El Defensor del Pueblo-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, y su homólogo de la Comunidad Autónoma Vasca, Manuel Lezertua, se reunieron el pasado 18 de enero en Pamplona con miembros del Comité de Expertos del Consejo de Europa encargado de evaluar la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El encuentro se produjo en el marco de una serie de reuniones que dicho Comité de Expertos está celebrando con diversas instituciones, agentes e instancias, a fin de valorar la situación de las lenguas a que se refiere la Carta, entre ellas el euskera. En el curso del encuentro, Vera informó al Comité acerca de las quejas de la ciudadanía de Navarra en materia de euskera, así como de la actividad de la institución dirigida a la protección de los derechos lingüísticos. Se abordaron aspectos relativos a la situación de la lengua en los distintos ámbitos de competencia de la Administración, tales como el del acceso a la función pública, las relaciones con la ciudadanía y procedimientos administrativos, la sanidad, la educación y, en general, la prestación de servicios públicos”.

El Ararteko ha iniciado un expediente de oficio para conocer las medidas administrativas adoptadas para reparar los posibles daños medioambientales derivados del vertido de pélets de plástico en la costa vasca.

La actuación de oficio se inicia tras recibir denuncias de varias asociaciones ecologistas ante los posibles daños medioambientales en la costa vasca debido a un vertido de pélets de plástico procedentes del buque Toconao. El incidente ocurrió el 8 de diciembre de 2023 en la costa portuguesa, extendiéndose hacia la costa gallega y por el mar Cantábrico. El Ararteko destaca la rápida respuesta de las administraciones vascas, que han activado el Plan Especial de Emergencia ante la contaminación de la ribera del mar “Itsasertza” y han convocado al Consejo Asesor para la coordinación interinstitucional y el análisis de la situación por parte del centro tecnológico marino AZTI.

La actuación de oficio busca evaluar las medidas tomadas por las administraciones vascas para enfrentarse al impacto ambiental del vertido de pélets de plástico. En ese caso, se menciona la posible aplicación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, basada en los principios de prevención y de que «quien contamina paga», que establece que los responsables de un daño significativo deben repararlo y sufragar los costes de las medidas necesarias.

Así, el Ararteko pretende obtener información sobre los posibles vertidos de pélets de plástico detectados en la costa vasca y sobre las actuaciones dirigidas a exigir las medidas para prevenir, evitar o reparar los daños medioambientales ocasionados.

También pretende conocer el impacto ambiental de este tipo de vertidos de pélets de plásticos al mar y en el litoral vasco, con el fin de disponer de un protocolo de intervención ante futuros incidentes de vertidos de pélets de plástico.

La solicitud de información se ha dirigido al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así como a los Departamentos de Medioambiente de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia.

Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2024

Acuden al Diputado del Común para trasladar la recepción de un aviso de desahucio a 50 familias que tenían un contrato de alquiler con el anterior propietario del edificio y no han conseguido regularizar si situación con la empresa pública Visocan, la actual propietaria

Otras 43 familias no disponían de contrato de alquiler pero exponen que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quiere regularizar su situación

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de 93 familias afectadas que se enfrentan a desahucios inminentes en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tras habérseles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024. Denuncian que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler. En la reunión también estuvo presente la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas.

La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, expone que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció  posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.

Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, Raquel García, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación.

Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación  de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.

El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, se comunicará con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Benicàssim que modifique el Reglamento de suministro domiciliario de agua potable para introducir una tarifa especial que minore la facturación en los supuestos de pérdidas, fugas o averías ocultas en las instalaciones interiores.

La intervención del defensor del pueblo valenciano se originó a raíz de la queja presentada por un afectado que denunciaba que, a consecuencia de una fuga de agua que no se había detectado, su factura de agua potable del tercer trimestre de 2023 ascendió a 2.795 euros. Ante esta situación, tanto la empresa suministradora como el Ayuntamiento de Benicàssim se negaron a una minoración en la factura, al no existir ninguna tarifa aplicable en caso de averías en la red.

Efectivamente, el Síndic constató que el Reglamento del suministro domiciliario de agua potable de Benicàssim no contempla una tarifa especial para los casos de fugas ocultas de agua. Una tarifa que, según ha comprobado esta institución, sí que es habitual en los reglamentos de prestación del servicio de suministro de agua potable de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, Luna advierte en su resolución que la competencia para regular el servicio de suministro de agua potable es del Ayuntamiento de Benicàssim: «La Corporación Local, como titular y responsable último del servicio, puede modificar la normativa reguladora para introducir tarifas especiales en caso de fuga oculta en los que no media voluntariedad en el consumo por parte de los abonados, mejorando al máximo posible el servicio que se presta a los ciudadanos».

Finalmente, el Síndic afea la conducta del Ayuntamiento de Benicàsim en la tramitación de este expediente al no facilitar el informe solicitado y le recuerda el deber legal de colaborar con el Síndic, facilitando la información solicitada y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales efectuados.

Consulta el contenido íntegro de esta resolución: 12052550.pdf (elsindic.com)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y Ángel Garcia (el padre Ángel), fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, han mantenido este jueves un encuentro en la sede de la institución.

En la reunión han abordado el trabajo que se realiza tanto desde el Defensor del Pueblo como en Mensajeros de la Paz en materia de derechos humanos. Ambos han coincidido  en señalar la necesidad de hacer valer la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables, desde diversos ámbitos y en todos los aspectos.

En el transcurso del encuentro, Ángel Gabilondo y el padre Ángel trataron la situación de las personas pobres, sin hogar y sin recursos, y los modos de propiciar formas de incorporación a entornos de derechos efectivos.

En la reunión también han estado presentes la directora del Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich, y el director general de Mensajeros de la Paz, Sergio Mella.