El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la alcaldesa del municipio murciano de Jumilla para solicitar información sobre la prohibición de llevar a cabo celebraciones religiosas en instalaciones municipales, tras la moción aprobada en el último Pleno municipal.

A través de esta actuación de oficio, el Defensor del Pueblo quiere conocer “el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal del pasado 6 de agosto con la indicación de  las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos”.

Support for human rights systems and defenders EU Charter of Fundamental Rights

When 17 September 2025

Where Madrid Spain

External event

On 17 September, FRA will contribute online to an EU-funded project workshop on the use of the EU’s Fundamental Rights Charter in the Spanish legal system.

The 'EU Charter of fundamental Rights: Awareness raising and instruments to promote a culture of Rights' (FAIR) project organised the event. FAIR supports the implementation of the EU Charter Strategy in nine EU Member States. 

Over 130 participants (mainly legal practitioners) are expected to attend the workshop in person in Madrid and online. 

El personal de atención educativa es imprescindible para garantizar el éxito educativo y la equidad en estos centros
 

El Síndic de Greuges ha recibido quejas de diversas direcciones de centros escolares de elevada complejidad por la pérdida de técnicos de integración social (TIS) y educadores sociales (ES) para el nuevo curso escolar 2025/2026. Esta situación preocupa gravemente a las direcciones de los centros, que consideran a estos profesionales esenciales para atender al alumnado y a las familias en contextos sociales desfavorecidos.

Aunque el número de TIS ha aumentado en los últimos años en los centros públicos —se ha pasado de 215 TIS en el curso 2018/2019 a 684 en el curso 2024/2025—, la institución denuncia que la cobertura sigue siendo insuficiente. De hecho, en 2023, el 41 % de los centros de alta complejidad no contaban con esta figura. Respecto a las ratios, en 2023 había un TIS por cada 276 alumnos de centros de máxima complejidad, y uno por cada 500 alumnos en centros de alta complejidad. En el caso de los ES, la ratio era de uno por cada 2.000 alumnos en centros de elevada complejidad.

Además, la síndica percibe que estos profesionales no están suficientemente integrados en las plantillas de los centros. Por ejemplo, la resolución que regula las plantillas de los centros del sector público no los incluye, y la mayoría no están integrados en los claustros, como si fueran personal externo.

Ante esta situación, la institución pide incrementar la dotación de personal de atención educativa en los centros con complejidad. En concreto, propone garantizar un mínimo de dos dotaciones de TIS en los centros de máxima complejidad y un mínimo de una en los centros de alta complejidad. También solicita que se garanticen plantillas más multidisciplinares que incorporen personal del ámbito social, como los ES, y también profesionales de la salud. "El personal de atención educativa en los centros con elevada complejidad es imprescindible para garantizar la equidad y avanzar hacia el éxito educativo de todo el alumnado", ha destacado la síndica.

Al mismo tiempo, la síndica insta al Departamento de Educación y Formación Profesional a actualizar la clasificación de los centros educativos según su nivel de complejidad. El sistema actual data del año 2021, antes de la aprobación del Decreto 11/2021 de admisión de alumnado. Por tanto, no refleja el impacto de los últimos cambios sociodemográficos, el incremento del alumnado con necesidades educativas ni las políticas de escolarización equilibrada.

Finalmente, la institución defiende que la financiación de los centros educativos no es lo suficientemente equitativa, ya que no se tiene suficientemente en cuenta su complejidad a la hora de configurar las plantillas. La linealidad de la financiación de los centros, especialmente en el sector concertado, no contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado. La institución también recuerda que esta clasificación no se aplica todavía a la hora de configurar las plantillas financiadas con fondos públicos de los centros concertados.

Il 2 e 3 ottobre 2025, Pescara ospiterà due giornate dedicate alla difesa civica italiana, con la riunione del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e un convegno di approfondimento sul tema “Il silenzio della Pubblica Amministrazione: conseguenze e rimedi”.

L’iniziativa si inserisce anche nel calendario delle celebrazioni per i trent’anni della difesa civica in Abruzzo e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, magistrati, avvocati e studiosi del diritto, oltre ai Difensori civici regionali e provinciali.

Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento nazionale e Difensore civico della Regione Lazio, ha sottolineato: “Il Coordinamento nazionale rappresenta oggi uno strumento essenziale per dare forza e coerenza alla tutela dei cittadini in tutte le Regioni italiane. A Pescara ci confronteremo non solo per condividere esperienze e buone pratiche, ma anche per proporre soluzioni concrete al tema del silenzio della Pubblica Amministrazione, che mina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Lavorare insieme significa rendere più forte il presidio dei diritti”.

Umberto Di Primio, Difensore civico della Regione Abruzzo, ha aggiunto “La nostra Regione celebra trent’anni di attività di difesa civica e lo fa con un’iniziativa che guarda al futuro. Il convegno di Pescara vuole offrire strumenti di riflessione e risposte pratiche a uno dei problemi più sentiti dai cittadini: l’inerzia della Pubblica Amministrazione. La presenza dei colleghi di tutta Italia è un segnale forte di unità e di impegno condiviso nel rafforzare il ruolo del Difensore civico come garante dei diritti”.

Le giornate di studio si svolgeranno nella Sala del Consiglio Provinciale di Pescara, con la partecipazione, tra gli altri, di magistrati, accademici e avvocati, che analizzeranno le diverse prospettive del silenzio amministrativo: dal profilo dell’assenso e del diniego implicito, alle conseguenze penali e ai rimedi giurisdizionali e stragiudiziali.

Un’occasione importante, dunque, per ribadire come la difesa civica continui a essere un punto di riferimento per i cittadini, capace di accompagnarli nella tutela dei diritti e nel dialogo con le istituzioni.

Locandina evento 2-3 ottobre a Pescara

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha hecho pública una resolución en la que reprocha al Ayuntamiento de Jávea que vulnere el derecho de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Además, le reprende por incumplir su deber de colaboración con esta institución.

Luna inició esta investigación tras recibir la queja de un ciudadano que denunciaba la ausencia de plazas reservadas para personas con discapacidad en la Oferta de Empleo Público de 2024 y la falta de respuesta al recurso administrativo que había presentado.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento vulneró el derecho de acceso al empleo público al omitir la reserva legal del 10% de plazas para personas con discapacidad. Asimismo, recuerda que toda Administración está obligada a responder los recursos que presenten los ciudadanos en plazo, de forma clara y motivada, y que debe informar sobre cómo se pueden reclamar las decisiones administrativas adoptadas, como las ofertas de empleo.

La resolución del Síndic insiste en la obligación legal de reservar al menos el 10% de las plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Adicionalmente, sugiere al Ayuntamiento que reconsidere su decisión inicial sobre el recurso del ciudadano, dándole la oportunidad de alegar o corregir posibles errores, y que, si todavía quedaran plazas por convocar de la oferta de 2024, la modificara para incluir esa reserva del 10% para personas con discapacidad.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Jávea no ha comunicado al Síndic si acepta o rechaza las recomendaciones, incumpliendo su obligación legal de responder en el plazo máximo de un mes.

Consulta las resoluciones de esta actuación:

• Resolución de consideraciones
• Resolución de cierre