La institución plantea medidas para reforzar la igualdad de oportunidades educativas y garantizar una cobertura más efectiva de los gastos escolares del alumnado en situación de vulnerabilidad.
 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado el informe focus La mejora del diseño de las mochilas escolares, una publicación monográfica de análisis rápido que examina el funcionamiento de las ayudas conocidas como mochilas escolares. El informe formula propuestas para mejorar su diseño y eficacia.

Las mochilas escolares se crearon en 2022 para garantizar que los alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas desfavorecidas pudieran acceder en igualdad de condiciones a libros, material escolar, salidas, colonias y otras actividades vinculadas a la escolarización. Esta medida se enmarca en las actuaciones impulsadas para combatir la segregación escolar y favorecer una escolarización más equilibrada.

Según el informe, actualmente más de 150.000 alumnos se benefician de estas ayudas, una cifra que podría llegar a los 250.000 estudiantes cuando su despliegue sea completo, hacia 2030.

Un instrumento positivo que necesita ajustes

Este informe focus valora positivamente el sistema de ayudas propuesto y, tras sus primeros años de aplicación, propone mejoras para que las mochilas escolares cumplan plenamente sus objetivos.

Se ha detectado, por ejemplo, que algunos centros públicos no aprovechan íntegramente los recursos asignados. Esto ocurre por la rigidez de asignación de gastos, porque no siempre se proponen actividades curriculares explícitamente cubiertas por las ayudas (y sin embargo se ofrecen actividades similares no cubiertas) o porque no se hacen colonias en todos los niveles educativos (este año muchos centros han suspendido las colonias como medida de protesta). También puede ocurrir, por ejemplo, que las asociaciones de familias cubran gastos previstos por las ayudas (como en el caso de los libros).

Por otro lado, cabe destacar que existen diferencias entre centros públicos y concertados en cuanto a los conceptos cubiertos. En el sector público, quedan cubiertas las colonias, pero en el concertado no. Por el contrario, en el concertado se cubren las actividades complementarias y en el público no.

Otra carencia señalada es que las bases de la convocatoria son ambiguas en lo que se refiere a la cobertura de las garantías de gratuidad, de modo que alumnos con necesidades socioeconómicas deben abonar cuotas parciales vinculadas a conceptos teóricamente cubiertos por la ayuda.

Por último, el informe señala gastos educativos que no están cubiertos, como los dispositivos digitales o el coste adicional del servicio de comedor en algunos centros concertados. Esto deviene una barrera económica que provoca segregación en la admisión de alumnado. 

Propuestas para reforzar la igualdad de oportunidades

Para dar respuesta a estas situaciones, el Síndic de Greuges de Cataluña formula varias recomendaciones. Entre otras, la necesidad de adaptar los importes de las mochilas escolares a las diferentes etapas educativas y de ampliar la cobertura de las ayudas, de forma que se cubran las actividades complementarias en los centros públicos y las colonias escolares en los concertados. 

El informe también insta a ampliar la cobertura de las actividades extraescolares, especialmente ahora que, como medida de protesta, numerosos centros públicos no organizarán colonias escolares (con el coste cubierto por las mochilas). Cabe recordar que el Departamento de Educación y Formación Profesional incumple el artículo 202 de la Ley de educación de Cataluña, que prevé el deber de convocar ayudas para actividades extraescolares.

Asimismo, el informe recomienda que se garantice que el acceso a las actividades subvencionadas es gratuito, que se incluyan explícitamente las licencias digitales, así como las batas y uniformes, y que se actualicen los importes asignados al sector público de acuerdo con la evolución del coste de la vida, tal y como se ha hecho en el sector concertado con los recientes acuerdos con los centros concertados.

Por último, el informe recomienda revisar los mecanismos de financiación vinculados al comedor escolar –si es necesario, con ayuda de las mochilas escolares–, para que los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor puedan acceder a este servicio en las escuelas concertadas sin tener que asumir costes adicionales.

Garantizar una educación sin barreras económicas

Con este nuevo informe focus, el Síndic de Greuges de Cataluña pone sobre la mesa la necesidad de consolidar y perfeccionar una herramienta que ha contribuido a reducir barreras económicas, pero que todavía debe seguir evolucionando. ¿El objetivo? Asegurar que todos los niños y adolescentes dispongan de las mismas oportunidades educativas, independientemente de su situación económica o del centro en el que estén escolarizados. 

El Procurador del Común ha participado en las XXXIX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que se han celebrado en La Palma, bajo el título «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda». 

Los defensores han señalado, en sus conclusiones, que el problema del acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y consideran que debe ser “objeto de una especial y destacada atención e impulso por parte de las administraciones públicas con competencias en su regulación y satisfacción”.
 
Así, reclaman a las administraciones impulsar “las reformas legales que resulten precisas” y ejecutar “con firmeza políticas públicas idóneas para convertir en real el derecho a la vivienda”.
 
Proponen, para ello, dotar de fondos suficientes a la política de vivienda para poder crear y mantener “un parque público de vivienda con el que equipararnos a la realidad de los países de la Unión Europea”.
 
Recuerdan también los defensores que la vivienda “es un derecho de las personas, que responde a una necesidad básica y está llamado a desempeñar un papel trascendental en términos sociales”. Y apuntan que poseer “una vivienda adecuada y asequible protege frente a las situaciones de pobreza y actúa como un elemento decisivo a la hora de evitar que las personas se vean abocadas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social; situaciones que la realidad nos muestra que, una vez producidas, son tremendamente difíciles de revertir”.
 
Entre las medidas incluidas en el decálogo de las conclusiones de las Jornadas que se clausuran en La Palma se aboga por un incremento del parque de vivienda social y protegida; una actualización de los planes urbanísticos en función de las nuevas necesidades de vivienda derivadas del aumento de población; un aumento de la dotación presupuestaria; ayudas al alquiler de vivienda; supervisión y control de las actividades de alquiler de viviendas de uso turístico, y simplificar la normativa prestando una atención prioritaria a personas en situación de elevada vulnerabilidad.

La diputada del Común, Lola Padrón, acoge un encuentro en el que las defensorías buscarán consensuar una resolución conjunta sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda.

Las 39.ª Jornadas de Coordinación, cuya temática y sede se acordaron hace un año en Aragón, continuarán los días 29 y 30 de octubre con siete mesas técnicas sobre los principales desafíos de la vivienda.

La Palma, 23 de octubre de 2026.

La Palma acogerá del 27 al 30 de octubre las 39.ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común bajo el lema «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda». El encuentro reunirá al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y a las personas titulares de las defensorías autonómicas para abordar uno de los principales desafíos sociales actuales: garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada.

El momento central tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, cuando las personas titulares de las defensorías se reúnan en el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos para debatir las conclusiones del trabajo de coordinación desarrollado durante el último año, con el propósito de consensuar una resolución conjunta sobre el derecho subjetivo a la vivienda.

La celebración de estas Jornadas en Canarias y la elección de la vivienda como tema central se acordaron en el anterior encuentro de coordinación, celebrado hace un año en Aragón. Desde entonces, las defensorías han trabajado conjuntamente para analizar las dificultades existentes y compartir planteamientos que permitan avanzar en la protección de este derecho.

De un derecho reconocido a un derecho exigible

El derecho subjetivo a la vivienda supone que, cuando una persona cumple los requisitos establecidos por la legislación, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, pueda exigir a la Administración una solución habitacional. Según el modelo legal aplicable, esta respuesta puede consistir en el acceso a una vivienda o en una prestación económica que permita atender sus necesidades de alojamiento.

La diferencia es fundamental: no se trata únicamente de solicitar una vivienda o una ayuda y permanecer en una lista de espera, sino de contar con un derecho que permita reclamar a la Administración la respuesta prevista legalmente cuando se cumplen las condiciones para recibirla.

Para la diputada del Común, Lola Padrón, este planteamiento exige un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda. No basta con modificar las leyes si las administraciones no adaptan también su funcionamiento para garantizar los derechos que reconocen.

Esto implica superar un modelo centrado fundamentalmente en los registros de demandantes y la concesión de subvenciones, para avanzar hacia una atención integral, con procedimientos claros, oficinas de vivienda capaces de acompañar a las personas, coordinación entre administraciones y recursos suficientes para ofrecer soluciones efectivas.

Entre las prioridades que plantea la Diputación del Común figura también reforzar la protección de las personas en riesgo de desahucio, recuperando mecanismos de colaboración institucional que faciliten la asistencia jurídica gratuita y una respuesta coordinada de los servicios públicos.

La experiencia del País Vasco, donde se han desarrollado mecanismos para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, constituye una referencia para analizar cómo trasladar este modelo a otras comunidades autónomas.

Padrón ha impulsado la celebración de este encuentro en Canarias para dar continuidad al trabajo conjunto de las defensorías y contribuir a que sus conclusiones se traduzcan en recomendaciones y propuestas dirigidas a mejorar la actuación de los poderes públicos.

El manifiesto que se abordará en La Palma pretende recoger una posición compartida de las defensorías sobre las medidas necesarias para avanzar en la garantía efectiva del derecho a la vivienda. Su contenido definitivo se dará a conocer una vez concluida la reunión de titulares.

Siete mesas técnicas para abordar los desafíos de la vivienda

Las Jornadas continuarán los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, con siete mesas técnicas que reunirán a especialistas en derecho, urbanismo, vivienda y atención social, junto con representantes de las defensorías y distintas entidades.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 9:00 horas, con la participación de Lola Padrón; Ángel Gabilondo; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

Durante las dos jornadas se analizarán el alcance jurídico del derecho subjetivo a la vivienda, la emergencia habitacional, la disponibilidad de suelo, el incremento del parque público y el papel de las entidades sociales en la búsqueda de soluciones residenciales.

El programa también abordará la relación entre vivienda y salud mental e incorporará la participación de diez niños, niñas y adolescentes de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, que aportarán su visión sobre el derecho a una vivienda digna.

Las sesiones técnicas podrán seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Diputación del Común y de La Palma TV, facilitando el acceso de la ciudadanía a los debates.

Las Jornadas concluirán el viernes 30 de octubre, a las 14:00 horas.

On October 30, 2026, the Public Defender of Georgia issued a general recommendation to the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia. The recommendation addresses the age restrictions currently applied when granting social packages to veterans of the Defense Forces, as well as the issue of ensuring equal treatment.

The case was initiated following an appeal from a veteran of the Defense Forces, who is a person with a significant disability and a recipient of state compensation. Under current regulations, veterans of the Defense Forces who receive state compensation are granted a social package only upon reaching the retirement age. Due to this restriction, the applicant is unable to access the relevant social assistance.

The examination of the case revealed a discrepancy between the conditions for granting social packages to war veterans and those applicable to veterans of the Defense Forces. Specifically, war veterans are eligible to receive a social package of an equivalent value even before reaching retirement age, whereas an age restriction applies to veterans of the Defense Forces who receive state compensation. In the assessment of the Public Defender, no objective or reasonable justification for this differential treatment could be identified during the review of the case.

The Public Defender highlighted the fact that the establishment of social guarantees for both categories of veterans is rooted in the recognition of their military service to the State, as well as the associated risks and needs. Furthermore, the need for social protection, rehabilitation and integration into society may arise well before an individual reaches retirement age.

It should be noted that this issue is not limited to the applicant’s individual case but extends to a broader group of individuals holding the relevant status. According to available data, there are 163 veterans of the Defense Forces, who have not yet reached retirement age and are not currently receiving a social package. In light of the above, the Public Defender has addressed the Ministry, requesting that, during the planning process for the 2027 state budget, it consider allocating the financial resources necessary to provide a social package for veterans of the Defense Forces, who receive state compensation but have not yet reached retirement age.

The Public Defender’s general proposal aims to facilitate equal access to social protection mechanisms for this category of veterans and to provide a systemic solution to the issue.

Im September war Volksanwalt Bernhard Achitz in St. Pölten, um einen Sprechtag für die Bevölkerung abzuhalten. Danach hat er das Campus & City Radio St. Pölten besucht. Im City Talk hat er im Gespräch mit Margit Wolfsberger seinen Werdegang skizziert, von der Kindheit in Wien Penzing, über frühes politisches Engagement bis zur Entscheidung, warum er Jus studiert hat und nicht Lehrer geworden ist.

Nach einem kurzen Überblick über seine beruflichen Schritte in der Arbeiterkammer (AK) und im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) gab er einen Einblick in die Arbeit der Volksanwaltschaft. Er erklärte, wie die Volksanwaltschaft den Menschen hilft, die sich über Behörden beschweren. Aber auch, dass sie nicht immer helfen kann: Manchmal handeln Behörden völlig korrekt, aber das Ergebnis ist für die Betroffenen unbefriedigend. „Dann machen wir das Parlament darauf aufmerksam, dass sich das Gesetz nicht so auswirkt, wie sich der Gesetzgeber das vorgestellt hat, und dass man diese Regelung überdenken sollte“, sagte Achitz. Als Beispiel nannte er die Medikamentenkosten-Obergrenze, die nach Kritik der Volksanwaltschaft reformiert wurde. Dann kam die Rede noch auf die präventive Menschenrechtskontrolle, die die Volksanwaltschaft in Altersheimen, Gefängnissen u.v.m. durchführt.