Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss steht der Forderung nach einer verpflichtenden Auffrischung der Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheininhaber alle zehn Jahre positiv gegenüber. In der Sitzung am Mittwoch verabschiedete der Ausschuss die Beschlussempfehlung an den Bundestag, eine entsprechende Petition dem Bundesministerium für Verkehr (BMV) „als Material“ zu überweisen.

Die Petentin verweist in der öffentlichen Petition(Externer Link) auf ihre mehr als 20-jährige Mitarbeit in einer großen interdisziplinären Notaufnahme. Täglich erlebe sie dort, „dass Menschen hätten gerettet oder besser versorgt werden können, wenn sich jemand getraut hätte, zu helfen“. Viele seien jedoch unbeholfen und hätten Angst, Erste Hilfe zu leisten, schreibt sie. Den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein einmal machen zu müssen, reicht aus ihrer Sicht nicht aus. Er müsse wenigstens alle zehn Jahre verpflichtend aufgefrischt werden, heißt es in der Eingabe.

Der Petitionsausschuss betont in der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung, dass er der Erste-Hilfe-Schulung eine große Bedeutung zumesse. „Ein möglichst hoher Kenntnisstand ist bei der Hilfe bei Verkehrsunfällen notwendig“, heißt es.

Weiterhin wird darauf verwiesen, dass für Fahrerinnen und Fahrer im Bereich des gewerblichen Güterkraft- und Personenverkehrs nach der sogenannten EU-Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie die Erste Hilfe zwingender Bestandteil sowohl der Grundqualifikation, der beschleunigten Grundqualifikation (Ausbildung eines Berufskraftfahrers) als auch der regelmäßigen Weiterbildung eines Berufskraftfahrers alle fünf Jahre sei. Die Umsetzung in nationales Recht sei in der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung (BKrFQV) erfolgt.

Das zuständige BMV, so heißt es weiter, setze demgegenüber gegenwärtig bei nicht gewerblich tätigen Kraftfahrzeugführern auf deren „Freiwilligkeit und Einsicht, statt auf eine Reglementierung“. Die regelmäßige Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse auch für Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber vorzuschreiben, die nicht gewerblich ein Kraftfahrzeug führen, werde in Anbetracht des hohen Kosten- und Verwaltungsaufwandes der Länder nicht für zweckmäßig erachtet. Hintergrund dessen sei auch, dass die Wahrscheinlichkeit, in eine Situation zu geraten, die eine Maßnahme der Ersten Hilfe benötigt, bei gewerblichen Fahrerinnen und Fahrern aufgrund der höheren jährlichen Fahrkilometer deutlich höher sei als bei nicht gewerblichen Fahrerinnen und Fahrern. Zudem bestehe in der gewerblichen Personenbeförderung eine besondere Verantwortung für die von ihnen beförderten Fahrgäste.

Andererseits, so schreiben die Abgeordneten, sprächen für das von der Petentin verfolgte Anliegen die hohen Rechtsgüter, denen die Petition diene, „insbesondere der Schutz des Lebens“. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes garantiere das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Daraus leite das Bundesverfassungsgericht eine umfassende staatliche Schutzpflicht ab: Der Staat müsse das menschliche Leben nicht nur vor Eingriffen von außen bewahren, sondern auch aktiv vor Gefahren schützen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Petitionsausschuss, die Petition dem Bundesministerium für Verkehr als Material zu überweisen.

Queja número 25/5393

Hemos tenido conocimiento por su parte de que finalmente han podido acceder a una vivienda adaptada de EMVISESA en la ciudad de Sevilla, solución habitacional que responde a las necesidades que nos trasladó al inicio de esta queja.

Nos alegra especialmente que haya podido alcanzarse esta alternativa y, dado que asimismo nos ha manifestado su deseo de dar por concluidas nuestras actuaciones, procedemos al cierre del expediente, sin perjuicio de que pueda volver a dirigirse a esta Institución si en el futuro se produjeran nuevas circunstancias que pudieran requerir nuestra intervención.

En relación con la necesidad de vivienda de quienes residen en el Ayuntamiento de Aznalcazar se le requirió en el expediente de queja 25/4070 que nos informara sobre la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de su municipio, así como si conocían el número de viviendas protegidas en alquiler o en alquiler con opción a compra, tanto sea de titularidad pública como privada.

De los informes recibidos podemos extraer la siguiente información de alcance general:

Nos trasladaban en julio de 2025 que “en el municipio no hay constituido un Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, habiendo solicitado asistencia técnica con fecha 21 de agosto de 2024 a Diputación para la Gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales y Definitivas, estando pendiente la tramitación de Convenio”.

Si bien con fecha 27 de agosto de 2025, consta en la web del Ayuntamiento información “a la ciudadanía de la disponibilidad del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP), una herramienta fundamental para acceder a futuras promociones de viviendas protegidas en el municipio”. Así se se nos trasladó información en los expedientes de queja acerca de la difusión que se le había dado al mismo.

Respecto al número de viviendas protegidas del Municipio, exponían que el Ayuntamiento no dispone de un parque de viviendas en alquiler y hacían referencia a varias promociones de viviendas entre las que se encontraban la promoción de 29 viviendas en régimen especial con acceso por compra y un año de calificación 2008 situada en Fray Bartolomé de las Casas; así como otra promoción de 46 viviendas de protección oficial con acceso por alquiler con opción a compra y año de calificación 2013 situadas en la Calle Vidrio “Patios de las Flores”

Y nos informaban que cuenta en su patrimonio municipal de suelo con un solar urbano con previsión de seis viviendas, y una parcela aún no desarrollado con capacidad para dieciocho viviendas.

Como conclusión; esta Institución valora en positivo los avances producidos desde la recepción de los primeros informes; como parece ser la efectiva puesta en funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y la formalización de mecanismos de asistencia técnica con la Diputación Provincial, junto con el inicio de actuaciones dirigidas a promover nuevas viviendas protegidas; permitiendo considerar que las Recomendaciones y Sugerencias formuladas han sido acogidas materialmente y que se han iniciado actuaciones encaminadas a su cumplimiento.

En cualquier caso, queremos dejar constancia que deducimos que la plena efectividad de las Recomendaciones y Sugerencias dependerán de la culminación de las medidas anunciadas y, especialmente, de que la política municipal de vivienda consiga incorporar soluciones accesibles también para aquellas unidades familiares que, por su situación económica y social, no pueden acceder a una vivienda protegida en propiedad. Personas que como la compareciente han prestado su testimonio ante esta Defensoría, y no con la misma suerte que la afectada. Concretamente en las quejas 25/4070 y 26/5129, sin que esta Institución cuente con competencias para solventar la gravedad de las situaciones expuestas.

Por todo ello, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente, confiando en que ese Ayuntamiento continúe desarrollando las actuaciones iniciadas y reforzando, dentro del ámbito de sus competencias y mediante la necesaria cooperación interadministrativa, los instrumentos destinados a facilitar el acceso a una vivienda adecuada a las personas y familias con mayores dificultades del municipio; cuya importancia trasciende de los supuestos individuales examinados y puede resultar determinante para dar respuesta a futuras situaciones de vulnerabilidad residencial en el municipio.

Tras tener en cuenta estas circunstancias y las consideraciones legales relacionadas con el derecho a una vivienda digna de las personas más vulnerables como medio para superar la exclusión residencial, la planificación municipal de vivienda que ha de atender los municipios en función de sus propias competencias y su insuficiencia para atender situaciones de especial vulnerabilidad, tal y como se ha puesto de manifiesto y la necesidad de que los ayuntamientos se doten de un parque público conforme a la demanda existente, se dictó Resolución en el siguiente sentido:

“SUGERENCIA 1 de alcance general, para que desde su Ayuntamiento se impulse de manera prioritaria la finalización, actualización y efectiva aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que incorpore un análisis de la demanda existente en el municipio, así como el diagnóstico de su parque residencial y se programen las actuaciones necesarias para dar una respuesta a los/as demandantes de vivienda con especial atención a las personas más desfavorecidas de su municipio, asegurando que dicho instrumento incorpore de forma expresa criterios de accesibilidad universal, en atención a las personas con discapacidad y dependencia. Un documento que ha de contener una programación en el corto y medio plazo con un presupuesto adecuado que favorezca su implementación.

RECOMENDACIÓN 1 de alcance general, para que, en tanto se culmina dicho instrumento de planificación, se articulen medidas transitorias y de coordinación interadministrativa con la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales competentes, orientadas a ofrecer soluciones habitacionales reales y/o temporalmente adecuadas, evitando que la carencia de planificación o de recursos propios se traduzca en la cronificación de situaciones de encierro domiciliario, aislamiento territorial o exclusión social.

RECOMENDACIÓN 2 de alcance general, para que se asesore a las personas interesadas en inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida que deben de hacerlo en aquellos régimen que más se adecué a sus necesidades socioeconómicas, dado que de lo contrario no se cumplirá el verdadero objetivo para el que fue creado dicho instrumento.

SUGERENCIA 2 de alcance general, para que desde su Ayuntamiento se impulse un marco de trabajo estable y efectivo de coordinación con el resto de Administraciones, a los efectos de evitar respuestas fragmentadas que agravan procesos de despoblación, exclusión territorial o desigualdad en el acceso a servicios esenciales”

Tras examinar la respuesta solicitada a las recomendaciones y sugerencias, en relación a las de alcance general nos trasladan que

En primer lugar, ese Ayuntamiento nos informa que el municipio dispone de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado definitivamente por el Pleno municipal en sesión de 27 de enero de 2021, lo que conlleva a la conveniencia de que sea objeto de las revisiones o adaptaciones que legalmente procedan conforme al vigente marco establecido por la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, particularmente en lo relativo al análisis actualizado de la demanda, la programación temporal de las actuaciones, su viabilidad económica y la atención a las necesidades de las personas y unidades familiares en situación de mayor vulnerabilidad.

En relación con el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, constatamos igualmente una evolución significativa respecto de la situación que se nos trasladó inicialmente. En julio de 2025 se nos informaba de que el municipio no disponía del Registro operativo y que se encontraba pendiente la formalización de la asistencia técnica solicitada a la Diputación Provincial de Sevilla. Posteriormente, se dio publicidad municipal a su disponibilidad y, según el último informe recibido, se estaba tramitando las solicitudes presentadas e incorporando sus datos a la plataforma autonómica correspondiente.

Asimismo, nos informaba el Ayuntamiento que mediante Resolución de 5 de agosto de 2025 se acordó la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla para la asistencia técnica municipal en la gestión del Registro y de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas. Estas actuaciones constituyen avances concretos en la dirección señalada en nuestra Resolución.

Lamentablemente, con respecto a la disponibilidad de vivienda, el Ayuntamiento confirmaba que no disponía de un parque municipal de viviendas, aunque cuenta en su patrimonio municipal de suelo con una parcela situada en la urbanización Corredor Verde con capacidad para seis viviendas y otra parcela en el sector Cerrado II, pendiente de desarrollo urbanístico, con capacidad para otras dieciocho.

Esta última circunstancia reviste especial importancia a los efectos de la Resolución formulada. La promoción de vivienda protegida en venta puede contribuir a ampliar la oferta residencial asequible, pero no sustituye la necesidad de disponer de soluciones en régimen de alquiler o de otros recursos habitacionales capaces de atender a aquellas personas y familias cuya situación socioeconómica les impide acceder a una vivienda mediante adquisición y que vemos buscan refugio en áreas metropolitanas y en Sevilla capital. Precisamente respecto de estos perfiles adquiere especial importancia, la articulación de medidas de carácter temporal mientras se produce el acceso a una solución estable.

The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia (the Ombudsman) opposes the proposed one-year postponement of the application of the Act on the Use of the Language of the Deafblind (ZUJG). On 26 October 2026, the Ombudsman called on the competent Ministry of Demography, Family and Social Affairs to ensure that the Act begins to apply on 1 January 2027, as originally envisaged. The Ombudsman is now also publicly calling on all relevant authorities to abandon the proposed postponement of the Act's application, as there are no justified grounds for it, and to ensure in good time that all necessary conditions for its effective implementation are in place.

Based on discussions with representatives of persons with deafblindness, the Ombudsman notes that the key preparations for the application of the Act have been completed and therefore considers that there are no justified grounds for postponement. The Ombudsman also expresses dissatisfaction that the proposed amendment to the Act was drafted without adequate dialogue with persons with deafblindness and their organisations. This runs counter to the fundamental principle of "nothing about us without us", which is also reflected in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Decisions that directly affect their rights and everyday lives must be made with their active participation.

The draft amendment to the Act on the Use of the Language of the Deafblind (ZUJG-A) provides for postponing the date on which the Act begins to apply from 1 January 2027 to 1 January 2028. The Ombudsman considers that such a postponement would represent a step backwards in ensuring the human rights of persons with deafblindness, who have been waiting for many years for an appropriate systemic framework to address their situation.

The language of the deafblind is a constitutionally protected right

The Ombudsman emphasises that the right to use the language of the deafblind has an explicit basis in the Constitution of the Republic of Slovenia. The second paragraph of Article 62a stipulates that the free use and development of the language of the deafblind shall be regulated by law. This right was enshrined in the Constitution in 2021, thereby recognising the special status of the language of the deafblind and persons with deafblindness as a distinct group of persons with disabilities with their own linguistic and cultural identity.

The Act on the Use of the Language of the Deafblind, adopted in November 2025, represents a significant step towards fulfilling this constitutional commitment. It regulates the right to use the language of the deafblind, access to information through adapted means of communication and interpreting, and other rights that enable persons with deafblindness to participate more equally in education, employment and social life. The Ombudsman emphasises that adjustments for persons with deafblindness are not a special privilege, but a prerequisite for equality.

A postponement will prolong the wait for these rights and will not resolve any potential difficulties

The proposer of the amendment to the Act justifies the need for a postponement, among other things, by citing the need to ensure adequate organisational, staffing, IT and financial conditions, as well as the need for further analyses. While the Ombudsman understands the importance of adequate preparations, the Ombudsman considers that these reasons do not justify any postponement. Potential implementation difficulties, which will only become apparent once the Act is actually being applied, can never be fully anticipated in advance. It would therefore be appropriate to address them if and when they arise.

Nor can the need to ensure the availability of suitably qualified interpreters justify a postponement, as the Act already contains transitional provisions in this regard.

The Ombudsman is also concerned about statements in the explanatory memorandum to the proposal that indicate a possible reassessment of the scope of the right to interpreting and the feasibility of individual legislative solutions. The Ombudsman points out that a postponement must not become a means of curtailing rights that have already been recognised or merely deferring the state's financial obligations. Public finance considerations must not serve as an excuse for delaying the realisation of human rights.

The Ombudsman therefore expects the competent authorities to take this position into account and to ensure the early, timely and meaningful participation of persons with deafblindness and their organisations in all future decisions.

Recognised rights must also be realised in practice

The Ombudsman calls on the competent authorities to make every effort to resolve any outstanding implementation and organisational issues by 1 January 2027 and to ensure that the Act begins to apply smoothly on that date. Once the Act begins to apply, the authorities should systematically monitor its effects and, where necessary, promptly remedy any identified shortcomings, including through amendments to the Act or subordinate legislation, if required.

The Ombudsman emphasises that access to language, communication and interpreting is not a privilege, but a fundamental prerequisite for dignity, independence and equal participation in society. The state has already recognised the rights of persons with deafblindness. It must now ensure that they can exercise those rights in practice.

Il 20 e 21 ottobre 2026 l'ufficio del Difensore civico di Trento ha preso parte alle celebrazioni per il trentesimo anniversario della Rete Europea dei Difensori civici presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. In occasione dell'evento, che ha visto la partecipazione degli Ombudsmen e delle Ombudswomen nazionali e regionali dei Paesi dell'Unione Europea aderenti alla rete, la Mediatrice europea e la Presidente del Parlamento europeo hanno sottolineato l'importante ruolo svolto dai Difensori civici dell'Unione nella difesa dei cittadini, che contribuisce al rafforzamento della trasparenza e alla garanzia dei diritti fondamentali negli Stati membri, nell'attuale contesto geopolitico caratterizzato da crescenti incertezze e pericoli per la democrazia.  E' stato poi presentato il report dell'ENO sull'impatto dei difensori civici regionali e nazionali nell'implementazione del diritto dell'Unione Europea negli Stati membri.