The Public Defender of Georgia reached a settlement in a case of alleged discrimination on political grounds. As a result of the settlement process led by the Public Defender, the parties fulfilled the conditions stipulated in the settlement act, as a result of which the applicant fully realized his legal interest.

This is the first case of settlement in a case of alleged discrimination on political grounds and represents a significant step forward in the development of effective practice in the protection of rights within the framework of the anti-discrimination mechanism.

The Public Defender will continue to actively promote the use of mediation and settlement mechanisms in the future to promote the right to equality.

La modificación legislativa amplía de uno a tres meses el plazo para solicitar la prestación y permite su concesión de oficio, con el fin de facilitar el acceso a las familias en situación de vulnerabilidad

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, valora positivamente que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión haya aceptado una de las recomendaciones formuladas por la institución en relación con la prestación económica destinada a familias con ingresos económicos inferiores a los establecidos por la normativa en las que se haya producido un nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento. La recomendación instaba a la Administración a ampliar el plazo para presentar la solicitud de la prestación con el objetivo de hacerla más accesible, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad social.

La recomendación se basa en la queja de una familia a la que se le había denegado la ayuda porque la había solicitado fuera de plazo. En este caso, tanto la madre como el bebé necesitaron atención médica y hospitalización durante las primeras semanas después del parto, lo que dificultó la tramitación de la prestación en el plazo de un mes establecido hasta ahora.

Según la institución, este plazo era insuficiente para garantizar que todas las familias que cumplían los requisitos pudieran acceder a la ayuda. También advirtió que las dificultades de salud derivadas del parto o del nacimiento, así como el desconocimiento inicial de la existencia de la prestación, podían suponer un obstáculo importante para las personas y las familias con mayor vulnerabilidad social.

La reciente aprobación de la Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, responde a esta demanda y modifica el artículo 10 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. La reforma amplía el plazo para solicitar la prestación, que pasará de un mes a tres meses desde la fecha del nacimiento, adopción, tutela o acogimiento.

El Síndic de Greuges considera que esta modificación facilitará que un mayor número de familias pueda ejercer su derecho a recibir esta ayuda económica y evitará que circunstancias excepcionales, como problemas de salud del bebé o situaciones de dificultad social, impidan el acceso a una prestación concebida precisamente para prevenir situaciones de vulnerabilidad.

La nueva regulación incorpora también medidas para avanzar hacia la concesión de oficio de la prestación. A tal fin, se define la información a la que podrá acceder el departamento competente en materia de políticas familiares para identificar a las familias potencialmente beneficiarias y facilitarles el acceso a la ayuda.

Para el Síndic de Greuges, este es un paso importante hacia una administración más proactiva y cercana a la ciudadanía, ya que reduce las cargas administrativas que a menudo dificultan el ejercicio de los derechos sociales y favorece que las ayudas lleguen efectivamente a las familias que más las necesitan.

La Institución recuerda que las administraciones públicas deben adoptar medidas de acción positiva que permitan lograr una igualdad real y efectiva

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Sabiñánigo para que considere modificar el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Escuela de Verano municipal y establezca criterios de reserva de plazas para menores con necesidades educativas especiales.

La resolución llega tras recibir una queja en la que se expone que el Ayuntamiento había eliminado la reserva de plazas existente hasta 2024. En el escrito, la persona interesada señala que varias familias continúan necesitando este servicio municipal educativo, de ocio y tiempo libre, tanto para facilitar la conciliación como para favorecer la inclusión y el pleno desarrollo de los niños y niñas.

En un informe solicitado por el Justicia, el Ayuntamiento de Sabiñánigo explica que el actual reglamento, aprobado en abril de 2025, sustituyó la anterior reserva de diez plazas para menores con discapacidad por un sistema general de baremación basado en la situación laboral de los progenitores o representantes legales y en la situación económica de la unidad familiar. El Ayuntamiento defiende que este sistema garantiza la igualdad y que la inexistencia de un cupo específico no impide la inclusión, puesto que, una vez admitido el menor, se adaptan los recursos humanos, técnicos y materiales a sus necesidades. Además, el Consistorio también ha manifestado su disposición a estudiar la posible introducción de factores de corrección relacionados con la discapacidad o las necesidades educativas especiales en la fase de baremación.

La justicia de Aragón valora positivamente la disposición expresada por el Ayuntamiento y recuerda que las administraciones públicas deben adoptar medidas de acción positiva que permitan lograr una igualdad real y efectiva.

Accede a la sugerencia completa

On letters published today, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Michael O’Flaherty, asks ministers responsible for migration policy in Austria, Denmark, Germany, Greece and the Netherlands to ensure that any plans for ‘return hubs’ align with international human rights law.

The five governments have expressed intentions to launch joint initiatives to establish return hubs outside the EU.

Drawing from the findings of his September 2025 report, in which he warned that sending people to return hubs would present considerable human rights risks, the Commissioner proposes four core ‘guardrails’, based on international human rights law and standards.

First, any initiative to establish return hubs should be preceded by a comprehensive assessment of direct and indirect human rights risks. This assessment should be based on a rigorous factual and legal analysis and lead to a plan to prevent, mitigate or remedy those risks.

Second, if member states proceed with return hubs, they should ensure these are subject to adequate, independent and continuous human rights monitoring, with robust review and suspension mechanisms.

Third, co-operation on return hubs should be based on legally binding agreements that feature enforceable human rights clauses.

Fourth, parliamentary, public and judicial scrutiny should be made possible by making risk assessments, mitigation plans, monitoring outcomes and agreements public.

• Read the Commissioner’s letter addressed to the Federal Minister of the Interior of Austria
  • Reply of the Federal Minister of the Interior of Austria to the Commissioner’s letter
• Read the Commissioner’s letter addressed to the Minister for Immigration and Integration of Denmark
  • Reply of authorities of Denmark to the Commissioner’s letter is forthcoming
• Read the Commissioner’s letter addressed to the Federal Minister of the Interior of Germany, which also follows up on certain issues discussed during his 2025 visit
  • Reply of the Federal Minister of the Interior of Germany to the Commissioner’s letter
• Read the Commissioner’s letter addressed to the Minister for Migration and Asylum of Greece
  • Reply of the Minister of Migration and Asylum of Greece to the Commissioner's letter
• Read the Commissioner’s letter addressed to the Minister of Asylum and Migration and Deputy Prime Minister of the Netherlands 
  • Reply of the Minister of Asylum and Migration of the Netherlands to the Commissioner’s letter

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, se ha reunido este lunes en Madrid con las defensoras y los defensores autonómicos para, entre otras cosas, preparar las XXXIX Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo que abordarán como asunto monográfico la situación de la vivienda en España, y que se celebrarán el próximo mes de octubre en Canarias.

En esta reunión de trabajo se ha tratado, además, el problema del sinhogarismo. La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha presentado en el marco del encuentro un informe sobre los sintecho en Cataluña, donde, según una encuesta realizada por esa institución, el número de personas que en viven en la calle o en asentamientos supera las 6.000. El informe describe asimismo cómo las administraciones locales abordan esa situación.

Los responsables de las defensorías han comentado otros asuntos de interés, como son los expedientes que comparten y otras cuestiones relevantes para estas instituciones.

Ángel Gabilondo ha valorado estos encuentros con los comisionados autonómicos porque “son útiles para explorar nuevas vías de trabajo y estrechar la coordinación entre defensorías”, tal y como indica la Ley 36/1985, de 6 de noviembre. Como recuerda reiteradamente el Defensor del Pueblo de España, “la colaboración entre instituciones es fundamental para prestar a la ciudadanía un servicio eficaz y cercano”.

XXXIX Jornadas de Coordinación

El próximo mes de octubre los defensores se reunirán para tratar, como monográfico, la situación del acceso a la vivienda en España. Lo harán en el marco de las XXXIX Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo. Se abordarán cuestiones relativas a los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida; las ayudas al pago del alquiler; las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado; la regulación del alquiler turístico; la creación de un sistema único de información y gestión de datos en materia de vivienda pública; las alternativas habitacionales ante desahucios y lanzamientos, y los asentamientos de chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

Según Ángel Gabilondo, “en las Jornadas vamos a profundizar en asuntos determinantes relacionados con los problemas de acceso a la vivienda en España.  Y podemos avanzar que esta situación no se resuelve sin el compromiso de todos, por eso hemos de reclamar a las administraciones -estatal, autonómica y local- un mayor esfuerzo para afrontar con determinación este serio problema”.

En la reunión han participado, además de Ángel Gabilondo, el Ararteko del País Vasco, Mikel Mancisidor; el Defensor del Pueblo de Andaluz, Jesús Maeztu; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; la Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón; la Valedora do Pobo, Dolores Férnández, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera. El secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Saudinós, fue secretario del encuentro.