El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, presidió este martes en la Sala Polivalente del Parlamento de Navarra un encuentro sobre la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, con un doble objetivo: divulgar el trabajo que se está realizando en Naciones Unidas para aprobar dicha Convención y contribuir desde Navarra a que llegue a ser una realidad.

Previamente, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, pidió en sus palabras de bienvenida trabajar con la mirada puesta en la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores que, producto de una resolución histórica de Naciones Unidas (abril de 2025), persigue armonizar los derechos y los anhelos de un sector de población nutrido (20,4 %) y con capacidad de seguir aportando.

"Ya nos lo trasladaron el pasado miércoles, en el acto que celebramos junto a la Confederación navarra de Personas Mayores (T3rcer Tiempo), que envejecer con calidad de vida es un derecho, cumplir años no altera ni los derechos ni la capacidad de decisión", expresó. Por ello, Hualde defendió la necesidad de "cambiar la mirada sobre el envejecimiento". En ese sentido, opinó que las generaciones de personas mayores "son activas y se siguen movilizando, como lo hicieron en su día para reivindicar mejoras sociales y laborales, con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad".

A partir de ahí, el programa arrancó con la conferencia inaugural "Los derechos de las personas mayores", a cargo de Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia. Flores defendió que las personas mayores no forman un grupo homogéneo ni son únicamente personas con necesidades, sino ciudadanas con todos los derechos. "Las personas mayores no solo tienen derechos sociales, es decir, derechos de prestación: tienen todos los derechos de la ciudadanía al mismo nivel. Hay que saber qué obstáculos impiden que los realicen y tomar medidas para garantizarlos", afirmó.

A su juicio, un tratado internacional resulta imprescindible para visibilizar esos obstáculos y atribuir responsabilidades: "Muchas veces lo que sucede es que no se sabe cuáles son los problemas. Cuando tienes una convención con esos problemas recogidos, entonces puedes tomar decisiones".

MESA REDONDA

El encuentro se completó con la mesa redonda "Hacia una Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores". Moderada por la jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Amaia Madinabeitia, este foro analizó la importancia de avanzar hacia un tratado internacional jurídicamente vinculante que combata el edadismo y otras formas de discriminación por razón de edad.

Se puso de relieve el proceso actualmente abierto en Naciones Unidas para elaborar un instrumento que responda a los vacíos existentes en la protección internacional de los derechos humanos de las personas mayores. Al hilo de esto, Isabel Martínez, presidenta de la Fundación HelpAge Internacional España, afirmó que "en todos los ámbitos como, por ejemplo, el acceso a la justicia, a la vivienda, a las pensiones, o la protección frente al empleo, existen vulneraciones de derechos flagrantes por motivos de edad, y eso es lo que queremos que la convención pueda solucionar".

El consejero internacional y para Iberoamérica del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en España (IMSERSO) detalló el trabajo que su institución viene desarrollando para impulsar el proceso. En concreto, manifestó que "el IMSERSO actúa como punto focal nacional de España en Naciones Unidas y hemos creado un consejo asesor para la convención con miembros de la sociedad civil y expertos académicos, además de desarrollar jornadas, eventos y programas de difusión y sensibilización".

Eduardo Merino, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, mostró su satisfacción porque España esté liderando este proceso. "Nuestro país copatrocinó la resolución que puso en marcha la redacción de la convención y creemos en el multilateralismo y en el rol importantísimo de los derechos humanos. Tiene que haber un orden basado en reglas que nos permita a todos convivir", subrayó.

También tomó la palabra en representación de la Confederación T3rcer Tiempo y del Consejo del Mayor en Navarra, Joxean Sesma, quien detalló el trabajo que están llevando a cabo para respaldar el proceso. "Podemos contribuir recogiendo la casuística que pueda haber en todos los colectivos de Navarra como asociaciones, hogares, clubes de jubilados, etc., y aportarla a los grupos de trabajo encargados de sacar adelante esta convención", explicó.

En la clausura del acto, Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, señaló que hay que pasar de una concepción de las personas mayores como receptoras de cuidados a una concepción de ciudadanas de pleno derecho. "Nada sobre las personas mayores sin las personas mayores", afirmó, reclamando que ese principio esté presente en todo el proceso de elaboración de la convención.

Maeztu recordó que en abril de 2025 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por consenso iniciar la elaboración de dicho texto y que en julio se celebró en Ginebra la primera reunión del grupo intergubernamental: "Ya hemos comenzado a caminar", concluyó.

Las administraciones catalanas obtienen una valoración media de 70/100 en transparencia

En el último año han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones de la institución del Síndic de Greuges de Cataluña relacionadas con la publicidad activa y el acceso a la información pública
 

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy los resultados del índice de transparencia de Cataluña (ITC), que se calcula a partir de dos indicadores: el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (IADAIP), que evalúa cómo las administraciones garantizan el derecho de las personas a acceder a la información pública, y el índice de publicidad activa (IDPAC), que analiza cómo las administraciones cumplen con su obligación de publicar en sus portales de transparencia ciertos documentos sobre sus actuaciones.

Después de publicar los resultados del IADAIP en mayo, se publican hoy los resultados de publicidad activa (IDPAC) y del índice global de transparencia (ITC). Los valores de los tres indicadores para las administraciones evaluadas se pueden consultar en una web interactiva que permite comparar los datos entre administraciones similares.

De acuerdo con la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la institución del Síndic de Greuges es el órgano competente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las administraciones y entidades públicas de Cataluña.

Principales resultados del ITC

Se han evaluado 1.022 administraciones y entes públicos (Generalitat de Cataluña, administración local, universidades y organismos estatutarios y de control y supervisión) y la puntuación media ha sido de 70 sobre 100.

Los datos muestran una realidad muy diversa. Por un lado, los departamentos de la Generalitat obtienen puntuaciones muy elevadas, en su mayoría por encima de los 98 puntos. Por otro lado, en el ámbito local se observan diferencias muy importantes: algunos ayuntamientos y entes supramunicipales superan los 90 puntos, pero numerosas entidades se sitúan por debajo de los 60 puntos.

Los ayuntamientos han obtenido una puntuación media de 69 y, en función de la población, los municipios de más de 50.000 habitantes son los que han obtenido mejores resultados (83).  A continuación presentamos los ayuntamientos con mejores datos:

Municipios de más de 50.000 habitantes: 82,7

• Ayuntamiento de Sabadell 94,3
• Ayuntamiento de Viladecans  94,0
• Ayuntamiento de Terrassa  93,6
• Ayuntamiento de Manresa  92,5
• Ayuntamiento de Castelldefels 91,1

Municipios de 20.001 a 50.000 habitantes: 75,1

• Ayuntamiento de Manlleu: 94,5
• Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès: 91,1
• Ayuntamiento de Sant Just Desvern: 89,8
• Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols: 87,7
• Ayuntamiento de Sitges: 87,2

Municipios de 5.001 a 20.000 habitantes: 66,6

• Ayuntamiento de Palafolls 90,6
• Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana 88,7
• Ayuntamiento de Badia del Vallès 86,4
• Ayuntamiento de Tremp 84,7
• Ayuntamiento de Begues 83,5

Municipios rurales y rurales de atención especial de 501 a 5.000 habitantes*: 70,44

• Ayuntamiento de Palau-saverdera 96,2
• Ayuntamiento del Valle de Bianya 91,0
• Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues 90,9
• Ayuntamiento de Massanes 90,9
• Ayuntamiento de la Nou de Gaià 90,8

Municipios no rurales de 501 a 5.000 habitantes: 65,16

• Ayuntamiento de Vilobí de Onyar 82,7
• Ayuntamiento de Porqueres 82,7
• Ayuntamiento de Montbrió del Camp 82,6
• Ayuntamiento de Hostalric 82,4
• Ayuntamiento de Puig-reig 82,0

Municipios de menos de 500 habitantes 67,5

• Ayuntamiento de Susqueda 91,9
• Ayuntamiento de San Miguel de Campmajor 89,4
• Ayuntamiento de Malla 89,1
• Ayuntamiento de Esponellà 89,1
• Ayuntamiento de Molló 88,8

*Tanto en el ámbito de publicidad activa como de derecho de acceso, se han elaborado dos guías: una para municipios rurales y municipios rurales de especial atención, y otra para municipios no rurales.

Metodología utilizada

El ITC es el resultado de la media entre el IADAIP y el IDPAC. Para el cálculo del IADAIP, desde el año 2021 se utiliza una metodología basada en la técnica del solicitante oculto, que permite evaluar a las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a la información pública hasta que emiten su resolución.

Para el cálculo del IDPAC, se valoran los contenidos normativos obligatorios publicados (70 %) y la calidad de los sitios web de transparencia (30 %), y se analizan aspectos como la accesibilidad, la estructura de la información, la interoperabilidad y la reutilización de los datos.

En ambos indicadores se apuesta por la mejora continua y, por ello, se permite que las administraciones revisen los resultados provisionales e introduzcan las correcciones y mejoras que consideren convenientes. La finalidad es el impulso de la transparencia y que los datos sean más completos, accesibles y útiles para las personas. Esto se logra mediante informes individualizados que identifican tanto los puntos fuertes como los ámbitos de mejora de cada administración.

Margen de mejora

De acuerdo con la evaluación de 2025, las administraciones han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones trasladadas por la institución durante el período de alegaciones. Pero más allá de las cifras, cada recomendación aceptada e incorporada representa un paso adelante para garantizar una administración más abierta, más accesible y más cercana a las personas. En palabras de la síndica, "la transparencia no es solo una obligación legal, sino una herramienta esencial para generar confianza en las instituciones, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios públicos”.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad cordobesa de Montilla este martes 6 de octubre para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

La atención presencial se ofrece en el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, ubicado en la calle Altillos número 17. El horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de la zona.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a visitasdpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o X.

Les lundi 14 et mardi 15 septembre, le Médiateur Nicolas Lagasse a poursuivi la présentation du Rapport annuel 2025 devant les commissions du Parlement de Wallonie.
Des affaires générales à l’agriculture, en passant par le budget, le bien-être animal, la mobilité, les pouvoirs locaux, l’économie, l’emploi, la santé, l’environnement, l’action sociale, le tourisme, le patrimoine, l’énergie, le climat et le logement, ces deux journées ont permis d’aborder de nombreux enjeux qui touchent directement le quotidien des citoyens.
Les constats et recommandations issus des réclamations ont ainsi nourri les échanges avec les députés et les membres du Gouvernement, en confrontant les politiques publiques à leur application concrète sur le terrain.

Le droit à l’erreur confronté au terrain

Fil rouge du Rapport annuel 2025, le droit à l’erreur a traversé l’ensemble des débats. Il invite l’administration à permettre la régularisation d’une erreur commise de bonne foi lorsque celle-ci ne porte atteinte ni à l’intérêt général ni au principe d’égalité.
Plusieurs dossiers montrent qu’une simple erreur formelle, un document manquant ou une démarche mal finalisée peuvent entraîner des conséquences importantes.  Vérifier l'éligibilité de l'usager, oui. Tester sa maîtrise administrative, non.

Le droit à l’erreur impose également à l’administration de prévenir ces situations par une information claire, des procédures accessibles et un accompagnement adapté.
Ces échanges ont aussi permis d'en rappeler les limites : quand la réglementation ne laisse aucune marge d'appréciation pour appliquer le droit à l'erreur, c'est la règle elle-même qui doit être questionnée, pour éviter des effets disproportionnés.

Des difficultés très concrètes pour les citoyens

Le Rapport met en lumière plusieurs points d’attention majeurs : les délais de traitement, le manque de coordination entre services, la complexité des réglementations, la motivation insuffisante de certaines décisions ou encore la difficulté d’identifier le bon interlocuteur.
La réforme des primes à l’énergie et au logement a notamment généré une forte hausse des réclamations. L’information des citoyens, les possibilités de régularisation, les délais de traitement et le rôle des auditeurs agréés figurent parmi les préoccupations soulevées.
D’autres échanges ont porté sur la fiscalité automobile et immobilière, le transport scolaire, l’accès au crédit social, la distribution d’eau, les aides à l’emploi, l’accompagnement des personnes en situation de handicap, les pouvoirs locaux ou encore les aides destinées aux agriculteurs.
Derrière la diversité de ces matières apparaît une même exigence : garantir une administration compréhensible, coordonnée et attentive aux conséquences concrètes de ses décisions.

Faire de la médiation un outil d’amélioration

La médiation ne se limite pas à résoudre des situations individuelles : elle détecte les difficultés récurrentes et valorise les bonnes pratiques, y compris celles qui naissent au sein même de l'administration.
Issues des 4.897 réclamations reçues en 2025, les recommandations du Médiateur offrent au Parlement et au Gouvernement un éclairage ancré dans la réalité du terrain.
Le rapport pointe aussi le fait que les services publics font, dans bien des cas, preuve de rigueur et d'efficacité : lors de son passage au Parlement, le Médiateur a mis en avant ces pratiques exemplaires et les décline en trajets d'évolution — autant de leviers pour renforcer la qualité administrative et consolider la confiance entre les citoyens et les services publics.

Au final, ces deux journées auront permis des échanges nombreux, riches et constructifs entre le Médiateur, les parlementaires et les membres du Gouvernement. Un dialogue essentiel pour faire progresser concrètement la qualité du service rendu aux citoyens.

The Parliamentary and Health Service Ombudsman has officially changed its name to the Public Service Ombudsman, marking a new chapter for the organisation and reflecting its role in improving public services. 

Research with members of the public, public sector organisations and parliamentarians showed that the old name was confusing for people.  

The new name, which takes effect from 1 October 2026, makes it clearer who the organisation is, what it does and how it can help people who have not been able to resolve a complaint with a public service. 

While the name has changed, the organisation’s purpose and independence remain the same. The Public Service Ombudsman will continue to carry out independent and impartial investigations of complaints about the NHS, UK Government departments, and other public bodies. It will use the evidence from complaints to help public services learn and improve. 

The Public Service Ombudsman Paula Sussex CBE said: 

“This marks an important new chapter for our organisation and  our new strategy. Our new name better reflects the breadth of our work and our ambition to be a clear, recognisable and trusted voice for fairness, accountability and learning. 

“The changes people will see are focused on our name and visual identity. Our service and the complaints we investigate remain unchanged. Our purpose is to provide a fair and independent service for people who have not been able to resolve a complaint, while using what we learn to help public services prevent harm, strengthen accountability and improve services for everyone.  

“I am grateful to the organisations and partners we work with for their time and support in helping us make this change, particularly those updating their information and signposting to make sure the transition is as smooth as possible.” 

The name change forms part of the organisation’s five-year strategy, which sets out an ambition to play a greater role in identifying systemic issues, sharing evidence and driving improvements across public services.  

The Public Service Ombudsman is working with organisations across the public sector and beyond to update references and signposting, and will continue to support partners through the transition to make sure people can easily find and access the service. 

The website, publications and other materials will transition to the Public Service Ombudsman from 1 October 2026.