In two communications to the Committee of Ministers in the context of the supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights published today, the Commissioner addressed two groups of cases against Georgia. The Tsintsabadze v Georgia group of cases concerns various violations of the European Convention on Human Rights related to ill-treatment, mostly by law enforcement officers, and ineffective investigations into these violations. In this communication, the Commissioner underlines the need to ensure that law enforcement actions, particularly in the context of public assemblies, comply with the principles of legality, necessity, and proportionality. He also urges effective investigations into cases of ill-treatment and unlawful arrest and calls for the visible and individual identification of all law enforcement personnel.

In Makarashvili and Others v. Georgia, which is related to the arbitrary use of administrative detention during peaceful assemblies and insufficient judicial review, the Commissioner considers that the authorities should undertake a comprehensive reform of the Code of Administrative Offences. This should include effective consultations with experts from civil society, the Office of the Public Defender of Georgia and international bodies. He also recommends ensuring effective access to legal counsel, fair trial rights and timely, independent judicial oversight. Finally, he urges the revision of legislative changes adopted since November 2024 that disproportionately restrict the right to peaceful assembly.

These communications, submitted under Rule 9.4 of the Rules of the Committee of Ministers, are primarily based on the findings and recommendations of the Commissioner following his visit to Georgia from 21 to 23 January 2025.

• Read the Commissioner’s communication regarding Tsintsabadze v. Georgia and similar cases
• Read the Commissioner’s communication regarding Makarashvili and Others v. Georgia and 3 repetitive cases

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maetu, ha intervenido hoy en la presentación del VI informe del Observatorio para la Desigualdad en Andalucía, sobre “Migraciones y Desigualdades Sociales en Andalucía”

El defensor andaluz ha agradecido la temática elegida que pone su mirada en uno de los colectivos de población más vulnerables -las personas migrantes- y cómo les condiciona para su plena inclusión, entre otros factores, el territorio donde se asientan. “Es un enfoque altamente revelador de muchas de las causas que pueden agravar las situaciones de desigualdad: la residencia en un ámbito urbano concreto es un condicionante más; el código postal te marca y mucho más en el caso de estas personas que residen en su mayoría en núcleos poblacionales más vulnerables o, incluso, invisibles y olvidados en asentamientos urbanos irregulares”, ha dicho Maeztu. Por eso ha recalcado a continuación que “es fundamental conocer, adaptar e integrar lo específico de cada territorio en las políticas públicas y, en el caso que nos ocupa hoy: urge poner especial énfasis en promover el valor de la interculturalidad de la población residente como eje vertebrador para favorecer la inclusión en estos barrios”.

El defensor ha destacado que existe una relación directa entre la migración y la desigualdad en todos los niveles, siendo algunos de sus desafíos más importantes acabar con las situaciones de racismo y xenofobia y contar con políticas públicas capaces de gestionar esta diversidad, con sociedades plurales y abiertas:

Durante su intervención, Jesús Maeztu ha recordado algunas de las principales problemáticas que nos trasladan estas personas a través de las quejas, tanto a tìtulo particular como por entidades del tercer sector, visitas de la Defensoría al territorio e investigaciones propias de la Institución desde un enfoque jurídico y social.

Fruto de este trabajo, la Defensoría ha reclamado a las administraciones andaluzas: el cumplimiento de la normativa para elaborar los informes de inserción social para el arraigo social; facilitar y empadronar a estas personas, -también las que residen en asentamientos chabolitas-; más recursos públicos para atender la realidad social y económica de esta población y la acogida y reparto equitativo, sobre todo de menores no acompañados, entre otras cuestiones, además de otras problemáticas similares a las que sufren la población vulnerable y/o en riesgo en general en estos barrios.

“Tras nuestro trabajo en defensa de este colectivo, podemos afirmar que aún queda un camino largo que recorrer para que la protección de derechos que se garantizan en la normativa vigente a las personas extranjeras sea un hecho y no una mera proclamación de loables intenciones”, ha lamentado el defensor, que también ha pedido en el caso de los asentamientos chabolistas y, de manera genérica, “una estrategia global y territorial para la eliminación de estos asentamientos respetando la autonomía local, que contemple incluir estrategias para involucrar a todos los agentes implicados (administraciones, tercer sector, empresariado, migrantes, población autóctona…)”.

On 15 May 2025, the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia adopted a decision[1]typo3/ _ftn1 to appoint the members of the Expert Council for Child Advocacy.

Maša Gril, Majda Pušnar, Majda Struc, Sonja Molan, Tatjana Mušič Seničar, Vojka Lipovšek Polc, Nataša Prelesnik Korošic, and Peter Steničnik have been appointed as the new child advocate coordinators on the Expert Council. Sara Geiger Smole, Dr Nadja Hriberšek, Anja Tekavčič, Urška Leban Guzej, and Dr Marko Kalan have been appointed as representatives of the professional public and non-governmental organisations. Staša Sitar and Simona Mikec have been appointed as the new advocate representatives, while Jasna Vunduk and Lea Javornik, MSc, will serve as the latest representatives of the Ombudsman.

The mandate of the members of the Expert Council is set at three years, starting from the date of its constitutive session. The tasks of the Expert Council are defined by the General Act on the Method of Implementing Child Advocacy, the Organisation of Advocacy, the Inclusion of Children in Advocacy, and the Tasks, Composition, and Method of Work of the Expert Council. The Expert Council conducts its work in accordance with the Rules of Procedure of the Expert Council for Child Advocacy, adopted on 29 October 2020. The Deputy Ombudsman responsible for the field of child advocacy convenes the meetings and, in accordance with the law, chairs the Expert Council.

Seven candidates responded to the public call. As all of the applicants met the necessary criteria, they have been appointed as members of the newly composed Expert Council. 

[1] Pursuant to Paragraph 4 of Article 25a of the Human Rights Ombudsman Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 71/93, 15/94 – amended, 56/02 – Public Employees Act, 109/12, 54/17, and Article 20 of the General Act on the Method of Implementing Child Advocacy, the Organisation of Advocacy, the Inclusion of Children in Advocacy, and the Tasks, Composition, and Method of Work of the Expert Council (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 44/18).

Photo gallery (1)

Los doce miembros del consorcio de esta iniciativa, entre los que se encuentra la Sindicatura, se reúnen en Leeds (Reino Unido) el 8 y 9 de mayo para poner en común los avances realizados y para definir los pasos a seguir del proyecto el Innovative and Inclusive Democratic Spaces for Deliberation and Participation (iDEM).

Concretamente, la Sindicatura interviene en las sesiones de trabajo dedicadas a la definición, organización, implementación y aspectos éticos de las cuatro pruebas piloto. También se evalúa y se realizan propuestas de mejora de la última versión de la aplicación iDEM, y se trabaja en la presentación del proyecto ante la persona responsable en la Unión Europea, que tendrá lugar en junio.

La herramienta de inteligencia artificial iDEM simplificará y hará más comprensibles las informaciones necesarias para tomar parte en procesos participativos. Se dirige a personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comunicación, como personas migrantes y personas mayores. En Barcelona la prueba piloto se llevará a cabo en la primavera de 2026. Se prevé que en 2029 la aplicación iDEM estará disponible para 1,2 millones de personas.

El proyecto lo lidera la Universidad Pompeu Fabra y cuenta también con la participación del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Los miembros que forman parte del consorcio provienen de distintos países e instituciones europeos, entre ellos Alemania, Austria, España, Irlanda, Italia y Reino Unido.

La Sindicatura es miembro del iDEM desde enero de 2024, cuando se inició el proyecto, en tanto que institución que vela por los derechos de participación y la accesibilidad y la inclusividad. David Bondia, síndic de greuges de Barcelona, ​​valora que «en cuanto a nuestro ámbito competencial en la ciudad, tenemos muy claro que la participación ciudadana en los debates democráticos no puede ser sólo retórica, sino que debe ir acompañada de una práctica muy necesaria, real, efectiva e inclusiva«.