La institución concluye que el recurso sigue siendo inaccesible para menores y familiares con movilidad reducida, pese a las mejoras ya realizadas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reprocha a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y al Ayuntamiento de Alcoy su inacción para garantizar la seguridad de las instalaciones del Punto de Encuentro Familiar de esta localidad y la accesibilidad de los menores y familiares con movilidad reducida.

Así concluye la queja presentada por una persona por las condiciones en que el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Alcoy prestaba servicio a menores de edad y sus familiares. En su escrito denunciaba desperfectos en el patio, agua estancada y proliferación de malas hierbas; enchufes sin dispositivos de protección al alcance de los niños; problemas de humedad y moho en las paredes; deficiencias en la climatización y la higiene, y falta de privacidad al no existir una barrera efectiva que impidiese la grabación de imágenes desde la calle.

Tras su investigación y recibidos los informes de ambas administraciones, el Síndic instó a la Conselleria a garantizar la accesibilidad de todos los PEF tanto para los menores con discapacidad como para sus familiares, y a ofrecer la atención en un entorno que garantice la privacidad y confidencialidad de las personas usuarias.

También reclamó iniciar de inmediato la búsqueda de instalaciones más adecuadas para el PEF de Alcoy, adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas usuarias y el acceso de menores y familias con movilidad reducida, reforzar la acción inspectora y mejorar la coordinación entre los órganos competentes para conocer directamente el estado de las instalaciones y el cumplimiento de los requisitos del servicio.

Al Ayuntamiento de Alcoy, el Síndic le recomendó ejecutar con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las personas usuarias, asegurar el acceso de quienes tengan movilidad reducida, subsanar los problemas de salubridad y agilizar la búsqueda de instalaciones más apropiadas.

La Conselleria ha asegurado que acepta las consideraciones formuladas por la institución como orientación para reforzar la actuación administrativa y que continuará promoviendo, en coordinación con el Ayuntamiento de Alcoy, las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones materiales del recurso y garantizar una atención en condiciones de seguridad, dignidad, accesibilidad y privacidad.

El síndic considera, sin embargo, que lo manifestado por la Administración autonómica responde más a una declaración de intenciones que a una respuesta concreta a cada una de sus consideraciones. Además, señala que la Conselleria pone el énfasis en mejoras realizadas durante la tramitación de la queja que ya habían sido recogidas en la resolución y estaban subsanadas, como la sustitución de enchufes por mecanismos de seguridad, el cambio del sistema de cierre de los baños, la sustitución del aparato de climatización o la colocación de estores y reparación de elementos destinados a preservar la privacidad.

La Conselleria también ha trasladado su interés por mejorar las instalaciones, subsanar las deficiencias, mantener la acción inspectora y coordinarse con el Ayuntamiento. Sin embargo, el PEF de Alcoy sigue siendo inaccesible para menores y/o familiares con movilidad reducida, sin que ninguna de las dos administraciones haya concretado un compromiso al respecto.

El Síndic considera especialmente preocupante que ninguna de las dos administraciones se haya pronunciado sobre la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas usuarias del PEF de Alcoy.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento de Alcoy y la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia no han realizado todas las actuaciones necesarias para atender sus recomendaciones.

La propia Conselleria había instado al Ayuntamiento de Alcoy a buscar otras instalaciones más apropiadas para prestar el servicio, dadas las dificultades y la complejidad de adaptar el actual emplazamiento a las necesidades y a la normativa vigente.

El Defensor del Pueblo de Navarra Nafarroako- Arartekoa, Patxi Vera, se reunió el jueves 27 de agosto con la Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, tras su participación en los VIII Cursos Europeos de Verano.

Durante el encuentro Patxi Vera y Teresa Anjinho reafirmaron su voluntad de colaboración para mejorar procedimientos y su compromiso de continuar trabajando en defensa de los derechos y libertades ciudadanas.

En la reunión analizaron algunos de los asuntos sobre los que trabajan ambas instituciones y la forma de cooperación entre las defensorías para la solución de las quejas planteadas por la ciudadanía.

En este encuentro también participaron los jefes de gabinete de ambos titulares, Amaia Madinabeitia y André Machado.

El Departamento de Salud está considerando incorporar nuevos mecanismos que permitan a familiares o personas autorizadas gestionar trámites sanitarios en nombre de terceros

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha pedido al Departamento de Salud que amplíe las opciones de representación disponibles en la aplicación móvil La Meva Salut, la plataforma digital del sistema público de salud catalán. El objetivo es facilitar que las personas mayores o con dificultades digitales puedan recibir el apoyo de familiares o personas de confianza en la gestión de su información y de sus trámites sanitarios.

Esta petición surge a raíz de la queja presentada por un ciudadano que exponía las dificultades que encontraba para ayudar a sus padres, personas con dificultades tecnológicas, pero plenamente capaces desde el punto de vista jurídico, en la gestión de citas, pruebas médicas y comunicaciones con el sistema sanitario. El ciudadano explica que los problemas comenzaron con la implantación del sistema de doble autenticación, que le impedía acceder al portal si no estaba físicamente con ellos.

La síndica valora positivamente la voluntad del Departamento de Salud de reforzar la protección de los datos personales y sanitarios mediante la doble autenticación. No obstante, considera que esta protección debe ser compatible con la realidad de muchas personas que necesitan ayuda para relacionarse digitalmente con la Administración sanitaria.

La institución defiende que esta situación va más allá de un caso individual y que debe abordarse de forma general, ya que responde a una realidad cada vez más extendida en una sociedad envejecida, en la que muchas personas mayores prefieren delegar determinadas gestiones sanitarias en sus hijos o personas de confianza.

En este sentido, la síndica ha reclamado que se estudien fórmulas que permitan a las personas autorizadas acceder a la aplicación y realizar gestiones en nombre de un familiar con todas las garantías de seguridad y protección de datos, sin necesidad de compartir contraseñas ni credenciales personales. Según la síndica, la falta de estas herramientas puede llevar a muchas familias a buscar soluciones informales, como compartir credenciales de acceso, que no son las más adecuadas desde el punto de vista de la seguridad.

En respuesta a esta demanda, el Departamento de Salud ha informado de que está analizando diversas alternativas que podrían implantarse de cara a 2027. Una de las soluciones propuestas permitiría a los representantes legales gestionar distintos aspectos de la salud de otras personas a través de la propia plataforma. La autorización correspondiente sería tramitada por el CAP de referencia, una vez acreditada la relación entre las personas implicadas.

La institución del Síndic de Greuges seguirá atenta a esta cuestión con el fin de garantizar que las futuras soluciones hagan compatible la seguridad digital con la accesibilidad y el acompañamiento que necesitan muchos ciudadanos en su relación con los servicios públicos de salud.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha sugerido a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que impulse una regulación más clara de las obligaciones económicas de las familias acogedoras de menores y de los gastos que corresponde asumir a la Administración que ejerce su tutela.

La actuación parte de la queja de una familia acogedora que, entre otras cuestiones, trasladó las dificultades encontradas para conocer el procedimiento de abono de determinados gastos sanitarios extraordinarios de un menor.

En el caso analizado, la familia tuvo que afrontar los gastos de un tratamiento odontológico que no estaba cubierto por la sanidad pública para solicitar posteriormente su reintegro. La Administración explicó que estas prestaciones extraordinarias se abonan previa presentación de la factura, siempre que el tratamiento esté prescrito, no esté cubierto por el sistema sanitario público y se cumplan los requisitos establecidos.

La Defensoría señala que las consultas y quejas recibidas muestran las dificultades de las familias para obtener la compensación de estos gastos extraordinarios, así como dudas sobre qué conceptos están incluidos, la documentación necesaria, los plazos, la justificación de los pagos o el formulario que debe utilizarse. Además, recuerda que la compensación económica por la atención al menor constituye un derecho de las familias acogedoras y no una prestación graciable.

Por ello, la Institución propone desarrollar reglamentariamente el Estatuto de Familias Acogedoras para establecer con claridad qué obligaciones económicas corresponden a las familias y cuáles a la Administración, y detallar los requisitos, procedimientos y trámites para reclamar las compensaciones económicas extraordinarias. El objetivo es aportar mayor transparencia y seguridad jurídica y evitar cargas administrativas innecesarias para quienes tienen a su cargo el cuidado de estos menores.

• New report highlights fragmented care and regional variation in access to services alongside a more than 200% rise in complaints about ADHD and autism.   
• Government must introduce national guidance and stronger regulation to tackle delays in diagnosis and treatment, improve access to care, and clarify patients’ right to choose a provider.  
• One Ombudsman investigation found a man was referred to a local ADHD service that had not yet opened. He paid almost £4,000 for private treatment.    

ADHD and autism services are failing too many people because of the way they are designed, commissioned, and delivered, England’s Health Ombudsman has said, as complaints about care continue to rise.  

To address these growing issues, Paula Sussex CBE, the Parliamentary and Health Service Ombudsman is calling on the Government to publish clear national guidance to improve access to care and clarify patients’ right to choose a provider.  

The Ombudsman is also calling for more support for Integrated Care Boards (ICB) to make consistent decisions about ADHD and autism services that meet the needs of their local communities.   

The Ombudsman also recommends that NHS-funded providers delivering ADHD and/or autism assessments, but not ongoing care, should be registered with the Care Quality Commission. Currently, these providers are neither inspected nor monitored, creating a regulatory gap that must be urgently addressed to make sure patients receive consistent, safe, high-quality care.    

In its new report, Improving ADHD and autism services: commissioning with confidence, the Ombudsman shared its findings based on 3,000 complaints. It found recurring issues including uncertainty about patients’ right to choose a provider, inconsistent recognition of diagnoses across NHS and independent providers, and lengthy waits for assessment and treatment.   

In one investigation, Rich, who has asked to only be referred to by his first name, was wrongly refused access to ADHD care with his chosen provider, despite this being a legal right. He was instead referred to a local service that had not yet opened.   

The Ombudsman has seen an almost 206% rise in complaints about ADHD and autism over the past five years, from 410 to 1,257.   

Ombudsman Paula Sussex CBE said:  

ADHD and autism services are under significant pressure, with demand outstripping capacity. While commissioning cannot solve these supply constraints, the way services are designed, commissioned and delivered can compound the pressure people experience and make it harder to make the best use of available resources.   

 

"When these decisions work well, people can access high-quality care wherever they live. Right now, the system is too complex and inconsistent, leaving too many patients falling through the gaps."  

The report shares several stories of the impact these failings have on people.   

In one case, Rich, 48, asked to be referred to Psychiatry UK for his ADHD treatment. Under Right to Choose legislation, patients in England can choose any NHS-funded provider offering a specialist service for their care.   

South East London ICB denied Rich’s request and wrongly insisted he be referred to a local ADHD service which was still being developed and had no opening date. The Ombudsman found his NHS treatment was delayed by five months. Rich felt he had no choice but to pay for private care amounting to almost £4,000.  

Rich, a student from South London, said, 

Trying to navigate such a complicated system was completely overwhelming. It is particularly challenging for an ADHD patient who, by definition, may find it difficult to manage and navigate needless complexity.  

 

“I had to do a lot of work and research into the system to get the care I was entitled to. I even provided my GP with the contact details of the person responsible for overseeing patient choice, but it made no difference. I was repeatedly told, without any reason being given, that I could not possibly access ADHD care via patient choice. I knew this was not true, which was extremely frustrating.   

 

“It felt like gaslighting. My ADHD diagnosis was a positive thing, as I’d found a framework for understanding myself better and accessing support. But my GP and the commissioners turned it into a punishing and abusive assault course as I tried to get the care I needed. It made me very anxious and I had terrible insomnia. I also worried that these symptoms, combined with my ADHD, would lead to a mental health misdiagnosis.”  

In another investigation, South London and Maudsley NHS Foundation Trust removed a woman from the ADHD medication titration (the process of adjusting medication to find the right balance) waiting list without warning or valid reason, leaving her without specialist monitoring support for around six months. This delay may have affected her symptoms and her ability to carry out everyday activities, causing frustration and distress.  

Ombudsman Paula Sussex CBE added:    

People should not have to fight their way through a confusing system to get ADHD and autism care. We have seen clear evidence that this has created a postcode lottery, with too many people’s access to care depending on where they live.  

 

“The way services are organised has real consequences for people. Patients are navigating confusing pathways, facing long waits, unclear decisions about their right to choose, and inconsistent access depending on where they live. Too many are left feeling they have no option but to pay privately. That is not what good public services should look like.  

 

“I welcome the Government’s commitment to improving support for people with ADHD and autism via an ongoing independent review. Local NHS bodies cannot solve these challenges on their own. The current approach has led to a postcode lottery in care. ICBs need clear national guidance, backed by practical support, to help them balance patient choice, local services and limited resources. Only then can we build ADHD and autism services that are fair, consistent and easier to navigate.”  

Henry Shelford, CEO of ADHD UK, said, "

We welcome the Ombudsman's intervention wholeheartedly. Every day we see a wild difference in care across the country: whether you are seen in months or left waiting for years depends almost entirely on where you live. That is not an accident of demand — it is the direct product of wide variance in how ADHD services are commissioned. Some ICBs commission well; others have failed for years - creating enormous local backlogs.  

 

"Behind every one of these 3,000 complaints is a person whose life is on hold. ADHD is not a trivial condition. Unsupported - it often costs people their education, their jobs, their health and sometimes their lives. When someone finally asks for help, the answer should not be a multi-year wait, a refusal of their legal right to choose, or a referral to a service that has not even opened.  

 

"The Ombudsman has diagnosed the system correctly, and we urge government to follow the Ombudsman's recommendations."