copia de la presentación realizada por el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, en la Comisión de Régimen Foral la tienen a su disposición en este enlace (versión castellano y versión euskera).

Igualmente, haciendo clic AQUÍ está disponible la grabación completa de la sesión celebrada en el Parlamento de Navarra.